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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó este viernes al alto Comisionado para la paz, Danilo Rueda, a una audiencia pública para que le presente el plan con el que protegerá a excombatientes de Farc y otros comparecientes ante ese tribunal que están en riesgo ante la expansión de nuevos grupos armados ilegales. Ese documento deberá incluir también la estrategia y la política pública para desmantelar a esas organizaciones criminales que continúan dejando múltiples afectaciones en el país.
La citación, programada para el próximo 28 de febrero, se da luego de que a Rueda se le venciera el plazo que le había otorgado la JEP hasta el 16 de enero para presentar dicho plan.
La creación de esa política pública es, precisamente, una de las deudas del Estado con el cumplimiento del Acuerdo de Paz con las Farc que busca lograr el desmantelamiento de grupos armados herederos del paramilitarismo en los territorios donde persiste el conflicto armado. Esa es una esponsabilidad de Rueda por ser también el secretario técnico de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), creada por el Acuerdo con ese fin.
En contexto: En 2023 se construirá política pública para desmantelamiento del paramilitarismo
La JEP espera que con esa estrategia se frene la expansión de nuevos grupos armados y el impacto de su confrontación, principalmente los asesinatos de excombatientes. Según la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), a la fecha se han presentado 348 homicidios de excombatientes de las Farc-EP.
De acuerdo con la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal de Paz, esa política debe garantizar los derechos de las víctimas, erradicar la impunidad y avanzar en las garantías de no repetición.
A la audiencia también están citados una representante permanente por de la plataforma de mujeres, un representante de los grupos étnicos, un delegado para las plataformas de derechos humanos y una procuradora delegada para el seguimiento del Acuerdo Final de paz.
La JEP pidió de oficio el pasado 28 de abril el trámite de medidas cautelares colectivas para proteger la vida y la integridad física de los comparecientes.