Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El antiguo secretariado de las extintas FARC se pronunció este miércoles sobre la nueva imputación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por los crímenes relacionados al reclutamiento forzado y violencia sexual contra menores de edad en el marco del macrocaso 07.
La Sala de Reconocimiento de Verdad tuvo en cuenta otros crímenes de guerra que fueron cometidos al interior de las filas de la extinta guerrilla de las FARC como los malos tratos, torturas, homicidios y violencias sexuales reproductivas y por prejuicio en contra de los menores. Según las investigaciones de la Jurisdicción, entre 1996 y 2006 fueron reclutados 18.677 niños y niñas.
Los imputados por estos crímenes y quienes también están llamados a reconocer verdad son los miembros del secretariado y máximos responsables Rodrigo Londoño (conocido en la guerra como Timochenko); Jaime Alberto Parra (Mauricio Jaramillo), Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape, Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) De acuerdo con la Sala, los seis comparecientes fueron determinantes para la comisión de estos crímenes.
Respecto a Rodrigo Granda, según especificó la magistratura, él fue compareciente suplente del secretariado y no habría participado en la definición de políticas de reclutamiento.
Pese a ellos, todos firmaron el documento con el que este miércoles se pronunciaron sobre el hecho y en el que aceptaron los hechos. “Como lo declaramos desde los diálogos en La Habana, reconocemos los hechos y conductas que evidencian el reclutamiento y el ingreso a filas de menores de edad durante el conflicto, así como posibles hechos derivados que pudieron suceder dentro de las extintas FARC-EP. Estos hechos no debieron haber ocurrido.”, dice el comunicado.
En el texto también agrega que esos hechos, “no debieron haber ocurrido”.
De acuerdo con las investigaciones de la JEP se identificaron cinco patrones macrocriminales: reclutamiento y utilización de niños y niñas, incluidas personas menores de 15 años; malos tratos, torturas y homicidios en contra de niños y niñas reclutados en el marco de su vida intrafilas; violencias reproductivas que afectaron a niñas reclutadas; violencias sexuales en contra de niños y niñas reclutadas y violencias basadas en el prejuicio en contra de niños y niñas reclutadas con orientación sexual o identidad o expresión de género diversas.
De acuerdo con el comunicado, en cuanto obtenga la notificación, su equipo de defensa hará un estudio y revisión de la imputación para “dar respuesta oportuna a los requerimientos de la jurisdicción”.
La JEP afirmó que tras ser notificados, los seis exintegrantes del antiguo Secretariado de las Farc-EP tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o rechazarlas. “También pueden presentar argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo plazo para presentar sus observaciones respecto a lo determinado en esta decisión”, explicó esa jurisdicción.
Le puede interesar: Lo que está detrás del posible traslado al menos 12 poblados de ex-FARC
Luego de este período, “la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento de verdad”, pero solo en caso de que haya reconocimiento y aporte a la verdad plena. Una audiencia así ya ha ocurrido antes. El 21 de junio de 2022, el antiguo secretariado de las FARC pidió perdón y reconoció los secuestros.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, el caso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación donde de ser vencidos en juicio, podrán ser condenados hasta a 20 años de cárcel. Si hay reconocimiento, una vez realizada la audiencia de reconocimiento, la Sala adoptará una resolución de conclusiones que remitirá al Tribunal para la Paz para que este imponga una sanción propia, si es el caso. Esas sanciones podrían ir entre los 5 y los 8 años, pero no son privativas de la libertad.
Ex-FARC se refieren a su renuncia de inocencia y piden celeridad a la JEP
En el comunicado, el antiguo secretariado también hizo referencia a la reciente renuncia a su derecho de presunción de inocencia —es decir, que reconocen su responsabilidad por la totalidad de los crímenes cometidos durante el conflicto armado—. Ese anuncio, que se hizo el pasado 8 de octubre, venía acompañado de dos peticiones puntuales a la JEP: que haya una única resolución de conclusiones y que renuncie a la persecución penal de sus bases.
“Notificamos que renunciamos a nuestro derecho universal a la presunción de inocencia, respecto a todos los hechos, conductas previamente definidos y contrastadas que hasta ahora nos han sido atribuidos en todos los Macrocasos investigados en esta Jurisdicción y en las que hemos aceptado nuestra participación y responsabilidad, y la seguiremos aceptando. Hechos y conductas de las que manifestamos que debemos ser considerados los “máximos responsables”, asumiendo la responsabilidad por hechos ocurridos durante, con ocasión y en relación directa con el conflicto armado, realizados por el personal a nuestro cargo.
Preguntado por periodistas durante la rueda de prensa de este miércoles, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, afirmó que, como en el comunicado inicial no era claro que pasaba con los casos no imputados, esa jurisdicción aún no se podía pronunciar al respecto.
En efecto, el documento publicado en octubre especifica que se renuncia a la presunción de inocencia de “todos los hechos, conductas previamente definidos y contrastadas” pero que ya hayan sido imputados. Como esta imputación vino después de esa declaración, no se sabría si puede entrar o no en la renuncia de inocencia de los ex-FARC.
Además: Estos son los 18 exjefes paramilitares de AUC que Petro nombró gestores de paz
En el comunicado de este miércoles, el antiguo secretariado insiste en que hay demoras en la JEP y en que se debe hacer una resolución única de conclusiones (es decir la que contiene las sanciones).
“Los jueces han dispuesto de manera excesiva de tiempo y recursos investigando hechos cuya ocurrencia hemos admitido desde las negociaciones de paz. Hemos renunciado expresamente a la presunción de inocencia sobre lo ya reconocido, en beneficio de las víctimas. El único obstáculo es que la JEP aún no aprueba un reconocimiento único y la agrupación de todos los hechos dispersos. La resolución única de conclusiones no es una petición fuera de lo normado ya que está señalada en el Acuerdo Final de Paz y su Ley Estatutaria”, dicen los firmantes.
En noviembre de 2022, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz presentó la primera resolución de conclusiones en el macrocaso 01, que abarca la investigación adelantada contra el antiguo secretariado de la extinta guerrilla de las Farc por más de 20.000 secuestros cometidos durante el conflicto. Colombia+20 conoció la resolución que pone a los máximos jefes de esa guerrilla a un paso de ser sancionado por estos delitos.
De ahí la duda de los excombatientes sobre cómo se unirán las resoluciones de conclusiones (si solo debe haber una), especialmente porque la JEP tiene abiertos 11 macrocasos.
Aquí está el comunicado del antiguo secretariado de las extintas FARC
✉️ Si tiene información o denuncias sobre temas relacionadas con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com; jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com