JEP admite a Álvaro “El Gordo” García a cambio de información nueva sobre parapolítica
El exsenador se comprometió a aportar verdad sobre las reuniones previas a la creación del bloque Montes de María de las antiguas Auc, sobre los pactos de Ralito y de Chibolo y, en general, de las alianzas entre los grupos paramilitares y políticos. Por ahora, seguirá privado de la libertad en la cárcel La Picota.
Desde mediados del 2018, el exsenador Álvaro García Romero había pedido pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para comparecer como Agente de Estado no integrante de la Fuerza Pública; sin embargo, fue hasta esta semana que el Tribunal de Paz aceptó su sometimiento bajo esta figura, específicamente, por su responsabilidad en la masacre de Macayepo (2000), por la que fue condenado a 40 años de prisión.
Según la JEP, “el caso del exsenador, quien permanecerá recluido en La Picota, será clave para ayudar a desmontar las estructuras de poder que se han encontrado detrás del paramilitarismo”. De hecho, según el compromiso entregado por el exsenador a la Jurisdicción, aportará verdad sobre la promoción, auspicio y colaboración de dirigentes políticos nacionales y regionales con el paramilitarismo.
La masacre de Macayepo, ocurrida el 14 de octubre del 2000, tiene una particularidad: salieron vinculados políticos de la región que, años más tarde, fueron procesados por su alianza con grupos paramilitares y su participación en estos crímenes. García Romero, quien para la época era exsenador del partido Colombia Democrática, y Miguel Nule, exgobernador de Sucre, fueron condenados a 40 y 28 años de prisión respectivamente, por haber sido determinadores del homicidio agravado de 16 campesinos y haber causado el desplazamiento de 200 personas, según lo documentó el informe ¡Basta Ya! del Centro Nacional de Memoria Histórica.
En agosto del año pasado, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) entregaron un informe a la JEP sobre 10 masacres ocurridas en los Montes de María entre febrero de 2000 y enero de 2001. Como factor común, todas fueron perpetradas por paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María de las Auc, quienes, según el documento, habrían tejido alianzas con agentes estatales para financiar y, en muchos casos, determinar estos hechos violentos. Una de las 10 masacres documentadas fue la de Macayepo (Bolívar).
Según las investigaciones, García Romero y Nule habrían dado la orden para que los paramilitares cometieran la masacre y una de las pruebas más contundentes fue un audio que reveló revista Semana en el año 2000, en el que se les escucha hablar sobre el modus operandi con el que se cometió el crimen en el que fueron asesinadas 16 personas a piedra, machete y garrote. También se les sentenció por haberse comprobado su financiación a estos grupos armados ilegales.
Tanto García Romero como Nule han buscado otras salidas judiciales para cambiar o anular su condena. La más reciente, por parte de “El Gordo” ocurrió en septiembre pasado, cuando la Corte Suprema negó uno de los recursos con el que pretendía acceder a la doble conformidad y que el alto tribunal revisara o impugnara su condena para que fuera rebajada o, en el mejor de los casos, saliera absuelto.
Los compromisos que adquirió García Romero para ser aceptado en la JEP fueron aportar verdad sobre las reuniones previas a la creación del bloque Montes de María de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), y de las reuniones de los pactos de Ralito y Chibolo (acuerdos secretos entre exjefes de grupos paramilitares y políticos colombianos con el fin de “refundar la Nación”). También, aseguró que contaría su participación en la masacre de Macayepo y el contrato de la Guaripa que sirvió como fuente de financiación para la creación de un nuevo grupo de las Auc. Otro de sus compromisos fue aportar verdad sobre la muerte de Georgina Narváez (quien fue testigo electoral en San Onofre, Sucre y presidenta del sindicato de trabajadores del municipio) y “el vínculo existente con Salvador Arana (exparamilitar y exgobernador de Sucre)”.
En el comunicado de la JEP, aseguran que “García Romero está en condición de entregar verdad sobre los acuerdos que se dieron para apoyar candidaturas a diferentes cargos de elección popular; el nombramiento de miembros de las Auc en la administración pública; la operación de las Convivir en Sucre y los atentados contra funcionarios públicos”. También, explicaron que tuvieron en cuenta el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que se dejaba claro que el expolítico “se valió de su condición de senador para consolidar el proyecto de las Auc en el ámbito nacional. Se trata de un paramilitar que no participó en las hostilidades pero que desde su condición de Agente de Estado desempeñó el rol de promoción, sustento y auspicio de la organización criminal”.
A pesar de que la Jurisdicción aceptó el sometimiento el Álvaro García Romero, dejó en claro que las sentencias proferidas en la justicia ordinaria contra el exsenador seguirán en pie y, por ende, su comparecencia en la JEP será, por ahora, desde su privación de la libertad en la cárcel La Picota, -centro penitenciario en el que paga una condena por 40 años-. Las organizaciones de víctimas han pedido que la masacre de Macayepo se declare como un crimen de Estado y que también se esclarezca la responsabilidad de otros miembros de la Fuerza Pública.
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Desde mediados del 2018, el exsenador Álvaro García Romero había pedido pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para comparecer como Agente de Estado no integrante de la Fuerza Pública; sin embargo, fue hasta esta semana que el Tribunal de Paz aceptó su sometimiento bajo esta figura, específicamente, por su responsabilidad en la masacre de Macayepo (2000), por la que fue condenado a 40 años de prisión.
Según la JEP, “el caso del exsenador, quien permanecerá recluido en La Picota, será clave para ayudar a desmontar las estructuras de poder que se han encontrado detrás del paramilitarismo”. De hecho, según el compromiso entregado por el exsenador a la Jurisdicción, aportará verdad sobre la promoción, auspicio y colaboración de dirigentes políticos nacionales y regionales con el paramilitarismo.
La masacre de Macayepo, ocurrida el 14 de octubre del 2000, tiene una particularidad: salieron vinculados políticos de la región que, años más tarde, fueron procesados por su alianza con grupos paramilitares y su participación en estos crímenes. García Romero, quien para la época era exsenador del partido Colombia Democrática, y Miguel Nule, exgobernador de Sucre, fueron condenados a 40 y 28 años de prisión respectivamente, por haber sido determinadores del homicidio agravado de 16 campesinos y haber causado el desplazamiento de 200 personas, según lo documentó el informe ¡Basta Ya! del Centro Nacional de Memoria Histórica.
En agosto del año pasado, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) entregaron un informe a la JEP sobre 10 masacres ocurridas en los Montes de María entre febrero de 2000 y enero de 2001. Como factor común, todas fueron perpetradas por paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María de las Auc, quienes, según el documento, habrían tejido alianzas con agentes estatales para financiar y, en muchos casos, determinar estos hechos violentos. Una de las 10 masacres documentadas fue la de Macayepo (Bolívar).
Según las investigaciones, García Romero y Nule habrían dado la orden para que los paramilitares cometieran la masacre y una de las pruebas más contundentes fue un audio que reveló revista Semana en el año 2000, en el que se les escucha hablar sobre el modus operandi con el que se cometió el crimen en el que fueron asesinadas 16 personas a piedra, machete y garrote. También se les sentenció por haberse comprobado su financiación a estos grupos armados ilegales.
Tanto García Romero como Nule han buscado otras salidas judiciales para cambiar o anular su condena. La más reciente, por parte de “El Gordo” ocurrió en septiembre pasado, cuando la Corte Suprema negó uno de los recursos con el que pretendía acceder a la doble conformidad y que el alto tribunal revisara o impugnara su condena para que fuera rebajada o, en el mejor de los casos, saliera absuelto.
Los compromisos que adquirió García Romero para ser aceptado en la JEP fueron aportar verdad sobre las reuniones previas a la creación del bloque Montes de María de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), y de las reuniones de los pactos de Ralito y Chibolo (acuerdos secretos entre exjefes de grupos paramilitares y políticos colombianos con el fin de “refundar la Nación”). También, aseguró que contaría su participación en la masacre de Macayepo y el contrato de la Guaripa que sirvió como fuente de financiación para la creación de un nuevo grupo de las Auc. Otro de sus compromisos fue aportar verdad sobre la muerte de Georgina Narváez (quien fue testigo electoral en San Onofre, Sucre y presidenta del sindicato de trabajadores del municipio) y “el vínculo existente con Salvador Arana (exparamilitar y exgobernador de Sucre)”.
En el comunicado de la JEP, aseguran que “García Romero está en condición de entregar verdad sobre los acuerdos que se dieron para apoyar candidaturas a diferentes cargos de elección popular; el nombramiento de miembros de las Auc en la administración pública; la operación de las Convivir en Sucre y los atentados contra funcionarios públicos”. También, explicaron que tuvieron en cuenta el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que se dejaba claro que el expolítico “se valió de su condición de senador para consolidar el proyecto de las Auc en el ámbito nacional. Se trata de un paramilitar que no participó en las hostilidades pero que desde su condición de Agente de Estado desempeñó el rol de promoción, sustento y auspicio de la organización criminal”.
A pesar de que la Jurisdicción aceptó el sometimiento el Álvaro García Romero, dejó en claro que las sentencias proferidas en la justicia ordinaria contra el exsenador seguirán en pie y, por ende, su comparecencia en la JEP será, por ahora, desde su privación de la libertad en la cárcel La Picota, -centro penitenciario en el que paga una condena por 40 años-. Las organizaciones de víctimas han pedido que la masacre de Macayepo se declare como un crimen de Estado y que también se esclarezca la responsabilidad de otros miembros de la Fuerza Pública.
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