JEP: una justicia transicional que prioriza lo étnico, las mujeres y la población LGBT

Anparain Awapit Ichain. Probablemente no se le haga familiar el enunciado que acaba de leer. Quizá piense que se trata de un error de tipeo o no identifique de qué idioma se trata, pero esta frase la entienden 10.000 personas en Colombia que pertenecen al pueblo indígena awá, ubicadas en la selva de los departamentos de Nariño y Putumayo. Lo más interesante es que significa: “traducción a lengua awapit” y es apenas el abrebocas de la guía virtual sobre la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), redactada y compartida por este tribunal especial de paz en su página web desde febrero de este año.

Hacer justicia en las lenguas maternas es uno de los objetivos de la JEP, y sobre todo, de los magistrados y magistradas indígenas que conforman este alto tribunal. Es parte, además, del enfoque étnico que se pactó en el Acuerdo de Paz para que las comunidades indígenas, negras, palenqueras y gitanas tengan una representación en la justicia transicional.

Para facilitar la comunicación con estos pueblos, la magistrada Belkis Florentina Izquierdo, quien encabeza la investigación del macrocaso 02 de la JEP (situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas), desde 2018, y es la coordinadora de la Comisión Étnica de la Jurisdicción, ha propuesto una metodología que tiene como fin acercarse a los pueblos étnicos y que se aplica con todos los casos en los que hay víctimas acreditadas de este tipo. Con un equipo del Tribunal de Paz, llegan hasta los resguardos y comunidades a hacer jornadas pedagógicas sobre qué es la JEP y les comunican, en su lengua materna, sobre el proceso judicial.

Aldemar Bolaños, indígena y abogado de las víctimas del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), explica que el primer acercamiento que se tiene con la JEP es a través de las autoridades étnicas de los territorios, con quienes se establece una metodología para llegar al resto de población. “Ese es un escenario nunca antes visto en la justicia colombiana. Ese diálogo y respeto por nuestra cosmovisión no lo habíamos tenido en la justicia ordinaria”.

(Lea también: ¿En qué van los macrocasos territoriales que investiga la JEP?)

Según la JEP, se estima que hay 320.907 personas de grupos étnicos representadas en la Jurisdicción y esperan se esclarezca la verdad sobre la situación territorial en algunos municipios de Nariño, del Urabá, del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca. “También queremos acreditarnos en los casos de ‘falsos positivos’ y el de reclutamiento de menores de edad, porque por muchos años vivimos la estigmatización de que nuestros indígenas eran colaboradores de la guerrilla, cuando muchos de ellos fueron llevados contra su voluntad”, dijo Bolaños.

Esa transformación de la justicia y de la forma de acceder a ella es la apuesta de la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que, desde 2018, construyeron el protocolo para la coordinación, articulación interjurisdiccional y diálogo intercultural entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo más importante de este proceso es que se realizó una consulta previa con las comunidades para establecer consensos en las formas de comunicarse.

Según una fuente de la JEP, está en construcción el protocolo para acercarse a comunidades afro. De hecho, en el Auto 067, donde se acreditan a varios pueblos negros, se explica que los doce consejos comunitarios del pueblo afrocolombiano de Asocoetnar han manifestado ser víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, sobre todo las mujeres. “La violencia ejercida contra las mujeres negras-afrocolombianas responde, en muchos casos, al cruce entre discriminación por sexo-género y étnico-racial”, asegura la JEP.

Un caso es la lideresa Yolanda Perea, integrante de la Comisión de Paz, quien fue agredida sexualmente en 1995 por miembros de las antiguas Farc, a sus once años. Para ella, la verdad es lo más importante para avanzar en el proceso y asegura que, como mujer negra y víctima, sabe que “lo que más les afecta a nuestros victimarios es admitir la gravedad de ese delito”.

(Vea: ¿Qué va a contar el capítulo de género de la verdad del conflicto?)

Su historia es la representación de la necesidad de que la justicia colombiana se transforme y tenga en cuenta los enfoques étnico-racial y de género para sus decisiones judiciales y el tratamiento de estos delitos. La misma Jurisdicción ha reconocido que las mujeres, los menores de edad, campesinos, indígenas y la población afrocolombiana ha sido la más vulnerable en el conflicto armado. Ella reclama que la JEP abra un macrocaso de violencia sexual y que el enfoque de género de la justicia transicional no sea solo “transversal” en todos los casos. “Los cuerpos de las mujeres fueron botín de guerra, no hay que dudar de que estos delitos perpetuaron el conflicto armado”, dijo.

La Comisión de Género del Tribunal de Paz, en cabeza de la magistrada Reinere Jaramillo, es un órgano consultivo que sugiere y da recomendaciones sobre cómo se deben juzgar las violencias contra las mujeres, población LGBT y los delitos sexuales contra algunos hombres. Una de las labores centrales es analizar y categorizar los informes que recibe la Jurisdicción que, en casi un 50 % están relacionados con estos delitos de género. “No es un propósito menor, si se tiene en cuenta que Colombia es un país en el que las estructuras patriarcales permean todas sus esferas y en la Jurisdicción, como representación del país, es un deber tomar medidas para evitar los actos discriminatorios a cualquier nivel”, opinó.

De hecho, así como hay protocolos para establecer contacto con las comunidades étnicas, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP está trabajando en el protocolo de comunicación para el tema. “Se ha reconocido que la violencia sexual fue una práctica consentida por los ejércitos que desestructuraron los proyectos de vida de las mujeres y de los territorios en que habitaban”, mencionó la togada.

Daniela Villamil, profesora de la línea de investigación en género, derecho y sociedad de la Universidad del Externado y exintegrante de Colombia Diversa, asegura que es histórico que una justicia en el país tenga una Comisión de Género, pero reitera la importancia de que se abra un caso para investigar estos crímenes. “No ha habido una sociedad civil más juiciosa y organizada que las mujeres para documentar los casos de violencia sexual”, comentó.

(Le puede interesar: Informe entregado a la JEP alerta sobre violencia a población LGBT en el Cauca)

Aplaudió, también, que en el escrito de hechos y conductas en el que se imputó al antiguo secretariado de las Farc por secuestro se haya mencionado la violencia sexual como un delito de lesa humanidad. De los 1.480 hechos violentos que denunciaron haber vivido en el cautiverio, 38 corresponden a violencia sexual. Sin embargo, mencionó que uno de los retos de la justicia transicional es que no se quede la violencia sexual como un hecho aislado en el marco del conflicto armado, como ocurrió en la imputación al caso de secuestro. “Queremos que la Comisión de Género de la JEP no sea solo consultiva sino decisiva. Que las violencias de género tengan un lugar relevante en esta etapa de transición, porque ese es el diferencial de la Jurisdicción Especial para la Paz”.

La población de personas lesbianas gais, bisexuales y transexuales (LGBT), representada en su mayoría por las organizaciones Caribe Afirmativo y Colombia Diversa, han entregado más de treinta informes a la JEP en los que documentaron las violencias que padecieron por ser y desear distinto en el marco del conflicto armado. El más reciente de la organización Caribe Afirmativo señaló, por ejemplo, que uno de los impactos de estas violencias fue llevar a varias personas a interrumpir su proceso de autorreconocimiento.

Por eso, uno de los retos para la magistratura es lograr que las sanciones a los máximos responsables de la guerra tengan como fin armonizar los territorios colectivos étnicos afectados y, sobre todo, reparar a las víctimas de violencia sexual. Aunque hay desafíos enormes, esta es la primera justicia en Colombia que se ha transformado, estructuralmente, para responder a las necesidades de las personas más vulnerables en la guerra. Como mencionó la magistrada Reinere Jaramillo: “Seguiremos generando acciones que contribuyan a la transformación de estereotipos de una sociedad patriarcal, para que todas las personas que hacemos parte de la justicia transicional seamos feministas”.

Anparain Awapit Ichain. Probablemente no se le haga familiar el enunciado que acaba de leer. Quizá piense que se trata de un error de tipeo o no identifique de qué idioma se trata, pero esta frase la entienden 10.000 personas en Colombia que pertenecen al pueblo indígena awá, ubicadas en la selva de los departamentos de Nariño y Putumayo. Lo más interesante es que significa: “traducción a lengua awapit” y es apenas el abrebocas de la guía virtual sobre la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), redactada y compartida por este tribunal especial de paz en su página web desde febrero de este año.

Hacer justicia en las lenguas maternas es uno de los objetivos de la JEP, y sobre todo, de los magistrados y magistradas indígenas que conforman este alto tribunal. Es parte, además, del enfoque étnico que se pactó en el Acuerdo de Paz para que las comunidades indígenas, negras, palenqueras y gitanas tengan una representación en la justicia transicional.

Para facilitar la comunicación con estos pueblos, la magistrada Belkis Florentina Izquierdo, quien encabeza la investigación del macrocaso 02 de la JEP (situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas), desde 2018, y es la coordinadora de la Comisión Étnica de la Jurisdicción, ha propuesto una metodología que tiene como fin acercarse a los pueblos étnicos y que se aplica con todos los casos en los que hay víctimas acreditadas de este tipo. Con un equipo del Tribunal de Paz, llegan hasta los resguardos y comunidades a hacer jornadas pedagógicas sobre qué es la JEP y les comunican, en su lengua materna, sobre el proceso judicial.

Aldemar Bolaños, indígena y abogado de las víctimas del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), explica que el primer acercamiento que se tiene con la JEP es a través de las autoridades étnicas de los territorios, con quienes se establece una metodología para llegar al resto de población. “Ese es un escenario nunca antes visto en la justicia colombiana. Ese diálogo y respeto por nuestra cosmovisión no lo habíamos tenido en la justicia ordinaria”.

(Lea también: ¿En qué van los macrocasos territoriales que investiga la JEP?)

Según la JEP, se estima que hay 320.907 personas de grupos étnicos representadas en la Jurisdicción y esperan se esclarezca la verdad sobre la situación territorial en algunos municipios de Nariño, del Urabá, del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca. “También queremos acreditarnos en los casos de ‘falsos positivos’ y el de reclutamiento de menores de edad, porque por muchos años vivimos la estigmatización de que nuestros indígenas eran colaboradores de la guerrilla, cuando muchos de ellos fueron llevados contra su voluntad”, dijo Bolaños.

Esa transformación de la justicia y de la forma de acceder a ella es la apuesta de la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que, desde 2018, construyeron el protocolo para la coordinación, articulación interjurisdiccional y diálogo intercultural entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo más importante de este proceso es que se realizó una consulta previa con las comunidades para establecer consensos en las formas de comunicarse.

Según una fuente de la JEP, está en construcción el protocolo para acercarse a comunidades afro. De hecho, en el Auto 067, donde se acreditan a varios pueblos negros, se explica que los doce consejos comunitarios del pueblo afrocolombiano de Asocoetnar han manifestado ser víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, sobre todo las mujeres. “La violencia ejercida contra las mujeres negras-afrocolombianas responde, en muchos casos, al cruce entre discriminación por sexo-género y étnico-racial”, asegura la JEP.

Un caso es la lideresa Yolanda Perea, integrante de la Comisión de Paz, quien fue agredida sexualmente en 1995 por miembros de las antiguas Farc, a sus once años. Para ella, la verdad es lo más importante para avanzar en el proceso y asegura que, como mujer negra y víctima, sabe que “lo que más les afecta a nuestros victimarios es admitir la gravedad de ese delito”.

(Vea: ¿Qué va a contar el capítulo de género de la verdad del conflicto?)

Su historia es la representación de la necesidad de que la justicia colombiana se transforme y tenga en cuenta los enfoques étnico-racial y de género para sus decisiones judiciales y el tratamiento de estos delitos. La misma Jurisdicción ha reconocido que las mujeres, los menores de edad, campesinos, indígenas y la población afrocolombiana ha sido la más vulnerable en el conflicto armado. Ella reclama que la JEP abra un macrocaso de violencia sexual y que el enfoque de género de la justicia transicional no sea solo “transversal” en todos los casos. “Los cuerpos de las mujeres fueron botín de guerra, no hay que dudar de que estos delitos perpetuaron el conflicto armado”, dijo.

La Comisión de Género del Tribunal de Paz, en cabeza de la magistrada Reinere Jaramillo, es un órgano consultivo que sugiere y da recomendaciones sobre cómo se deben juzgar las violencias contra las mujeres, población LGBT y los delitos sexuales contra algunos hombres. Una de las labores centrales es analizar y categorizar los informes que recibe la Jurisdicción que, en casi un 50 % están relacionados con estos delitos de género. “No es un propósito menor, si se tiene en cuenta que Colombia es un país en el que las estructuras patriarcales permean todas sus esferas y en la Jurisdicción, como representación del país, es un deber tomar medidas para evitar los actos discriminatorios a cualquier nivel”, opinó.

De hecho, así como hay protocolos para establecer contacto con las comunidades étnicas, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP está trabajando en el protocolo de comunicación para el tema. “Se ha reconocido que la violencia sexual fue una práctica consentida por los ejércitos que desestructuraron los proyectos de vida de las mujeres y de los territorios en que habitaban”, mencionó la togada.

Daniela Villamil, profesora de la línea de investigación en género, derecho y sociedad de la Universidad del Externado y exintegrante de Colombia Diversa, asegura que es histórico que una justicia en el país tenga una Comisión de Género, pero reitera la importancia de que se abra un caso para investigar estos crímenes. “No ha habido una sociedad civil más juiciosa y organizada que las mujeres para documentar los casos de violencia sexual”, comentó.

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Aplaudió, también, que en el escrito de hechos y conductas en el que se imputó al antiguo secretariado de las Farc por secuestro se haya mencionado la violencia sexual como un delito de lesa humanidad. De los 1.480 hechos violentos que denunciaron haber vivido en el cautiverio, 38 corresponden a violencia sexual. Sin embargo, mencionó que uno de los retos de la justicia transicional es que no se quede la violencia sexual como un hecho aislado en el marco del conflicto armado, como ocurrió en la imputación al caso de secuestro. “Queremos que la Comisión de Género de la JEP no sea solo consultiva sino decisiva. Que las violencias de género tengan un lugar relevante en esta etapa de transición, porque ese es el diferencial de la Jurisdicción Especial para la Paz”.

La población de personas lesbianas gais, bisexuales y transexuales (LGBT), representada en su mayoría por las organizaciones Caribe Afirmativo y Colombia Diversa, han entregado más de treinta informes a la JEP en los que documentaron las violencias que padecieron por ser y desear distinto en el marco del conflicto armado. El más reciente de la organización Caribe Afirmativo señaló, por ejemplo, que uno de los impactos de estas violencias fue llevar a varias personas a interrumpir su proceso de autorreconocimiento.

Por eso, uno de los retos para la magistratura es lograr que las sanciones a los máximos responsables de la guerra tengan como fin armonizar los territorios colectivos étnicos afectados y, sobre todo, reparar a las víctimas de violencia sexual. Aunque hay desafíos enormes, esta es la primera justicia en Colombia que se ha transformado, estructuralmente, para responder a las necesidades de las personas más vulnerables en la guerra. Como mencionó la magistrada Reinere Jaramillo: “Seguiremos generando acciones que contribuyan a la transformación de estereotipos de una sociedad patriarcal, para que todas las personas que hacemos parte de la justicia transicional seamos feministas”.