JEP permitirá que versiones de exguerrilleros sobre reclutamiento sean públicas
Así lo decidió la Sala de Reconocimiento, después de que los exjefes guerrilleros involucrados en este caso lo solicitaran, porque consideran que detrás de las filtraciones de estas diligencias “hay una campaña de desprestigio”. Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, pidió que haya una investigación penal por las revelaciones de los videos.
En la mañana de este 16 de septiembre, el partido Farc sorprendió con una propuesta: solicitó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que sus versiones voluntarias en el caso 07, sobre reclutamiento de menores, sean públicas. En menos de 24 horas, Iván González, el magistrado de la Sala de Reconocimiento que adelanta el proceso, aceptó y aseguró que “no hay motivos para declarar la reserva de estas diligencias".
Según los exjefes guerrilleros, lo que hasta ahora se ha filtrado de sus declaraciones ha sido sacado de su contexto y es parte de “una campaña de desprestigio”. Por eso mismo también exigieron publicar todas las horas de sus versiones ante esa justicia. La JEP respondió que no se publicarán situaciones que prohiba la ley.
(Puede interesarle: FARC pide a la JEP transmitir por televisión sus versiones)
“En adelante solicitamos que nuestras exposiciones sean transmitidas en directo por la televisión, a objeto de que todo el país y la comunidad internacional las conozcan directamente. Seguramente que los amigos de los derechos de las víctimas nos apoyarán en esta solicitud”, escribió el partido en una carta dirigida al exnegociador de paz Humberto de La Calle, con copia a la JEP.
La decisión de la JEP se toma en medio de las fuertes críticas en contra de los excombatientes, después de que medios de comunicación aseguraran que en sus versiones voluntarias ante la JEP no aceptaron el delito de reclutamiento de menores. Los exjefes guerrilleros han insistido en la última semana que no han desconocido estos hechos y asumirán su responsabilidad.
Sobre este asunto, Julián Gallo, conocido en la guerra como Carlos Antonio Lozada, le pidió a sus representantes legales que le pidieran a la JEP remitir documentación del caso a la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de que se investiguen las filtraciones. En una misiva enviada a la magistratura, el hoy congresista agradeció la decisión con que espera “se fijen las responsabilidades penales correspondientes, respecto de los apartes fragmentados y descontextualizados donde se violentó de manera flagrante la reserva de las diligencias de versión voluntaria realizadas dentro del Caso 007”. También le solicitó que su versión del próximo 18 de septiembre, a las 9 de la mañana, sea transmitida.
(Lea también: “Les arrebatamos lo más preciado: su libertad y dignidad”: Farc a víctimas de secuestro)
También es importante resaltar que justo el pasado 15 de septiembre enviaron una carta a las víctimas de secuestro y sus familias, pidiéndoles perdón por este grave crimen. Insistieron en que siguen comprometidos con el acuerdo de paz y con que estos delitos jamás se vuelvan a repetir.
En el caso de reclutamiento, han sido vinculados 37 integrantes de la antigua guerrilla y han rendido versión voluntaria 14 de ellos: Rodrigo Londoño Echeverry o Timochenko, Jesús Mario Arenas Rojas, Abelardo Caicedo Colorado o Solís Almeida, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Juan Hermilo Cabrera Díaz o Bertulfo Álvarez, Jaime Alberto Parra Rodríguez o Mauricio Jaramillo, Édgar López Gómez o Pacho Chino, Milton de Jesús Toncel Redondo o Joaquín Gómez, Pablo Catatumbo Torre Victoria, Julián Gallo Cubillos o Carlos Antonio Lozada, Rodolfo Restrepo Ruiz o Víctor Tirado, Martín Cruz Vega o Robín Morro, Luis Óscar Úsuga Restrepo o Isaías Trujillo y Jhon Jairo Pardo Hernández o Fredy.
En estas diligencias, de acuerdo con la JEP, los exguerrilleros "debían aportar información sobre la existencia, origen y evolución de la política que orientó o permitió la vinculación de los niños y las niñas al conflicto armado por parte de la organización armada que dirigían colectivamente y las violaciones a los derechos que fueron consecuencia de dicha política”.
Aunque algunos de estos encuentros seguirán, se espera que la magistratura contraste sus declaraciones con los informes recibidos de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), además de los informes de la Fiscalía y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Con los datos recolectados, la JEP ha dicho que al menos 6.230 niños y niñas fueron vinculados a grupos armados regulares e irregulares en Colombia. Sin embargo, hasta ahora en este caso solo se han acreditado 90 víctimas, una cifra que es irrisoria en comparación con otras victimizaciones, como secuestro, donde hay casi 2 mil.
En la mañana de este 16 de septiembre, el partido Farc sorprendió con una propuesta: solicitó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que sus versiones voluntarias en el caso 07, sobre reclutamiento de menores, sean públicas. En menos de 24 horas, Iván González, el magistrado de la Sala de Reconocimiento que adelanta el proceso, aceptó y aseguró que “no hay motivos para declarar la reserva de estas diligencias".
Según los exjefes guerrilleros, lo que hasta ahora se ha filtrado de sus declaraciones ha sido sacado de su contexto y es parte de “una campaña de desprestigio”. Por eso mismo también exigieron publicar todas las horas de sus versiones ante esa justicia. La JEP respondió que no se publicarán situaciones que prohiba la ley.
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“En adelante solicitamos que nuestras exposiciones sean transmitidas en directo por la televisión, a objeto de que todo el país y la comunidad internacional las conozcan directamente. Seguramente que los amigos de los derechos de las víctimas nos apoyarán en esta solicitud”, escribió el partido en una carta dirigida al exnegociador de paz Humberto de La Calle, con copia a la JEP.
La decisión de la JEP se toma en medio de las fuertes críticas en contra de los excombatientes, después de que medios de comunicación aseguraran que en sus versiones voluntarias ante la JEP no aceptaron el delito de reclutamiento de menores. Los exjefes guerrilleros han insistido en la última semana que no han desconocido estos hechos y asumirán su responsabilidad.
Sobre este asunto, Julián Gallo, conocido en la guerra como Carlos Antonio Lozada, le pidió a sus representantes legales que le pidieran a la JEP remitir documentación del caso a la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de que se investiguen las filtraciones. En una misiva enviada a la magistratura, el hoy congresista agradeció la decisión con que espera “se fijen las responsabilidades penales correspondientes, respecto de los apartes fragmentados y descontextualizados donde se violentó de manera flagrante la reserva de las diligencias de versión voluntaria realizadas dentro del Caso 007”. También le solicitó que su versión del próximo 18 de septiembre, a las 9 de la mañana, sea transmitida.
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También es importante resaltar que justo el pasado 15 de septiembre enviaron una carta a las víctimas de secuestro y sus familias, pidiéndoles perdón por este grave crimen. Insistieron en que siguen comprometidos con el acuerdo de paz y con que estos delitos jamás se vuelvan a repetir.
En el caso de reclutamiento, han sido vinculados 37 integrantes de la antigua guerrilla y han rendido versión voluntaria 14 de ellos: Rodrigo Londoño Echeverry o Timochenko, Jesús Mario Arenas Rojas, Abelardo Caicedo Colorado o Solís Almeida, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Juan Hermilo Cabrera Díaz o Bertulfo Álvarez, Jaime Alberto Parra Rodríguez o Mauricio Jaramillo, Édgar López Gómez o Pacho Chino, Milton de Jesús Toncel Redondo o Joaquín Gómez, Pablo Catatumbo Torre Victoria, Julián Gallo Cubillos o Carlos Antonio Lozada, Rodolfo Restrepo Ruiz o Víctor Tirado, Martín Cruz Vega o Robín Morro, Luis Óscar Úsuga Restrepo o Isaías Trujillo y Jhon Jairo Pardo Hernández o Fredy.
En estas diligencias, de acuerdo con la JEP, los exguerrilleros "debían aportar información sobre la existencia, origen y evolución de la política que orientó o permitió la vinculación de los niños y las niñas al conflicto armado por parte de la organización armada que dirigían colectivamente y las violaciones a los derechos que fueron consecuencia de dicha política”.
Aunque algunos de estos encuentros seguirán, se espera que la magistratura contraste sus declaraciones con los informes recibidos de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), además de los informes de la Fiscalía y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Con los datos recolectados, la JEP ha dicho que al menos 6.230 niños y niñas fueron vinculados a grupos armados regulares e irregulares en Colombia. Sin embargo, hasta ahora en este caso solo se han acreditado 90 víctimas, una cifra que es irrisoria en comparación con otras victimizaciones, como secuestro, donde hay casi 2 mil.