JEP acredita a 100 mil víctimas indígenas en el caso del Norte del Cauca y sur del Valle
Dentro de ellas están el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).
Colombia en Transición
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó como víctimas a 100.000 víctimas de 31 resguardos y cabildos indígenas, en el marco del caso 05 sobre la situación territorial en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca. Con su aceptación en la JEP, podrán y participar en todas las etapas de los procesos judiciales, aportar pruebas, presentar observaciones a las versiones que rindan los responsables y recibir copias del expediente.
Dentro de las organizaciones acreditadas están el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). Asimismo, los cabildos y resguardos Honduras, Agua Negra, Chimborazo, Cabildo Nueva Esperanza, San Lorenzo de Caldono, Pioyá, La Aguada San Antonio, Las Mercedes, La Laguna Siberia, Pueblo Nuevo, Corinto, López Adentro, Concepción, Guadualito, Munichique Los Tigres, Nasa Kiwe Tekh Ksaw, Canoas, Delicias, Cabildo Sinai Alto Naya, Cabildo Pueblo Nuevo Ceral, Huellas, Toez, Jambaló, La Cilia Miranda, Toribío, San Francisco, Tacueyó, Cabildo Cerro Tijeras, Guejia Kiwe, Kite Kiwe y Muse Ukwe, pertenecientes al pueblo Nasa y Misak.
(Lea también: Nueva masacre en el Cauca: ¿qué está pasando?)
A través del Auto No.02 de 2020, la magistratura aseguró que su decisión se da tras “la manifestación voluntaria de las víctimas de participar en el caso, el relato o informe de lo sucedido, las pruebas que demuestran su condición de víctimas y la información de cómo se llevará a cabo su representación judicial”.
El 8 de noviembre de 2018, la JEP decidió estudiar la situación de violaciones masivas a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario presuntamente cometidas por las Farc-EP y la fuerza pública en los municipios de Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, Morales, Santander de Quilichao, Suárez y Toribío, en el Norte del Cauca.
Después, el 12 de marzo de 2019, la Sala de Reconocimiento adicionó al caso los municipios de Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada del Norte del Cauca y los municipios de Candelaria, Florida, Jamundí, Palmira y Pradera, del sur del Valle del Cauca. Con esta decisión de añadir nueve municipios, la Sala de Reconocimiento sumó un total de 17 municipios priorizados.
(Puede interesarle: Colombia, un país sin garantías para los pueblos indígenas)
El caso 05 juzgará los hechos cometidos entre el 1° de enero de 1993 y el 1° de diciembre de 2016. Entre ellos están el desplazamiento forzado, secuestro violencia sexual, muertes productos del conflicto, confinamiento y siembra de minas antipersonales, reclutamiento ilícito, desaparición, ataques a la población, amenazas y todos los atentados contra el medio ambiente.
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó como víctimas a 100.000 víctimas de 31 resguardos y cabildos indígenas, en el marco del caso 05 sobre la situación territorial en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca. Con su aceptación en la JEP, podrán y participar en todas las etapas de los procesos judiciales, aportar pruebas, presentar observaciones a las versiones que rindan los responsables y recibir copias del expediente.
Dentro de las organizaciones acreditadas están el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). Asimismo, los cabildos y resguardos Honduras, Agua Negra, Chimborazo, Cabildo Nueva Esperanza, San Lorenzo de Caldono, Pioyá, La Aguada San Antonio, Las Mercedes, La Laguna Siberia, Pueblo Nuevo, Corinto, López Adentro, Concepción, Guadualito, Munichique Los Tigres, Nasa Kiwe Tekh Ksaw, Canoas, Delicias, Cabildo Sinai Alto Naya, Cabildo Pueblo Nuevo Ceral, Huellas, Toez, Jambaló, La Cilia Miranda, Toribío, San Francisco, Tacueyó, Cabildo Cerro Tijeras, Guejia Kiwe, Kite Kiwe y Muse Ukwe, pertenecientes al pueblo Nasa y Misak.
(Lea también: Nueva masacre en el Cauca: ¿qué está pasando?)
A través del Auto No.02 de 2020, la magistratura aseguró que su decisión se da tras “la manifestación voluntaria de las víctimas de participar en el caso, el relato o informe de lo sucedido, las pruebas que demuestran su condición de víctimas y la información de cómo se llevará a cabo su representación judicial”.
El 8 de noviembre de 2018, la JEP decidió estudiar la situación de violaciones masivas a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario presuntamente cometidas por las Farc-EP y la fuerza pública en los municipios de Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, Morales, Santander de Quilichao, Suárez y Toribío, en el Norte del Cauca.
Después, el 12 de marzo de 2019, la Sala de Reconocimiento adicionó al caso los municipios de Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada del Norte del Cauca y los municipios de Candelaria, Florida, Jamundí, Palmira y Pradera, del sur del Valle del Cauca. Con esta decisión de añadir nueve municipios, la Sala de Reconocimiento sumó un total de 17 municipios priorizados.
(Puede interesarle: Colombia, un país sin garantías para los pueblos indígenas)
El caso 05 juzgará los hechos cometidos entre el 1° de enero de 1993 y el 1° de diciembre de 2016. Entre ellos están el desplazamiento forzado, secuestro violencia sexual, muertes productos del conflicto, confinamiento y siembra de minas antipersonales, reclutamiento ilícito, desaparición, ataques a la población, amenazas y todos los atentados contra el medio ambiente.