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Durante la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó este viernes 20 de agosto, en Sincelejo (Sucre), las y los familiares de víctimas de desaparición forzada escucharon a las autoridades locales y a entidades nacionales sobre su trabajo en la preservación y búsqueda de los desaparecidos que están en el cementerio municipal, el de Rincón del Mar, y las fincas La Alemania y El Palmar en San Onofre.
En voz de algunos de sus representantes, las entidades “siguen revictimizando a las familias”, al no acatar las órdenes que dio la Sección de Ausencia de Reconocimiento de este tribunal, en noviembre de 2019. Entre los principales incumplimientos está la reconstrucción del monumento que las familias pidieron ubicar a la entrada de la finca El Palmar, un centro de exterminio de los paramilitares, en honor a las víctimas de desaparición forzada.
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“Si bien el auto de la JEP dio un tiempo de tres meses para la reconstrucción del monumento, han transcurrido 21 meses y no se ha materializado. No se tiene clara la disposición de recursos para su construcción ni se ha definido el uso del sitio”, señaló María del Pilar Silva, representante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) durante la diligencia.
El monumento, que está pensando como un árbol de cuatro metros de alto que asemeje el árbol de caucho y que en sus hojas tenga escritos los nombres de cada una de las y los desaparecidos, ya cuenta con la financiación de los $60 millones para su construcción, según la Gobernación de Sucre y la Alcaldía de San Onofre.
Sin embargo, lo que ha impedido las obras es que no se dispone del sitio donde se quiere levantar. Las dos hectáreas que piden las víctimas en la finca El Palmar se vieron afectadas por la ampliación de una carretera y, además, porque este predio está en un proceso de extinción de dominio, bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Lo que respondió Constanza Cifuentes, representante de la SAE, es que se tiene que acordar con la Alcaldía de San Onofre y la Gobernación de Cundinamarca un cronograma de trabajo para la entrega de ese espacio, que inicie con la delimitación de la franja donde se quiere construir el monumento, para que luego se haga una destinación provisional del mismo. De igual manera, estas entidades tienen que presentar una propuesta de compra de ese espacio.
Pero el asunto es mucho más complejo. Como contó Colombia+20, esta finca de 556 hectáreas está arrendada por un valor mensual aproximado de $500.000 a Ricardo Martínez Mordecai, hijo de Cecilia Mordecai y Ricardo Martínez, este último (ya fallecido) hermano de Hernán Martínez, exministro de Minas y Energía durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
El magistrado Gustavo Salazar le pidió a la SAE qué aclare bajo qué condiciones se le arrendó el predio a Martínez y por ese precio y les informe sobre la dirección y número de contacto de los administradores y arrendatarios de la finca El Palmar. La Sección estipuló un plazo de 90 días hábiles para que la SAE, la Gobernación de Sucre y la Alcaldía de San Onofre adelanten todas las gestiones que garanticen la construcción del monumento.
Además, el Tribunal de Paz le informará la Contraloría y la Fiscalía sobre las presuntas irregularidades que han develado con respecto a la administración de este predio para que “tomen las medidas necesarias para evitar un mayor detrimento en el patrimonio de la Nación.”
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Pero este no fue el único reclamo por parte de víctimas y organizaciones. También señalaron falta de respeto por parte de las autoridades locales en la atención a las víctimas y demoras en las reuniones para definir cómo sería el monumento, así como la designación de funcionarios que no tienen ningún poder de decisión en estas acciones.
También mencionaron que la Fiscalía ha repetido la toma de muestras biológicas a familiares que ya les habían hecho esa prueba años atrás y que nunca fueron subidas al Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) para su contrastación con cuerpos no identificados que tiene Medicina Legal. Aunque entre el jueves 19 y el sábado 21 de agosto se entregarán ocho cuerpos de personas identificadas a sus familias, sostienen que hay muchos otros parientes esperando una respuesta desde hace más de 16 años, cuando la Fiscalía empezó a hacer las primeras exhumaciones.
Sandra Herrera, directora del Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (Grube) de la Fiscalía, si bien asumió su responsabilidad, explicó que hasta 2019 los funcionarios de esta entidad tuvieron total acceso al Sirdec y que la identificación de un cuerpo puede tomar años, según el estado en el que haya sido hallado.
Por otro lado, presentó las acciones que ha realizado el Grube desde noviembre de 2020. Señaló que la Fiscalía presentó un plan de búsqueda conjunto en los cuatro lugares que protege la JEP y ya acopió toda la información respecto a la búsqueda de desaparecidos en San Onofre para presentárselo a la UBPD, al Movice y Equitas (organización para la búsqueda e investigación forense).
Asimismo, Herrera dijo que en febrero las familias de Gerson David Torres y Ricardo Peláez recibieron los dos cuerpos y que se harán 67 diligencias de inspección judiciales en los despachos fiscales de Sucre para analizar los casos que puedan corresponder a los de las víctimas que se están intentando ubicar en estos cuatro lugares.
La funcionaria agregó que se están coordinando con la UBPD para la recolección de testimonios de paramilitares del Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se acogieron a Justicia y Paz, para dar con más información de víctimas. Al respecto, la JEP le dio un plazo de 20 días al Grube para que remita toda la información de las versiones de los paramilitares y miembros de las extintas Farc en las que hayan indicado sitios de sitios de inhumación en las fincas La Alemania y el Palmar, y en los cementerios San Onofre y Rincón del Mar.
Además le solicitó que en los siguientes 60 días hábiles “realice las versiones colectivas o individuales complementarias que estimen necesarias de postulados del Bloque Montes de María de las AUC, con miras a identificar los lugares de presunta inhumación de sus víctimas en los mismos lugares”. Y una vez consolide la información, le entregue la georreferenciación de puntos de interés forenses y un cronograma de prospecciones y exhumaciones en estos cuatro sitios.
El universo de desaparecidos en Sucre
Parte del trabajo para avanzar en la búsqueda de desaparecidos es establecer el número de víctimas de desaparición y clasificarla por género, edad, temporalidad, grupo responsable del crimen y posible lugar de inhumación. Entre la articulación que hicieron la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), El Grube de la Fiscalía y el equipo de Equitas, se estableció que son 546 las víctimas de desaparición en los cuatro lugares con medidas cautelares.
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Durante la audiencia, la Unidad de Búsqueda dio a conocer el Plan Regional de Montes de María y Morrosquillo, en el que identificó que serían 1.808 personas el universo inicial de desaparecidos en 17 municipios de Sucre y Bolívar. Con respecto a este anuncio, Equitas mencionó que puede haber subregistro y que en su cruce de información dieron con un registro de 1.835 personas en esos mismos municipios.
Además, le indicó a la JEP que hay otros puntos de interés para la búsqueda como el Cerro El Uvito y el sector Palo de Mango en la finca La Alemania, y el sector Las Delicias, aledaño a la finca El Palmar. Finalmente, llamó la atención sobre lugares de inhumación que se sobreponen con zonas donde se adjudicaron títulos mineros, para que sea analizado por la magistratura.
Vea acá la audiencia completa: