JEP lanza libro sobre el trabajo de sus magistrados

En los primeros tres años de funcionamiento de la justicia transicional en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha abierto siete macrocasos para investigar el conflicto armado en el país: retenciones ilegales o secuestro cometido por la antigua guerrilla Farc-Ep; los hechos de violencia en Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño); las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado o falsos positivos; la situación territorial del Urabá antioqueño; la situación de violencia en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca; la victimización de los miembros de la Unión Patriótica y, por último, el reclutamiento y utilización de menores de edad en el conflicto.

Para socializar las experiencias, retos y obstáculos de juzgar los delitos del conflicto armado en el país, la JEP lanzó este lunes 27 de abril el libro “La JEP vista por sus jueces”, una compilación de ensayos de los magistrados que han juzgado e investigado delitos cometidos por excombatientes, agentes del Estado y terceros civiles en el marco de la guerra.

Aunque en los tres años de la Jurisdicción todavía no se han emitido condenas o sanciones a los comparecientes, según la JEP se ha planteado “una dinámica institucional que facilita algunos de los más importantes propósitos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como sin duda lo son la creación y operación de las comisiones (de Víctimas, de Género, Territorial y Ambiental y de Participación), además de los espacios dialógicos que fortalecen la toma de decisiones y la centralidad en las víctimas”.

(Lea también: 'Somos respetuosos de las decisiones de la JEP': Unidad de Víctimas)

Desde el anuncio de la creación de una justicia especial para quienes hicieron parte de la exguerrilla más antigua de Latinoamérica, las críticas de la oposición no se hicieron esperar. El 2 de octubre de 2016, en el plebiscito convocado por el expresidente Juan Manuel Santos, ganó el ‘No’ a la firma e implementación del Acuerdo, con 6.431.372 de votos, lo que representó el 50,2 % de todos los electores. 

Uno de los argumentos contra los puntos del Acuerdo eran la creación de una justicia transicional en la que los delitos que no fueran de lesa humanidad tuvieran la posibilidad de ser amnistiables o indultables. También fue blanco de críticas las sanciones simbólicas que deberán pagar los responsables de los hechos, en caso de contribuir con el esclarecimiento de la verdad. 

Uno de los ensayos del libro está dedicado a narrar las dificultades para la entrada en vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. El magistrado Alejandro Ramelli de la sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, narra las objeciones presidenciales contra la Ley Estatutaria de Administración de Justicia de la JEP que impidieron, en su momento, el funcionamiento de la Jurisdicción. “El texto refiere esas tensiones políticas, las plantea como naturales en un sólido sistema democrático y desarrolla otras ideas que permiten una comprensión más amplia de la naturaleza y dimensión del trabajo de la JEP, entre ellas dos muy importantes: la noción de que por ser un sistema de justicia transicional el papel de la JEP, más que jurídico, tiene que ser sobre todo ético y, en segundo lugar, la certeza de que los debates alrededor de las instituciones siempre serán sanos”, menciona la Jurisdicción. 

(Le puede interesar: Abren convocatoria de la ONU para financiar proyectos de paz en Colombia)

Otra de las reflexiones propuestas en el libro es la inclusión del enfoque étnico-racial presente en el tratamiento de los macrocasos. La magistrada Xiomara Balanta, vicepresidenta de esta Jurisdicción e integrante de la Sala de Amistías e Indultos analiza en su capítulo, “la manera en que la JEP ha hecho valer su competencia preferente y prevalente frente a las demás jurisdicciones del Estado, sin dejar de articularse con otras entidades en colaboración armónica”. 

En sus 651 páginas de ensayos y relatos, la JEP expone un documento en las voces de los magistrados Danilo Rojas, Rodolfo Arango, Gustavo Salazar, Heydi Baldosea, Camilo Suárez, Caterina Heyck, Catalina Díaz, Óscar Parra, Julieta Lemaitre, Juan José Cantillo, Pedro Díaz, Marcela Giraldo, Reinere Jaramillo, Juan Ramón Martínez, Raúl Sánchez, Alejandro Ramelli, María del Pilar Valencia, Xiomara Balanta, Alexandra Sandoval y, la presidenta Patricia Linares. También hay escritos de Harvey Suárez, subsecretario ejecutivo de la Jurisdicción, del docente Iván Orozco y el exministro de Justicia Yesid Reyes.

El texto completo en formato PDF lo encuentra en la página de la JEP: 

En los primeros tres años de funcionamiento de la justicia transicional en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha abierto siete macrocasos para investigar el conflicto armado en el país: retenciones ilegales o secuestro cometido por la antigua guerrilla Farc-Ep; los hechos de violencia en Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño); las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado o falsos positivos; la situación territorial del Urabá antioqueño; la situación de violencia en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca; la victimización de los miembros de la Unión Patriótica y, por último, el reclutamiento y utilización de menores de edad en el conflicto.

Para socializar las experiencias, retos y obstáculos de juzgar los delitos del conflicto armado en el país, la JEP lanzó este lunes 27 de abril el libro “La JEP vista por sus jueces”, una compilación de ensayos de los magistrados que han juzgado e investigado delitos cometidos por excombatientes, agentes del Estado y terceros civiles en el marco de la guerra.

Aunque en los tres años de la Jurisdicción todavía no se han emitido condenas o sanciones a los comparecientes, según la JEP se ha planteado “una dinámica institucional que facilita algunos de los más importantes propósitos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como sin duda lo son la creación y operación de las comisiones (de Víctimas, de Género, Territorial y Ambiental y de Participación), además de los espacios dialógicos que fortalecen la toma de decisiones y la centralidad en las víctimas”.

(Lea también: 'Somos respetuosos de las decisiones de la JEP': Unidad de Víctimas)

Desde el anuncio de la creación de una justicia especial para quienes hicieron parte de la exguerrilla más antigua de Latinoamérica, las críticas de la oposición no se hicieron esperar. El 2 de octubre de 2016, en el plebiscito convocado por el expresidente Juan Manuel Santos, ganó el ‘No’ a la firma e implementación del Acuerdo, con 6.431.372 de votos, lo que representó el 50,2 % de todos los electores. 

Uno de los argumentos contra los puntos del Acuerdo eran la creación de una justicia transicional en la que los delitos que no fueran de lesa humanidad tuvieran la posibilidad de ser amnistiables o indultables. También fue blanco de críticas las sanciones simbólicas que deberán pagar los responsables de los hechos, en caso de contribuir con el esclarecimiento de la verdad. 

Uno de los ensayos del libro está dedicado a narrar las dificultades para la entrada en vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. El magistrado Alejandro Ramelli de la sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, narra las objeciones presidenciales contra la Ley Estatutaria de Administración de Justicia de la JEP que impidieron, en su momento, el funcionamiento de la Jurisdicción. “El texto refiere esas tensiones políticas, las plantea como naturales en un sólido sistema democrático y desarrolla otras ideas que permiten una comprensión más amplia de la naturaleza y dimensión del trabajo de la JEP, entre ellas dos muy importantes: la noción de que por ser un sistema de justicia transicional el papel de la JEP, más que jurídico, tiene que ser sobre todo ético y, en segundo lugar, la certeza de que los debates alrededor de las instituciones siempre serán sanos”, menciona la Jurisdicción. 

(Le puede interesar: Abren convocatoria de la ONU para financiar proyectos de paz en Colombia)

Otra de las reflexiones propuestas en el libro es la inclusión del enfoque étnico-racial presente en el tratamiento de los macrocasos. La magistrada Xiomara Balanta, vicepresidenta de esta Jurisdicción e integrante de la Sala de Amistías e Indultos analiza en su capítulo, “la manera en que la JEP ha hecho valer su competencia preferente y prevalente frente a las demás jurisdicciones del Estado, sin dejar de articularse con otras entidades en colaboración armónica”. 

En sus 651 páginas de ensayos y relatos, la JEP expone un documento en las voces de los magistrados Danilo Rojas, Rodolfo Arango, Gustavo Salazar, Heydi Baldosea, Camilo Suárez, Caterina Heyck, Catalina Díaz, Óscar Parra, Julieta Lemaitre, Juan José Cantillo, Pedro Díaz, Marcela Giraldo, Reinere Jaramillo, Juan Ramón Martínez, Raúl Sánchez, Alejandro Ramelli, María del Pilar Valencia, Xiomara Balanta, Alexandra Sandoval y, la presidenta Patricia Linares. También hay escritos de Harvey Suárez, subsecretario ejecutivo de la Jurisdicción, del docente Iván Orozco y el exministro de Justicia Yesid Reyes.

El texto completo en formato PDF lo encuentra en la página de la JEP: