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“La JEP decreta cautelar el estero San Antonio con el fin de garantizar los derechos de las víctimas de desaparición y en consecuencia prohibir cualquier intervención en el estero de San Antonio durante el término de 180 días prorrogables, en especial el dragado y el desarrollo de las obras civiles”. Así anunció el magistrado Gustavo Salazar la noticia que organizaciones y familiares con seres queridos desaparecidos estaban esperando desde hace más de un año.
La decisión fue aplaudida por todos los asistentes del Centro Cultural de Cali Patrimonio y Memoria, donde se realizó este jueves y viernes la audiencia para escuchar a autoridades y víctimas de este delito en Buenaventura.
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En octubre de 2020, organizaciones sociales como el Movice, la Fundación Nydia Érika Bautista, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y 17 organizaciones más le solicitaron que proteja este estero, ya que durante años los grupos armados arrojaron allí a sus víctimas para desaparecerlas. Estos cuerpos corrían el riesgo de desaparecer por segunda vez por un proyecto de dragado de Invias y el Consorcio San Antonio para mejorar el transporte fluvial en el puerto.
Antiguos paramilitares, como Ever Veloza, o “H.H” o Yesid Pachecho, también llamado “El cabo” señalaron en Justicia y Paz que el estero de San Antonio fue uno de los lugares donde más dispusieron los cuerpos de sus víctimas, luego de torturarlas y desmembrarlas, con el fin de que no fueran halladas por las autoridades. La fiscal Luz Dary Páez, durante la audiencia, señaló que Pacheco confesó que la estrategia era amarrar los cuerpos a los manglares para que los animales se los comieran y la marea fuera llevándose los huesos hasta no dejar rastro.
“Presumimos del riesgo en el que está el estero San Antonio partiendo de una experiencia muy cercana, que fue el dragado que se hizo en el estero El Aguacate para el establecimiento de la Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBuen). Toda la gente de las comunas 5 y 6 fue testigo de personas inhumadas en ese sitio y nunca se hizo alguna acción para exhumarlos e identificarlos”, señaló Mary Cruz Rentería, víctima de este flagelo y habitante de Buenaventura.
Además de tomar esta decisión, la JEP le ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) que en coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas realice una visita técnica a la Isla Calavera en un término de 30 días. Esta zona, que queda dentro del estero, las comunidades vieron durante años los cuerpos amarrados a las raíces de los manglares, de ahí el nombre con el que bautizaron a esta isla.
También le ordenó a estas dos entidades que elaboren una metodología de intervención forense que tenga en cuenta el plan de búsqueda en el estero San Antonio. De acuerdo con la JEP, hay 1.725 víctimas de este delito en este distrito portuario, uno de los más importantes para el país.
La oficina de la Alta Representante de las Naciones Unidas en Colombia celebró esta decisión. “La protección del Estero San Antonio es fundamental para la garantía de los derechos de las víctimas”.
Las voces de las víctimas
A lo largo de la diligencia judicial, que se realizó entre este 16 y 17 de diciembre, las organizaciones y familiares de víctimas señalaron que el nivel de actuación institucional frente a la búsqueda de desaparecidos es aún muy bajo, como señaló Adriel Ruiz de Cormepaz.
Añadió que es urgente que se establezca el universo total de víctimas de este crimen. “El observatorio de Memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica reporta entre 1980 y 2019 un total de 781 víctimas. Y el Sirdec presenta entre 2004 y 2016 presenta 783 casos, de los cuales 384 son desapariciones forzadas”.
La Fundación Nydia Érika Bautista fue una de las organizaciones, junto con el Movice, que presentaron ante los magistrados las cartografías con puntos de interés forense, es decir, con las zonas donde estarían las persones desaparecidas. Los sitios con más víctimas son aquellos barrios cercanos a la zona de bajamar, donde también se instalaron casas de pique. Esta organización levantó 75 puntos, entre cementerios clandestinos y acuafosas en su mayoría. Este especial “Los mapas de la desaparición forzada” se basó justamente en el trabajo hecho por esta organización. Allí podrá visualizar estos puntos de interés forense.
La respuesta de las instituciones
La UBPD, entidad que nació con la JEP gracias al Acuerdo de Paz, anunció durante la audiencia que la Isla Calavera será el primer sitio donde iniciará la búsqueda de personas desaparecidas en el estero de San Antonio, en desarrollo de su Plan Regional del Pacífico Medio para localizar según sus registros a 1.136 personas. La próxima semana iniciaría el levantamiento topográfico en la zona.
También señaló que nunca, en todo el mundo, se ha hecho una búsqueda subacuática sistemática. “Seremos innovadores en eso”, señaló Cesar Sanabria, director de prospección de la UBPD. Agregó también que la dinámica de las mareas en Buenaventura sería una dificultad para el trabajo forense, pues solo les permitiría cuatro horas de labores.
Desde el 13 de abril, durante la firma del pacto regional de búsqueda de desaparecidos, que convocó la UBPD y firmaron todas las entidades estatales relacionadas con el tema, esta institución se había comprometido a buscar una organización experta en búsqueda subacuática. Luego de ocho meses anunció que trabajarán con la asesoría de la Universidad del Norte; sin embargo, no hablaron sobre el estado de la identificación de personas, el esclarecimiento del universo de víctimas de desaparición en Buenaventura y solo recién empezarán los levantamientos topográficos.
A la diligencia judicial fueron citados representantes del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Buenaventura, así como el Invias y el Consorcio San Antonio.
Uno de los asuntos principales para la magistratura fue cuestionar la vigencia de la licencia ambiental que permitió hacer labores de exploración y mantenimiento de dragado de San Antonio. Yerson Lugo, de la Dirección Marítima y Fluvial del Invias, reconoció que la entidad no realizó ningún estudio previo de la zona para determinar si el dragado era viable o no cuando se realizó la primera intervención exploratoria, pero que no tocó ninguno de los puntos de interés de las víctimas donde habría cuerpos de personas desaparecidas por el conflicto.
Todo el estudio se va a actualizar y una vez se culmen con eso podemos comenzar. Estamos a la espera de que la UBPD nos entregue la metodología de búsqueda para luego empezar con las obras”, agregó.
El Invias también se comprometió a incluir en todo este proyecto consultivo a las madres de las víctimas de desaparición forzada, como la asociación Madres por la Vida que trabaja con la Fundación Nydia Érika Bautista en la documentación de los casos de desaparición forzada en esta zona del Pacífico.
De hecho, para garantizar la participación de las víctimas en todo el proceso, la magistratura también interpeló a Orlando Riascos, secretario de Paz de la Gobernación del Valle para que avance en proyectos restaurativos y de acompañamiento a las víctimas de este delito en Buenaventura. Esto después de que el funcionario asegurara que para el Distrito Portuario se destinó este año apenas $4 millones para la atención de la población afectada por el conflicto.
En general, las respuestas de las entidades frente a esta problemática se quedaron cortas. Lo que se observó a lo largo de la audiencia es que no hay protocolos de búsqueda, la información sobre el número de víctimas está desagregada y no hay articulación entre el Estado. Uno de los llamados de atención más fuertes fue hacia la Procuraduría y la Fiscalía por no contrarrestar los altos niveles de impunidad frente a este delito.
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La Defensoría del Pueblo resaltó que desde 2001 ha emitido siete alertas tempranas sobre la violencia en Buenaventura y casos de desaparición forzada. Aun así, la situación sigue siendo crítica y cada vez más violenta. La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP detalló que actualmente hay disputas territoriales en la zona urbana entre las bandas “las shotas” y “los espartanos”, luego de su ruptura de la banda “la local”. En la zona rural hay presencia de las disidencias del Comando Coordinado Occidente, liderado por Gentil Duarte, la guerrilla del Eln y el Clan del Golfo o AGC. Este año, la personería de Buenaventura tiene nueve denuncias por desaparición.
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La respuesta de los mandatarios ha sido el aumento del pie de fuerza pública en el distrito, como lo indicó el secretario Riascos, quien además se fue de la audiencia a pesar de la orden por parte de la magistratura de asistir a las sesiones completas. Con respecto a la Alcaldía de Buenaventura, Arlington Agudelo, gestor de paz, señaló que están en la construcción de una política pública contra la desaparición forzada que estarían haciendo de la mano con las comunidades en 2022.
La fiscal Páez señaló que están en un piloto de exploración subacuática con apoyo de la Armada Nacional. “Haremos una inmersión en el estero para hacer registro fotográfico y de video para observar el fondo y se harán muestras de sedimentos”. Sin embargo, hizo énfasis en que la salinidad del agua hace casi imposible la extracción de información genética para la identificación de los cuerpos. Con respecto al dragado, señaló que al encontrarse un cuerpo también sería una alteración a una escena del crimen.
Antes de finalizar la diligencia judicial, Martha Giraldo, representante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en el Valle del Cauca pidió nuevamente a la JEP la apertura de un macrocaso sobre desaparición forzada en Colombia donde tengan cabida estas investigaciones, “como forma de saldar una deuda histórica de verdad, justicia, reparación y repetición de este fenómeno”. Con cánticos, rituales y danzas propias de las comunidades del Pacífico, las víctimas que estaban en el Centro Cultural de Cali celebraron la decisión y pidieron ponerle fin a la impunidad en sus casos.