JEP hará este miércoles audiencia sobre la grave situación de seguridad en el Meta

Uno de los departamentos que sigue viviendo el conflicto armado intensamente es el Meta. En esta zona del país, las disidencias de las Farc y grupos neoparamilitares se disputan el control territorial. Y mientras eso sucede, los excombatientes de la extinta guerrilla han sido amenazados e incluso asesinados.

Con el objetivo de ahondar en ese panorama, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchará, durante una audiencia territorial el 21 de julio, a las autoridades encargadas de velar por la seguridad integral de los exguerrilleros, dadas las graves condiciones que continúan afectando a esta población en el Meta y que, además, tienen repercusiones en los procesos de la justicia transicional.

(Puede interesarle: Los excombatientes que dejó “Albeiro Suárez” en La Julia)

De acuerdo con la información allegada por los excombatientes, allí han ocurrido “extorsiones, intenciones de atentar contra la integridad de los miembros del colectivo, dos tentativas de homicidio, constantes amenazas a los bienes de la cooperativa, amenaza para desalojar de inmediato el territorio y hostigamientos constantes en el predio”.

Al menos 28 homicidios y cuatro amenazas han reportado los exFarc en Meta desde la firma del Acuerdo Final de Paz. “Las amenazas y desplazamientos forzados tuvieron como objeto amedrentar a las víctimas y obligarlas a abandonar su sitio de concentración, renunciando a todo lo que habían conseguido desde que dejaron las armas”, advierte la Unidad de Investigación y Acusación en un informe. Desde la firma del Acuerdo Final de Paz 276 excombatientes han sido asesinados en todo el país.

Uno de los casos más conocidos del Meta fue el asesinato de Juan de Jesús Monroy Ayala, conocido como Albeiro Suárez, quien fue abaleado en zona rural de La Uribe. El exlíder de la reincorporación de los exguerrilleros en el departamento ya había denunciado ante la JEP amenazas de grupos neoparamilitares que aparecieron en esa región en Villavicencio, Granada, Guamal, Acacías, Puerto Lleras, Puerto Rico, Mapiripán y ahora en Vista Hermosa, fundamentalmente en las veredas donde se está haciendo la erradicación de coca.

“Es un deber de la JEP prevenir y evitar daños irreparables al cumplimiento de los objetivos del Sistema Integral para la Paz. Cada vez que se silencia a los comparecientes se vulneran sus derechos y los de sus familias, pero también se priva a los colombianos de la verdad y una fuente de reparación”, señala la Jurisdicción.

A la audiencia, además de la gobernación del departamento y las alcaldías de Vista Hermosa, Mesetas y La Uribe, fueron convocados: Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización; la IV División del Ejército y el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega; Fernando José Pantoja Cuéllar, jefe de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP); la Procuraduría; la Defensoría del Pueblo, y Andrés Felipe Stapper, director de la Agencia Nacional de Reincorporación.

Justo hace un año, la Sección de Ausencia de Reconocimiento decretó medidas cautelares colectivas a los excombatientes, después de “constatar la grave situación de vulneración a sus derechos fundamentales, fenómeno que ha sido documentado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y el Instituto Kroc”.

Por un lado, le ordenó al Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, poner en marcha cuanto antes el Programa de Protección Integral para los integrantes del nuevo movimiento político Farc y, por tanto, convocar a la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), tal y como se estipuló en el Acuerdo Final. También le ordenó remitir los lineamientos y el Plan de Acción de la Política Pública y Criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales, quienes atentan en contra de esta población.

(Lea más: JEP exige al consejero Archila y a la UNP cumplir con la protección de excombatientes)

Además, esta justicia le pidió Emilio Archila convocar a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección “para definir las medidas de protección que correspondan frente a solicitudes con análisis de riesgo, así como identificar y gestionar con celeridad lo necesario para la formulación e implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección”. Se espera que los funcionarios muestren avances en el tema.

También destacar que el pasado 27 de mayo, en el municipio de Mesetas, fue desaparecida una comisión de Restitución de Tierras. Hace dos semanas, encontraron los cuerpos de sus integrantes: las reclamentes Sandra Milena y Yadmil Cortés Uribe; Jhon Steven Cogua, conductor de la camioneta de la empresa Servitransportes Andina, y Karen Sulay Garay, contratista de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

(Lea más: Las últimas horas de la comisión de restitución de tierras que nunca regresó)

Este hecho, el primero que ocurre desde que se firmó la Ley de Víctimas y Restitución hace 10 años, demuestra el terror que viven las comunidades en este departamento. La Defensoría del Pueblo ha documentado que el incremento de violencia se debe a la expansión territorial de las disidencias de Gentil Duarte. Esa disidencia se habría consolidado en la que históricamente fue la zona del Bloque Oriental. Se trata de un corredor que va desde el Páramo del Sumapaz y conecta, a través del cañón del Duda, con la Sierra de la Macarena, los parques naturales Los Picachos, Tinigua y La Macarena; y estos, a través de las cuencas de los ríos Duda, Güejar, Losada y Guayabero, con las selvas del Guaviare, Caquetá y Vaupés.

Uno de los departamentos que sigue viviendo el conflicto armado intensamente es el Meta. En esta zona del país, las disidencias de las Farc y grupos neoparamilitares se disputan el control territorial. Y mientras eso sucede, los excombatientes de la extinta guerrilla han sido amenazados e incluso asesinados.

Con el objetivo de ahondar en ese panorama, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchará, durante una audiencia territorial el 21 de julio, a las autoridades encargadas de velar por la seguridad integral de los exguerrilleros, dadas las graves condiciones que continúan afectando a esta población en el Meta y que, además, tienen repercusiones en los procesos de la justicia transicional.

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De acuerdo con la información allegada por los excombatientes, allí han ocurrido “extorsiones, intenciones de atentar contra la integridad de los miembros del colectivo, dos tentativas de homicidio, constantes amenazas a los bienes de la cooperativa, amenaza para desalojar de inmediato el territorio y hostigamientos constantes en el predio”.

Al menos 28 homicidios y cuatro amenazas han reportado los exFarc en Meta desde la firma del Acuerdo Final de Paz. “Las amenazas y desplazamientos forzados tuvieron como objeto amedrentar a las víctimas y obligarlas a abandonar su sitio de concentración, renunciando a todo lo que habían conseguido desde que dejaron las armas”, advierte la Unidad de Investigación y Acusación en un informe. Desde la firma del Acuerdo Final de Paz 276 excombatientes han sido asesinados en todo el país.

Uno de los casos más conocidos del Meta fue el asesinato de Juan de Jesús Monroy Ayala, conocido como Albeiro Suárez, quien fue abaleado en zona rural de La Uribe. El exlíder de la reincorporación de los exguerrilleros en el departamento ya había denunciado ante la JEP amenazas de grupos neoparamilitares que aparecieron en esa región en Villavicencio, Granada, Guamal, Acacías, Puerto Lleras, Puerto Rico, Mapiripán y ahora en Vista Hermosa, fundamentalmente en las veredas donde se está haciendo la erradicación de coca.

“Es un deber de la JEP prevenir y evitar daños irreparables al cumplimiento de los objetivos del Sistema Integral para la Paz. Cada vez que se silencia a los comparecientes se vulneran sus derechos y los de sus familias, pero también se priva a los colombianos de la verdad y una fuente de reparación”, señala la Jurisdicción.

A la audiencia, además de la gobernación del departamento y las alcaldías de Vista Hermosa, Mesetas y La Uribe, fueron convocados: Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización; la IV División del Ejército y el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega; Fernando José Pantoja Cuéllar, jefe de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP); la Procuraduría; la Defensoría del Pueblo, y Andrés Felipe Stapper, director de la Agencia Nacional de Reincorporación.

Justo hace un año, la Sección de Ausencia de Reconocimiento decretó medidas cautelares colectivas a los excombatientes, después de “constatar la grave situación de vulneración a sus derechos fundamentales, fenómeno que ha sido documentado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y el Instituto Kroc”.

Por un lado, le ordenó al Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, poner en marcha cuanto antes el Programa de Protección Integral para los integrantes del nuevo movimiento político Farc y, por tanto, convocar a la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), tal y como se estipuló en el Acuerdo Final. También le ordenó remitir los lineamientos y el Plan de Acción de la Política Pública y Criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales, quienes atentan en contra de esta población.

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Además, esta justicia le pidió Emilio Archila convocar a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección “para definir las medidas de protección que correspondan frente a solicitudes con análisis de riesgo, así como identificar y gestionar con celeridad lo necesario para la formulación e implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección”. Se espera que los funcionarios muestren avances en el tema.

También destacar que el pasado 27 de mayo, en el municipio de Mesetas, fue desaparecida una comisión de Restitución de Tierras. Hace dos semanas, encontraron los cuerpos de sus integrantes: las reclamentes Sandra Milena y Yadmil Cortés Uribe; Jhon Steven Cogua, conductor de la camioneta de la empresa Servitransportes Andina, y Karen Sulay Garay, contratista de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

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Este hecho, el primero que ocurre desde que se firmó la Ley de Víctimas y Restitución hace 10 años, demuestra el terror que viven las comunidades en este departamento. La Defensoría del Pueblo ha documentado que el incremento de violencia se debe a la expansión territorial de las disidencias de Gentil Duarte. Esa disidencia se habría consolidado en la que históricamente fue la zona del Bloque Oriental. Se trata de un corredor que va desde el Páramo del Sumapaz y conecta, a través del cañón del Duda, con la Sierra de la Macarena, los parques naturales Los Picachos, Tinigua y La Macarena; y estos, a través de las cuencas de los ríos Duda, Güejar, Losada y Guayabero, con las selvas del Guaviare, Caquetá y Vaupés.