JEP, Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda piden presencia estatal urgente en el Pacífico

A través de un comunicado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), pidieron al Estado que haga presencia integral en Buenaventura (Valle del Cauca) y en Tumaco (Nariño), dos de los lugares donde más se ha agudizado el conflicto armado en las últimas semanas, en los que no cesan los desplazamientos forzados, los homicidios y las desapariciones a cuenta de los grupos armados.

En Buenaventura se registró solo en enero un combate diario y 20 homicidios, sin contar los desplazamientos forzados de unas 112 familias, según datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). En Nariño, el panorama no es más alentador. Desde hace un mes que denunciaron la desaparición de nueve personas que se trasladaban desde los municipios de Tumaco hasta Mosquera.

Las tres entidades del sistema de justicia transicional, que conforman el Comité Interinstitucional, aseguraron en el comunicado que “la presencia de la Fuerza Pública es necesaria, pero insuficiente para garantizar una paz territorial. Es urgente adoptar medidas para garantizar trabajo digno, educación, salud y los demás derechos económicos, sociales y culturales de Buenaventura y el suroccidente del país”.

Sobre esta situación, la Defensoría del Pueblo emitió en 2019 una alerta temprana advirtiendo lo que pasa en Buenaventura. Denunció la presencia de los grupos armados como la banda “La Local”, “La Empresa”, el Eln y de las disidencias de las Farc. En ese momento había una guerra entre los dos primeros en la que, al parecer, ganó La Local. Además, han denunciado que los grupos ilícitos hacen presencia en diez de las doce comunas del casco urbano.

(Lea también: La Local, una banda armada que impone el silencio en Buenaventura)

Según un informe publicado por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), el Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Convivencia del Distrito de Tumaco y el Observatorio de Derechos Humanos de la Diócesis de Tumaco, después de la firma del Acuerdo de Paz, los territorios controlados por la antigua guerrilla quedaron libres, por lo que por lo menos cinco actores armados han llegado a la zona a tomar control territorial y social. “Por otro lado, hay bandas criminales que operan en los barrios y que han incidido en el aumento y desborde de la violencia”, puntualizaron en el informe.

El Comité Interinstitucional hizo énfasis en que, “como han señalado líderes y lideresas sociales y comunitarios, existe un abandono histórico del Estado en la región. La falta de oportunidades para la población es aprovechada por distintos actores armados, lo cual incrementa la zozobra y violencia en la comunidad”. Por ello, resaltaron la importancia de la implementación del Acuerdo de Paz, “ya que sus distintos puntos contienen mecanismos y procesos necesarios para superar las condiciones de exclusión y abandono de distintos territorios del país que permiten avanzar en la consolidación de la paz”.

Cabe recordar que la JEP, en el macrocaso 005 (situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca), investiga la presencia y afectación histórica de los grupos armados en esta zona del suroccidente del país hasta el 2016, en especial de la Fuerza Pública y la extinta guerrilla de las Farc. “Nos sumamos a ese clamor por el derecho a la vida y solicitamos al Estado a hacer presencia de manera integral en el suroccidente del país”, concluye el documento.

A través de un comunicado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), pidieron al Estado que haga presencia integral en Buenaventura (Valle del Cauca) y en Tumaco (Nariño), dos de los lugares donde más se ha agudizado el conflicto armado en las últimas semanas, en los que no cesan los desplazamientos forzados, los homicidios y las desapariciones a cuenta de los grupos armados.

En Buenaventura se registró solo en enero un combate diario y 20 homicidios, sin contar los desplazamientos forzados de unas 112 familias, según datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). En Nariño, el panorama no es más alentador. Desde hace un mes que denunciaron la desaparición de nueve personas que se trasladaban desde los municipios de Tumaco hasta Mosquera.

Las tres entidades del sistema de justicia transicional, que conforman el Comité Interinstitucional, aseguraron en el comunicado que “la presencia de la Fuerza Pública es necesaria, pero insuficiente para garantizar una paz territorial. Es urgente adoptar medidas para garantizar trabajo digno, educación, salud y los demás derechos económicos, sociales y culturales de Buenaventura y el suroccidente del país”.

Sobre esta situación, la Defensoría del Pueblo emitió en 2019 una alerta temprana advirtiendo lo que pasa en Buenaventura. Denunció la presencia de los grupos armados como la banda “La Local”, “La Empresa”, el Eln y de las disidencias de las Farc. En ese momento había una guerra entre los dos primeros en la que, al parecer, ganó La Local. Además, han denunciado que los grupos ilícitos hacen presencia en diez de las doce comunas del casco urbano.

(Lea también: La Local, una banda armada que impone el silencio en Buenaventura)

Según un informe publicado por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), el Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Convivencia del Distrito de Tumaco y el Observatorio de Derechos Humanos de la Diócesis de Tumaco, después de la firma del Acuerdo de Paz, los territorios controlados por la antigua guerrilla quedaron libres, por lo que por lo menos cinco actores armados han llegado a la zona a tomar control territorial y social. “Por otro lado, hay bandas criminales que operan en los barrios y que han incidido en el aumento y desborde de la violencia”, puntualizaron en el informe.

El Comité Interinstitucional hizo énfasis en que, “como han señalado líderes y lideresas sociales y comunitarios, existe un abandono histórico del Estado en la región. La falta de oportunidades para la población es aprovechada por distintos actores armados, lo cual incrementa la zozobra y violencia en la comunidad”. Por ello, resaltaron la importancia de la implementación del Acuerdo de Paz, “ya que sus distintos puntos contienen mecanismos y procesos necesarios para superar las condiciones de exclusión y abandono de distintos territorios del país que permiten avanzar en la consolidación de la paz”.

Cabe recordar que la JEP, en el macrocaso 005 (situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca), investiga la presencia y afectación histórica de los grupos armados en esta zona del suroccidente del país hasta el 2016, en especial de la Fuerza Pública y la extinta guerrilla de las Farc. “Nos sumamos a ese clamor por el derecho a la vida y solicitamos al Estado a hacer presencia de manera integral en el suroccidente del país”, concluye el documento.