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Trabajar de la mano para la implementación del Acuerdo de Paz. Esa fue la gran conclusión de las cabezas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización, quienes tras una reunión anunciaron que están garantizados los recursos para estas entidades en 2020 y que habrá un incremento en el presupuesto.
Patricia Linares, presidenta de la JEP, expresó sus agradecimientos al Gobierno Nacional y agregó que con este anteproyecto del presupuesto, el presidente Iván Duque demuestra que está comprometido con la paz. “Desde el primer momento en el que manifestamos públicamente nuestra preocupación por el tema de los recursos para las vigencias del año entrante, él nos expresó que no nos preocupáramos, que personalmente iba a estar al tanto para que tuviéramos las garantías de los recursos que necesitaría el sistema y la realización de los derechos de las víctimas”, dijo la magistrada.
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Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, también agradeció el gestó y manifestó su tranquilidad por la ampliación a un 15% del presupuesto de su entidad para el otro año. “Considero que fue una reunión sumamente constructiva, que nos pone en una agenda de trabajo en conjunto. Como entidades del Estado, tenemos que enfrentar juntos este inmenso desafío de la paz integral. Pudimos garantizar que para el año entrante son 400 personas. Por eso consideramos que el apoyo que nos dio el presidente fue verdadero”, agregó el sacerdote.
Aunque la voluntad existe, explicó Luz Marina Monzón, directora de la UBPD, es importante que este presupuesto sea aprobado en el Congreso: "Al final allí se da la última palabra de la propuesta del Gobierno Nacional. Puede que se reduzcan los recursos. El debate pasa por cuál es su prioridad y su apuesta. Necesitamos que el Congreso mantenga los recursos y respalde nuestra labor. Mientras la ley de presupuesto no esté aprobada, hasta ahora esto es una manifestación de voluntad. Aunque es muy importante, porque fue un primer acercamiento, todavía no es un hecho concreto".
Con el anteproyecto de presupuesto, agregó Monzón, su entidad, una de las más afectadas con el recorte de este año, podrá cumplir con la meta de tener 522 personas trabajando en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. De 34.000 millones de pesos pasará a contar con 58.000. Con ese monto se cumple con el presupuesto de funcionamiento, es decir, la planta de personal y sus gastos generales.
"El Gobierno entendió que somos entidades transitorias y que si no se trabaja ahora, quedaremos con una deuda con las víctimas porque no podríamos cumplir con nuestra tarea. El aumento, de acuerdo con lo planteado por el Gobierno, es significativo, en el sentido de que nos da herramientas para podernos instalar", manifestó la directora de la UBPD.
Para Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización, la reunión fue “fructífera”. El representante del Gobierno aseguró que este será el primero de varios encuentros con las entidades del Sistema Integral, con las que se espera “mirar las sinergias, entender los complementos, también para discutir las diferencias”. Insistió en que el gobierno Duque, con estos hechos, hace explícita su manifestación de apoyo con el Acuerdo de Paz y, principalmente, con las víctimas.
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La presidenta de la JEP aseguró que las entidades seguirán trabajando con el mismo número de personas, a propósito de las declaraciones de Giovani Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), quien expresó que necesita más recursos humanos. Sin embargo, afirmó Linares, “la posición de la jurisdicción, como lo acordamos con el Gobierno anterior, es que seguiremos trabajando con los recursos humanos que acordamos desde el año 2017, porque entendemos las limitaciones que tiene el país en temas presupuestales”.
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Finalmente, sobre la iniciativa del partido Centro Democrático para crear una sala alterna a la JEP que juzgue a los militares, Linares expresó que “en el Estado de Derecho los poderes públicos son independientes y los distintos partidos tienen todo el derecho de presentar las diferentes iniciativas legislativas que consideren. Eso es parte del debate político”. En su criterio, el modelo de la JEP, que está definida en el acto legislativo 01 de 2017, garantiza a plenitud los derechos de la fuerza pública o agentes del Estado que acudan voluntariamente.