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Un nuevo camposanto está en la mira de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se trata del antiguo cementerio de Yopal (Casanare), que durante los próximos seis meses estará protegido por esta justicia. La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP impuso una medida cautelar provisional y le ordenó a la alcaldía de esa ciudad “abstenerse de expedir licencias de urbanismo para obras civiles, de construcción o similares que impliquen cualquier tipo de afectación o modificación del cementerio”.
En este lugar, según denuncias de organizaciones sociales, se presume la existencia de cuerpos de personas no identificadas, que podrían ser víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado. Las medidas adoptadas por la JEP fueron solicitadas por la Junta de Acción Comunal del Barrio la Esperanza de Yopal.
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De acuerdo con la magistratura, la decisión se tomó “teniendo en cuenta que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de ese municipio modificó el uso del suelo del lugar, además de que la Fiscalía no ha certificado que se haya realizado la prospección y exhumación de la totalidad de cuerpos de personas no identificadas víctimas del conflicto armado que se presume se encuentran allí”.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento otorgó a la Fiscalía General de la Nación 45 días “para presentar un cronograma que incluya los tiempos requeridos para el abordaje general del cementerio antiguo de Yopal, con miras a identificar los lugares en donde pueden encontrarse cuerpos de personas dadas por desaparecidas”.
Hasta el momento, según los documentos que tiene la JEP en su poder, se realizó el traslado de 150 cuerpos de personas no identificadas que se encontraban en el antiguo cementerio, de los que solo 66 fueron reubicados en el nuevo camposanto. Al conocerse el paradero de algunos de los cuerpos restantes, que fueron enviados a distintos lugares, se ordenó al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Yopal y Tunja, así como al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de Bucaramanga garantizar la custodia de los cuerpos exhumados hasta cuando la Fiscalía General de la Nación o la Unidad Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD) realicen las actividades que les corresponden, con miras a la identificación y entrega digna a los familiares.
A este trámite se acumuló la petición del Colectivo Orlando Fals Borda sobre la custodia y cuidado de los cementerios y cadáveres de cuerpos no identificados y cuerpos identificados no reclamados. Esta organización y el Grupo interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube) de la Fiscalía han trabajado en la búsqueda de desaparecidos en 22 cementerios de Meta, Guaviare, Casanare, Nariño y Caquetá, donde advierten que aún hay miles de cuerpos inhumados.
Además, se vinculó a la Alcaldía de Yopal, a quien se trasladó la petición, así como las recomendaciones del Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas), en relación con el cuidado y protección de los lugares, dada la situación por cuenta del Covid 19 y que implica extremar cuidados para impedir que se alteren lugares de inhumación de víctimas de desaparición forzada. Finalmente, se notificó a la UBPD sobre estos hechos, para que actúe de acuerdo con sus competencias.