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Durante la más reciente jornada de prospección y exhumación de cuerpos en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba (Antioquia), entre la semana del 8 -14 de noviembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reportó 17 hallazgos forenses, encontrados en seis nuevas fosas comunes, que podrían pertenecer a personas que fueron desaparecidas en medio del conflicto armado. Con esta visita, ya son 71 los hallazgos que ha hecho esta justicia en el mismo camposanto y que ahora entran a la fase de análisis e identificación por parte de Medicina Legal.
Como ya lo había explicado este diario, en el primer reporte que entregó la JEP el pasado martes 10 de noviembre, algunas de las características identificadas en los cuerpos inhumados eran, por ejemplo, la aparición del cuerpo dentro de bolsas negras; amarres en las manos, pies y cuello; heridas de armas de fuego en el cráneo; y vestidos con prendas militares. “Tras la tercera jornada realizada en Dabeiba se encontraron indicios preliminares que indican la realización de necropsias antes de las inhumaciones. Esta condición no es común en personas enterradas de forma ilegal, como tampoco es usual la disposición de los cuerpos en los lugares en que fueron hallados, que no estuvieran en ataúdes, encontrados sin ropa, boca abajo, o dentro de bolsas negras”, explicó la Jurisdicción en un comunicado.
Los hallazgos forenses, como lo ha explicado la JEP, no necesariamente corresponden a cuerpos o cadáveres. Estos pueden ser restos de una o de varias personas que fueron inhumadas en la misma fosa, prendas de vestir, objetos personales, etc. La siguiente fase, que le corresponde a Medicina Legal, será precisamente individualizar cada uno de los hallazgos para determinar cuántas personas pueden haber sido exhumadas por el equipo técnico.
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Las seis nuevas fosas comunes sobre las que cavó el equipo técnico-forense de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción, son zonas que los exmilitares, que rinden cuentas en el Tribunal de Paz por el caso 03 (“falsos positivos”) y por el caso 04 (que investiga la situación de conflicto armado en el Urabá), han señalado como lugares en los que enterraban personas, de manera ilegal, para hacerlos pasar como “guerrilleros dados de baja en combate” o que fueron inhumadas por otras circunstancias del conflicto armado.
De hecho, la justicia especial comunicó que, hasta ahora, son 14 los miembros de la Fuerza Pública, de distintos rangos, quienes “han rendido sus versiones ante la JEP por los hechos relacionados con el Cementerio Las Mercedes. La mayoría de ellos jamás habían sido investigados por la justicia ordinaria y quienes sí lo fueron, confesaron la comisión de crímenes nunca antes judicializados”, mencionó la entidad en el documento.
Las muestras de ADN de quienes buscan a sus desaparecidos
Para esta jornada, la JEP tenía previsto realizar 120 tomas de muestras ADN a personas del municipio de Dabeiba y quienes habían hecho inscripción previa; sin embargo, de acuerdo con la información entregada por esta entidad, fueron 150 las muestras genéticas que se realizaron de personas que buscan a sus familiares desaparecidos en más de medio siglo de conflicto armado.
Según datos oficiales, en Colombia hay 120.000 personas reportadas como desaparecidas y, según el alcalde de Dabeiba, en este municipio hay al menos 6.000. Wilson Muñoz es una de ellas. Su madre, María Bertalina Higuita, hace 17 años espera que su hijo regrese a su casa en la vereda Cañasgordas, de donde salió en un bus hacia el casco urbano en noviembre del 2003, hacia el restaurante donde colaboraba en sus vacaciones del colegio.
El 11 de noviembre de este año, justo un día después de que la JEP entregara dignamente los cuerpos de cuatro personas identificadas, María Bertalina tenía una de las citas más importantes por cumplir a casi dos horas de distancia de su casa. Junto a su hermana Mariela asistieron a las jornadas de tomas de ADN que se realizaron, primero, en la alcaldía de Dabeiba y, luego, en el parque étnico-cultural del municipio.
A la oficina llegaron sobre la 1:00 p.m., justo a la hora que estaban citadas, con una carpeta café repleta de documentos que sirven de pista para encontrar a su hijo: fotocopia de la cédula, certificados de estudios y fotografías. “Mi hijo sacó la cédula y no alcanzó ni siquiera a retirarla de la Registraduría. Nosotros la reclamamos porque él no pudo”, dice con desazón. Ese documento, precisamente, es el que mejor conserva y que más recuerdos le trae de Wilson. Según las indagaciones que ha hecho su familia estos años, fue desaparecido en la vía que comunica a Cañasgordas con El Botón.
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Su madre, dice que en la semana que lo desaparecieron también fueron arrebatados otros cinco jóvenes de la zona rural de Dabeiba y a quienes sus familias todavía esperan. Esta es la primera vez que María Bertalina aporta su ADN para encontrar a su hijo. Cuenta que, aunque en 2003, buscó poner la denuncia en la Fiscalía y con las administraciones municipales, nunca le dieron información sobre su caso y lo archivaron. Fue hasta febrero de este año, cuando se enteró por las noticias del primer cuerpo identificado y entregado a sus familiares por la JEP, (el caso de Édison Lexander Lezcano), cuando su esperanza se encendió de nuevo. “Cada vez que hay esas jornadas de estas o que sacan fosas aquí cercanas, siempre venimos para ver si de pronto sabemos algo de Wilson", cuenta.
Algo similar le pasó a José de los Santos Bautista, que busca a su hermano Rubén Darío Roqueme, desde hace 22 años. Ambos son oriundos de Necoclí (Antioquia) pero su desaparición ocurrió cuando se desplazaba hacia la vereda El Jordán (Dabeiba). Entre los documentos que llevó a la toma de ADN solo hay una fotografía, en la que aparece su hermano en un equipo de fútbol. “Esta es la única foto u objeto que tengo de él, le vamos a sacar fotocopia para entregarle a una señora que es de esa vereda y que dice que conoce a uno de los que sale en las fotos con mi hermano”, dice con entusiasmo mientras reitera: “Yo tengo fe de que lo vamos a lograr, lo vamos a encontrar”.
Aunque no se atreve a señalar a ningún grupo armado por lo que le sucedió a su familiar, dice que su búsqueda tiene un objetivo aún más grande: quiere saber si su hermano, que desapareció cuando tenía 24 años y con quien perdió comunicación dos años antes de la pérdida, dejó descendencia que él pueda reconocer como propia. Para esa misión lleva varios años guardando dinero de una indemnización que le pagó la entidad gubernamental Acción Social: “Si mi hermano dejó algún sobrino pues ahí está guardada esa platica, para dársela y hacerlo parte de la familia”.
La búsqueda de María Bertalina y José de los Santos, como la de las otras 148 víctimas que participaron de las tomas de ADN, no termina allí. La toma de esa muestra genética, liderada por los magistrados auxiliares de la JEP, Hugo Escobar y Juan Carlos Losada, es apenas el primer paso para que las víctimas de desaparición forzada encuentren a sus familiares perdidos en medio de la guerra colombiana. Las largas filas a las afueras de la alcaldía y del parque étnico-cultural fueron diversas. Según una fuente de la Jurisdicción, esta habría sido la vez en la que más participaron familias indígenas víctimas del conflicto.