JEP abrirá dos casos por desplazamiento, desaparición, violencia sexual y masacres

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes, dio a conocer este lunes que en las próximas semanas la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de esa justicia abrirá dos nuevos casos para continuar con la investigación de lo sucedido durante el conflicto armado en Colombia. Se trata de dos “casos sombrilla”, uno para las Farc y el otro para la Fuerza Pública.

El primero será un caso que se ocupará de los crímenes cometidos por las Farc a nivel territorial, que tendrá tres subcasos: medios y métodos ilícitos de guerra usados por esa extinta guerrilla, crímenes no amnistiables cometidos por estructuras urbanas de las Farc y control territorial y social. En el marco de este último subcaso, la JEP estudiará los actos de violencia sexual, desaparición forzada, las masacres y el desplazamiento forzado.

Explicó que ese trabajo se basa en lo que ya se ha realizado en el caso 001, sobre secuestro, y por el conocimiento que ya se tiene de la acción territorial de los bloques y los frentes de las Farc. “Los primeros siete macrocasos permitieron a la sala conocer más a fondo las estructuras de los actores armados y su emplazamiento territorial”, explicó el magistrado.

Por el lado de la Fuerza Pública, esa justicia abrirá un caso sombrilla para investigar las relaciones entre paramilitares y agentes del Estado. Igual que en el caso de las Farc, allí se estudiarán los actos de violencia sexual, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y las masacres.

“Esta lógica de investigación permite comprender la complejidad del conflicto y reconocer que estos actos no se dan de manera aislada y que tienen una relación estrecha entre sí: el uso de la violencia sexual como instrumento de guerra genera temor en las regiones y provoca el desplazamiento de sus poblaciones”, explicó el presidente de la JEP. Agregó que esa metodología de ‘casos sombrilla’ busca establecer los patrones de macrocriminalidad y los diferentes repertorios que los conforman.

El anuncio lo hizo en medio de su intervención en el encuentro ‘Justicia para los desplazados en Colombia: una deuda pendiente’, organizado por Codhes, Usaid y Colombia+20 de El Espectador, para evaluar la forma en que el Sistema Integral de Paz garantiza los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado en el país.

Como parte de los resultados encontrados hasta ahora que evidencian la necesidad de investigar de forma conjunta los delitos de desplazamiento, desaparición forzada, violencia sexual y masacres, Cifuentes reveló lo hallado en la región del Gran Magdalena, en la que entre 1997 y 2004 ocurrieron 503.862 victimizaciones.

Según dijo, esos hechos se concentraron a nivel departamental en el Magdalena (50%), Cesar (37%) y La Guajira (11%). A nivel subregional, se concentraron en la Sierra Nevada (42%), la Ciénaga Grande (25%) y la Serranía del Perijá (24%). El año más violento, según esos hallazgos, fue 2002, cuando ocurrió el 24% del total de las victimizaciones en el Gran Magdalena.

Del repertorio de violencia, el desplazamiento forzado “fue la victimización con una abrumadora superioridad numérica frente al resto de victimizaciones”, con el 84% del total. Le siguieron los homicidios (8,92%), las amenazas (2,14%), desapariciones forzadas (1,71%), la pérdida de bienes (0,77%), la violencia sexual (0,52%), el abandono forzado o despojo de tierras (0,52%), las retenciones ilegales (0,26%) y las acciones bélicas (0,12%).

“La violencia sexual es un acto que suele tener un bajo nivel de registro, lo que no significa que haya un bajo nivel de ocurrencia. Por eso la tarea de la sala es hacer más visibles estos actos para una mejor comprensión de las dinámicas del conflicto”, sostuvo Eduardo Cifuentes.

Con esas nuevas decisiones, varias de las peticiones que han elevado las víctimas encuentran respuesta en esa justicia, pues ya habían pedido, por ejemplo, que la JEP abriera casos destinados a investigar el desplazamiento forzado o la violencia sexual, pero también las relaciones entre paramilitares y agentes del Estado.

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes, dio a conocer este lunes que en las próximas semanas la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de esa justicia abrirá dos nuevos casos para continuar con la investigación de lo sucedido durante el conflicto armado en Colombia. Se trata de dos “casos sombrilla”, uno para las Farc y el otro para la Fuerza Pública.

El primero será un caso que se ocupará de los crímenes cometidos por las Farc a nivel territorial, que tendrá tres subcasos: medios y métodos ilícitos de guerra usados por esa extinta guerrilla, crímenes no amnistiables cometidos por estructuras urbanas de las Farc y control territorial y social. En el marco de este último subcaso, la JEP estudiará los actos de violencia sexual, desaparición forzada, las masacres y el desplazamiento forzado.

Explicó que ese trabajo se basa en lo que ya se ha realizado en el caso 001, sobre secuestro, y por el conocimiento que ya se tiene de la acción territorial de los bloques y los frentes de las Farc. “Los primeros siete macrocasos permitieron a la sala conocer más a fondo las estructuras de los actores armados y su emplazamiento territorial”, explicó el magistrado.

Por el lado de la Fuerza Pública, esa justicia abrirá un caso sombrilla para investigar las relaciones entre paramilitares y agentes del Estado. Igual que en el caso de las Farc, allí se estudiarán los actos de violencia sexual, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y las masacres.

“Esta lógica de investigación permite comprender la complejidad del conflicto y reconocer que estos actos no se dan de manera aislada y que tienen una relación estrecha entre sí: el uso de la violencia sexual como instrumento de guerra genera temor en las regiones y provoca el desplazamiento de sus poblaciones”, explicó el presidente de la JEP. Agregó que esa metodología de ‘casos sombrilla’ busca establecer los patrones de macrocriminalidad y los diferentes repertorios que los conforman.

El anuncio lo hizo en medio de su intervención en el encuentro ‘Justicia para los desplazados en Colombia: una deuda pendiente’, organizado por Codhes, Usaid y Colombia+20 de El Espectador, para evaluar la forma en que el Sistema Integral de Paz garantiza los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado en el país.

Como parte de los resultados encontrados hasta ahora que evidencian la necesidad de investigar de forma conjunta los delitos de desplazamiento, desaparición forzada, violencia sexual y masacres, Cifuentes reveló lo hallado en la región del Gran Magdalena, en la que entre 1997 y 2004 ocurrieron 503.862 victimizaciones.

Según dijo, esos hechos se concentraron a nivel departamental en el Magdalena (50%), Cesar (37%) y La Guajira (11%). A nivel subregional, se concentraron en la Sierra Nevada (42%), la Ciénaga Grande (25%) y la Serranía del Perijá (24%). El año más violento, según esos hallazgos, fue 2002, cuando ocurrió el 24% del total de las victimizaciones en el Gran Magdalena.

Del repertorio de violencia, el desplazamiento forzado “fue la victimización con una abrumadora superioridad numérica frente al resto de victimizaciones”, con el 84% del total. Le siguieron los homicidios (8,92%), las amenazas (2,14%), desapariciones forzadas (1,71%), la pérdida de bienes (0,77%), la violencia sexual (0,52%), el abandono forzado o despojo de tierras (0,52%), las retenciones ilegales (0,26%) y las acciones bélicas (0,12%).

“La violencia sexual es un acto que suele tener un bajo nivel de registro, lo que no significa que haya un bajo nivel de ocurrencia. Por eso la tarea de la sala es hacer más visibles estos actos para una mejor comprensión de las dinámicas del conflicto”, sostuvo Eduardo Cifuentes.

Con esas nuevas decisiones, varias de las peticiones que han elevado las víctimas encuentran respuesta en esa justicia, pues ya habían pedido, por ejemplo, que la JEP abriera casos destinados a investigar el desplazamiento forzado o la violencia sexual, pero también las relaciones entre paramilitares y agentes del Estado.