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El Fondo Ganadero de Córdoba fue uno de los responsables de despojar más de 40.000 hectáreas de tierra a lo largo de 58 veredas en Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá (que comprenden a la subregión de Tulapas, en el Urabá). Este caso, que se ha vuelto emblemático en la justicia, volvió a sonar ante los estrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde este 19 de septiembre se adelantó una audiencia reservada para al respecto.
En Tulapas, entre la década de los noventa e inicios de milenio, los amaños notariales que encabezaron junto a palmicultores, madereras y grupos paramilitares ocasionaron más de 130 episodios de desplazamiento forzado -rastreados por la justicia- y un sinfín de afectaciones colectivas a familias campesinas que aún no han sido reparadas del todo.
Las pistas del Fondo Ganadero que sigue la JEP
El accionar de miembros de la junta directiva de ese fondo llevó a que la JEP investigara sus patrones criminales dentro del caso 04 (afectaciones territoriales en el Urabá y el Darién) y en medio de audiencias que se han llevado a cabo durante el último año y medio se establecieran conclusiones tan certeras como decir, según un auto de la jurisdicción, que “entre 1997 y 2005 la subregión de Tulapas fuera una base paramilitar deshumanizante al servicio del despojo por los intereses de poderosos grupos empresariales”. Estas diligencias parecen de no acabar y han revelado verdades que no han sido contadas o, en su defecto, han sido narradas a medias.
Por ejemplo, situaciones así llevaron a que la misma JEP no aceptara dentro de su jurisdicción a grandes despojadores de tierras como Sor Teresa Gómez, financista de la ‘Casa Castaño’ y quien por medio de procesos notariales corruptos permitió que se despojara masivamente en el Urabá antioqueño y el Darién chocoano.
Gómez fue removida de la jurisdicción de paz por contar relatos incompletos, inconclusos y faltos de verdad a la hora de atar nexos entre ella y personajes de la vida empresarial de esta zona del país como Libardo Díaz o Guido Vargas (vinculados con paramilitares y condenados en justicia ordinaria por distintos delitos).
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La JEP fue implacable con Gómez. No la recibió en su jurisdicción por omitir detalles y por estar en medio de relatos del exparamilitar Jesús Ignacio Roldán ‘Monoleche’ (su yerno) en los que no pudo defenderse o justificar su participación, especialmente en lo relacionado con episodios de desplazamiento forzado que ella y las Auc habrían perpetrado en el norte de Urabá.
¿Qué hay detrás de la nueva audiencia con ganaderos citada por la JEP?
La advertencia para los ganaderos que están ante la JEP es la misma: o sus relatos son exhaustivos y en favor de la verdad para las víctimas o su salida de la jurisdicción es inminente. Y esta semana esto estuvo presente en una audiencia de ajuste de régimen de condicionalidad, llevada a cabo en la jornada del 19 de septiembre.
Con ese ánimo fue que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha citado por varias diligencias a Benito Molina Velarde, expresidente del Fondo Ganadero de Córdoba; Carmelo Esquivia Guzmán, exabogado del Fondo; Jaime García Exbrayat, exdirector de la Corporación Ambiental de los Valles del Sinú y del San Jorge -esa entidad actuó en connivencia con el Fondo en los despojos-; Benito Osorio Villadiego, aliado del fondo y exgobernador de Córdoba, y el empresario Luis Gonzalo Gallo, todos antiguos directivos del Fondo Ganadero de Córdoba o personas cercanas a sus oficinas. Todos ellos ya han dado versiones ante la justicia transicional y en esta ocasión esperan no solo definir sus situaciones jurídicas (a sabiendas que ya han pasado por condenas ante justicia ordinaria) sino a dar a conocer detalles catastrales y legales sobre un conjunto de predios que en las últimas diligencias han sido estudiadas y pedidas para indagación por parte de la justicia especial de restitución de tierras, e conjunto con la Unidad de Restitución de Tierras.
Las voces de las víctimas seguirán siendo protagonistas en las diligencias de esta semana y las venideras. La Asociación de Víctimas y Reclamantes de Tierras y Paz es el colectivo acreditado en la JEP con mayor afectación en cuantías tras los despojos paramilitares en el Urabá antioqueño. De acuerdo con esta organización, en sus destierros perdieron cerca de 10.000 hectáreas (el 25 % del total de despojos en Tulapas) y sus pedidos de justicia han estado acompañados de amenazas contra su integridad.
El flagelo: Tulapas, el reino del despojo paramilitar
Muestra de ello es la lucha de Ayineth Pérez, sobreviviente de la violencia paramilitar y armada por ser reclamante de tierras. En entrevistas no ha dejado de defender su territorio, asegurando además que vivimos en un país que pareciera congelado en el tiempo. Tenemos los mismos problemas que en 1998. Me siguen amenazando por defender a más de 500 familias despojadas, reclamo lo justo, no pido más y lo único que quiero es que haya justicia y que no me saquen nunca más de acá. Soy de acá y moriré acá”.
Y para esta nueva diligencia no espera otra cosa que “verdad sin trabas y una posibilidad más para que accedamos a la verdad y a la tierra que nunca nos debió ser arrebatada”.
Hay escepticismo, a pesar de reconocer los avances que marcan la aparición de empresarios poderosos como los citados por la JEP para hablar en una de sus salas. Bajo anonimato, una persona que lidera procesos en San Pedro de Urabá dijo que se debe interpretar con cautela lo que estas personas digan ante la justicia, pues en otros tribunales ya han mentido y se han zafado de contar relatos en favor de las víctimas, según él.
“Benito Osorio tiene a sus espaldas una condena de 19 años por participar como gobernador de Córdoba en lo que nos hizo. No confío del todo en sus intenciones de contar cosas… pero ya nos dimos cuenta de que es capaz de encochinar a su gente. Me preocupa que ni él ni nadie ha hablado de los políticos que le pagaban a Carlos Mario Jiménez, Macaco, para que nos sacara de nuestras casas”, sentenció.
¿Y Guido Vargas? ¿Y Héctor Duque Echeverry?
El nombre del empresario Héctor Duque Echeverry es recurrente en las audiencias que tienen que ver con despojos. Esto es paradójico. Porque si bien su figura es reconocida como la de uno de los grandes despojadores de tierras en el noroccidente del país, cuando los comparecientes son interrogados sobre él siempre ha habido vacíos en los relatos o nexos que no terminan de cuajar para involucrarlo con procesos de adquisición irregular de tierras. Eso a sabiendas que Duque estuvo condenado por la justicia ordinaria entre 2010 y 2014 por despojos de tierras ordenados por su compañía familiar Urapalma S.A.
La última vez que fue mencionado su nombre ante un tribunal fue en 2021 por voz del ejecutivo condenado por despojos Gabriel Jaime Sierra.
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“Duque era un comprador recurrente de tierras de Carlos Castaño y en los relatos de los ganaderos omiten eso y la relación que podrían ellos tener con él. En los días buenos les importaba codearse con Duque, ahora ni lo mencionan en sus audiencias”, dijo el empresario en esa diligencia.
Lo que ate a Héctor Duque con los ganaderos citados por la JEP será un ala transversal del futuro jurídico de estas personas, pues además de ser un llamado recurrente de reconocimiento desde la justicia transicional, es un pedido exhaustivo de las víctimas, pues en los colectivos vinculados en el caso 04 uno de los pedidos constantes es el que haya reconocimiento del despojo de tierras como un flagelo intersectorial entre la madera, el ganado y la palma africana.
El caso de Guido Vargas es aún más particular, pues comenzó a ser sonado en las audiencias a Sor Teresa Gómez.
Como documentó este medio hace un par de meses, Vargas fue un empresario que fungía como comisionista de tierras para los paramilitares en el Urabá, luego se convirtió en testaferro de la casa Castaño y un paramilitar conocido como Camisa Verde.
Abiertamente, hombres como Monoleche, Macaco y Libardo Díaz han hablado del papel de Vargas dentro de las filas paramilitares y en las órdenes de despojo y dentro de las sensaciones que dejó en los testimonios de más comparecientes ante JEP por este tipo de situaciones brilla por su ausencia.
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Esto, aunque sin éxito se pidieron pistas sobre él y sus vínculos con ganaderos en una audiencia que directivos del Fondo Ganadero de Córdoba tuvieron en la justicia transicional el 6 de diciembre de 2022.
Se abre un nuevo capítulo para ahondar en estos hechos. Será un momento en el que la JEP le dé un rumbo al futuro jurídico de estas personas, bien sea dentro o fuera de sus salas.