JEP recibe informes sobre la violencia en Tumaco y Yarumal
Las organizaciones Corporación Jurídica Yira Castro y Mesa de Participación de Víctimas de Yarumal esperan que con la información se prioricen y conozcan las victimizaciones en estos municipios de Nariño y Antioquia, respectivamente.
Colombia en Transición
Víctimas del conflicto armado en Tumaco (Nariño) y Yarumal (Antioquia) entregaron hoy a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dos informes que dan cuenta de la violencia que tuvieron que vivir los pobladores de estos municipios por culpa de los grupos armados y del abandono estatal durante décadas.
La Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC) fue la primera en presentar ante la Sala de Reconocimiento “Tumaco: cansados de la guerra, anhelantes de la paz”, un documento sobre el campesinado de los municipios de San Andrés de Tumaco, Ricaurte, Santa Cruz de Guachavez y Leyva, donde el conflicto no dio tregua.
(Lea también: Tumaco, una guerra llamada posconflicto)
La CJYC aseguró que su entrega tiene como objetivo “reivindicar el derecho a la verdad, no solo de las víctimas que acompañamos, sino de todas las víctimas del departamento que han resistido valientemente y que aún tienen la esperanza de poder vivir en el territorio con unas condiciones de vida digna, de paz y tranquilidad”.
El documento está dividido principalmente en siete partes. En primer lugar, se presenta un contexto general de las condiciones sociopolíticas del municipio San Andrés de Tumaco y la violencia del municipio junto con la relación de grupos armados presentes en la región.
En el segundo capítulo se relata la creación de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje (ASOMINUMA) constituida por campesinas y campesinos con el fin de relatar sus luchas campesinas frente al conflicto armado.
Otro capítulo que llama la atención es la información sobre algunas fosas comunes identificadas por la comunidad en el territorio de Alto Mira y Frontera. La organización solicitó medidas cautelares a la JEP con el fin que dicho organismo proteja los lugares donde la comunidad nos manifestó que se encuentran algunas fosas comunes en el territorio de Alto Mira y Frontera.
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También decidieron evidenciar la situación de violencia con enfoque de género y diferencial que aún padecen las mujeres de esta región. Y en el cuarto y quinto capítulo presentaron una relación de presuntos victimarios y patrones de conducta.
La CJYC dedicó, además, un apartado para un análisis general del impacto de la guerra en el territorio y el abandono del estado. De acuerdo con la organización, “se expone el estado actual frente al incumplimiento del acuerdo de paz especialmente en lo relacionado con la sustitución de cultivos, lo cual se traduce en un silenciamiento de las comunidades e impunidad por parte del Estado”.
Este informe hará parte del Caso 002 de la JEP, correspondiente a la situación de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño) por los hechos presuntamente cometidos por miembros de las Farc y de la Fuerza Pública, entre 1990 y 2016. Dicho caso fue abierto el 10 de julio del año pasado.
La segunda organización que entregó información a la JEP fue la Mesa de Participación de Víctimas de Yarumal. A diferencia de Tumaco, Yarumal aún no ha sido priorizado por esta justicia transicional. Con los datos presentados esperan que los magistrados tengan en cuenta este municipio de Antioquia.
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"Queremos que el municipio de Yarumal se tenga en cuenta en los macro casos que ha abierto la JEP, ya que en los hechos que reportamos están involucrados diferentes actores del conflicto armado", puntualizó Calle.
Víctimas del conflicto armado en Tumaco (Nariño) y Yarumal (Antioquia) entregaron hoy a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dos informes que dan cuenta de la violencia que tuvieron que vivir los pobladores de estos municipios por culpa de los grupos armados y del abandono estatal durante décadas.
La Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC) fue la primera en presentar ante la Sala de Reconocimiento “Tumaco: cansados de la guerra, anhelantes de la paz”, un documento sobre el campesinado de los municipios de San Andrés de Tumaco, Ricaurte, Santa Cruz de Guachavez y Leyva, donde el conflicto no dio tregua.
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La CJYC aseguró que su entrega tiene como objetivo “reivindicar el derecho a la verdad, no solo de las víctimas que acompañamos, sino de todas las víctimas del departamento que han resistido valientemente y que aún tienen la esperanza de poder vivir en el territorio con unas condiciones de vida digna, de paz y tranquilidad”.
El documento está dividido principalmente en siete partes. En primer lugar, se presenta un contexto general de las condiciones sociopolíticas del municipio San Andrés de Tumaco y la violencia del municipio junto con la relación de grupos armados presentes en la región.
En el segundo capítulo se relata la creación de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje (ASOMINUMA) constituida por campesinas y campesinos con el fin de relatar sus luchas campesinas frente al conflicto armado.
Otro capítulo que llama la atención es la información sobre algunas fosas comunes identificadas por la comunidad en el territorio de Alto Mira y Frontera. La organización solicitó medidas cautelares a la JEP con el fin que dicho organismo proteja los lugares donde la comunidad nos manifestó que se encuentran algunas fosas comunes en el territorio de Alto Mira y Frontera.
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También decidieron evidenciar la situación de violencia con enfoque de género y diferencial que aún padecen las mujeres de esta región. Y en el cuarto y quinto capítulo presentaron una relación de presuntos victimarios y patrones de conducta.
La CJYC dedicó, además, un apartado para un análisis general del impacto de la guerra en el territorio y el abandono del estado. De acuerdo con la organización, “se expone el estado actual frente al incumplimiento del acuerdo de paz especialmente en lo relacionado con la sustitución de cultivos, lo cual se traduce en un silenciamiento de las comunidades e impunidad por parte del Estado”.
Este informe hará parte del Caso 002 de la JEP, correspondiente a la situación de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño) por los hechos presuntamente cometidos por miembros de las Farc y de la Fuerza Pública, entre 1990 y 2016. Dicho caso fue abierto el 10 de julio del año pasado.
La segunda organización que entregó información a la JEP fue la Mesa de Participación de Víctimas de Yarumal. A diferencia de Tumaco, Yarumal aún no ha sido priorizado por esta justicia transicional. Con los datos presentados esperan que los magistrados tengan en cuenta este municipio de Antioquia.
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"Queremos que el municipio de Yarumal se tenga en cuenta en los macro casos que ha abierto la JEP, ya que en los hechos que reportamos están involucrados diferentes actores del conflicto armado", puntualizó Calle.