JEP recibe información sobre el impacto de las minas antipersonal
En el fuerte militar de Tolemaida, el Ejército Nacional le entrega a un grupo de magistrados y fiscales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) datos sobre la elaboración, funcionamiento y las afectaciones generadas por el uso de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados, por parte de la exguerrilla de las Farc.
Colombia en Transición
Un grupo de 14 magistrados y fiscales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) viajó hoy hasta el fuerte militar de Tolemaida, en Cundinamarca, para recibir del comandante general del Ejército, general Nicacio Martínez una “ilustración especializada” y un informe sobre la utilización de explosivos improvisados en el marco del conflicto armado por parte de las Farc.
En el acto, que se cumple a las 11 de la mañana de este martes 13 de marzo, asisten los magistrados Xiomara Balanta, Alexandra Sandoval, Camilo Suárez, y tres magistrados auxiliares, y Giovanni Álvarez, y cinco fiscales más de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Por el ejército están presentes, además, el general Néstor Robinson Vallejo, comandante del Comando Conjunto Estratégico de Transición y la ONG Mil Víctimas que ha documentado las afectaciones de los miembros de la fuerza pública en el marco del conflicto.
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El encuentro se cumple a petición de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, entidad que solicitó una instrucción especializada para entender el uso de artefactos explosivos no convencionales por parte de las Farc en el conflicto. “Estamos conociendo cuál fue el alcance de este uso, cuáles fueron los mecanismos utilizados por los grupos armados. Hace parte de una serie de capacitaciones que venimos haciendo para interpretar de mejor manera los hechos que debemos investigar”, explicó Giovanni Álvarez, director de fiscales de la JEP
La capacitación se desarrolla en el Centro Nacional e Internaciones Contra las Minas y Artefactos Explosivos, donde funciona un museo en el que se exhiben las diferentes armas no convencionales que se han usado por grupos armados ilegales en el conflicto.
Es la primera vez que funcionarios y magistrados de la JEP acuden a una instalación militar a recibir este tipo de capacitación. Y se cumple en medio de una tormenta política y jurídica que tiene a la JEP en el centro de discusión por la objeción presidencial a la Ley Estatutaria de esta jurisdicción. Es, sin duda, un mensaje que muestra que las Fuerzas Militares reconocen la legitimidad de este tribunal y el deseo de trabajar de manera concertada.
Además, los militares le presentan a la JEP una cartilla llamada “Utilización de Métodos y medios de guerra ilícitos empleados por las Farc como crimen internacional”. De acuerdo con el Ejército, este es un insumo que puede contribuir a las labores investigativas que adelanta la jurisdicción, específicamente, en el impacto de estos artefactos explosivos improvisados, usados por el extinto grupo armado, que afectaron a la Fuerza pública y a la población civil.
El documento no sólo incluye las cifras de las afectaciones en los últimos años, sino también un registro de los artefactos utilizados por el grupo guerrillero a lo largo de su historia y un análisis de la legislación colombiana e internacional sobre el uso de los medios y métodos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
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El Ejército asegura que este será el primero de varios informes que entregará a la JEP y “reitera su compromiso con los organismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, para contribuir al esclarecimiento de la verdad, la obtención de justicia y la reparación de las víctimas, “entre las que se encuentran un número importante de miembros de las Fuerzas Militares y de Policía”.
La información
Uno de los peores flagelos de los 50 años de guerra en Colombia fue el impacto de las minas antipersonal y los artefactos explosivos improvisados. De acuerdo con el Ejército Nacional, desde 2000 a 2015, se perpetraron 6.032 atentados, que dejaron centenares de muertos, además de daños ambientales y económicos que hoy son incalculables.De acuerdo con la información del Ejército, la utilización de las minas antipersonales por parte de las Farc arrancó después de la Séptima Conferencia, realizada en mayo de 1982, en la que se planteó la necesidad de crear nuevas estrategias para el enfrentamiento con los militares.
“El cambio de las Farc en su modo de delinquir se debió a que analizaron que para dicha época la Fuerza Pública había introducido una nueva táctica, la cual se basaba en la acumulación, evaluación y compartimentación de inteligencia para operaciones de contraguerrilla”, reza la cartilla.
Con un buen trabajo de inteligencia, dice el documento, los guerrilleros seleccionaron puntos estratégicos sobre las vías por donde se presume que se han de desplazar apoyos de la Fuerza Pública, con el propósito de emboscarlos mediante el empleo de explosivos y alto volumen de fuego”.
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En una segunda parte, los militares recuerdan algunos de los hechos cometidos por las Farc con artefactos no convencionales, como el atentado con tres cilindros de gas cargados con explosivos de 100 libras de capacidad, desde una camioneta acondicionada como plataforma, contra el cuartel de Policía Metropolitana de Cali, en el año 2000.
También narran el asesinato de 15 personas y un menor en Chita, Boyacá, en 2003, tras la explosión de unos artefactos camuflados en un caballo, que dejaron abandonado en el parque principal del pueblo.
Según la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, entre 1990 y junio de 2013, se reportaron un total de 26.433 eventos con este tipo de artefactos. De éstos, 6.032 fueron accidentes y 20.401 incidentes. El 98% de estos hechos ocurrieron en el área rural.
Un grupo de 14 magistrados y fiscales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) viajó hoy hasta el fuerte militar de Tolemaida, en Cundinamarca, para recibir del comandante general del Ejército, general Nicacio Martínez una “ilustración especializada” y un informe sobre la utilización de explosivos improvisados en el marco del conflicto armado por parte de las Farc.
En el acto, que se cumple a las 11 de la mañana de este martes 13 de marzo, asisten los magistrados Xiomara Balanta, Alexandra Sandoval, Camilo Suárez, y tres magistrados auxiliares, y Giovanni Álvarez, y cinco fiscales más de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Por el ejército están presentes, además, el general Néstor Robinson Vallejo, comandante del Comando Conjunto Estratégico de Transición y la ONG Mil Víctimas que ha documentado las afectaciones de los miembros de la fuerza pública en el marco del conflicto.
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El encuentro se cumple a petición de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, entidad que solicitó una instrucción especializada para entender el uso de artefactos explosivos no convencionales por parte de las Farc en el conflicto. “Estamos conociendo cuál fue el alcance de este uso, cuáles fueron los mecanismos utilizados por los grupos armados. Hace parte de una serie de capacitaciones que venimos haciendo para interpretar de mejor manera los hechos que debemos investigar”, explicó Giovanni Álvarez, director de fiscales de la JEP
La capacitación se desarrolla en el Centro Nacional e Internaciones Contra las Minas y Artefactos Explosivos, donde funciona un museo en el que se exhiben las diferentes armas no convencionales que se han usado por grupos armados ilegales en el conflicto.
Es la primera vez que funcionarios y magistrados de la JEP acuden a una instalación militar a recibir este tipo de capacitación. Y se cumple en medio de una tormenta política y jurídica que tiene a la JEP en el centro de discusión por la objeción presidencial a la Ley Estatutaria de esta jurisdicción. Es, sin duda, un mensaje que muestra que las Fuerzas Militares reconocen la legitimidad de este tribunal y el deseo de trabajar de manera concertada.
Además, los militares le presentan a la JEP una cartilla llamada “Utilización de Métodos y medios de guerra ilícitos empleados por las Farc como crimen internacional”. De acuerdo con el Ejército, este es un insumo que puede contribuir a las labores investigativas que adelanta la jurisdicción, específicamente, en el impacto de estos artefactos explosivos improvisados, usados por el extinto grupo armado, que afectaron a la Fuerza pública y a la población civil.
El documento no sólo incluye las cifras de las afectaciones en los últimos años, sino también un registro de los artefactos utilizados por el grupo guerrillero a lo largo de su historia y un análisis de la legislación colombiana e internacional sobre el uso de los medios y métodos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
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El Ejército asegura que este será el primero de varios informes que entregará a la JEP y “reitera su compromiso con los organismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, para contribuir al esclarecimiento de la verdad, la obtención de justicia y la reparación de las víctimas, “entre las que se encuentran un número importante de miembros de las Fuerzas Militares y de Policía”.
La información
Uno de los peores flagelos de los 50 años de guerra en Colombia fue el impacto de las minas antipersonal y los artefactos explosivos improvisados. De acuerdo con el Ejército Nacional, desde 2000 a 2015, se perpetraron 6.032 atentados, que dejaron centenares de muertos, además de daños ambientales y económicos que hoy son incalculables.De acuerdo con la información del Ejército, la utilización de las minas antipersonales por parte de las Farc arrancó después de la Séptima Conferencia, realizada en mayo de 1982, en la que se planteó la necesidad de crear nuevas estrategias para el enfrentamiento con los militares.
“El cambio de las Farc en su modo de delinquir se debió a que analizaron que para dicha época la Fuerza Pública había introducido una nueva táctica, la cual se basaba en la acumulación, evaluación y compartimentación de inteligencia para operaciones de contraguerrilla”, reza la cartilla.
Con un buen trabajo de inteligencia, dice el documento, los guerrilleros seleccionaron puntos estratégicos sobre las vías por donde se presume que se han de desplazar apoyos de la Fuerza Pública, con el propósito de emboscarlos mediante el empleo de explosivos y alto volumen de fuego”.
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En una segunda parte, los militares recuerdan algunos de los hechos cometidos por las Farc con artefactos no convencionales, como el atentado con tres cilindros de gas cargados con explosivos de 100 libras de capacidad, desde una camioneta acondicionada como plataforma, contra el cuartel de Policía Metropolitana de Cali, en el año 2000.
También narran el asesinato de 15 personas y un menor en Chita, Boyacá, en 2003, tras la explosión de unos artefactos camuflados en un caballo, que dejaron abandonado en el parque principal del pueblo.
Según la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, entre 1990 y junio de 2013, se reportaron un total de 26.433 eventos con este tipo de artefactos. De éstos, 6.032 fueron accidentes y 20.401 incidentes. El 98% de estos hechos ocurrieron en el área rural.