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Uno de los casos más complejos que ha tenido bajo su estudio la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el exterminio de la Unión Patriótica (UP). Desde mayo del año pasado, cuando organizaciones sociales y entidades estatales entregaron a la justicia transicional los primeros informes, los magistrados de la JEP han tenido la tarea de clasificar, organizar y definir los hechos cometidos contra los integrantes de ese partido político desde 1984, año de su creación, hasta el 1º de diciembre de 2016 (firma del Acuerdo Final con las Farc). Ayer, después de una exhaustiva revisión de los documentos, la JEP abrió el Caso 006, denominado Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP).
Los magistrados de la Sala de Reconocimiento consideraron que el caso de la UP cumple con todos los criterios de priorización, pues fueron "víctimas de la violencia sistemática y padecieron conductas que atentaron contra su derecho a la vida, libertad, seguridad e integridad física, sexual y psicológica". Las victimizaciones, según la magistrada Catalina Díaz, demuestran que se buscaba el exterminio del partido y sus miembros.
Para abrir este caso, la JEP tuvo en cuenta informes presentados por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la Corporación Reiniciar y, principalmente, uno de la Fiscalía General de la Nación, conocido por Colombia 2020, que se constituye en el insumo principal para establecer responsabilidades. El documento de 239 páginas parte de una hipótesis que indica que agentes del Estado, en alianza con actores ilegales, “participaron en la victimización a miembros de la UP con el objetivo de atacar a individuos o comunidades”. También precisa que las víctimas, en algunas ocasiones, formaban parte de iniciativas civiles, comunitarias o sindicales, y algunos eran señalados de colaborar con los grupos subversivos.
En su documento, el ente acusador analizó 863 investigaciones penales en las que se evidencia que la impunidad ha rodeado el exterminio de los integrantes de este partido, que surgió en el marco de las negociaciones de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc que se pactó en 1984. El informe indica que 809 investigaciones están bajo el antiguo sistema penal (Ley 600), de las cuales el 59,2 % no superó la etapa de investigación previa, el 33 % aún está en etapa de instrucción y solo el 6,55 % está en etapa de juicio.
En cuanto a los 54 casos que están bajo el nuevo sistema penal acusatorio (Ley 906), no hay una sola sentencia condenatoria. De hecho, en el 44,74 % de los procesos se ordenó su archivo por razones relacionadas con la imposibilidad de individualizar a los autores de los hechos victimizantes (la mayoría amenazas). Los demás (el 57,4 %) continúan en fase de indagación. Eso quiere decir que han transcurrido tres décadas y los resultados judiciales han sido precarios.
Hasta el momento, la Fiscalía registró 246 sentencias en el país, aunque varias podrían vincularse con solo un proceso. De ese total, se hallaron 204 sentencias resueltas en primera instancia, 38 en segunda y cuatro con apelación. Contabilizó 374 procesados, 68 de los cuales participaron en calidad de autores, 276 como coautores, cinco como cómplices y 25 con otro tipo de participación. Finalmente, en relación con los agentes del Estado, en estas sentencias solo se incluyen a dos agentes del DAS, 18 miembros del Ejército y 10 de la Policía Nacional.
Ni siquiera la declaración de crímenes de lesa humanidad de 67 asesinatos, como el del excandidato presidencial Jaime Pardo Leal o el exdirigente José Antequera, hace tres y cinco años respectivamente, ha podido darles celeridad a estos procesos. En el caso de Pardo, por ejemplo, la investigación está en etapa previa, y la que se sigue por el homicidio de Antequera, apenas se recogen pruebas del delito, a pesar de que los hechos ocurrieron en 1987 y 1989.
Las víctimas
El informe de la Fiscalía toma un universo de víctimas de 1.620 personas, mientras que Reiniciar y el CNMH hablan de más de 6.000. Dentro de las que fueron confirmadas como miembros de la UP, según el informe del ente acusador, la mayoría (43 %) era militante y el 86 %, hombre. En cuanto a su ocupación, el 21,8 % se dedicaba a las labores del campo.De acurdo con la Fiscalía, mientras los ataques contra los máximos líderes políticos de la UP estuvieron revestidos por el cálculo, los perpetrados contra líderes y simpatizantes en las regiones fueron menos organizados, pues las víctimas “tenían menos seguridad, eran de fácil acceso, se contaba con la colaboración de informes que daban aviso de la presencia en la zona o las actividades de las víctimas”.
Su análisis indica que los ataques estuvieron focalizados en tres regiones: Urabá, Magdalena Medio y Meta, es decir, en departamentos donde el conflicto armado fue más intenso y en los que la UP ganó escaños de representación política regional. Además, llama la atención que las victimizaciones aumentaron, principalmente, en el marco de los procesos de paz. Por ejemplo, el período más crítico en el norte y el oriente del país se concretó en la década de los ochenta, en medio de las negociaciones entre las Farc y el Gobierno, que justamente coincidió con el nacimiento de la UP. A su vez, en el sur del país, el período crítico se presentó en los años siguientes al inicio del proceso de paz del Caguán.
Por otro lado, los homicidios representaron el 75 % de los delitos. La forma principal de victimización fue el homicidio selectivo a través del sicariato. Un ejemplo era el llamado “suicidazo”. Se trataba de una modalidad en la que jóvenes de bajos recursos de las comunas de Medellín, llamados “suizos”, eran llevados a Bogotá con el fin de realizar un trabajo sicarial que comprometía su seguridad y posiblemente su vida. A cambio de los asesinatos que cometían, la red criminal les daba ayuda económica para sus familias.
Vea: El hijo de José Antequera hace memoria sobre el asesinato de su padre
Cabe resaltar que, actualmente, hay 67 casos declarados como delitos de lesa humanidad. La primera decisión se adoptó el 15 de marzo de 2010, en el proceso por el homicidio de Bernardo Jaramillo Ossa, y la última el 3 de abril de 2017, en la investigación de Victorino Torres, concejal del municipio de Fuente de Oro. El argumento de la Fiscalía es que estos hechos formaban parte de un ataque sistemático y generalizado en contra de los militantes y simpatizantes de la UP. Sin embargo, la declaratoria de lesa humanidad no se tradujo en avances de judicialización significativos. Por el contrario, las investigaciones continúan en etapa preliminar y en muchos casos ni siquiera se ha logrado una identificación preliminar de eventuales responsables.
¿Quiénes fueron los responsables?
En uno de los apartados del informe se destaca que Carlos Alzate Urquijo, alias Arete, integrante del cartel de Medellín, en una diligencia de indagatoria del 2 de julio de 1993, aseguró que existieron alianzas entre miembros del DAS y grupos paramilitares para atentar contra las víctimas. Preocupa que en el documento del ente acusador no se aportan nombres de los posibles perpetradores de los crímenes. De hecho, también llama la atención que la información recolectada por la Fiscalía también proviene de artículos de medios de comunicación y no de entrevistas personalizadas. Ese fue el caso de la actual senadora Aída Avella, en ese entonces presidenta de la UP, de quien se cita una entrevista en la revista Semana de 2013, en la que denuncia el involucramiento de la fuerza pública en el atentado en su contra en 1996.Se indica de manera general que el paramilitarismo justificó el asesinato de militantes de la UP con la excusa de que supuestamente eran colaboradores de las guerrillas y, por eso, continuaron con la lógica de infundir terror en las zonas que consideraban insurgentes. El testimonio de Manuel de Jesús Pirabán, alias Pirata, expresa que las víctimas supuestamente pertenecían a la entonces guerrilla de las Farc. No obstante, la Fiscalía precisa que el ingreso de la UP a la arena política en algunas regiones desató recelos de parte de las élites políticas o económicas.
También se constata que miembros de la UP, como el senador Manuel Cepeda Vargas y el dirigente del Partido Comunista Álvaro Enrique Vásquez, denunciaron ante el alto Gobierno el plan de integrantes del Ejército, específicamente de la Cuarta Brigada de Medellín, para asesinar a líderes de izquierda en conjunto con grupos liderados por el exjefe paramilitar Carlos Castaño. Incluso, ante la Procuraduría denunciaron que el Gobierno adoptó una actitud pasiva ante los crímenes. Ante esas denuncias sólo hubo silencio.
La impunidad, como lo indica en este caso el informe que el Centro Nacional de Memoria Histórica le entregó a la JEP, se refleja en la ausencia de respuesta investigativa, en la dilación de los procesos y en la pérdida de expedientes. La impunidad, agrega, permitió que la violencia contra sus militantes se prolongara durante décadas. Esa deuda histórica ahora está en manos de la justicia transicional.