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La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz decidió este miércoles llamar a versión voluntaria a los excomandantes de las Farc Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko en la guerra, y a Julián Gallo, o Carlos Antonio Lozada, para avanzar en la investigación sobre el magnicidio del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado y los homicidios de los exguerrilleros Hernando Pizarro León-Gómez y José Fedor Rey, el economista Jesús Antonio Bejarano, el general Fernando Landazábal Reyes y el representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín.
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Esta decisión se da luego de estudiar el contenido de la carta firmada por ocho integrantes del secretariado de la exguerrilla, en la que asumieron de forma temprana su responsabilidad en estos asesinatos. La JEP aseguró que tomó su decisión “de acuerdo con las normas constitucionales y legales, tiene competencia prevalente y preferente para investigar los hechos del conflicto armado, ocurridos antes del 1 de diciembre de 2016”.
Además, solicitó a la Fiscalía General de la Nación “la ampliación de los informes presentados sobre los delitos cometidos con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, con la remisión de las copias de los expedientes que puedan estar en su poder referentes a esos seis homicidios”. Y convocó a las familias víctimas para informarlas sobre los procedimientos a seguir.
El último punto del comunicado se refirió a la articulación con la Comisión de la Verdad para garantizar el cumplimiento de los fines del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición frente a estos hechos de gran impacto político nacional.
Además de la carta, que causó revuelo en el país y rechazo por parte de varias familias de las víctimas, Lozada confesó en una entrevista con Colombia2020 que él fue quien ejecutó la orden. “La orden la dio el secretariado y la recibí de Jorge Briceño, que era el comandante a quien yo le atendía órdenes. Esa orden se transmitió a través mío y la ejecutó un comando de cuatro personas de la Red Urbana Antonio Nariño”, señaló el hoy senador por el partido Farc.
Pocas veces la Jurisdicción ha llamado a un excombatiente de las Farc a rendir versión por hechos que no estén dentro de los siete macrocasos que hasta ahora ha abierto esta justicia: cuatro temáticos (ejecuciones extrajudiciales, secuestro, reclutamiento y afectaciones contra los miembros del partido político Unión Patriótica) y tres territoriales (Urabá, Nariño y Norte del Cauca junto al sur del Valle).
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Hasta ahora no se sabe cómo procederá la Sala de Reconocimiento para asumir estos homicidios ni cómo serán tratados, pues expertos aseguran que se podría abrir un macrocaso sobre estos asesinatos de los exFarc o tratar como casos emblemáticos.
Lo cierto es que con esta decisión la JEP ratifica que los hechos parecen ser de su competencia. En este encuentro, la magistratura deberá escuchar a los exguerrilleros, quienes no están obligados a declarar contra sí mismos ni contra otras personas. Aunque esto no quiere decir que no puedan aceptar su autoría o participación en un delito. En caso de hacerlo, su versión tendrá el valor de confesión.
La decisión de la JEP llega justo después de que la Fiscalía General de la Nación, por medio de un escueto comunicado de prensa, llamara a una declaración jurada a ambos excombatientes dentro de la investigación que se adelanta por el magnicidio del político conservador y candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, perpetrado el 2 de noviembre de 1995 a la salida de la Universidad Sergio Arboleda.
El documento de la Fiscalía en el que llama a declarar a las cabezas del partido Farc señala que “al margen del trámite que sobre el particular adopte la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz de los comparecientes, quienes han anunciado asumir tempranamente responsabilidad en los hechos motivo de esta investigación, para la Fiscalía General surge el deber de verificar en el marco de su competencia si corresponde o no la verdad de lo ocurrido, lo anunciado por estos actores”. Sin embargo, expertos le han dicho a este diario que esa llamada a declarar bajo juramento es contraria a la Ley Estatutaria de la JEP y no tiene fundamento legal.