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La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le negó la libertad al exgobernador de Sucre, Salvador Arana Sus, quien deberá seguir recluido en la cárcel El Bosque de Barranquilla. Esta decisión dejó en firme un auto de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que le negó a Arana la sustitución de la medida de aseguramiento y los tratamientos especiales que ofrece el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).
El Tribunal llegó a esta decisión acusando al exdirigente político de no tener compromiso con el aporte a la verdad, particularmente en cuatro puntos. Primero, según la JEP, “Arana no ha realizado un reconocimiento serio de las víctimas y de los bienes jurídicos afectados con sus conductas. En cambio, ha señalado a las víctimas, sin más, de ser colaboradoras de las Farc-EP, incurrir en hechos de corrupción administrativa y manipular testigos en su contra”.
A su vez, se señala a Arana Sus de ser abstracto con las propuestas de reconocimiento y reparación a Martha Libia Díaz, quien es una víctima que ha sido reconocida como interviniente especial dentro de la JEP desde el 17 de junio de 2020, y quien es esposa de Eudaldo León Díaz Salgado, alcalde de El Roble (Sucre), asesinado el 10 de abril de 2003.
El dirigente político fue procesado por la Corte Suprema de Justicia por la desaparición forzada y homicidio del alcalde de El Roble, además, por concierto para delinquir agravado por colaborar con el Bloque Montes de María de las AUC y por peculado por apropiación y falsedad ideológica por desviar fondos de las regalías del departamento de Sucre a grupos armados al margen de la ley.
Sobre este punto en particular, la JEP reconoce que Arana ha propuesto proyectos agropecuarios, de salud y de educación sexual para reparar por sus conductas, sin embargo, estos son insuficientes en la búsqueda de una sustitución de su medida de aseguramiento, es decir a la hora de aspirar a un trato especial.
Los magistrados también señalaron que el exgobernador de Sucre no ha informado a la JEP sobre todas las conductas que le han valido investigaciones judiciales. Y le critican no haberles informado que adelanta ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos un trámite con el que busca poner en duda el juicio penal llevado a cabo por la justicia penal ordinaria.
La Sección advierte que Arana “se ha limitado a presentar una enumeración encriptada de sujetos que supuestamente podrían aportar verdad dentro de la JEP”. Esto hace imposible que los magistrados puedan cumplir a cabalidad con el cronograma que estableció para escuchar a esos declarantes, ya que es imposible verificar cuál es el valor de esos aportes en vías de lograr la restitución integral de las víctimas.
“Las acciones restauradoras que puedan llevarse a cabo de cara a la comunidad en general son valiosas, pero es a las víctimas determinadas en particular a quienes se deben dirigir las propuestas de reparación, satisfacción y garantías de no repetición que deberían incluirse en el compromiso claro, concreto y programado y el régimen de condicionalidad en general. Este, sin embargo, no es el caso de Arana Sus”, concluye el auto.
De esta manera, la JEP suspendió el trámite que adelanta con Arana y le dio 30 días hábiles para que presente “un compromiso claro, concreto y programado” de aporte a la verdad, ya que el que ha presentado hasta ahora no es satisfactorio para los magistrados. Además, le solicitó a Arana Asus explicar las razones por las cuáles no ha podido tener un abogado de confianza.
“Resultaría inane emplear el tiempo, las energías y los recursos del componente judicial del SIVJRNR en un caso en el que, desde el inicio, podría no apreciarse una intención real de aportaciones del compareciente en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, dicen los magistrados y advierten que si Arana no cambia su comportamiento, enviarán su caso a la justicia ordinaria, sin que sea necesario adelantar un incidente de incumplimiento.
Al conocer esta decisión, Juan David Díaz, hijo de Edualdo Díaz, dijo que el próximo viernes 5 de marzo “entregarán a la JEP un nuevo listado de sucreños aliados de Arana en el tiempo que este era el jefe del paramilitarismo en Sucre y que según testigos y pruebas en nuestras manos, hacían parte de la estructura criminal, hoy la mayoría de estos, nuevos ricos de Sucre, ‘mandamases’ políticos de Sucre, desfalcadores del erario, destructores de Hospitales”.
Salvador Arana está sometido a la JEP desde el 12 de febrero de 2020, fecha en la que la jurisdicción lo aceptó como agente del Estado no miembro de la fuerza pública. En junio de ese año fue la primera vez que el tribunal le negó libertad, decisión que fue confirmada con este auto de fecha considerada en su régimen de condicionalidad.
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