JEP empieza a estudiar la protección del cementerio central de Neiva, donde habría desparecidos

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que hoy estudia la protección de 17 lugares donde habría personas dadas por desaparecidas, comenzó a evaluar un nuevo sitio para decidir si necesita o no medidas cautelares: el Cementerio Central de Neiva.

La decisión, acordada de manera unánime por los magistrados, se tomó después de una solicitud de la alcaldía de Neiva, que aseguró tener conocimiento de más de 300 cuerpos de personas no identificadas y “cuya inhumación corresponde con las épocas recientes más álgidas del conflicto armado”. La entidad fue vinculada, junto con la gobernación del Huila y la Diócesis, al trámite. 

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Si bien la JEP el 4 de diciembre de 2019 emitió el auto AT-094, a través del cual se inició el trámite de estudio de medidas cautelares a este lugar, con esta decisión comienza el proceso, en el que se espera recaudar más información. Hasta ahora, la magistratura supo de la existencia de un proyecto de ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, que implicaría el traslado del Cementerio Central y, en ese sentido, podría haber una afectación en caso de que esos cuerpos sí estén inhumados allí.

En vista de que la administración del camposanto está en cabeza de la Diócesis de Neiva y que, de acuerdo con las normas, la alcaldía y la gobernación del departamento tienen obligaciones de control y supervisión sobre los lugares de inhumación de personas no identificadas, la JEP los vinculó al expediente y, de ahora en adelante, “les requiere para que informen sobre el cumplimiento de sus obligaciones con respecto al cementerio”.

La Sección decidió asignar la sustanciación de este asunto a una sala dual conformada por los magistrados Alejandro Ramelli Arteaga y Gustavo Salazar Arbeláez.  El objeto de la medida cautelar, según esta justicia, “es lograr la protección de los cuerpos ubicados en el cementerio con el fin de asegurar su posterior identificación y entrega”.

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Con este caso serían 18 los lugares que hoy estudia la JEP para proteger cuerpos de personas dadas por desaparecidas. Una de ellas fue el cementerio de Dabeiba (Antioquia), donde esta justicia exhumó 54 cuerpos que podrían ser muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. 

Este proceso de medidas cutelares comenzó después de que el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) presentara ante la JEP, en 2018, una petición de medidas cautelares que busca proteger 17 lugares, ubicados en los departamentos de Caldas, Cesar, Santander y Antioquia. Entre ellos, están los seis municipios de la zona de influencia del megaproyecto Hidroituango, la Comuna 13 de Medellín, Dabeiba, San Onofre (Sucre). 

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que hoy estudia la protección de 17 lugares donde habría personas dadas por desaparecidas, comenzó a evaluar un nuevo sitio para decidir si necesita o no medidas cautelares: el Cementerio Central de Neiva.

La decisión, acordada de manera unánime por los magistrados, se tomó después de una solicitud de la alcaldía de Neiva, que aseguró tener conocimiento de más de 300 cuerpos de personas no identificadas y “cuya inhumación corresponde con las épocas recientes más álgidas del conflicto armado”. La entidad fue vinculada, junto con la gobernación del Huila y la Diócesis, al trámite. 

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Si bien la JEP el 4 de diciembre de 2019 emitió el auto AT-094, a través del cual se inició el trámite de estudio de medidas cautelares a este lugar, con esta decisión comienza el proceso, en el que se espera recaudar más información. Hasta ahora, la magistratura supo de la existencia de un proyecto de ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, que implicaría el traslado del Cementerio Central y, en ese sentido, podría haber una afectación en caso de que esos cuerpos sí estén inhumados allí.

En vista de que la administración del camposanto está en cabeza de la Diócesis de Neiva y que, de acuerdo con las normas, la alcaldía y la gobernación del departamento tienen obligaciones de control y supervisión sobre los lugares de inhumación de personas no identificadas, la JEP los vinculó al expediente y, de ahora en adelante, “les requiere para que informen sobre el cumplimiento de sus obligaciones con respecto al cementerio”.

La Sección decidió asignar la sustanciación de este asunto a una sala dual conformada por los magistrados Alejandro Ramelli Arteaga y Gustavo Salazar Arbeláez.  El objeto de la medida cautelar, según esta justicia, “es lograr la protección de los cuerpos ubicados en el cementerio con el fin de asegurar su posterior identificación y entrega”.

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Con este caso serían 18 los lugares que hoy estudia la JEP para proteger cuerpos de personas dadas por desaparecidas. Una de ellas fue el cementerio de Dabeiba (Antioquia), donde esta justicia exhumó 54 cuerpos que podrían ser muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. 

Este proceso de medidas cutelares comenzó después de que el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) presentara ante la JEP, en 2018, una petición de medidas cautelares que busca proteger 17 lugares, ubicados en los departamentos de Caldas, Cesar, Santander y Antioquia. Entre ellos, están los seis municipios de la zona de influencia del megaproyecto Hidroituango, la Comuna 13 de Medellín, Dabeiba, San Onofre (Sucre).