Desde el inicio de la audiencia para adoptar medidas cautelares en el estero de San Antonio de Buenaventura, el magistrado de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, Gustavo Salazar, fue enfático en señalar que nadie podría dejar el reciento hasta que no terminara la sesión de este jueves 16 de diciembre.
Ningún representante de las entidades citadas, como la Fiscalía, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Buenaventura, la Defensoría del Pueblo, entre otras, podía salir del recinto porque serían llamados a responder preguntas sobre las medidas de atención y prevención de la desaparición forzada en Buenaventura. Aun así, el secretario de Gobierno de este departamento, Orlando Riascos, ya no estaba en horas de la tarde. Al ser llamado por la magistratura fue notoria su ausencia.
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En ese momento, una funcionaria de la Gobernación le respondió al magistrado Salazar que Riascos había salido a un consejo de seguridad, ante lo cual el magistrado le respondió que esta audiencia y las víctimas de desaparición forzada eran la prioridad. Un par de horas después, la JEP anunció a través de su cuenta en Twitter que le abría incidente de desacato por incumplir la orden judicial de permanecer en la audiencia en Cali. El funcionario tiene cinco días para explicar el motivo de su ausencia.
La audiencia que está llevando a cabo la Jurisdicción Especial para la Paz en Cali, este 16 y 17 de diciembre, es para estudiar si otorga medidas cautelares sobre el estero de San Antonio de Buenaventura, donde según las comunidades yacen sumergidas personas que fueron descuartizadas y arrojadas por grupos armados de este distrito con el fin de desaparecerlas.
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La solicitud de proteger este estero la hicieron organizaciones sociales y familiares de víctimas de desaparición forzada en octubre de 2020 ante la inminencia de un proyecto de dragado del Invias para mejorar el tránsito de las embarcaciones por el puerto. Así buscan proteger este espacio para que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Fiscalía puedan hallar los cuerpos o fragmentos de cuerpos no identificados.
Las organizaciones sociales de Buenaventura estiman que hay más de 1.000 cuerpos de personas desaparecidas en el fondo del estero. Fueron víctimas de las “casas de pique” que instalaron los grupos en varias comunas, como la 3, 4, 7 y 8, o eran amarrados de sus prendas de vestir a los manglares de la Isla Pájaro, hoy conocida por sus habitantes como la Isla Calavera.
Los casos de desaparición forzada en el estero San Antonio, e incluso en otros lugares como el estero El Aguacate o en el Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBuen), son un secreto a voces que no habían sido atendidos por ninguna entidad para crear un plan de búsqueda o frenar el dragado. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, al menos 779 personas han sido desaparecidas de manera forzada en Buenaventura.
En respuesta a la solicitud de octubre pasado, la JEP citó a las organizaciones y familias y a entidades del Estado que deben dar respuesta de cómo se están buscando a las y los desaparecidos y de qué manera están combatiendo este delito en Buenaventura.
En la mañana, el secretario Riascos no dio muchos detalles de cómo desde la Gobernación del Valle del Cauca se está atendiendo esta problemática. Enfocó su respuesta en contar que se ha apoyado con el aumento de Fuerza Pública en el distrito de Buenaventura. En la tarde, se le llamó nuevamente para que también respondiera a las preguntas de las y los representantes de las víctimas cuando se anunció que se había ido.
Este tribunal ha podido constatar que al menos 1.725 personas fueron víctimas de este crimen, y que la situación de violencia en Buenaventura también ha provocado un gran subregistro y muchas dificultades para acceder a zonas donde estarían enterradas.
La audiencia seguirá mañana, a partir de las 8:00 a. m y al final de la misma la JEP dará a conocer su decisión sobre el estero de San Antonio.