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Annelen Micus es la jefa de programas del Instituto Bonavero de Derechos Humanos de la Universidad de Oxford. Sus investigaciones y su labor como abogada han estado enfocadas, principalmente, en los crímenes internacionales cometidos en América Latina por actores estatales y no estatales. Fue asesora legal en el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR, por sus siglas en alemán), con sede en Berlín, y durante dos años trabajó en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) como asesora internacional en justicia transicional, así como en asuntos de negocios y derechos humanos. Por eso conoce el conflicto armado en Colombia.
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Aunque ya no vive en el país, sigue pendiente de lo que sucede, sobre todo en materia de justicia transicional. La semana pasada, esta investigadora alemana estuvo en Colombia, en la Cátedra Europa, que se llevó a cabo en la Universidad del Norte, en Barranquilla, para dialogar sobre la importancia de que en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición se esclarezca la participación de los empresarios en el conflicto armado.
En diálogo con este diario, aseguró que, a pesar de que los terceros civiles no deban comparecer obligatoriamente, espera que con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad no queden impunes los casos de violación de derechos humanos relacionados con compañías y empresarios, una problemática que hasta ahora se está abriendo paso en el debate mundial.
¿Por qué es tan importante insistir en la responsabilidad empresarial en el conflicto armado?
En las últimas décadas hubo un reconocimiento de que no solo los estados o grupos armados han violado los derechos humanos, también algunos empresarios. Detrás de muchos crímenes internacionales hay intereses económicos: el acceso a la tierra, a los recursos, la explotación laboral, la seguridad en la ejecución de sus actividades, entre otros. Casos de todo tipo se han visto, desde la financiación a grupos ilegales hasta el asesinato de sindicalistas que luchan contra un megaproyecto que podría afectar sus comunidades. ¿Por qué es tan importante hablar de este tema? La necesidad de saber la verdad. Saber qué sucedió, juzgar a los responsables y conseguir las garantías de no repetición. Eso también en mira de los defensores de derechos humanos, los más afectados. Colombia conoce bien de este tema.
¿Qué casos han investigado?
Tendría que tomar como ejemplo mi país, Alemania, y los juicios de Nuremberg. Inicialmente eran dirigidos a los máximos responsables políticos y militares del régimen nacional socialista. Sin embargo, luego se empezó a juzgar a otros responsables que apoyaron el régimen nazi. Ese fue el caso del director de un periódico que incitó a crímenes internacionales, en particular al exterminio de los judíos. También se dio el caso de un gerente de una compañía que ofreció el químico para las cámaras de gas. Fue condenado por delitos de lesa humanidad por proveer ese recurso para asesinar a miles de personas. Otro ejemplo de este tipo más actual ocurrió en los Países Bajos, donde algunos empresarios fueron condenados por colaborar con regímenes, como el de Sadam Hussein en Irak. En el caso de América Latina llama la atención Argentina, donde, después de la dictadura cívico-militar, se han dado unas primeras sentencias en contra de dos gerentes de la empresa Ford por tener centros de tortura dentro de fábricas. Allí desaparecieron varios trabajadores, quienes eran del grupo sindicalista. Esta sentencia salió en diciembre del año pasado, es reciente, pero marcó un hito. Es un ejemplo importante, pues se ve cómo luego de un largo tiempo de impunidad se logra tener verdad y efectividad de la justicia transicional.
¿Qué ha pasado en Colombia?
En Colombia se ha establecido en diferentes procesos judiciales que ha existido una relación entre paramilitares y algunos empresarios, quienes se enriquecieron a partir de este apoyo. También cabe mencionar el alto riesgo de los sindicalistas o líderes. Un informe de la ONG Front Line Defender aseguró que el año pasado fueron asesinados 321 defensores en 27 países. El 77 % de ellos defendían derechos colectivos, muchos de ellos en contextos con megaproyectos. Entre esos asesinatos hay 126 que pertenecen a Colombia. Preocupa que, en este país, quienes defiendan sus derechos frente a empresas siguen siendo asesinados por su labor. Esa situación es muy grave. Por eso es tan necesario indagar en este tema de derechos humanos y compañías, que se esclarezca la responsabilidad de empresarios en el conflicto, para cumplir con las garantías de no repetición, una de las metas grandes de un proceso de paz, específicamente, de la JEP.
A propósito de la JEP, la Corte Constitucional definió como voluntaria la comparecencia de los terceros civiles. ¿Qué opina de esta decisión?
Pues lo cierto es que inicialmente, cuando incluyeron a los terceros civiles en el Acuerdo de Paz y se decidió que debían acogerse, internacionalmente hubo mucho interés. Era la primera vez que esta problemática tenía protagonismo en el inicio de un proceso de paz. Todos estaban a la expectativa. Sin embargo, con la decisión de la Corte Constitucional se cierra un espacio que pudo esclarecer muchas de las causas estructurales del conflicto. Hay que esperar a ver cómo se desarrolla esto, detallar cuántos terceros civiles se acogen a la JEP, revisar la información que entreguen las organizaciones de víctimas y entidades del Estado, porque será crucial en ese camino.
¿Que sea voluntaria podría aumentar los niveles de impunidad?
Esa será la parte difícil, repito. Los poderes económicos tienen mucha influencia y encontrar la verdad será muy complejo. La pregunta que también se debe hacer es cómo atraerlos a esta jurisdicción. En todo caso, no hay que olvidar que existe la justicia ordinaria y ya hay algunos casos (muy pocos), en Colombia, que han ayudado a esclarecer hechos victimizantes. Aquí también quisiera resaltar el papel de la Comisión de la Verdad, una entidad extrajudicial. Con ella deben quedar estipuladas las causas estructurales y las razones económicas detrás de esos crímenes atroces que se cometieron. Colombia debe intentar superar esas élites de poder tradicionales que tanto tiempo estuvieron sin control.
¿Por qué es tan difícil desenmarañar estos casos?
Creo que tiene que ver con la falta de perspectiva integral, ver de verdad el conflicto en un contexto de una violencia sociopolítica, que tiene otras raíces, no solamente el conflicto armado. Es muy difícil investigar, juzgar y llegar a condenar a empresarios o empresas, porque la información siempre está muy reservada. Esa complicidad es difícil de probar: ¿cómo vas a demostrar que tenían conocimientos sobre estos actos y que incluso colaboraron con actores ilegales? Y hay que tener en cuenta que es más complejo hoy, con nuestra economía global, con estructuras de casas matrices y filiales. Para eso creo que sirven los desarrollos a nivel internacional, como normas voluntarias, ojalá algún día vinculante, para clarificar las obligaciones de las empresas para respetar los derechos humanos, para hacer análisis de riesgo y contexto, para adecuar sus actividades, para ver con quiénes van a colaborar.
Los casos que usted ha nombrado la verdad tarda años en llegar.
Hay intereses económicos detrás, no sólo por los mercados ilegales obvios, como el tráfico de drogas o de armas, sino de compañías cuyos productos utilizamos a diario. Esas compañías no tienen monitoreos constantes de la sociedad civil, ni de los defensores de Derechos Humanos ni las comunidades afectadas. A veces tampoco del Estado. Teniendo un conflicto armado al lado, hay otras prioridades. Y eso facilita la ejecución de estos crímenes y el hacer negocios sin respetar los derechos humanos.
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En un conflicto armado como el Colombia, tan complejo y lleno de matices, a veces es difícil hacer esa distinción entre quienes colaboraron voluntariamente y quienes fueron obligados. Eso podría pasar con las empresas ¿cómo proceder entonces?
Ahí creo que falta una investigación seria en Colombia de cómo eran esas dinámicas. Se puede establecer si cruzaron o no la línea de lo obligatorio a una complicidad penalmente sancionable. Es un trabajo pendiente.
¿Cómo juzgar a personas con tanto poder?
Es un trabajo difícil. Mire el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Sus compañías cometieron muchos crímenes en el mundo y hoy son pocos los investigados. Afganistán es un ejemplo de ello. Pero por eso, a través de demandas, se han generado debates políticos y sociales en cada país. Es un camino largo, eso lo sabemos, pero vamos dando pasos. Ahora, por ejemplo, se debate en Naciones Unidas un tratado vinculante de empresas y derechos humanos. Apenas existe un primer borrador y hay mucha resistencia de las empresas.
¿En qué consiste ese tratado?
Después de que en muchos países se han hecho normas voluntarias para controlar a las empresas y pedirles garantías de respeto a los derechos humanos, se creyó conveniente hacer un acuerdo entre naciones para que esas reglas sean obligatorias, que dejara de ser un acto simbólico. También se espera facilitar el acceso a la justicia de las víctimas por estos casos. Incluso, en el debate se habló de tener una corte internacional a donde puedan llegar estos casos. Políticamente será una gran lucha. La semana pasada, por ejemplo, se filtró en los medios de comunicación que la Unión Europea no respaldaría la iniciativa.
¿Qué países han dado grandes pasos en materia de normas que obliguen a las compañías a respetar los derechos humanos?
Los grandes avances han ocurrido en Europa. Inglaterra, por ejemplo, ha creado normas para garantizar los derechos humanos en las empresas. Es importante que los países en donde están las casas matrices se den estos debates. Si te diste cuenta, en ninguno de los países que nombré, en el avance de sus leyes se han cometido los crímenes. La sociedad civil ha caído en la cuenta de que, a pesar de no tener la operación en sus países, tiene las grandes sedes en otros lugares, y eso las obliga a ser responsables por el provecho que sacan por funcionar en otros territorios. Pero claramente es un tema que hay que tratar en todos los países. Con el tiempo empezará a consolidarse el debate. En Colombia ya arrancó. Es el primer país en América Latina con un Plan Nacional de Acción de Empresas de Derechos Humanos. Esa es una entrada que debemos destacar y con la que se espera que estos crímenes disminuyan. En un buen primer paso.