Justicia para los desplazados, una deuda pendiente
Las organizaciones sociales y de víctimas consideran que su participación en la justicia transicional debería ser protagónica. Esperan que de esta manera, junto a otras medidas de atención preventiva, cese este flagelo.
El desplazamiento forzado en Colombia es un drama inacabable. Los grandes éxodos que el país tuvo que ver en el pasado se están repitiendo. El triángulo de Telembí (Nariño) e Ituango (Antioquia) dan muestra de ello. Centenares de personas organizan en una hora lo que pueden llevarse de sus veredas y se van a la ciudad o al casco urbano del municipio más cercano para resguardarse de las balas, las amenazas, el miedo... Esa imagen se ha repetido tanto que hoy Colombia habla de ocho millones de víctimas, el 85 % del total de las personas afectadas por el conflicto armado.
“Tengo tres desplazamientos a mis espaldas. Uno en 2012, otro en 2015 y un último en 2017. Todos en el Casanare, pero desde diferentes municipios. En cada uno de ellos me tocó dejar mi vereda. Caminaba por esa llanura y cada paso era una pregunta: ¿qué hago? ¿Qué les doy a mis hijos? ¿Y si me piden comida?”, cuenta Myriam*, una campesina a quien le cambiaremos su identidad por seguridad.
Las tres veces la desplazaron las Farc. La última vez quería volver a la vereda para estar con su padre y su madre, que para entonces estaban “viejos y cansados”. Pensó que con el Acuerdo de Paz, firmado en 2016, podía regresar porque la otrora guerrilla había entregado las armas. “El golpe fue duro al darme cuenta que no y que ese fue el desplazamiento más doloroso. Llegaron un comandante y dos mujeres. Se metieron con mis hijos. Me pusieron un arma en la cabeza a las 8:00 p.m. y me tumbaron al piso. Me dijeron que ya era la tercera vez. Yo les respondí, ya cansada de huir: ‘Mátenme’. No lo hicieron. Me contestaron que si no me iba, se llevaban a mis niños”, recuerda esta mujer de apenas 38 años.
(Puede interesarle: Un diálogo sobre la justicia que reclaman los desplazados del conflicto)
El desplazamiento, asegura Myriam, es angustia y miedo que llena de calor el cuerpo, hace que se sienta enorme la cabeza, abre un hueco en el estómago y no permite conciliar el sueño. “Porque con tres hijos no puede descansar pensando en qué darles de comer, ni dónde vamos a dormir. Es tan duro lo que se tiene que vivir. Esa vez que le cuento, uno de mis hijos tenía un pañal que pesaba de tanto orín. Pero si se lo quitaba, ¿qué le ponía? No tenía un peso para comprar. Otro de mis hijos me dijo que le quitara eso y le pusiera un trapo con una garrita del pañal. Y así fue. Yo me acuerdo de eso y todavía lloro”.
Las secuelas las vive hasta hoy. Llegó a Bogotá, pero el rechazo de las personas es constante: “Nos miran como a ladrones. Nos desprecian”. Encontrar un trabajo digno y un lugar donde dormir económico se ha convertido, desde entonces, en su preocupación diaria. Porque el desplazamiento, el recorrido de un lugar a otro, dura unos días. Pero la condición de desplazada, quizá, toda la vida. Ni siquiera con las reparaciones del Estado, que tardan en llegar, se salvan de las miradas, del estigma.
A Myriam le gustaría que, al menos, las personas que le hicieron tanto daño respondan ante la justicia, no importa si es ordinaria o transicional. Pero sabe que no va a suceder. Es una certeza, como la que tienen los demás. La impunidad de este delito es superior al 90 %. “Estamos buscando que el desplazamiento tenga una respuesta en clave a la verdad, la justicia, la reparación y, sobre todo, la no repetición. Una parte importante de los millones de desplazados ocurrió en el conflicto y entre el período que negociaron las Farc y el Estado colombiano. En ese sentido, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad tienen mandatos para asegurar dichos derechos”, señala Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
Codhes y otras organizaciones, como la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, han pedido con urgencia que estas entidades pongan la lupa sobre el delito de desplazamiento por su sistematicidad y continuidad después de lo pactado en La Habana (Cuba). Romero advierte que Colombia está siendo testigo de una nueva oleada de masacres, paros armados, reclutamiento forzado de menores de edad, desapariciones, minas antipersonales, amenazas y bombardeos contra comunidades vulnerables, que llevan a decenas de desplazamientos masivos; es decir, acumulando más y más víctimas.
En el período de transición se han producido al menos 485 desplazamientos masivos en 19 departamentos. Los territorios más afectados están en el corredor del Pacífico, el Bajo Cauca antioqueño y el Catatumbo, los mismos que siempre han sido presos de la guerra. Los últimos dos años han prendido las alarmas. Aunque el 2020 estuvo marcado por la llegada de la pandemia y las cuarentenas estrictas para contener su expansión, en Colombia el número de eventos de desplazamientos múltiples y masivos fue más alto que en 2019: 32.217 personas fueron desplazadas forzosamente en 106 eventos de desplazamiento múltiple y masivo.
Y 2021 tampoco da tregua. De acuerdo con el boletín de la Defensoría del Pueblo, entre el 1° de enero y el 31 de marzo de este año, alrededor de 27.435 personas han sido obligadas a movilizarse contra su voluntad. La estadística representa un crecimiento del 96 % en relación con el mismo período en 2020.
(Puede interesarle: Buscan que el desplazamiento por la violencia sea priorizado por la JEP)
Mientras los datos siguen creciendo, la reparación anda a paso lento. Existen mecanismos andando, como la restitución de tierras, con la Ley 1448, y también las indemnizaciones. Pero las víctimas aseguran que es poco: solo se otorga el 10 % de lo que la gente perdió. El máximo llega a $40 millones. Hasta el momento, el Ejecutivo ha indemnizado a un millón de personas; es decir, el 10 %.
El papel de la justicia transicional
Si bien todos los hechos de desplazamiento ocurridos después de 2016 no serán competencia de la JEP, para Marco Romero, tanto este tribunal como la Comisión de la Verdad pueden mostrar los patrones que son claros desde hace cincuenta años y hacer una serie de recomendaciones para la no repetición. “Nos toca trabajar en doble dirección: exigiendo la verdad en el Sistema Integral para la Paz y seguir demandando justicia en Colombia o internacional”, explica el director de Codhes.
Romero es enfático en que parte de este trabajo es para que el desplazamiento deje de naturalizarse y se entienda en su magnitud, a pesar de su masividad: “El desplazamiento está asociado al despojo de muchos derechos: de la tierra, las viviendas, sus derechos de permanencia, derechos políticos y de participación, de su cultura. Es la causa de muchos daños. Y la gente lo ve normal, incluso, la misma institucionalidad. Dadas sus características, el Sistema Integral de Paz puede ofrecer mucha más verdad judicial e histórica para comprender los determinantes y las causas del desplazamiento, los responsables y el tipo de población afectada. Hay que dar un mensaje: nada de esto es normal”.
Según el director de Codhes, además de no ser normal, afecta al país: “No todos los desplazados estaban en ese nivel de precariedad y pobreza. Un 50 % tenía un ingreso superior a la línea de pobreza antes de vivir esto. Después del desplazamiento, subió al 97 %. Se necesitan condiciones para que la gente pueda tener una reinserción económica, cultural y social. Las decisiones de la JEP, más los programas de reparaciones administrativas, deberían irradiar a todas las víctimas de desplazamiento para ayudar a que puedan revertir buena parte de los daños que han sufrido y tener un lugar en la sociedad, distinto al de alimentar los cordones de pobreza”.
Luz Marina Becerra, miembro de Afrodés, concuerda con esta visión y agrega que la JEP, por ejemplo, está más cerca de saldar una deuda histórica con las víctimas de desplazamiento. Eso sí, no le parece suficiente con que la justicia transicional detalle el delito en los procesos que ya tiene abiertos y, por el contrario, piensa que es urgente que priorice un solo caso, en el que se determinen las causas estructurales que llevaron a los grupos armados a sacar a las personas de sus territorios, sobre todo con las comunidades étnicas. Y no es para menos: 224.104 indígenas y 1’114.550 afrodescendientes han sido afectados por este flagelo.
Según Becerra, es importante que además el desplazamiento se analice como causa de otros males y también como consecuencia de los asesinatos de líderes y lideresas sociales, las masacres, el reclutamiento y, en el caso de las comunidades étnicas, del racismo estructural y la desigualdad que históricamente han vivido. “Necesitamos que el Estado cumpla todas esas medidas y recomendaciones internacionales, así como los marcos normativos que protejan nuestros derechos como pueblos afrodescendientes”, agrega la lideresa.
Gabriel Rojas, profesor de la Universidad de los Andes, recuerda que el concepto de la centralidad de las víctimas inicia con el desplazamiento forzado: “Son las leyes, emitidas en los años 90, en particular la Ley 387 de 1997, que comienza a hablar de unos derechos para quienes han sido afectados por el conflicto armado… Ya con la Ley 1448 se ponen sobre la mesa a la justicia transicional, los daños y la reparación. Toda esa lucha la ganaron estas víctimas”.
(Puede interesarle: El despojo y desplazamiento forzado en el Meta llega a la JEP)
Sin embargo, mediáticamente han sido más llamativos otros fenómenos, como los “falsos positivos”, el secuestro o el reclutamiento, casos ya abiertos en la JEP. El académico explica que el desplazamiento ha sido tratado en el Tribunal de Paz como un delito asociado, pero no ha tenido el protagonismo que las víctimas exigen. Aunque reconoce que hacerlo no es un asunto fácil, pues la magistratura deberá esclarecer por dónde enfocará este caso y los patrones y dinámicas que abordará: si por la inobservancia del derecho internacional humanitario o el desplazamiento por desposesión; es decir, cuando se crean condiciones favorables para el despojo de tierras, entre otros. Hasta ahora, en la Jurisdicción se han revisado 350 sentencias de restitución de tierras y 44 informes de víctimas.
Lo cierto es que, como dice Rojas, el desplazamiento se debe ver como lo que siempre ha sido: un eje central para entender el conflicto armado en Colombia. Y si bien la justicia transicional es crucial para darles a las víctimas el lugar que merecen, es solo un punto de partida y los esfuerzos deben venir de todas las esferas de la sociedad. Lo primero que piden las personas que han vivido esta tragedia, como Myriam, es acabar con la indiferencia.
Con el objetivo de dialogar sobre esas peticiones y preocupaciones, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) realizarán, este lunes 23 de agosto, de 9:00 a 11:00 a. m., el evento “Justicia para los desplazados en Colombia: una deuda pendiente”, que se transmitirá en las plataformas digitales y página web de Colombia+20 de El Espectador.
Al evento asistirán Marco Romero, director de Codhes; Larry Sacks, director de Misión USAID Colombia; Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP; Patricia Tobón, comisionada de la Verdad; Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas; Luis Jorge Garay, director de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento; José Negrete, delegado de la población desplazada de la Mesa Nacional de Víctimas, y Monseñor Héctor Fabio Henao, de Pastoral Social.
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El desplazamiento forzado en Colombia es un drama inacabable. Los grandes éxodos que el país tuvo que ver en el pasado se están repitiendo. El triángulo de Telembí (Nariño) e Ituango (Antioquia) dan muestra de ello. Centenares de personas organizan en una hora lo que pueden llevarse de sus veredas y se van a la ciudad o al casco urbano del municipio más cercano para resguardarse de las balas, las amenazas, el miedo... Esa imagen se ha repetido tanto que hoy Colombia habla de ocho millones de víctimas, el 85 % del total de las personas afectadas por el conflicto armado.
“Tengo tres desplazamientos a mis espaldas. Uno en 2012, otro en 2015 y un último en 2017. Todos en el Casanare, pero desde diferentes municipios. En cada uno de ellos me tocó dejar mi vereda. Caminaba por esa llanura y cada paso era una pregunta: ¿qué hago? ¿Qué les doy a mis hijos? ¿Y si me piden comida?”, cuenta Myriam*, una campesina a quien le cambiaremos su identidad por seguridad.
Las tres veces la desplazaron las Farc. La última vez quería volver a la vereda para estar con su padre y su madre, que para entonces estaban “viejos y cansados”. Pensó que con el Acuerdo de Paz, firmado en 2016, podía regresar porque la otrora guerrilla había entregado las armas. “El golpe fue duro al darme cuenta que no y que ese fue el desplazamiento más doloroso. Llegaron un comandante y dos mujeres. Se metieron con mis hijos. Me pusieron un arma en la cabeza a las 8:00 p.m. y me tumbaron al piso. Me dijeron que ya era la tercera vez. Yo les respondí, ya cansada de huir: ‘Mátenme’. No lo hicieron. Me contestaron que si no me iba, se llevaban a mis niños”, recuerda esta mujer de apenas 38 años.
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El desplazamiento, asegura Myriam, es angustia y miedo que llena de calor el cuerpo, hace que se sienta enorme la cabeza, abre un hueco en el estómago y no permite conciliar el sueño. “Porque con tres hijos no puede descansar pensando en qué darles de comer, ni dónde vamos a dormir. Es tan duro lo que se tiene que vivir. Esa vez que le cuento, uno de mis hijos tenía un pañal que pesaba de tanto orín. Pero si se lo quitaba, ¿qué le ponía? No tenía un peso para comprar. Otro de mis hijos me dijo que le quitara eso y le pusiera un trapo con una garrita del pañal. Y así fue. Yo me acuerdo de eso y todavía lloro”.
Las secuelas las vive hasta hoy. Llegó a Bogotá, pero el rechazo de las personas es constante: “Nos miran como a ladrones. Nos desprecian”. Encontrar un trabajo digno y un lugar donde dormir económico se ha convertido, desde entonces, en su preocupación diaria. Porque el desplazamiento, el recorrido de un lugar a otro, dura unos días. Pero la condición de desplazada, quizá, toda la vida. Ni siquiera con las reparaciones del Estado, que tardan en llegar, se salvan de las miradas, del estigma.
A Myriam le gustaría que, al menos, las personas que le hicieron tanto daño respondan ante la justicia, no importa si es ordinaria o transicional. Pero sabe que no va a suceder. Es una certeza, como la que tienen los demás. La impunidad de este delito es superior al 90 %. “Estamos buscando que el desplazamiento tenga una respuesta en clave a la verdad, la justicia, la reparación y, sobre todo, la no repetición. Una parte importante de los millones de desplazados ocurrió en el conflicto y entre el período que negociaron las Farc y el Estado colombiano. En ese sentido, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad tienen mandatos para asegurar dichos derechos”, señala Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
Codhes y otras organizaciones, como la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, han pedido con urgencia que estas entidades pongan la lupa sobre el delito de desplazamiento por su sistematicidad y continuidad después de lo pactado en La Habana (Cuba). Romero advierte que Colombia está siendo testigo de una nueva oleada de masacres, paros armados, reclutamiento forzado de menores de edad, desapariciones, minas antipersonales, amenazas y bombardeos contra comunidades vulnerables, que llevan a decenas de desplazamientos masivos; es decir, acumulando más y más víctimas.
En el período de transición se han producido al menos 485 desplazamientos masivos en 19 departamentos. Los territorios más afectados están en el corredor del Pacífico, el Bajo Cauca antioqueño y el Catatumbo, los mismos que siempre han sido presos de la guerra. Los últimos dos años han prendido las alarmas. Aunque el 2020 estuvo marcado por la llegada de la pandemia y las cuarentenas estrictas para contener su expansión, en Colombia el número de eventos de desplazamientos múltiples y masivos fue más alto que en 2019: 32.217 personas fueron desplazadas forzosamente en 106 eventos de desplazamiento múltiple y masivo.
Y 2021 tampoco da tregua. De acuerdo con el boletín de la Defensoría del Pueblo, entre el 1° de enero y el 31 de marzo de este año, alrededor de 27.435 personas han sido obligadas a movilizarse contra su voluntad. La estadística representa un crecimiento del 96 % en relación con el mismo período en 2020.
(Puede interesarle: Buscan que el desplazamiento por la violencia sea priorizado por la JEP)
Mientras los datos siguen creciendo, la reparación anda a paso lento. Existen mecanismos andando, como la restitución de tierras, con la Ley 1448, y también las indemnizaciones. Pero las víctimas aseguran que es poco: solo se otorga el 10 % de lo que la gente perdió. El máximo llega a $40 millones. Hasta el momento, el Ejecutivo ha indemnizado a un millón de personas; es decir, el 10 %.
El papel de la justicia transicional
Si bien todos los hechos de desplazamiento ocurridos después de 2016 no serán competencia de la JEP, para Marco Romero, tanto este tribunal como la Comisión de la Verdad pueden mostrar los patrones que son claros desde hace cincuenta años y hacer una serie de recomendaciones para la no repetición. “Nos toca trabajar en doble dirección: exigiendo la verdad en el Sistema Integral para la Paz y seguir demandando justicia en Colombia o internacional”, explica el director de Codhes.
Romero es enfático en que parte de este trabajo es para que el desplazamiento deje de naturalizarse y se entienda en su magnitud, a pesar de su masividad: “El desplazamiento está asociado al despojo de muchos derechos: de la tierra, las viviendas, sus derechos de permanencia, derechos políticos y de participación, de su cultura. Es la causa de muchos daños. Y la gente lo ve normal, incluso, la misma institucionalidad. Dadas sus características, el Sistema Integral de Paz puede ofrecer mucha más verdad judicial e histórica para comprender los determinantes y las causas del desplazamiento, los responsables y el tipo de población afectada. Hay que dar un mensaje: nada de esto es normal”.
Según el director de Codhes, además de no ser normal, afecta al país: “No todos los desplazados estaban en ese nivel de precariedad y pobreza. Un 50 % tenía un ingreso superior a la línea de pobreza antes de vivir esto. Después del desplazamiento, subió al 97 %. Se necesitan condiciones para que la gente pueda tener una reinserción económica, cultural y social. Las decisiones de la JEP, más los programas de reparaciones administrativas, deberían irradiar a todas las víctimas de desplazamiento para ayudar a que puedan revertir buena parte de los daños que han sufrido y tener un lugar en la sociedad, distinto al de alimentar los cordones de pobreza”.
Luz Marina Becerra, miembro de Afrodés, concuerda con esta visión y agrega que la JEP, por ejemplo, está más cerca de saldar una deuda histórica con las víctimas de desplazamiento. Eso sí, no le parece suficiente con que la justicia transicional detalle el delito en los procesos que ya tiene abiertos y, por el contrario, piensa que es urgente que priorice un solo caso, en el que se determinen las causas estructurales que llevaron a los grupos armados a sacar a las personas de sus territorios, sobre todo con las comunidades étnicas. Y no es para menos: 224.104 indígenas y 1’114.550 afrodescendientes han sido afectados por este flagelo.
Según Becerra, es importante que además el desplazamiento se analice como causa de otros males y también como consecuencia de los asesinatos de líderes y lideresas sociales, las masacres, el reclutamiento y, en el caso de las comunidades étnicas, del racismo estructural y la desigualdad que históricamente han vivido. “Necesitamos que el Estado cumpla todas esas medidas y recomendaciones internacionales, así como los marcos normativos que protejan nuestros derechos como pueblos afrodescendientes”, agrega la lideresa.
Gabriel Rojas, profesor de la Universidad de los Andes, recuerda que el concepto de la centralidad de las víctimas inicia con el desplazamiento forzado: “Son las leyes, emitidas en los años 90, en particular la Ley 387 de 1997, que comienza a hablar de unos derechos para quienes han sido afectados por el conflicto armado… Ya con la Ley 1448 se ponen sobre la mesa a la justicia transicional, los daños y la reparación. Toda esa lucha la ganaron estas víctimas”.
(Puede interesarle: El despojo y desplazamiento forzado en el Meta llega a la JEP)
Sin embargo, mediáticamente han sido más llamativos otros fenómenos, como los “falsos positivos”, el secuestro o el reclutamiento, casos ya abiertos en la JEP. El académico explica que el desplazamiento ha sido tratado en el Tribunal de Paz como un delito asociado, pero no ha tenido el protagonismo que las víctimas exigen. Aunque reconoce que hacerlo no es un asunto fácil, pues la magistratura deberá esclarecer por dónde enfocará este caso y los patrones y dinámicas que abordará: si por la inobservancia del derecho internacional humanitario o el desplazamiento por desposesión; es decir, cuando se crean condiciones favorables para el despojo de tierras, entre otros. Hasta ahora, en la Jurisdicción se han revisado 350 sentencias de restitución de tierras y 44 informes de víctimas.
Lo cierto es que, como dice Rojas, el desplazamiento se debe ver como lo que siempre ha sido: un eje central para entender el conflicto armado en Colombia. Y si bien la justicia transicional es crucial para darles a las víctimas el lugar que merecen, es solo un punto de partida y los esfuerzos deben venir de todas las esferas de la sociedad. Lo primero que piden las personas que han vivido esta tragedia, como Myriam, es acabar con la indiferencia.
Con el objetivo de dialogar sobre esas peticiones y preocupaciones, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) realizarán, este lunes 23 de agosto, de 9:00 a 11:00 a. m., el evento “Justicia para los desplazados en Colombia: una deuda pendiente”, que se transmitirá en las plataformas digitales y página web de Colombia+20 de El Espectador.
Al evento asistirán Marco Romero, director de Codhes; Larry Sacks, director de Misión USAID Colombia; Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP; Patricia Tobón, comisionada de la Verdad; Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas; Luis Jorge Garay, director de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento; José Negrete, delegado de la población desplazada de la Mesa Nacional de Víctimas, y Monseñor Héctor Fabio Henao, de Pastoral Social.
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