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Ayer, justo cuando se conmemoraba el Día de las Víctimas en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló que dentro del tribunal se conoció una denuncia de una funcionaria por acoso sexual en contra de Juan Ramón Martínez, magistrado de la Sección de Reconocimiento.
Según la JEP, “atendiendo los mandatos constitucionales y legales”, dicha denuncia fue enviada a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que es el órgano competente para investigar a los magistrados de la Jurisdicción. En su comunicado, Cifuentes afirmó que “dentro de la entidad hay cero tolerancia frente a cualquier tipo de conducta de acoso en materia sexual” y ratificó la importancia de que en este tipo de casos se respeten las debidas garantías procesales.
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La JEP también dijo que hasta ahora no ha recibido otras denuncias. Sin embargo, no se descarta que existan otros casos. De hecho, la Corporación Sisma Mujer, apenas se hicieron públicos los hechos, envió otro comunicado en el que no solo aseguran que están representando a la mujer que denunció el acoso, sino que además han “tenido conocimiento de otras mujeres víctimas que estarían interesadas en dar a conocer sus casos”.
María Adelaida Palacio, abogada de la víctima, le dijo a este diario que el acoso sexual habría comenzado desde 2019 y se prolongó hasta 2020, cuando la funcionaria decidió renunciar a la Jurisdicción por estos hechos. En 2021 regresó a la JEP, después de que otro magistrado le propuso trabajar en su despacho. “Pero al regresar, y al verse expuesta al agresor, puso en conocimiento los hechos”, agregó Palacio.
Aunque la JEP resaltó que el enfoque de género es transversal en su funcionamiento y han construido protocolos de comunicación para las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado, no tienen protocolos similares en el interior de esta entidad. Según la abogada Palacio, la mujer tuvo que acudir personalmente a otros funcionarios que elevaron su denuncia, pues no encontró una ruta para denunciar ni protección para relatar el caso.
Para Viviana Bohórquez, abogada feminista, “lo que está pasando en la JEP es gravísimo y su respuesta es insuficiente”. Por un lado, si bien es cierto que el caso penalmente sí se debe enviar a la Comisión de la Cámara de Representantes, por el fuero del magistrado, aún falta una orden desde la presidencia de la JEP para investigar disciplinariamente el caso con la posibilidad de una medida cautelar interna y abrir el espacio para que otras denuncias lleguen al despacho de Cifuentes.
Por otro lado, teme que el caso de la funcionaria termine en una discusión política, pues en esta corporación no tienen conocimientos para investigar la violencia sexual. De hecho, la Comisión está conformada por 15 hombres y tan solo una mujer congresista. Además, algunos de ellos son opositores de la JEP y del Acuerdo de Paz, y el caso podría terminar encaminado en los ataques contra el tribunal. “¿Cómo garantizar su imparcialidad? ¿Cómo evitar que no se vuelva un juicio político contra la JEP?”, cuestionó Bohórquez.
No es la primera vez que Juan Ramón Martínez es acusado de violencia sexual. Antes de llegar a la JEP, el jurista era profesor de la Universidad del Rosario, donde llegó a ser director del Grupo de Investigación en Derecho Internacional. En 2018, cuando apenas se posesionó el rector Alejandro Cheyne, a su correo electrónico llegó un anónimo denunciando a supuestos acosadores y agresores sexuales, en el que se refieren al togado sin mencionar su nombre. En la denuncia también denunciaron al decano de la Facultad de Jurisprudencia de ese entonces, Juan Carlos Forero, y el secretario académico, Ricardo Medina.
En el apartado llamado “El #MeToo en la Facultad de Jurisprudencia” hablan de un profesional cuya trayectoria coincide con la del magistrado de la JEP: “A ello se suma algo que viene de tiempo atrás: los múltiples viajes de profesores internacionalistas a La Haya o a otros lugares, que se convierten en viajes de turismo “académico”-sexual. Pero, de nuevo, todo se queda entre amigos. El principal implicado fue el jurado de la tesis doctoral del decano Forero en Madrid y se le premió como director de un grupo de investigación de la facultad y candidato a la Jurisdicción Especial para la Paz”.
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Fuentes que estuvieron en la universidad durante el año de la denuncia señalan siempre ha sido “un secreto a voces”. Y cuando la JEP anunció a través de sus redes sociales la agresión, varias estudiantes de la universidad comentaron sobre estas posibles violencias y acusaciones que se conocían, desde hacía años, en los pasillos de la universidad en la época en la que José Manuel Restrepo, hoy ministro de Comercio, Industria y Turismo, era rector.
Por el momento de transición a la nueva rectoría, varios de estos funcionarios se fueron de la decanatura. Sin embargo, en el caso de Juan Ramón Martínez, quien siguió dictando algunas clases, no se tomaron acciones ni se adelantaron investigaciones internas. La Universidad del Rosario, a través de un comunicado, explicó que “dadas las limitaciones del anónimo, no se disponía de elementos para dar trámite a los procedimientos sancionatorios, por virtud de las garantías que nos exige el debido proceso”.
También hizo un llamado a que sus estudiantes, a través del Protocolo de Prevención y Atención a Casos de Violencias Basadas en Género y Discriminación, creado el año pasado, denuncien este y otros casos de violencia sexual “y con ello recibir la atención integral que indica el protocolo para tomar las medidas que corresponda”. Finalmente, la universidad afirmó estar “atenta a los procesos que adelanten las autoridades y está dispuesta a colaborar con determinación y transparencia con la información que sea necesaria y solicitada”.
Juan Ramón Martínez llegó a la JEP en 2018, después de que Yesid Reyes no asumiera su cargo como magistrado del Tribunal de Paz. De acuerdo con la ley, se debía hacer un sorteo con los suplentes y ahí quedó elegido Martínez. Pero su posesión fue cuestionada por un jurista, quien solicitó la nulidad, supuestamente, porque su escogencia fue a puerta cerrada. Sin embargo, el Consejo de Estado negó las pretensiones porque no se configuró una desviación de poder ni una falsa motivación.
Colombia 2020 intentó comunicarse con el magistrado, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta de su parte.