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Las víctimas de persecuciones estatales a través de detenciones ilegales, estigmatizaciones, señalamientos, montajes judiciales o judicializaciones y malos tratos a la población de la Alta Montaña de los Montes de María alzaron su voz mediante un informe oral y escrito, de más de 300 páginas, en el que dieron a conocer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra padecidos en su territorio y áreas de influencia desde el año 2000.
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El pasado mes de julio de 2022, el Centro de Formación para la Cooperación de Cartagena de Indias fue testigo de la cita convocada por el Equipo Clínico Jurídico Ad Hoc Montes de María para la situación del movimiento social de la Alta Montaña, donde el Movimiento Pacífico de Reconciliación e Integración de los Montes de María expuso su informe mediante audiencia oral frente al magistrado de la JEP Camilo Bernal, el representante del Ministerio Público Alonso Pío Fernández y la entonces coordinadora de la Macroterritorial Caribe de la Comisión de la Verdad, Ana María Ferrer.
La comunidad de la Alta Montaña de nuevo se tomó la ciudad de Cartagena, esta vez, exigiendo el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos por parte del Estado colombiano que obligan a la investigación, juzgamiento y sanción de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
Al momento del cierre, el magistrado expuso el compromiso de la JEP frente a este caso: “reiterando la confianza que tienen en la jurisdicción, esperamos que nos puedan acompañar en el desarrollo del macrocaso, en las audiencias. Vamos a estar muy presentes en los territorios hablando con la gente, con las víctimas, dando todas las explicaciones que se requiera (...) vamos a hacer todo lo posible para que en este proceso las víctimas sean realmente el centro”.
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Un mes después, el pasado 30 de agosto, la Sala de Reconocimiento abrió el macrocaso 08, bajo el cual se investigarán hechos de violencia perpetrados por la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano. El caso abordará, entre otras, la subregión de los Montes de María.
De los doce informes presentados por la subregión entre organizaciones y entidades estatales, la Sala destacó el informe “No solo los mataban, también los metían presos y los judicializaban: persecución institucional contra el Movimiento Pacífico de Alta Montaña de los Montes de María”.
Según la resolución, el proceso entra en etapa de acreditación de las víctimas frente a los hechos de violencia denunciados, sin embargo, la complejidad de los crímenes y la metodología de la JEP indicarían que dicha acreditación se haría respecto de sujetos colectivos víctimas y no necesariamente de manera individual, teniendo como referente el sujeto de reparación colectiva constituido en la Alta Montaña.
Mientras tanto, para el movimiento social de los Montes de María las afectaciones e impactos de cada individuo han trascendido lo individual debido al rol social de las víctimas de ataques de persecución, dentro de los que se encuentran docentes, presidentes de juntas de acción comunal, mujeres lideresas, defensores de derechos humanos y colectivos de comunicaciones.
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En esta nueva etapa de apertura de nuevos macrocasos, la JEP retomó sus propias lecciones aprendidas sobre metodologías de priorización. En los primeros macro-casos abiertos, se tuvieron en cuenta crímenes por actor armado, hechos victimizantes o por territorios, mientras que en esta segunda etapa la JEP está tratando de combinarlas, con el fin de englobar territorios y situaciones que no habían sido incluidos en los primera etapa de apertura de siete macrocasos.
Además, la resolución de apertura del Macro-caso 08 dejó entrever la intención del tribunal transicional por comprender los crímenes como un continuum y no como hechos fragmentados, atendiendo a patrones de conducta como los “Ataques contra la población civil bajo justificaciones contrainsurgentes” que derivaron en la comisión de múltiples hechos de violencia. Por el momento, este método permitiría a la JEP conocer de nuevos macro crímenes como las persecuciones y sus modalidades, que aún encontraban vacíos en el ordenamiento jurídico colombiano, y que hasta el momento empleaba un término proveniente del derecho administrativo y las reparaciones de víctimas conocido como “hechos victimizantes”, para referirse a los crímenes de sistema.
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De esta manera, se presenta como oportunidad única para el organismo transicional que conozca de crímenes internacionales como persecuciones a través de detenciones ilegales, estigmatizaciones, señalamiento, montajes judiciales o judicializaciones y malos tratos a la población, en el entendido que la normatividad nacional como la histórica Ley de Víctimas y Restitución de Tierras no los contemplaba.
Por último, la intervención de la jurisdicción en territorios como los Montes de María se presenta como un reto en la medida en que estas zonas emprenden procesos de justicia restaurativa y reconciliación hace más de 20 años, lo que permitiría un empalme sugerente para la construcción de los TOAR (Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador) junto con los victimarios que rindan cuentas dentro de este macro-proceso en curso por la comisión de crímenes atroces.