La alianza entre miembros del Ejército y paramilitares en Boyacá llega a la JEP

El agente del B2 de la primera brigada del Ejército Luis Eberto Díaz Molano fue el encargado de que el día de la masacre no se instalara el retén militar que debería estar en ese punto de la vía que de Sogamoso conduce a Yopal. El militar le aseguró a los paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) que podrían obrar con total libertad. Por eso, tal como fue acordado, hacia las 7:00 a.m. del sábado primero de diciembre de 2001, hombres de ese grupo paramilitar detuvieron un bus de transporte afiliado a Cootracero, ordenaron a su conductor que atravesara el vehículo en la mitad de la vía y bajaron a los 18 pasajeros. Los acostaron sobre el pavimento, boca abajo, y asesinaron con tiros de gracia a 15 de ellos, en lo que luego se conocería como la masacre del Páramo de la Sarna, en Boyacá.

Ese hecho se había planeado días antes en la casa del paramilitar Luis Afrodis Sandoval, conocido como el coordinador de la ley pues cumplía el papel de puente entre las ACC y miembros del Ejército y la Policía. A ese encuentro acudieron integrantes de la Fuerza Pública, entre ellos el agente Luis Eberto Díaz, quien además de pertenecer a la inteligencia de la primera brigada era paralelamente integrante de las ACC donde lo conocían como El Compadre y donde entre otras se encargaba de suministrar información. Una pieza clave de todo un andamiaje que vincula a los altos mandos de la primera brigada del Ejército con los paramilitares de las ACC al mando de Héctor German Buitrago, conocido como Martín Llanos.

Los detalles de lo que se habría configurado como una alianza entre agentes estatales y los paramilitares en esa región del país entre 2001 y 2008 están contenidos en el informe ‘Boyacá: sembrando justicia, memoria y dignidad’, que este viernes llega a manos de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad. Un documento de 637 páginas elaborado por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo Vida, Memoria y Dignidad, y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

No solo integrantes del Ejército participaron de la planeación, ejecución y posterior encubrimiento de la masacre, sino también miembros de la Policía Nacional. Una vez cometido el crimen, estableció después el Tribunal Superior de Casanare, dos policías recogieron de una alcantarilla, como estaba planeado, las armas que habían usado los paramilitares en la masacre. Igualmente, el agente de la Sijin José Edybrand Monguí Riveros también participó activamente en la planeación del hecho y una vez cometido acudió al lugar para el levantamiento de los cuerpos, donde se llevaría la sorpresa de que su padre, José Antonio Monguí, estaba entre las víctimas.

Así quedó contenido en el fallo del Consejo de Estado, de septiembre de 2019, cuando la Sección Tercera de este alto tribunal condenó al Estado colombiano por la masacre del Páramo de Sarna y aseguró que integrantes del Ejército alimentaron el estigma que justificó este crimen que cobró la vida de 15 personas civiles. Además, de que pidió que el agente Mongui, que llegó a hacer el levantamiento y terminó siendo familiar de una de las víctimas, debía ser retirado de la lista de indemnizados, por los perjuicios morales que causó esta masacre, al señalar que hay evidencias suficientes para decir que hacía parte de la nómina paramilitar que operaba en la zona.

(Lea la historia del agente aquí: Agente de la Sijín que tendría nexos con “paras” no será indemnizado por la muerte de su padre)

La posible alianza entre el Ejército y las ACC en la región no solo se concretó en esa masacre. El documento recoge varias declaraciones que paramilitares de esa estructura han entregado a la justicia y que dejan ver las dimensiones de lo que sucedió. Por ejemplo, la que Helver Gómez Barrera entregó el 27 de junio de 2008 en la que aseguró que el Ejército y la Policía prácticamente hacían parte del grupo paramilitar:

“Yo para esa fecha estaba militando para las Autodefensas Campesinas de Casanare; para la zona de Boyacá habían llegado varias especiales, que era un grupo de personas, las cuales trabajaban con la ley, como lo era la Policía y el Ejército – y hasta gente del entorno político –, ellos prácticamente eran un brazo de la organización de las ACC, tenían a cargo la inteligencia y darnos información”.

Por eso, en el informe se indagó por la responsabilidad de altos mandos de esa brigada en la masacre del Páramo de la Sarna. Si bien el agente del B2 Luis Eberto Díaz aseguró a los paramilitares que el retén se levantaría para la masacre, esa decisión no dependía de él, sino de alguien con cargo más alto en la brigada. La investigación de las organizaciones sugiere que el comandante del Batallón de Artillería No. 1 Tarqui, coronel Jaime Esguerra Santos, y el comandante de la Primera Brigada, brigadier general Fabio Bedoya Correa, fueron determinantes en esa decisión. Sobre el primero, un juzgado compulsó copias para que fuera investigado, pero a la fecha el único agente estatal condenado penalmente por ese hecho es Luis Eberto Díaz.

Pero los vínculos entre el Ejército y los paramilitares habrían servido también para ejecutar en el departamento, específicamente en Tunja, una política de exterminio social. El informe documentó 18 homicidios selectivos (ocurridos en seis casos) que serían producto de la alianza entre el comandante de inteligencia de la primera brigada, teniente coronel Javier Francisco Padilla Blanco (superior de Luis Eberto Díaz) y las ACC. El pacto consistía en que los militares suministraban listados de futuras víctimas al grupo armado para que integrantes de este las asesinaran. Víctimas que fueron seleccionadas en su mayoría por ser habitantes de calle, consumidores de estupefacientes o por ser sindicadas de cometer un delito.

Así lo determinó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja: “se estableció perfectamente que se llevó a cabo en efecto la mencionada ´limpieza social´ de la que hicieron parte las denominadas Autodefensas Campesinas del Casanare con la intervención de miembros de la SIJIN, el DAS y el B2 del Ejército Nacional, siendo uno de sus integrantes LUIS EBERTO DÍAZ MOLANO, razón por la cual las personas seleccionadas lo eran por ser habitantes de la calle, ladronzuelos, drogadictos, guerrilleros, violadores y delincuentes en general”. De nuevo, el único condenado por estos hechos es el agente Luis Eberto Díaz, contra quien existen cinco sentencias por participar en los homicidios de 17 víctimas de exterminio social. Para la época en que ocurrieron estos hechos, el comandante de la primera brigada era el brigadier general Germán Galvis Corona.

Las irregularidades al interior de la primera brigada del Ejército en Boyacá se extendieron en el tiempo y desde 2001 hasta 2008 el informe documentó 64 casos de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’, que dejaron un total de 86 víctimas mortales, cometidos por distintas unidades militares de esa brigada, de los cuales el que más casos presenta es el Batallón de Artillería No.1 Tarqui.

(Lea los detalles sobre estos casos: Los asesinatos sin combate del terminal de Tunja)

Sobre la comandancia del coronel Luis Antonio Coronado León en la primera brigada, durante el año 2004, según investigaciones de la Fiscalía referidas en el informe, “se recaudaron testimonios de miembros de las ACC, que afirmaron que existía una práctica de ejecutar civiles en asocio con miembros del Batallón de Infantería No.1 General Simón Bolívar, adscrito a la Primera Brigada, para ser presentados como bajas en combate en los documentos militares.”.

Uno de esos testimonios es el del comandante de las Urbanas de las ACC, Josué Darío Orjuela, conocido como Solín, quien describió el caso de un falso positivo entregado al Ejército: “La víctima era un joven vestido de camuflado y brazalete de ACC, pero él no era paramilitar, le pusieron una escopeta vieja y diez o quince equipos de campaña, eso fue a finales de 2003 y comienzos de 2004, en la vía que del Secreto conduce a Santa Teresa”.

En ese año de la comandancia de Coronado León se habrían registrado al menos 19 víctimas mortales de ‘falsos positivos’. Contra el coronel no se han emitido condenas y en 2006 llegó a convertirse en comandante de la Cuarta División del Ejército. Después de él pasaron por la comandancia de la primera brigada los coroneles Sergio Mantilla Sanmiguel, Germán Enrique Cardona Pinzón, Rafael Alberto Neira Weisner y Luis Fernando Rojas Espinoza, hasta 2008. En todos esos periodos se siguieron presentando casos de falsos positivos, con un pico entre 2007 y 2008. Ninguno de los siete comandantes de la primera brigada del Ejército entre 2001 y 2008 ha sido condenado penalmente.

La investigación que le entregan hoy a la Comisión de la Verdad y a la JEP es un intento por frenar la impunidad en esos casos y con base en esa información le piden a esa jurisdicción que abra un macro caso específico para investigar las relaciones entre agentes estatales y grupos paramilitares. “Tanto las masacres paramilitares perpetradas con anuencia, colaboración o participación directa de agentes estatales, como las ejecuciones extrajudiciales bajo la modalidad de exterminio social en las que están implicados integrantes de grupos paramilitares no entrarían dentro de otros macro casos que ha abierto la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP. Es necesario abrir ese caso y tener criterios diferenciados para analizar estos hechos”, sostiene Lina Hurtado, abogada del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, quien participó en la elaboración de la investigación.

Hoy, Luis Eberto Díaz ya se acogió a la JEP por los casos en los que fue condenado (la masacre del Páramo de la Sarna y los homicidios de exterminio social en alianza con paramilitares). En diciembre de 2019, la JEP a través de una resolución le concedió el beneficio de la libertad transitoria.

Sobre el hecho de que esos casos lleguen a la JEP, Luz Briceida Vega, vocera del Colectivo Vida, Memoria y Dignidad, dijo que para las víctimas es un momento de esperanza. “No estamos cansados, pero sí hemos agotado una y mil instancias tratando de lograr que nos escuchen, entonces el podernos acercar a la JEP así sea solamente para que se reconozcan los hechos dentro de los cuales fueron asesinados nuestros familiares, creo que eso ya es un avance. Somos conscientes que los castigos no van a ser los mismos que en la justicia ordinaria, pero llevamos muchos años esperando y no ha pasado absolutamente nada.”

El agente del B2 de la primera brigada del Ejército Luis Eberto Díaz Molano fue el encargado de que el día de la masacre no se instalara el retén militar que debería estar en ese punto de la vía que de Sogamoso conduce a Yopal. El militar le aseguró a los paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) que podrían obrar con total libertad. Por eso, tal como fue acordado, hacia las 7:00 a.m. del sábado primero de diciembre de 2001, hombres de ese grupo paramilitar detuvieron un bus de transporte afiliado a Cootracero, ordenaron a su conductor que atravesara el vehículo en la mitad de la vía y bajaron a los 18 pasajeros. Los acostaron sobre el pavimento, boca abajo, y asesinaron con tiros de gracia a 15 de ellos, en lo que luego se conocería como la masacre del Páramo de la Sarna, en Boyacá.

Ese hecho se había planeado días antes en la casa del paramilitar Luis Afrodis Sandoval, conocido como el coordinador de la ley pues cumplía el papel de puente entre las ACC y miembros del Ejército y la Policía. A ese encuentro acudieron integrantes de la Fuerza Pública, entre ellos el agente Luis Eberto Díaz, quien además de pertenecer a la inteligencia de la primera brigada era paralelamente integrante de las ACC donde lo conocían como El Compadre y donde entre otras se encargaba de suministrar información. Una pieza clave de todo un andamiaje que vincula a los altos mandos de la primera brigada del Ejército con los paramilitares de las ACC al mando de Héctor German Buitrago, conocido como Martín Llanos.

Los detalles de lo que se habría configurado como una alianza entre agentes estatales y los paramilitares en esa región del país entre 2001 y 2008 están contenidos en el informe ‘Boyacá: sembrando justicia, memoria y dignidad’, que este viernes llega a manos de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad. Un documento de 637 páginas elaborado por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo Vida, Memoria y Dignidad, y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

No solo integrantes del Ejército participaron de la planeación, ejecución y posterior encubrimiento de la masacre, sino también miembros de la Policía Nacional. Una vez cometido el crimen, estableció después el Tribunal Superior de Casanare, dos policías recogieron de una alcantarilla, como estaba planeado, las armas que habían usado los paramilitares en la masacre. Igualmente, el agente de la Sijin José Edybrand Monguí Riveros también participó activamente en la planeación del hecho y una vez cometido acudió al lugar para el levantamiento de los cuerpos, donde se llevaría la sorpresa de que su padre, José Antonio Monguí, estaba entre las víctimas.

Así quedó contenido en el fallo del Consejo de Estado, de septiembre de 2019, cuando la Sección Tercera de este alto tribunal condenó al Estado colombiano por la masacre del Páramo de Sarna y aseguró que integrantes del Ejército alimentaron el estigma que justificó este crimen que cobró la vida de 15 personas civiles. Además, de que pidió que el agente Mongui, que llegó a hacer el levantamiento y terminó siendo familiar de una de las víctimas, debía ser retirado de la lista de indemnizados, por los perjuicios morales que causó esta masacre, al señalar que hay evidencias suficientes para decir que hacía parte de la nómina paramilitar que operaba en la zona.

(Lea la historia del agente aquí: Agente de la Sijín que tendría nexos con “paras” no será indemnizado por la muerte de su padre)

La posible alianza entre el Ejército y las ACC en la región no solo se concretó en esa masacre. El documento recoge varias declaraciones que paramilitares de esa estructura han entregado a la justicia y que dejan ver las dimensiones de lo que sucedió. Por ejemplo, la que Helver Gómez Barrera entregó el 27 de junio de 2008 en la que aseguró que el Ejército y la Policía prácticamente hacían parte del grupo paramilitar:

“Yo para esa fecha estaba militando para las Autodefensas Campesinas de Casanare; para la zona de Boyacá habían llegado varias especiales, que era un grupo de personas, las cuales trabajaban con la ley, como lo era la Policía y el Ejército – y hasta gente del entorno político –, ellos prácticamente eran un brazo de la organización de las ACC, tenían a cargo la inteligencia y darnos información”.

Por eso, en el informe se indagó por la responsabilidad de altos mandos de esa brigada en la masacre del Páramo de la Sarna. Si bien el agente del B2 Luis Eberto Díaz aseguró a los paramilitares que el retén se levantaría para la masacre, esa decisión no dependía de él, sino de alguien con cargo más alto en la brigada. La investigación de las organizaciones sugiere que el comandante del Batallón de Artillería No. 1 Tarqui, coronel Jaime Esguerra Santos, y el comandante de la Primera Brigada, brigadier general Fabio Bedoya Correa, fueron determinantes en esa decisión. Sobre el primero, un juzgado compulsó copias para que fuera investigado, pero a la fecha el único agente estatal condenado penalmente por ese hecho es Luis Eberto Díaz.

Pero los vínculos entre el Ejército y los paramilitares habrían servido también para ejecutar en el departamento, específicamente en Tunja, una política de exterminio social. El informe documentó 18 homicidios selectivos (ocurridos en seis casos) que serían producto de la alianza entre el comandante de inteligencia de la primera brigada, teniente coronel Javier Francisco Padilla Blanco (superior de Luis Eberto Díaz) y las ACC. El pacto consistía en que los militares suministraban listados de futuras víctimas al grupo armado para que integrantes de este las asesinaran. Víctimas que fueron seleccionadas en su mayoría por ser habitantes de calle, consumidores de estupefacientes o por ser sindicadas de cometer un delito.

Así lo determinó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja: “se estableció perfectamente que se llevó a cabo en efecto la mencionada ´limpieza social´ de la que hicieron parte las denominadas Autodefensas Campesinas del Casanare con la intervención de miembros de la SIJIN, el DAS y el B2 del Ejército Nacional, siendo uno de sus integrantes LUIS EBERTO DÍAZ MOLANO, razón por la cual las personas seleccionadas lo eran por ser habitantes de la calle, ladronzuelos, drogadictos, guerrilleros, violadores y delincuentes en general”. De nuevo, el único condenado por estos hechos es el agente Luis Eberto Díaz, contra quien existen cinco sentencias por participar en los homicidios de 17 víctimas de exterminio social. Para la época en que ocurrieron estos hechos, el comandante de la primera brigada era el brigadier general Germán Galvis Corona.

Las irregularidades al interior de la primera brigada del Ejército en Boyacá se extendieron en el tiempo y desde 2001 hasta 2008 el informe documentó 64 casos de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’, que dejaron un total de 86 víctimas mortales, cometidos por distintas unidades militares de esa brigada, de los cuales el que más casos presenta es el Batallón de Artillería No.1 Tarqui.

(Lea los detalles sobre estos casos: Los asesinatos sin combate del terminal de Tunja)

Sobre la comandancia del coronel Luis Antonio Coronado León en la primera brigada, durante el año 2004, según investigaciones de la Fiscalía referidas en el informe, “se recaudaron testimonios de miembros de las ACC, que afirmaron que existía una práctica de ejecutar civiles en asocio con miembros del Batallón de Infantería No.1 General Simón Bolívar, adscrito a la Primera Brigada, para ser presentados como bajas en combate en los documentos militares.”.

Uno de esos testimonios es el del comandante de las Urbanas de las ACC, Josué Darío Orjuela, conocido como Solín, quien describió el caso de un falso positivo entregado al Ejército: “La víctima era un joven vestido de camuflado y brazalete de ACC, pero él no era paramilitar, le pusieron una escopeta vieja y diez o quince equipos de campaña, eso fue a finales de 2003 y comienzos de 2004, en la vía que del Secreto conduce a Santa Teresa”.

En ese año de la comandancia de Coronado León se habrían registrado al menos 19 víctimas mortales de ‘falsos positivos’. Contra el coronel no se han emitido condenas y en 2006 llegó a convertirse en comandante de la Cuarta División del Ejército. Después de él pasaron por la comandancia de la primera brigada los coroneles Sergio Mantilla Sanmiguel, Germán Enrique Cardona Pinzón, Rafael Alberto Neira Weisner y Luis Fernando Rojas Espinoza, hasta 2008. En todos esos periodos se siguieron presentando casos de falsos positivos, con un pico entre 2007 y 2008. Ninguno de los siete comandantes de la primera brigada del Ejército entre 2001 y 2008 ha sido condenado penalmente.

La investigación que le entregan hoy a la Comisión de la Verdad y a la JEP es un intento por frenar la impunidad en esos casos y con base en esa información le piden a esa jurisdicción que abra un macro caso específico para investigar las relaciones entre agentes estatales y grupos paramilitares. “Tanto las masacres paramilitares perpetradas con anuencia, colaboración o participación directa de agentes estatales, como las ejecuciones extrajudiciales bajo la modalidad de exterminio social en las que están implicados integrantes de grupos paramilitares no entrarían dentro de otros macro casos que ha abierto la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP. Es necesario abrir ese caso y tener criterios diferenciados para analizar estos hechos”, sostiene Lina Hurtado, abogada del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, quien participó en la elaboración de la investigación.

Hoy, Luis Eberto Díaz ya se acogió a la JEP por los casos en los que fue condenado (la masacre del Páramo de la Sarna y los homicidios de exterminio social en alianza con paramilitares). En diciembre de 2019, la JEP a través de una resolución le concedió el beneficio de la libertad transitoria.

Sobre el hecho de que esos casos lleguen a la JEP, Luz Briceida Vega, vocera del Colectivo Vida, Memoria y Dignidad, dijo que para las víctimas es un momento de esperanza. “No estamos cansados, pero sí hemos agotado una y mil instancias tratando de lograr que nos escuchen, entonces el podernos acercar a la JEP así sea solamente para que se reconozcan los hechos dentro de los cuales fueron asesinados nuestros familiares, creo que eso ya es un avance. Somos conscientes que los castigos no van a ser los mismos que en la justicia ordinaria, pero llevamos muchos años esperando y no ha pasado absolutamente nada.”