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El pasado 22 de septiembre la magistrada Reinere Jaramillo, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), emitió el Auto 063 en el que le ordena a la Unidad Nacional de Protección (UNP), al Ministerio de Defensa, al Gaula de la Policía, a la Fiscalía de Riohacha y a la Procuraduría Regional de La Guajira asumir investigaciones para determinar el nivel de riesgo de los firmantes de Paz que viven en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ‘Amaury Rodríguez’ de Pondores (La Guajira). Los excombatientes llevan varios meses denunciando amenazas, persecuciones y, recientemente, un allanamiento que tildan de irregular.
El Tribunal para la Paz les dio un plazo de cinco a 20 días hábiles para que la Unidad Nacional de Protección, el Comando Conjunto Estratégico de Transición del Ministerio de Defensa, el Gaula de la Policía, la Unidad Especializada de Investigación Fiscalía 1° de Riohacha y la Procuraduría Regional de la Guajira realicen estudios de riesgo individuales y colectivos de esta población.
La decisión judicial llegó después de que, el 15 de septiembre, la Fundación Lazos de Dignidad, una organización que representa jurídicamente a algunos grupos de reincorporados de las Farc, presentara ante la JEP una solicitud de apertura de medidas cautelares para la protección de la vida y la dignidad de los firmantes de Paz por riesgos individuales y colectivos. El abogado Gustavo Enrique Gallardo Morales, presidente de la Fundación y quien lidera este proceso, aseguró que el antecedente más grave fue, precisamente, el allanamiento que vivió el ETCR el 23 de julio de este año.
Ese día, según Gallardo, llegó el Ejército Nacional y unidades del Gaula a incautar, supuestamente, “materiales de uso privativo de las fuerzas militares”. Sin embargo, los materiales que se llevaron fueron uniformes confeccionados por los excombatientes cuando estaban en la guerrilla, un fusil de madera y un transmisor con una consola que utilizaban en la antigua emisora “Voz de la Resistencia”. Esos materiales hacían parte del proyecto turístico y de memoria colectiva de la Cooperativa Multiactiva para la Paz de Colombia, creada por los mismos firmantes de Paz. Todo esto estaba en el mismo lugar del proyecto productivo ‘Dama Verde’ en el que las mujeres tienen un vivero donde siembran aromáticas y hortalizas.
Estas acciones fueron realizadas bajo la orden judicial de la Unidad Especializada de Investigación de la Fiscalía 1° de Riohacha, por parte del Batallón Rondón, comandado por el teniente coronel Miguel Ángel Olaya Murcia. Según Gallardo Morales, aunque no han recibido una respuesta oficial sobre las razones del operativo, extraoficialmente le dijeron que la Fiscalía tenía información de que allí se estaban produciendo uniformes para grupos alzados en armas. “Es paradigmático que el mismo coronel que hizo el allanamiento dos días antes había estado en el ETCR y los excombatientes le mostraron los proyectos, la casa de la memoria, las unidades productivas y todo el terreno, pero después hizo eso”, aseguró.
Navegue el especial multimedia ‘Las excombatientes que lideran la reincorporación’.
Marcos Mexel Martínez Mendoza, coordinador del proceso de reincorporación del ETCR de Pondores explicó el origen de las prendas incautadas. “El Ejército hizo un allanamiento donde arbitrariamente se llevaron unos equipos y unas prendas que teníamos en un museo, eran prendas construidas por nosotros durante los 53 años de lucha y queríamos guardar eso como un tema histórico para contarle a los jóvenes y al mundo el conflicto que se vivió en Colombia”.
Para Martínez, ese hecho afectó el relacionamiento con el Ejército. “Eso fue un falso positivo judicial que llegó justo cuando venía la posesión del nuevo presidente. Además, a raíz de esta situación no tenemos la misma confianza en el Ejército que habíamos construido durante los últimos cinco años”, resaltó.
Lea aquí el Auto de la JEP:
Las peticiones fallidas a la UNP
En entrevista con Colombia +20, el abogado Gustavo Gallardo afirmó que han denunciado algunos señalamientos y comentarios hacia los integrantes del ETCR en los que los tildan de colaboradores de grupos armados ilegales. Contó también que se creó un ambiente de prevención por parte de las comunidades aledañas de Pondores hacia los 268 excombatientes que habitan allí junto a sus familias.
Por ese hecho, Gallardo pidió protección colectiva para los exguerrilleros que viven en ese lugar pero también advirtió de casos urgentes que requieren medidas de protección individuales: Marcos Mexel Martínez Mendoza, Marinelly Hernández Orozco, Carlos Emilio Osorio Henao y Uriel Antonio Oviedo Aldana, cuatro firmantes del Acuerdo de Paz que se han visto amenazados por tener liderazgos visibles en esta región.
Los liderazgos más amenazados son: Marinelly Hernández Orozco, integrante del Comité de Género del ETCR, coordinadora territorial del proyecto ‘Dama Verde’ y quien desde marzo del 2020 solicitó formalmente que fuera incluida en el plan de protección de la UNP, pero sus peticiones han sido negadas.
Lea: ¿Gobierno Petro tiene a la deriva la implementación del Acuerdo de Paz?
A Carlos Emilio Osorio Henao, presidente de la Cooperativa Multiactiva para la Paz de Colombia e integrante de la Dirección Política del ETCR, también le negaron las medidas de protección individual. Según la información presentada a la JEP, Osorio ha sido víctima de hostigamientos, persecuciones, amenazas telefónicas y otras vulneraciones contra él y su familia.
Lo mismo sucede con los casos de Uriel Antonio Oviedo Aldana y Marcos Mexel Martínez, también víctimas de amenazas y hostigamientos y quienes también han recibido una respuesta negativa por parte de la UNP para obtener medidas de seguridad individuales. En todos los casos, la Unidad Nacional de Protección ha argumentado que no reconoce que exista un “riesgo extraordinario” para otorgarles medidas de seguridad invididuales a los cuatro reincorporados. Y en el caso de la proteción colectiva al ETCR, han respondido que “están colapsados de trabajo”.
El coordinador del proceso de reincorporación Marcos Martínez y quien también aparece como peticionario, aseguró que: “Lo que se está pidiendo es una reevaluación del estudio porque en este momento se presenta esta situación de riesgo particular. Hemos pedido encarecidamente que por favor protejan la vida de estos compañeros, que sabemos que estamos en riesgo, que hemos sufrido amenazas, pero no ha sido posible”.
En contexto
Según registros de la Fundación Lazos de Dignidad, desde la firma del Acuerdo de Paz, 10 excombatientes del ETRC de Pondores han sido amenazados, tres han sufrido de señalamientos por sus liderazgos y uno fue asesinado. Su nombre era Nacer David López Gómez, lideraba un proyecto de vivienda y fue asesinado el 29 de diciembre del 2020.
El abogado Gustavo Gallardo le explicó a Colombia +20 que las garantías de seguridad son el principal objetivo de la solicitud enviada a la JEP para que los exFarc puedan realizar su proceso de reincorporación. “Lo que queremos es que los reincorporados de Pondores tengan unos niveles de garantía que generen esa seguridad física y jurídica, ya que con esto, ellos no van a estar temerosos de que algo va a pasar y su proceso de reincorporación podrá continuar de manera integral y tranquila”.