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Cuando Leandro Jesús Molina decidió unirse a las filas de la guerrilla M-19 era el mes de la madre. El calendario marcaba los días de mayo de 1985 y el último regalo que Leandro le dio a su mamá fue una despedida particular. Rompió los protocolos de una familia campesina y poco afectiva para abrazarla fuerte y entregarle un vestido que ella conservó en un lugar privilegiado de su armario hasta que el dolor por la desaparición de su hijo durante la retoma del Palacio de Justicia, el 7 de noviembre de ese año, la obligó a perder la memoria.
El doctor le diagnosticó una demencia extraña que provocó el olvido de los recuerdos, dice que pudo ser por los más de 30 años de tortura buscándolo. Desde 2009, cuando se agravó su enfermedad, Rita no volvió a usar el vestido, tampoco supo que a su hijo lo encontraron hace cuatro años.
Rita, hoy con 91 años de edad, tampoco se enteró de que hace unos meses sus hijas demandaron al Estado por el asesinato y posterior desaparición de Leandro, y tampoco supo que el primer gobierno de izquierda, a la cabeza de Gustavo Petro -quien también fue militante del M-19-, decidió no conciliar, no reconocer a su hijo como víctima de desaparición forzada y tampoco a su familia por los tantos años que tuvieron que aguantar en medio del miedo y el dolor.
Su caso solo se conoce hasta ahora porque su familia quiso esperar la conmemoración de este año sobre la toma del Palacio para darle visibilidad a su lucha.
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Fue María Teresa, la hermana de Leandro, la que decidió rescatar a su hermano del agujero negro de las memorias incómodas al que fue arrojado por ser un exmiembro de esa guerrilla. Recuerda que cuando su hermano se fue de la casa, le perdieron la pista varios meses hasta que un familiar en Bogotá les envió una carta para decirles que Leandro era uno de los muchachos que se habían metido al Palacio de Justicia, pero en casa de María Teresa, que veían y escuchaban noticieros día y noche, nunca oyeron el nombre de Leandro y menos sobre heridos ni muertos de ese ahora extinto grupo armado que estuvieran identificados.
“Cada año escuchábamos noticias de los desaparecidos, pero siempre hablaban de los empleados de cafetería y los magistrados”, recuerda.
Nadie nunca les dijo algo sobre Leandro, ni Gobierno, ni Fiscalía. A eso se le suma el miedo de buscar. Los que llegaban preguntando al Palacio por sus víctimas, corrían el riesgo de ser capturados, interrogados y hasta desaparecidos. Entonces María Teresa decidió iniciar las averiguaciones por su lado y lo primero que vio fue una fotografía de su hermano en la revista Semana, de la que luego perdió el rastro.
Hasta que, en 2012, durante la conmemoración número 27 de la toma del Palacio, María Teresa vio en Caracol un video en el que aparecía su hermano vivo durante ese hecho y unas fotografías que encontraron en la Casa del Florero. Llevó un recorte de esas fotos a la Fiscalía, pero no los reconocieron como víctimas. Las imágenes en tonos grises de Leandro cargando un fusil y vistiendo uniforme fueron claves para abrir un proceso de búsqueda y finalmente encontrarlo.
Pablo Cala, defensor de derechos humanos y parte de la Fundación Hasta Encontrarlos, fue quien acompañó a María Teresa en el proceso de búsqueda de su hermano. Él dice que muchos miembros del M-19 que estuvieron durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia fueron identificados por los militares, pero fueron enterrados como no identificados para ocultar las causas de la muerte, pues muchos de ellos fueron asesinados fuera de combate. Incluso algunas necropsias de Medicina Legal concluyeron que murieron arrodillados y con tiros de gracia.
“En el caso de los M-19 estuvo la intención de ocultamiento del cuerpo para ocultar un crimen de guerra, los muertos fuera de combate, las ejecuciones extrajudiciales. En lugar de detenerlos, capturarlos y ponerlos a disposición de la Fiscalía, lo que hicieron fue matarlos fuera de combate y ocultar los cuerpos. Estuvieron desaparecidos forzadamente en esa modalidad”, explicó Pablo Cala.
Además de la foto y la carta, ambos lograron un testimonio de un exmiembro del M-19 quien sabía quiénes ingresaron al Palacio de Justicia. En 2015 presentaron todas las pruebas a la Fiscalía y orientaron la búsqueda dentro de los cuerpos exhumados en el Cementerio del Sur durante los años 90. “Me quité todos los miedos y empecé el proceso. Hicimos los trámites con la Fiscalía y Medicina Legal hizo las pruebas de ADN, pero nos dijeron que podía ser demorado porque era revisar 99 cajas con restos también de personas de Armero”, le contó María Teresa a Colombia+20.
Cinco años después, en 2020, recibió una llamada agridulce. Era un fiscal que le daba la noticia de que ya habían encontrado el cuerpo de su hermano, que no estaba completo y que tenía que esperar a que hubiera recursos para poder hacerle la entrega.
El dictamen de Medicina Legal dice que se trató de un asesinato. Tenía un proyectil en el brazo, no se encontró su cráneo y en un costado del cuerpo tenía varias quemaduras.
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“Que todos sepan que él es mi hermano”
Tras 37 años de espera, el 19 de abril de 2022, María Teresa recibió a su hermano Leandro en una cajita color marrón. “Fue un momento muy fuerte porque en algunos momentos no creíamos esa historia. En la negación guardábamos la esperanza”, dijo María Teresa.
Pero ese día, al recibir a su hermano, ella tuvo tiempo para imaginarse los últimos momentos de la vida de Leandro. Su cabeza recreó todas las versiones posibles de su muerte. Pensó en si había sido en una confrontación, si primero murió y luego le quemaron un brazo y una pierna, o si primero lo quemaron y luego vinieron los disparos.
La Fiscalía solo le dio 10 minutos para estar a solas con su hermano Leandro, hasta que María Teresa les dijo: “Llevo 37 años buscándolo. Ustedes pueden esperar una hora, yo he esperado 37 años”.
Aunque en el acta de entrega de Leandro Jesús Molina quedó establecido como una persona que estuvo desaparecida forzadamente tras las pruebas que ellos entregaron y las que recogió la Fiscalía, y se determinó que fue un homicidio, el ente investigador les dijo que era mejor algo reservado, pero María Teresa volvió a alzar la voz: “Quiero hacerlo público y que todo el mundo sepa que él es mi hermano. No quiero negar lo que él fue”.
Pablo Cala explica que con todos los imaginarios colectivos que hay sobre las víctimas del Palacio de Justicia, esa actitud de la Fiscalía se entiende por la idea de que en Colombia hay víctimas dignas y víctimas no dignas. “Pudo haber sido un guerrillero, una guerrillera, pero nadie puede ser desaparecido forzadamente por sentir, pensar o actuar distinto”, dice Cala.
A partir de ese momento, María Teresa y su familia iniciaron una batalla legal contra el Estado. En el primer semestre de este año, iniciaron un proceso de conciliación en cabeza de la Procuraduría, pero en esa diligencia tanto el Ejército como el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, no aceptaron que los militantes del M-19 estaban desaparecidos.
En términos más precisos, la abogada Diana Muñoz, quien ha acompañado el caso de la familia de Leandro, explica que la postura que adoptó el Ministerio de Defensa fue más en términos procedimentales al decir que había caducado la acción y ya no podían acudir a la jurisdicción. “Es un tema de sumas y restas y de tiempos. Pero la segunda postura, que es la que de pronto más causa indignación en la familia y en la Fundación, es la falta de solidez argumentativa o más bien de coherencia argumentativa en la postura jurídica. Hay una inmensa contradicción, pues en el proceso judicial entraron a negar todo, como si nada hubiera ocurrido”, señaló la abogada Muñoz.
En esa misma línea, Pablo Cala cree que es una de las contradicciones más profundas que puede tener un Estado que incluso reconoce públicamente una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los hechos de la retoma del Palacio. “Negar el hecho desde funcionarios del gobierno de Gustavo Petro es una incoherencia mucho mayor porque se supondría que es un gobierno que está justamente pensando en que no hay que desconocer la responsabilidad del Estado frente a los hechos ocurridos en relación a violaciones graves a los derechos humanos”, dijo Cala.
Al no haber conciliación, la abogada Muñoz explicó que demandaron al Estado y están en un debate jurídico sobre si existe una responsabilidad del Estado por la muerte y desaparición de Leandro y a cuánto asciende el perjuicio que se causó a la familia que tendría que recibir una indemnización. “Lo que sí tiene que quedar de todo esto es que la responsabilidad del Estado cuando hay violaciones a derechos humanos es innegociable”, concluyó la abogada.
El caso ahora está en un tribunal y la familia a la espera de un fallo final que les permita una reparación. María Teresa espera que algún día el Gobierno, ojalá el del presidente Petro, reconozca a Leandro como una víctima digna de recordar, un hijo que no pudo regresar a casa en los 39 años que pasaron sin celebrar el día de la madre.
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