Una fosa vacía. Eso fue todo lo que encontró María José Rodríguez el día en que pensó que por fin, tras 32 años de búsqueda, iba a recuperar el cuerpo de su padre, José Washington Rodríguez, un guerrillero uruguayo muerto y desaparecido en zona rural de Caquetá en abril de 1982.
María José, también uruguaya, tiene 48 años y desde los 16 se ha dedicado a esa búsqueda. Luego de varias visitas a Colombia, conversaciones con excombatientes, campesinos y funcionarios, y aquella prospección infructuosa de la mano de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), supo por testimonios de campesinos que miembros del Ejército habrían desenterrado el cuerpo de su padre.
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La UBPD confirmó esa hipótesis y ahora su única esperanza para encontrarlo es acceder al archivo militar de la época.
En una situación similar están al menos 25 familias más que le solicitaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que adopte medidas cautelares sobre archivos militares relacionados con casos de desaparición forzada en los años 80.
La petición, presentada por la Fundación Hasta Encontrarlos, incluye detalles específicos que las familias y la organización han recolectado en investigaciones autónomas: desde quién era la persona desaparecida, en qué lugar fue vista por última vez, cuáles fueron los hechos en los que desapareció, el contexto de la época y la zona, hasta cuál era la estructura militar que estaba operando a nivel nacional y local en el momento de la desaparición y quiénes pueden tener información y responsabilidad sobre los hechos.
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Aunque el objetivo principal es el de encontrar los cuerpos: “Hay presuntas responsabilidades por acción y omisión por parte de miembros de las Fuerzas Militares y detalles que deben definir en la investigación las instancias judiciales, pero nuestra prioridad en este momento es la persona desaparecida y la familia que la busca. Acceder a esa información podría resolver un duelo de 36 a 43 años que han padecido estas familias, unas desde el exilio y otras viendo morir a familiares en la espera”, explica Pablo Cala, defensor de derechos humanos de la Fundación Hasta Encontrarlos.
El informe, entregado en febrero pasado, se centra en casos de desaparición forzada ocurridos entre 1979 y 1988 presuntamente a manos de miembros de organismos de seguridad y Fuerzas Militares. Todos ocurrieron en el contexto del Estatuto de Seguridad y otras políticas bajo la lógica contrainsurgente del “enemigo interno”, en los gobiernos de Belisario Betancur, Virgilio Barco y Julio César Turbay. Y coinciden con la época en la que se empezó a hablar de la desaparición forzada como una práctica estatal gracias al trabajo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) y del padre Javier Giraldo.
En el marco del conflicto armado en Colombia, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Estado sería responsable de más de 2.500 desapariciones.
Además de la documentación de los 26 casos, la Fundación Hasta Encontrarlos le entregó a la JEP otros anexos que sustentan esa petición que podría beneficiar a cientos de familiares de desaparecidos. Entre los documentos se encuentran manuales militares en los que se legitima la desaparición forzada en la guerra contrainsurgente y un listado de “blancos” de inteligencia militar que incluye a ciudadanos catalogados de “población civil insurgente” o de “listas negras o grises”, y en el que aparece hasta Gabriel García Márquez; y el listado de las estructuras de mando en cada uno de esos años, en cada región del país.
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En algunos de los casos, las familias han solicitado información directamente al Ejército, pero les ha sido negada por motivos de reserva o porque no hay claridad de dónde se encuentra. Por eso, dice Cala, otra de las motivaciones para solicitar la protección de los documentos “es la renuencia de las Fuerzas Militares a dar información sobre casos de desaparición forzada”.
Por parte de la JEP, el informe fue recibido por la magistrada Catalina Díaz. “Quiero reconocer su valentía, su persistencia, sus ganas, su aporte a la verdad. La JEP existe por el valor que han tenido cientos de miles de víctimas, existimos por esa valentía”, les dijo Díaz a los familiares.
La magistrada añadió que de los 530 informes que han recibido, 251 hacen referencia a hechos con presunta responsabilidad del Estado. “Del total de los 530, estaríamos hablando de por lo menos 300.000 hechos victimizantes”, dijo.
Los que hubieran podido ser hallados
“Las estructuras militares suelen dejar registrado cada movimiento que realizan, por eso yo tengo la esperanza de que allí vamos a encontrar respuestas”, asegura María José. José Washington, su padre, es uno de los tres guerrilleros del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros desaparecidos en Colombia.
Todos salieron al exilio durante la dictadura de Juan María Bordaberry y tras recorrer otros países se integraron en Colombia al M-19.
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Los casos de Carlos Alberto Modernell (desaparecido en 1979 en Bogotá) y Antonio Cossimo Vulcano Díaz (desaparecido en 1984 en Yumbo-Valle) también están documentados en el informe.
La última persona que vio con vida a José Washington le contó a ella que el campamento en el que estaban en Valparaíso (Caquetá) fue atacado por los militares y que su papá murió allí. “Ese compañero cavó un pozo y lo sepultó antes de marcharse. Pero los campesinos de la zona cuentan que al día siguiente el Ejército levantó la letrina, el pozo de los residuos de cocina y la fosa de mi padre y que no saben qué hicieron con lo que encontraron”, relata ella.
Tras 39 años de la desaparición de José Washington, en julio de 2021, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas hizo la prospección en la que hallaron la fosa vacía y confirmaron el relato de la comunidad. De hecho, así lo señala un informe entregado por esa entidad a la familia: “el sitio pudo ser utilizado en algún momento como lugar de inhumación del presunto cuerpo de José Washington Rodríguez Rocca, fallecido en acciones bélicas, pero su cuerpo fue exhumado posteriormente y no se encuentra actualmente en el lugar”.
El caso de Martha Gisela Restrepo es muy parecido al de José Washington. Ella era guerrillera del M-19 y desapareció el 25 de mayo de 1981 tras un combate con el Ejército. Su búsqueda, documentada en la película Bajo el Silencio y la Tierra, ha estado encabezada por su hermano Rodrigo Restrepo y su sobrina homónima Gisela Restrepo. Según la investigación de la familia, su cuerpo fue enterrado en una fosa común en Bagadó, Chocó, junto a los de nueve compañeros, entre los que se encontraba Carmenza Cardona ‘La Chiqui’, recordada por su participación en la Toma de la Embajada de República Dominicana.
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“En marzo de 2020 y agosto de 2021 la UBPD hizo prospecciones en el lugar señalado, pero, aunque encontró rastros de que allí podrían haber sido enterrados, no encontró ningún cuerpo”, relata su hermano Rodrigo Restrepo. La comunidad, como en el caso de José Washington, les dijo que miembros del Ejército volvieron unas semanas después para sacarlos y no saben a dónde se los llevaron.
“Se ha constatado que esta era una práctica sistemática: enterrar los cadáveres y después sacarlos para borrar todo indicio de lo que pudiese deducirse en caso de que se hallaran los cuerpos. Y a uno le queda el interrogante: ¿fue muerte en combate?, ¿fue captura y asesinato?, ¿qué pasó?”, cuestiona Rodrigo.
En el caso de Marta Gisela, la familia sabe que existen documentos oficiales sobre el operativo, porque estos fueron citados en la prensa de la época, que publicó los nombres de las personas identificadas. Sin embargo, esta no les ha sido entregada. El último intento fue una cadena de correos a las brigadas militares que podían tener información sobre el caso Como respuesta, fueron redirigidos a otras brigadas hasta que decidieron dejar de insistir.
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“Hicimos una primera petición en la que partimos de la idea de que con el Acuerdo de paz las Fuerzas Militares tenían un compromiso de facilitar la búsqueda de los cuerpos de combatientes que habían quedado enterrados pero no tuvimos ninguna respuesta. Luego nos apoyamos en la Unidad de Búsqueda, pero nos dijeron que no había sido posible hacer el enlace con el Ejército. Al final nos dirigimos a la brigadas vía correo y la respuesta era rápida pero vacía: eso no nos compete a nosotros, deben averiguar con otra brigada”, relata Rodrigo y se evidencia en su cadena de correos.
El informe incluye otros casos insignia de desaparición forzada, como los de la toma del Palacio de Justicia y de los campesinos de Otanche, Boyacá, detenidos y asesinados tras ser señalados como auxiliadores de las Farc.
Cala confía en la respuesta de las Fuerzas Militares, pero dice que esta confirma la necesidad de adoptar las medidas cautelares. “Es posible que no sepan en dónde está la información, eso nos preocupa. Pero lo más posible es que como se ha modificado su estructura varias veces, todo el archivo anterior se haya centralizado en el Archivo General de las Fuerzas Militares, y allí sí que es más difícil acceder”.
Tras 40 años de búsqueda, las familias solo esperan encontrar la verdad sobre el paradero de sus familiares. “Nuestro interés fundamental está en la búsqueda de los cuerpos y poder saber qué pasó”, señala Rodrigo, mientras María José asegura que lo único que espera es poder cerrar esta etapa.
“La búsqueda es un rompecabezas gigante en donde faltan fichas y hay otras que no coinciden. Lo que necesito es tener todas las fichas correctas para dejar de cargar con estos signos de interrogación”, añade. Rodrigo coincide aunque con un reparo: “Nuestro interés fundamental está en la búsqueda de los cuerpos y poder saber qué pasó. Esperamos que al menos acceda la Unidad de Búsqueda a la información para continuar el proceso, aunque debería ser un derecho ciudadano 40 años después de los hechos”.
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La solicitud fue conocida y respaldada por el padre Javier Giraldo, las Madres de la Plaza de Mayo, la Fundación Heinrich Böll y hasta Luciano Hazan, del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas.