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Bajo un sol potente de mediodía, en el sector conocido como La Balsa, a orillas del río Cauca, cientos de personas del norte de ese departamento celebraban el 20 de julio al son de la música, ollas con sancochos trifásicos y bebidas ancestrales. Era el día en que se conmemora la Independencia de Colombia, pero las comunidades afros tenían otro motivo de fiesta: la declaración de su río como víctima del conflicto armado.
La decisión fue anunciada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) unos días antes, el pasado 11 de julio, como respuesta a varias solicitudes de esas poblaciones. Desde 2019, los Consejos Comunitarios Cuenca del Río Cauca y Microcuenca de los Ríos Teta y Mazamorrero y el Consejo Comunitario Cuenca Río Timba – Marilópez estaban haciendo esta solicitud, a través de informes consignados en el Caso 05 de la JEP, que prioriza la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
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Los habitantes celebraron en el puente de metal que años atrás fue utilizado por grupos paramilitares para desaparecer a sus víctimas. El festejo fue hasta el anochecer porque, entre otras razones, esta decisión respalda la sanación de sus relaciones con el río.
“Estábamos en una juntanza en el Valle del Cauca con unas mujeres y cuando me enviaron la noticia, grité ‘¡no lo creo!’, me tiré al suelo y nos abrazamos con las mujeres que estábamos ahí. Fue una emoción muy grande porque todo lo que surge de nuestro río es muy importante como la naturaleza, la economía y la espiritualidad” dijo a Colombia+20 Deyanira Peña Carabalí, consejera mayor del Consejo Comunitario Cuenca del Río Cauca.
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Este Consejo Comunitario se ubica en el corregimiento de La Balsa, del municipio de Buenos Aires, justo a orillas del afluente, división natural entre los departamentos del Valle del Cauca y Cauca. Esta zona se trata de la misma región donde inició su liderazgo social la vicepresidenta Francia Márquez, quien impulsó una ardua defensa contra la minería en este territorio.
Para Peña, el proceso de sanación es largo porque en su cosmovisión no solo hay que perdonar al río, sino también que el río perdone a quienes lo utilizaron como cementerio, fosa común y lugar para esconder crímenes de lesa humanidad.
Ese proceso de cura y recuperación lo viene liderando el grupo Mujeres Transformadoras de Paz del Corregimiento de La Balsa, quienes en 2020 iniciaron una serie de rituales de mejora a orillas del Cauca con cantos, jornadas de limpieza y pintando algunos lugares que fueron marcados por la incursión paramilitar de los años 2000.
La Balsa, punto emblemático del conflicto a orillas del río Cauca
A este corregimiento de Buenos Aires (Cauca) llegó el Frente Farallones del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en los años 2000.
Según el portal periodístico Rutas del Conflicto, el Bloque Calima fue creado a petición de empresarios de la zona que buscaban enfrentar los ataques de la columna móvil Jacobo Arenas, los frentes sexto, 60 y el Bloque Alfonso Cano de las FARC, ubicados al occidente del país. Este bloque fue responsable de 119 masacres y 3.400 desplazamientos forzados individuales y colectivos, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Jaime Filigrana, Isidoro Filigrana, Hugo Díaz, Willington Díaz y Manuel Santo Vivero fueron las víctimas que dejó la masacre perpetrada por estos paramilitares el 4 de septiembre del 2000.
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“Los violentos escogieron ese punto en particular del río (La Balsa) porque al otro lado hay fincas de habitantes del corregimiento donde los grupos armados torturaban, mataban a las personas y las botaban al río sin ser vistos”, se lee en unos de los testimonios integrados en la sentencia de la JEP. Este fue tomado de la investigación “Ríos de vida y muerte” de Rutas del Conflicto y Consejo de Redacción, que fue un insumo clave para elaborar esta sentencia de la JEP.
En entrevista con Colombia +20, Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto, explicó la importancia de entender geográficamente el sector de La Balsa y las tensiones históricas del territorio que desencadenaron el conflicto armado.
“El valle del río Cauca es el lugar con tierras más fértiles y se ubica entre el norte del Cauca y el valle geográfico; es decir, la planicie desde Jamundí y los límites con Buenos Aires, en Cauca. Ahí se da una tradición histórica de latifundio de unos 60 años con la caña y empresas agroindustriales enormes que choca con procesos de recuperación de tierras de la comunidad nasa y las comunidades negras”, señaló Parra.
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Entre los testimonios tomados por la JEP de la investigación “Ríos de vida y muerte”, la población de La Balsa enfatizó que, a raíz de estos hechos de violencia, la gente dejó de pescar, lavar y bañarse en el Cauca . “No volvimos a hacer ninguna de las prácticas tradicionales en el río, dañaron nuestra convivencia y espiritualidad”, se lee en el relato.
Peña también resaltó que no solo ha sido la incursión paramilitar la que ha afectado al río Cauca, sino también las megaobras que se están desarrollando en sus orillas. Entre las acciones adelantadas para descontaminarlo y protegerlo, el río Cauca fue declarado sujeto de derechos, con la sentencia 038 de 2019.
La lideresa dice que es clave revisar cómo pueden empatarse estas acciones con lo dictaminado por la JEP para avanzar de forma integral en la reparación del río y las comunidades. “Nosotros tenemos esa capacidad de avanzar y defender a la naturaleza porque los consejos comunitarios sin la naturaleza no somos nadie”, concluyó.
Dadas las complejidades de la guerra, la sentencia no estipula el número posible de cuerpos arrojados al río Cauca durante el conflicto y los que pudieran hallarse en los cementerios de las comunidades ribereñas. Sin embargo, este es uno de los retos de la sentencia junto a los aportes de los comparecientes del caso y las medidas de reparación para las víctimas.
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Para los consejos comunitarios, esta decisión moviliza a un ejercicio en comunidad de sanación y reparación. Por ello, esperan que la JEP integre a seis consejos comunitarios, ubicados río arriba. Además, están en conversaciones con Raúl Delgado Sánchez, magistrado de la JEP, para que la notificación con pertinencia étnica de la decisión se realice próximamente a orillas del río Cauca.
Además del Cauca, existe información de que en 230 ríos del país se encontraron cuerpos de personas desaparecidas durante el conflicto, según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica.
La investigación clave para la sentencia
“Ríos de vida y muerte” es producto del trabajo entre Rutas del Conflicto y Consejo de Redacción para mapear 45 ríos de Colombia utilizados como cementerios y fosas comunes para desaparecer a las víctimas.
“El objeto de hacer este tipo de bases de datos e historias era recoger información que les fuera útil a las autoridades. El contenido está construido de manera que una víctima, un juez, un fiscal, un investigador o académico la pueda utilizar”, explicó Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto.
Fueron cerca de 30 periodistas los que colaboraron en esta investigación, clave para la JEP, que se desarrolló entre 2018 y 2019.