Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Durante las últimas cuatro semanas, el país ha presenciado una tensión creciente entre los máximos jefes de la antigua guerrilla de las FARC y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal transicional al que se sometieron tras firmar el Acuerdo de Paz de 2016.
En distintos pronunciamientos y reuniones de alto nivel, los ex-FARC han criticado el actuar de la JEP, a tal punto que plantearon apartarse de la jurisdicción y propusieron un “tribunal de cierre” por cuenta de unos presuntos incumplimientos, lo que ha sido interpretado como un llamado a una ley de punto final (un recurso que en países como Argentina, en 1986, paralizó los procesos judiciales de los responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos durante la dictadura).
En respuesta a estos planteamientos, la JEP ha pedido que se respete su autonomía y ha reiterado que a los exguerrilleros “no les corresponde emitir órdenes ni orientaciones” sobre su trabajo, sino “cumplir sus compromisos”.
¿Qué dicen las víctimas?
En medio del rifirrafe, la posición de las víctimas -que son el elemento central del Acuerdo de Paz- ha pasado de agache, pese a que son ellas las más interesadas en que la JEP cumpla su trabajo de juzgar y sancionar a los responsables del conflicto y en que estos acepten su responsabilidad y aporten verdades que contribuyan a su reparación.
Colombia+20 conversó con víctimas de distintos crímenes de las FARC, abogados que representan a más de 1.000 de ellas ante la JEP y expertos que pusieron sobre la mesa sus preocupaciones por la posición que han tomado los exjefes guerrilleros, quienes hace pocos días dijeron que “no ven salida a la crisis con la JEP”.
En contexto: “No vemos salida a crisis con la JEP”: ex-FARC sobre idea de crear tribunal de cierre
“Es un mensaje muy desalentador y un retroceso frente a lo que se acordó en el proceso de paz y lo que se ha avanzado en estos siete años”, asegura Ángela Cordón, hija de uno de los comerciantes del Huila secuestrados en 2003 por la guerrilla, que aún sigue desaparecido.
Para Cordón, resulta paradójico que pese a los beneficios penales que se les dieron a los ex-FARC (entre ellos no pagar penas en la cárcel), “ahora digan que se apartarían de la JEP, más aún cuando el tribunal está próximo a dictar las sanciones que son la única oportunidad que tenemos para sentirnos reparados”.
Entre las quejas que han expresado los excombatientes respecto a la jurisdicción está la citación a mandos medios y bajos (y no solo a los máximos comandantes), las expulsiones de comparecientes, la vinculación a nuevos macrocasos y la expedición de múltiples resoluciones de conclusiones (el documento previo a las sentencias), que extendería su tiempo respondiendo ante el tribunal.
Para Gloria Gallego García, directora del grupo de Investigación, Justicia y Conflicto de la Universidad Eafit, los argumentos esgrimidos hasta ahora por los excombatientes “carecen de solidez jurídica”.
“Se están apresurando de manera irresponsable y están planteando temas sin sentido, como un tribunal de cierre, que no existe en el modo que lo exponen. Antes había leyes de punto final y de olvido, pero eso es de otro tiempo, ahora el deber es reparar a las víctimas y hacerse acreedor a las sanciones previstas en el Acuerdo de Paz. No se puede chantajear a la justicia”, dice la profesora Gallego, que también critica, del otro lado, las demoras de la JEP para expedir las primeras sanciones.
Otro de los efectos de la crisis entre los ex-FARC y el tribunal transicional es la fisura en la confianza.
“Si bien es cierto que no han anunciado una ruptura con la jurisdicción, sí hay insinuaciones, y estas manifestaciones ambiguas en relación con su compromiso minan la voluntad de participación de las víctimas, que es clave para legitimar todo este proceso”, explica Fernando Quiroga, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que representa a más de 1.300 víctimas acreditadas en la JEP.
Frente a ese tema, desde la Corporación Mil Víctimas, que agrupa a miembros de las Fuerzas Militares, aseguran que los pronunciamientos de los exjefes de las FARC “ponen en entredicho su intención genuina de reparar” a las víctimas.
“No entendemos cómo ellos, habiendo hecho parte del diseño estructural de esta justicia transicional, ahora están criticando la forma en la que la JEP debe conducir las sanciones. La magistratura tiene toda la autonomía para proceder en derecho, como debe ser”, subraya Rosa Yineth Valoyes, directora de la corporación.
Las amnistías y los máximos responsables
En una carta enviada al presidente Gustavo Petro en los últimos días, los exjefes de las FARC denunciaban que había poca diligencia de la JEP en la expedición de amnistías, un recurso que extingue la persecución de la justicia a los autores de ciertos crímenes cometidos durante el conflicto. Según la misiva, de un total de 4.485 solicitudes de amnistía tramitadas por la JEP, tan solo 688 han sido concedidas y 3.804 han sido negadas, lo que generaría inestabilidad jurídica para los excombatientes.
En otras noticias: Cuatro claves para entender las fisuras del ELN y lo que viene en el proceso de paz
Ligado a este tema está el de quiénes deben pagar por los crímenes cometidos por la guerrilla, pues desde que la jurisdicción se creó quedó establecido que no se centraría en todos los miembros de las antiguas FARC o del Ejército, sino en los máximos responsables.
El punto de debate es quiénes entran en esa definición (si solo los comandantes o también mandos de menor nivel o incluso guerrilleros rasos). Sin embargo, en una sentencia de 2021 la JEP sentó un precedente al respecto, y aclaró que “son máximos responsables aquellos que, sin importar su posición jerárquica, rango o liderazgo, participaron “de forma determinante en la comisión de delitos especialmente graves y representativos”.
Según explica la docente Gloria Gallego, “en ninguna parte del Acuerdo Final dice que sólo se juzgaría a los siete miembros del secretariado o los máximos comandantes de las FARC, porque si así fuera, habría que amnistiar a toda la guerrillerada. Eso desconocería que los jefes de bloque y mandos medios que en el campo de las operaciones ejecutaban los hechos tuvieron una participación”.
De hecho, para diciembre de 2023, la JEP ya había imputado a 148 comparecientes de las extintas FARC y la fuerza pública como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
“Que la JEP los llame a versión no significa que los vaya a sancionar”
No obstante, bajo la óptica de los exjefes guerrilleros, la vinculación de firmantes de paz de rango medio y bajo ha disparado la desconfianza entre estas personas, que actualmente adelantan su tránsito a la vida civil en medio de dificultades económicas, estigmatización y múltiples riesgos de seguridad (más de 418 de ellos han sido asesinados desde 2016).
Colombia+20 evidenció esta situación en una reciente visita del Consejo de Seguridad de la ONU al antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Agua Bonita, Caquetá, donde viven más de 500 excombatientes junto a sus familias. Allí, antiguos guerrilleros de rango medio y bajo le expresaron a los representantes de la comunidad internacional su preocupación por los llamados a comparecer a la JEP.
Para el abogado Fernando Quiroga, un elemento que se debe tener en cuenta es que la citación de la JEP a algunos ex-FARC no significa por sí sola que los vaya a declarar máximos responsables.
“No hay que olvidar que los comparecientes están sujetos a unas obligaciones de aportar a la verdad, que, si bien son consideradas para determinar su responsabilidad, también implican la satisfacción del derecho de las víctimas a saber qué fue lo que pasó. Entonces, tener una mayor comprensión y un mayor nivel de rendición de cuentas no implica necesariamente ampliar el espectro de determinación de responsabilidades o sancionados”, dice Quiroga.
Además: La historia del joven desaparecido que esperan hallar con información de Mancuso
El abogado -quien coordina la representación de víctimas ante la JEP en la CCJ- reconoce que hay demoras en el trámite de las amnistías por parte de la jurisdicción, pero recalca que entre más actores contribuyan con sus aportes de verdad, más solidez tendrán las decisiones del tribunal transicional. “Hay un temor un tanto infundado. Hasta el momento no hemos visto que la JEP considere máximos responsables a guerrilleros rasos ni milicianos. Lo que hemos percibido es un interés preponderante por darle trámite a las demandas de verdad de las víctimas que, insisto, no necesariamente tiene una correlación con las sanciones”, agrega Quiroga.
La crítica a las demoras de la JEP
Otro de los grandes reparos de los antiguos jefes guerrilleros tiene que ver con presuntas demoras en la JEP y la apertura de nuevos macrocasos, que extenderían su tiempo rindiendo cuentas ante la justicia.
En cuanto al caso 01 (sobre secuestro), el más adelantado hasta ahora, se abrió en julio de 2018, pero seis años después el país sigue sin conocer las primeras sanciones propias en este proceso.
Esto, a pesar de que desde enero de 2021 la Sala de Reconocimiento de la jurisdicción presentó la imputación contra los ocho miembros del secretariado endilgados como máximos responsables (uno de los cuales ya falleció). En su momento, desde la presidencia de la JEP aseguraron que las sentencias se conocerían a finales de ese año, pero ya pasaron más de 26 meses y el tema sigue enredado.
“No se entiende por qué sigue engavetada la decisión. Eso es inadmisible”, dice la profesora Gallego.
Según conoció Colombia+20, desde julio de 2023 fue presentada la ponencia final para que los magistrados del Tribunal para la Paz de la JEP dicten las sanciones. La razón de la demora dijo una fuente cercana al proceso, sería que los togados buscan que sea una decisión de consenso, es decir, sin salvamentos de voto.
“Eso es bastante complejo, pero hay que tener en cuenta que por ser la primera sanción va a afectar todo lo que pase en adelante, incluso en el caso 03 (que vincula a militares y civiles responsables de los ‘falsos positivos’). Por eso el objetivo es ponerse de acuerdo”, indicó un miembro de la magistratura que pidió mantener su nombre en reserva.
Ese es el panorama solo con la primera fase del caso 01, centrada en los miembros del antiguo secretariado (hay otras en marcha, que involucran a mandos medios y aún tienen varias fases por surtir), pero deja ver el reto del tiempo detrás de este proceso.
A eso hay que sumarle que apenas en septiembre de 2023 la jurisdicción abrió el último de sus 11 macrocasos, centrado en la violencia sexual, que involucrará como responsables, entre otros actores, a algunos exmiembros de las FARC. Eso significa que en los años siguientes, mientras la jurisdicción adelanta los procesos de investigación, juzgamiento y sanción, los exguerrilleros seguirán siendo vinculados, llamados a rendir versiones y a asumir responsabilidades.
El debate sobre la resolución de conclusiones
A la preocupación por el avance lento en la expedición de sentencias de la JEP se le agrega una tensión por un documento que es considerado la “puerta de entrada” a las sanciones: la resolución de conclusiones.
En resumen, esta resolución, realizada por la Sala de Reconocimiento (la misma que abre los macrocasos, investiga e imputa a los responsables), es el documento que se le entrega al Tribunal para la Paz para que este lo estudie e imponga las penas. Allí está contenida la responsabilidad individual en crímenes no amnistiables, una valoración del reconocimiento de verdad de los comparecientes, las observaciones de las víctimas, un proyecto que sugiera las sanciones que los responsables pagarían (al no ser carcelarias, deben incluir trabajos que sirvan para reparar a las víctimas), y un mecanismo de consulta con las comunidades donde se ejecutarían dichos trabajos.
El embrollo con la resolución de conclusiones es que, según la Ley Estatutaria de la JEP, solo puede dictarse una, pero en la práctica, por la multiplicidad de macrocasos, también habrá múltiples resoluciones, lo que ha sido motivo de crítica por parte de los ex-FARC.
“La JEP de manera unilateral ha decidido alterar el texto del acuerdo y dice: no vamos a sacar una resolución de conclusiones, sino una por cada macrocaso. ¿Eso qué significa? Que se nos van a pasar a nosotros 20, 30 años y no vamos a terminar nunca de comparecer”, dijo hace algunos días en entrevista con Colombia+20 Julián Gallo, actual senador y exmiembro del secretariado de las FARC.
La cuenta de Gallo es exagerada, pues a la JEP solo le quedan ocho años de vigencia, que podrían extenderse máximo por otros cinco años, hasta 2037. Sin embargo, la inquietud por el tiempo de comparecencia es legítima y se extiende a las víctimas, cuya expectativa es que los responsables comiencen a ser sancionados cuanto antes.
Además, no hay que perder de vista que los siete exjefes de las FARC imputados tienen entre 63 y 76 años, y varios enfrentan complicaciones de salud graves que podrían restringir los trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador (Toar) contemplados en sus penas.
Mientras que los ex-FARC insisten en que solo se dicte una resolución de conclusiones, al interior de la JEP la petición se ve como un imposible. La razón de base, indicó una fuente del tribunal, es que ni siquiera la metodología de investigación de la Fiscalía General permite identificar con certeza todos los delitos cometidos por cada exguerillero: “La única opción sería terminar todo el proceso de la JEP, surtir todos los macrocasos, y al final, por allá en el año 2032, decir cuáles son los delitos acumulados para cada compareciente”.
Lea: Él es Armando Novoa, jefe negociador de Gobierno en mesa con disidencia de Márquez
Para los representantes de víctimas, la multiplicidad de resoluciones contribuye a dar respuestas sobre los hechos concretos que se abordan en cada macrocaso.
“El ámbito de autonomía de la JEP le permite desagregar su decisión y nos parece que es apenas normal de un tribunal de justicia. No se trata de construir un informe de memoria, sino de procurar una rendición de cuentas adecuada que satisfaga los derechos de las víctimas. Ellas han pedido más especificidad en las decisiones. En términos prácticos, es difícil imaginar cómo podría una sola resolución de conclusiones contener toda la diversidad de la macrocriminalidad del conflicto armado”, indica el abogado Fernando Quiroga.
Por ahora, esta es una de las discusiones más difíciles de zanjar, pues lo que quedó consignado les da la razón a los exjefes guerrilleros.
Al margen de la tensión entre las partes, para las víctimas la prioridad sigue siendo que el trabajo de la JEP siga avanzando y se mantenga el compromiso de los comparecientes (no solo los ex-FARC, sino también los militares y civiles sometidos).
“Ya la ciudadanía puso una cuota muy alta. Deben aceptar las sanciones y mostrarse favorables en lugar de estar lanzando amenazas. La paz también depende de que todo este proceso salga bien”, resume la profesora Gloria Gallego García.
