El detrás de la prórroga a las medidas cautelares de la JEP al cementerio Universal
Demoras de varias administraciones han frenado los planes de búsqueda en ese camposanto de Medellín y por eso la jurisdicción extendió las medidas cautelares hasta febrero de 2023. ¿De quién es la responsabilidad?
Camilo Pardo Quintero
“Por La Escombrera, Orión y muchos otros hechos conectados con el conflicto vimos cómo la vida se nos apagó de a poquitos... Cuando dejaron de sonar las armas, vimos que muchos de los nuestros habían desaparecido. Me tocó sufrir eso por la desaparición de mi esposo Luis Javier Laverde, el 9 de diciembre de 2008 en el barrio Belencito, y desde ese día entendí en carne propia muchas luchas llenas de angustia para encontrar a quienes nunca dejamos de amar. Nos dijeron por años que algunos de los nuestros podrían estar en el cementerio Universal de Medellín, pero los esfuerzos reales por encontrarlos no iban en sincronía con los reclamos de las víctimas”.
Este es el testimonio de Luz Elena Galeano, vocera de víctimas de la Comuna 13 de Medellín y lideresa de la organización Mujeres Caminando por la Verdad, que reclaman por la dignidad de personas asesinadas y desaparecidas por las extintas Farc y el Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en esa zona de Medellín. De acuerdo con datos del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), al menos un centenar de ellos pueden estar en fosas comunes de cementerios en la capital antioqueña, como el Universal.
La Corporación Jurídica Libertad ha estado al tanto del proceso del Universal y tras varios pronunciamientos, reclamos y denuncias desde esas oficinas sus ideas dan a entender que los cementerios importan, allí están muchas respuestas a los planes de búsqueda no solo de la Comuna 13, sino de más escenarios de la guerra.
Existe una queja generalizada hacia varias alcaldías de Medellín, pero se hace énfasis en administración de Federico Gutiérrez, la primera desde la firma del Acuerdo de Paz, a la que se le atribuye que no les dio el interés suficiente a las víctimas, “y lugares como el Universal fueron descuidados. Por eso muchas búsquedas no arrojan cifras efectivas que aporten verdad”, esto según Adriana Arboleda, directora de la corporación, quien ante distintos medios e instancias de diálogo ha rebatido muchas versiones tendenciosas sobre lo que sucede en ese cementerio.
(Vea: Profesores le apuntan a leer la tierra con ciencia para buscar a los desaparecidos)
El retraso en la detección de personas no identificadas en algunos puntos de interés forense del Universal (zonas donde se presume que puede haber cuerpos de desaparecidos) llevó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a extender el pasado 18 de agosto las medidas cautelares sobre tres zonas del camposanto hasta febrero de 2023.
Los tropiezos con el cementerio
Los obstáculos que se han sorteado en este proceso empezaron antes de que esas medidas cautelares se decretaran el 31 de julio de 2020. La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), como acompañante de las víctimas, sumada a otras organizaciones de sociedad civil, le hicieron llegar al exalcalde Gutiérrez peticiones para atender y ejecutar planes de búsqueda en ese cementerio. Como no hubo respuesta concreta a esas demandas, el Sistema Integral para la Paz intervino y tomó la decisión de las medidas cautelares en pro de proteger y hallar a las personas dadas por desaparecidas.
La decisión, que se dio ya en la administración de Daniel Quintero, actual alcalde de Medellín, se tomó no solo por las peticiones de las víctimas, sino por estudios que la JEP venía adelantando con el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia (UdeA), con los que se pudo determinar que en el Universal hay personas cuya muerte ocurrió por lesiones de causa externa, en forma violenta y conexa a hechos del conflicto, como se lee en el comunicado que se dio a conocer ese 31 de julio.
(Le puede interesar: La unión por la verdad de la guerra entre la Justicia Ancestral Afro y la JEP)
La JEP estimó inicialmente que cerca de 140 cuerpos estarían en fosas comunes del camposanto, aunque en los registros de diferentes organizaciones y cifras de las dos alcaldías más recientes esa cifra ascendería a 441 víctimas.
Pero incluso con la decisión de esa jurisdicción, familiares de desaparecidos afirman que las tareas de búsqueda aún no se ejecutan. “El exalcalde ‘Fico’ se dedicó a lo simbólico y ya. Sabemos que eso es importante para sanar, pero priorizó encuentros de diálogo y de concertación de procesos de búsqueda en el cementerio que aún no finalizaban por encima de búsquedas reales y completas con equipos forenses. Quintero y su Subsecretaría de Derechos Humanos nos han priorizado y escuchado más, pero sin resultados para muchas personas en las zonas 27, 28, 29 y 29A del Universal”, dijo Galeano.
Esta versión de la lideresa es similar a las que se presentaron en denuncias documentadas por la organización Hacemos Memoria, de la UdeA, en las que se aseguran que para el período 2018-2019, distintos procesos forenses estaban demorados en el Universal por falta de adecuaciones en alcantarillado, mausoleos y jardines.
El Plan de Desarrollo de Gutiérrez apenas le metió un 0,98 % del total a los temas de inclusión social y memoria que involucran los cuidados del cementerio, reseñaron en un informe emitido desde Hacemos Memoria.
Para algunas familias buscadoras, bajo estas condiciones, es un milagro que haya avances casi totales en sectores como el 20, 21 y 22 con esas condiciones.
(Lea también: Los duros hallazgos de la Comisión en el departamento más golpeado por la guerra)
En las medidas cautelares, la JEP priorizaba las zonas 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 y 29, pues había pistas de que allí se podrían encontrar desaparecidos. Uno de los primeros logros con esa decisión fue la reparación del muro perimetral del cementerio en aras de preservar los cuerpos inhumados.
En la administración del cementerio le dijeron a la JEP que hay falencias en la detección de personas no identificadas en los puntos 27, 28 y 29 del Universal y que se necesita un plazo para seguir con los planes de búsqueda. Por eso, las medidas cautelares permanecerán hasta febrero de 2023, con un deseo colectivo de acabar con una pesadilla de no encontrar los seres amados de muchas familias en Medellín.
“Por La Escombrera, Orión y muchos otros hechos conectados con el conflicto vimos cómo la vida se nos apagó de a poquitos... Cuando dejaron de sonar las armas, vimos que muchos de los nuestros habían desaparecido. Me tocó sufrir eso por la desaparición de mi esposo Luis Javier Laverde, el 9 de diciembre de 2008 en el barrio Belencito, y desde ese día entendí en carne propia muchas luchas llenas de angustia para encontrar a quienes nunca dejamos de amar. Nos dijeron por años que algunos de los nuestros podrían estar en el cementerio Universal de Medellín, pero los esfuerzos reales por encontrarlos no iban en sincronía con los reclamos de las víctimas”.
Este es el testimonio de Luz Elena Galeano, vocera de víctimas de la Comuna 13 de Medellín y lideresa de la organización Mujeres Caminando por la Verdad, que reclaman por la dignidad de personas asesinadas y desaparecidas por las extintas Farc y el Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en esa zona de Medellín. De acuerdo con datos del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), al menos un centenar de ellos pueden estar en fosas comunes de cementerios en la capital antioqueña, como el Universal.
La Corporación Jurídica Libertad ha estado al tanto del proceso del Universal y tras varios pronunciamientos, reclamos y denuncias desde esas oficinas sus ideas dan a entender que los cementerios importan, allí están muchas respuestas a los planes de búsqueda no solo de la Comuna 13, sino de más escenarios de la guerra.
Existe una queja generalizada hacia varias alcaldías de Medellín, pero se hace énfasis en administración de Federico Gutiérrez, la primera desde la firma del Acuerdo de Paz, a la que se le atribuye que no les dio el interés suficiente a las víctimas, “y lugares como el Universal fueron descuidados. Por eso muchas búsquedas no arrojan cifras efectivas que aporten verdad”, esto según Adriana Arboleda, directora de la corporación, quien ante distintos medios e instancias de diálogo ha rebatido muchas versiones tendenciosas sobre lo que sucede en ese cementerio.
(Vea: Profesores le apuntan a leer la tierra con ciencia para buscar a los desaparecidos)
El retraso en la detección de personas no identificadas en algunos puntos de interés forense del Universal (zonas donde se presume que puede haber cuerpos de desaparecidos) llevó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a extender el pasado 18 de agosto las medidas cautelares sobre tres zonas del camposanto hasta febrero de 2023.
Los tropiezos con el cementerio
Los obstáculos que se han sorteado en este proceso empezaron antes de que esas medidas cautelares se decretaran el 31 de julio de 2020. La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), como acompañante de las víctimas, sumada a otras organizaciones de sociedad civil, le hicieron llegar al exalcalde Gutiérrez peticiones para atender y ejecutar planes de búsqueda en ese cementerio. Como no hubo respuesta concreta a esas demandas, el Sistema Integral para la Paz intervino y tomó la decisión de las medidas cautelares en pro de proteger y hallar a las personas dadas por desaparecidas.
La decisión, que se dio ya en la administración de Daniel Quintero, actual alcalde de Medellín, se tomó no solo por las peticiones de las víctimas, sino por estudios que la JEP venía adelantando con el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia (UdeA), con los que se pudo determinar que en el Universal hay personas cuya muerte ocurrió por lesiones de causa externa, en forma violenta y conexa a hechos del conflicto, como se lee en el comunicado que se dio a conocer ese 31 de julio.
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La JEP estimó inicialmente que cerca de 140 cuerpos estarían en fosas comunes del camposanto, aunque en los registros de diferentes organizaciones y cifras de las dos alcaldías más recientes esa cifra ascendería a 441 víctimas.
Pero incluso con la decisión de esa jurisdicción, familiares de desaparecidos afirman que las tareas de búsqueda aún no se ejecutan. “El exalcalde ‘Fico’ se dedicó a lo simbólico y ya. Sabemos que eso es importante para sanar, pero priorizó encuentros de diálogo y de concertación de procesos de búsqueda en el cementerio que aún no finalizaban por encima de búsquedas reales y completas con equipos forenses. Quintero y su Subsecretaría de Derechos Humanos nos han priorizado y escuchado más, pero sin resultados para muchas personas en las zonas 27, 28, 29 y 29A del Universal”, dijo Galeano.
Esta versión de la lideresa es similar a las que se presentaron en denuncias documentadas por la organización Hacemos Memoria, de la UdeA, en las que se aseguran que para el período 2018-2019, distintos procesos forenses estaban demorados en el Universal por falta de adecuaciones en alcantarillado, mausoleos y jardines.
El Plan de Desarrollo de Gutiérrez apenas le metió un 0,98 % del total a los temas de inclusión social y memoria que involucran los cuidados del cementerio, reseñaron en un informe emitido desde Hacemos Memoria.
Para algunas familias buscadoras, bajo estas condiciones, es un milagro que haya avances casi totales en sectores como el 20, 21 y 22 con esas condiciones.
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En las medidas cautelares, la JEP priorizaba las zonas 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 y 29, pues había pistas de que allí se podrían encontrar desaparecidos. Uno de los primeros logros con esa decisión fue la reparación del muro perimetral del cementerio en aras de preservar los cuerpos inhumados.
En la administración del cementerio le dijeron a la JEP que hay falencias en la detección de personas no identificadas en los puntos 27, 28 y 29 del Universal y que se necesita un plazo para seguir con los planes de búsqueda. Por eso, las medidas cautelares permanecerán hasta febrero de 2023, con un deseo colectivo de acabar con una pesadilla de no encontrar los seres amados de muchas familias en Medellín.