La articulación del Estado, la clave para encontrar a los desaparecidos de la guerra

El conflicto armado en Colombia dejó al menos 120.000 personas desaparecidas, según registros de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UPBD), entidad creada tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc. El Estado, las organizaciones sociales y las víctimas de la guerra han liderado esfuerzos para encontrar a quienes un día se llevaron y jamás volvieron a sus hogares.

No ha sido fácil. Hay varios retos e innumerables obstáculos a los que se enfrentan las familias, que no se cansan de reclamar justicia y verdad, a la hora de encontrar a estas personas. Desde la falta de articulación de las entidades del Estado hasta los lugares donde fueron desaparecidas, como los ríos y las fronteras, son algunos de los desafíos sobre los cuales reflexionaron en el encuentro “Hablemos de Verdad”, realizado por Colombia2020 de El Espectador, con apoyo de la Embajada de Alemania en Colombia.

En este espacio participaron Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD); Jaime Alberto Parra, Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos Farc; Gloria Gómez Cortés, coordinadora de la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Colombia (Asfaddes); Diana Arango, directora ejecutiva de Equitas, y Wilfredo Cañizares, director Fundación Progresar, Norte de Santander.

Vea la transmisión completa aquí:

Una de las necesidades más urgentes, según Gloria Gómez Cortés, coordinadora de Asfaddes, es la consolidación de la información para determinar el universo real de desaparecidos en el país. “No es un proceso fácil porque son más de 40 años en los que se han presentado desapariciones en Colombia. Lastimosamente, mucha de esa información es complejo consolidarla”, agrega Gómez.

Para eso, advierte, el Estado necesita fortalecer la coordinación entre la Unidad de Búsqueda, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad, la Fiscalía y las organizaciones sociales, que han hecho un seguimiento juicioso de los casos. “Las víctimas no renunciamos a nuestro derecho a la justicia, y por eso le pedimos a la JEP que fortalezca la atención a las víctimas y no se limite solo a algunos que han decidido hablar. Son las dos partes las que deben ser escuchadas”.

Además de esto, explica Diana Arango, directora ejecutiva de Equitas, lo fundamental es buscar, recuperar e identificar a más de 150.000 personas desaparecidas en el país: “Aunque la Unidad de Búsqueda tiene un mandato de 20 años, desafortunadamente en el país no tenemos esos 20 años para buscar. Las familias que buscan desaparecidos están envejeciendo. Muchas de ellas han muerto en le proceso de buscar a sus seres queridos sin respuesta”.

Arango señala que el gran reto es lograr consolidar planes de búsqueda regionales e integrales con un mayor impacto y “que entreguen resultados a corto, mediano y largo plazo”. La búsqueda urge hacerla cuanto antes porque, además, “las personas desaparecidas en fosas y cuerpos de agua corren el peligro de ser desaparecidas doblemente”, según Arango.

Por la expansión de las ciudades o los intereses económicos se han ido perdiendo fosas. En ese sentido, Arango cree que es urgente ser más flexibles y acudir a la “arqueología del rescate”, lo que significa que muchas veces no se puede adelantar un plan de búsqueda tan acotado que permita definir un universo claro, sino que se deben intervenir áreas de búsqueda para recuperar a personas desaparecidas y luego sí identificar quiénes son y entregarlas a sus familias. En este punto, Gloria Gómez resalta la necesidad de intervenir cuanto antes los cementerios, donde hay miles de desaparecidos.

Otro de los retos a los que se refiere Arango es garantizar la participación de las víctimas: “No se puede convertir esto en un comodín. Pocas instituciones se han preguntado qué significa esto. Es decir, en términos de recursos, acceso a la información, acompañamiento psicosocial y seguridad. Sobre todo las entidades creadas después del Acuerdo de Paz deben definir cómo se adelantará dicha particpación”.

Por último, menciona la necesidad de “cerrar el grifo de las desapariciones”. Lastimosamente, explica, seguimos en medio del conflicto armado y este crimen continúa. Hasta ahora no hay una política pública seria que dé respuesta a los antiguos casos de desaparición ni que prevenga que no se vuelvan a presentar hoy.

Sobre estos casos actuales, Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, ha hablado hasta el cansancio. En su región, Norte de Santander, las desapariciones no cesan y los familiares no han encontrado instituciones articuladas. “La problemática de la desaparición desborda cualquier esfuerzo de una organización. La Unidad de Búsqueda trabaja, pero no puede hacer todo sola. Se necesita el compromiso de entidades que son claves para la identificación, como la Fiscalía, la Policía y hasta la Cancillería y Migración Colombia”.

(Puede interesarle: En Buenaventura se hará la primera búsqueda de desaparecidos en el mar)

Cañizares se refiere a los 350 casos de desaparecidos que su organización ha identificado en la frontera con Venezuela. “Esto no es un tema del pasado. La desaparición se va a seguir presentando hasta que el Estado colombiano decida parar con este crimen. ¿Cómo lo hace? Interviniendo estas zonas de frontera. Eso no significa militarizarlas, sino poder llegar a unos territorios tomados por los grupos armados”, dice el líder social.

Al director de la Fundación Progresar le preocupa que hoy el país no se movilice por este flagelo, a pesar de que las cifras no paren de aumentar desde hace décadas, y hace un llamado a la sociedad civil para que se una a los esfuerzos de algunas entidades del Estado y las organizaciones de víctimas de buscar a los desaparecidos y rechazar su repetición.

“La incursión paramilitar gaitanista del 14 de diciembre en Cúcuta ha llevado a que tengamos que suspender el acompañamiento a los familiares de desaparecidos. Hemos recibido amenazas y las autoridades han negado este hecho. Aquí hay un proceso grave de expansión y control criminal. Es un tema humanitario, no importa quién esté en el gobierno de Venezuela porque este no es un tema ideológico. Por eso hemos dicho que en la práctica el Estado colombiano ha renunciado a la búsqueda de las personas desaparecidas sepultadas en Venezuela”, denuncia Cañizares.

A pesar de estas circunstancias, para Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda, los esfuerzos que hasta ahora se han hecho son significativos, sobre todo en materia de articulación, aunque reconoce que son insuficientes para las necesidades apremiantes de las familias buscadoras. Por eso pone sobre la mesa la idea de un sistema nacional de búsqueda que agilicen las respuestas que las víctimas necesitan.

La funcionaria pide que el universo de víctimas deje de verse como unas meras cifras y se empiece a contar las historias que hay detrás de ellas. Gracias a esa nueva mirada y a su cercanía con las familias buscadoras, afirma Monzón, han logrado “recuperar 1.724 nombres de personas desaparecidas que no estaban en ningún registro”. Asimismo, han dado grandes pasos para trabajar de la mano con el Instituto de Medicina Legal y así indagar en los expedientes forenses de los 25.000 cuerpos que fueron analizados por esta entidad y aún no han sido identificados. Solo con esa articulación estatal, reitera, es posible dar resultados.

En el caso de lo que sucede en la frontera en Norte de Santander, Monzón asegura que están trabajando de la mano con la Fundación Progresar para avanzar en un plan de búsqueda que aborden las dinámicas de esa región. Lo mismo se está haciendo con organizaciones sociales de Nariño. “Estamos desarrollando una línea específica de búsqueda en frontera. ¿Qué hemos hecho? Hemos tenido conversaciones con el Ministerio de Relaciones de Relaciones Exteriores para lograr convenios binacionales que nos permitan contrastar información”.

(Vea también: La unión de ciencias que ayudaría a encontrar los desaparecidos en ríos)

Sin embargo, esa articulación debe ir más allá de las entidades del Estado. Jaime Alberto Parra o Mauricio Jaramillo, excomandante de las Farc, habla de la importancia del diálogo con los excombatientes del conflicto armado. En el caso de la extinta guerrilla, cuenta Parra, ya se han entregado 390 casos documentados a la Unidad de Búsqueda, y se espera que en los próximos meses se entreguen 150 más. “Esto lo hemos hecho con las víctimas, en un diálogo constante y después de crear una organización dentro de Farc para eso”, dice el exguerrillero.

Aunque estos pasos son trascendentales, hay otro desafío que no deja de preocupar: la búsqueda en cuerpos de agua. “Venimos trabajando con un consorcio desde 2017, con entidades académicas nacionales e internacionales, para avanzar en este tema. Pero la verdad es que el país no tiene experiencia en la búsqueda de desaparecidos en agua. Se han dado recuperaciones de personas arrojadas a los ríos, pero que luego fueron encontradas en las riberas”, explica Diana Arango, directora de Equitas.

Actualmente, dice Arango, se adelanta un proyecto piloto en Samaná, en la región del magdalena caldense, junto al Instituto Javeriano del Agua, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de Queens en Irlanda y el Instituto de Antropología de México: “Estamos intentando desarrollar artefactos metodológicos que permitan buscar estas personas que fueron arrojadas en cuerpos de agua. Vamos en la tercera fase del proyecto del río La Miel. Hemos caracterizado varios puntos importantes y buscamos continuar con el modelamiento matemático de una predicción dónde podrían estar estos cuerpos”.

La directora de la Unidad de Búsqueda agrega que sí es posible encontrar a estas personas y tienen esperanza de lograrlo. Un ejemplo de ello son los esteros de Buenaventura. “El trabajo de organizaciones como Equitas es fundamental por eso para nuestra labor, porque no hay un trabajo sistemático, riguroso e interdisciplinario que establezca una metodología en los ríos(...) En el caso de Buenventura hablamos de fosas acuáticas que no se habían mencionado, entre estas la isla Calavera, donde hubo arrojo de cuerpos metidos en bolsas plásticas, amarrados y lanzados ahí”, relata Luz Marina Monzón.

Lo importante de adelantar la búsqueda, finaliza Monzón, es dejar de lado los protagonismos y entender que las únicas personas que merecen tener toda la atención son las víctimas y sus familias: “Quienes apoyamos esta búsqueda tan solo somos medios, así que insisto en hacer llamado a las instituciones y reconocer a la Unidad como la entidad creada para coordinar y dirigir la búsqueda, y poner su grano de arena para saber qué pasó con las víctimas de este crimen”.

El conflicto armado en Colombia dejó al menos 120.000 personas desaparecidas, según registros de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UPBD), entidad creada tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc. El Estado, las organizaciones sociales y las víctimas de la guerra han liderado esfuerzos para encontrar a quienes un día se llevaron y jamás volvieron a sus hogares.

No ha sido fácil. Hay varios retos e innumerables obstáculos a los que se enfrentan las familias, que no se cansan de reclamar justicia y verdad, a la hora de encontrar a estas personas. Desde la falta de articulación de las entidades del Estado hasta los lugares donde fueron desaparecidas, como los ríos y las fronteras, son algunos de los desafíos sobre los cuales reflexionaron en el encuentro “Hablemos de Verdad”, realizado por Colombia2020 de El Espectador, con apoyo de la Embajada de Alemania en Colombia.

En este espacio participaron Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD); Jaime Alberto Parra, Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos Farc; Gloria Gómez Cortés, coordinadora de la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Colombia (Asfaddes); Diana Arango, directora ejecutiva de Equitas, y Wilfredo Cañizares, director Fundación Progresar, Norte de Santander.

Vea la transmisión completa aquí:

Una de las necesidades más urgentes, según Gloria Gómez Cortés, coordinadora de Asfaddes, es la consolidación de la información para determinar el universo real de desaparecidos en el país. “No es un proceso fácil porque son más de 40 años en los que se han presentado desapariciones en Colombia. Lastimosamente, mucha de esa información es complejo consolidarla”, agrega Gómez.

Para eso, advierte, el Estado necesita fortalecer la coordinación entre la Unidad de Búsqueda, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad, la Fiscalía y las organizaciones sociales, que han hecho un seguimiento juicioso de los casos. “Las víctimas no renunciamos a nuestro derecho a la justicia, y por eso le pedimos a la JEP que fortalezca la atención a las víctimas y no se limite solo a algunos que han decidido hablar. Son las dos partes las que deben ser escuchadas”.

Además de esto, explica Diana Arango, directora ejecutiva de Equitas, lo fundamental es buscar, recuperar e identificar a más de 150.000 personas desaparecidas en el país: “Aunque la Unidad de Búsqueda tiene un mandato de 20 años, desafortunadamente en el país no tenemos esos 20 años para buscar. Las familias que buscan desaparecidos están envejeciendo. Muchas de ellas han muerto en le proceso de buscar a sus seres queridos sin respuesta”.

Arango señala que el gran reto es lograr consolidar planes de búsqueda regionales e integrales con un mayor impacto y “que entreguen resultados a corto, mediano y largo plazo”. La búsqueda urge hacerla cuanto antes porque, además, “las personas desaparecidas en fosas y cuerpos de agua corren el peligro de ser desaparecidas doblemente”, según Arango.

Por la expansión de las ciudades o los intereses económicos se han ido perdiendo fosas. En ese sentido, Arango cree que es urgente ser más flexibles y acudir a la “arqueología del rescate”, lo que significa que muchas veces no se puede adelantar un plan de búsqueda tan acotado que permita definir un universo claro, sino que se deben intervenir áreas de búsqueda para recuperar a personas desaparecidas y luego sí identificar quiénes son y entregarlas a sus familias. En este punto, Gloria Gómez resalta la necesidad de intervenir cuanto antes los cementerios, donde hay miles de desaparecidos.

Otro de los retos a los que se refiere Arango es garantizar la participación de las víctimas: “No se puede convertir esto en un comodín. Pocas instituciones se han preguntado qué significa esto. Es decir, en términos de recursos, acceso a la información, acompañamiento psicosocial y seguridad. Sobre todo las entidades creadas después del Acuerdo de Paz deben definir cómo se adelantará dicha particpación”.

Por último, menciona la necesidad de “cerrar el grifo de las desapariciones”. Lastimosamente, explica, seguimos en medio del conflicto armado y este crimen continúa. Hasta ahora no hay una política pública seria que dé respuesta a los antiguos casos de desaparición ni que prevenga que no se vuelvan a presentar hoy.

Sobre estos casos actuales, Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, ha hablado hasta el cansancio. En su región, Norte de Santander, las desapariciones no cesan y los familiares no han encontrado instituciones articuladas. “La problemática de la desaparición desborda cualquier esfuerzo de una organización. La Unidad de Búsqueda trabaja, pero no puede hacer todo sola. Se necesita el compromiso de entidades que son claves para la identificación, como la Fiscalía, la Policía y hasta la Cancillería y Migración Colombia”.

(Puede interesarle: En Buenaventura se hará la primera búsqueda de desaparecidos en el mar)

Cañizares se refiere a los 350 casos de desaparecidos que su organización ha identificado en la frontera con Venezuela. “Esto no es un tema del pasado. La desaparición se va a seguir presentando hasta que el Estado colombiano decida parar con este crimen. ¿Cómo lo hace? Interviniendo estas zonas de frontera. Eso no significa militarizarlas, sino poder llegar a unos territorios tomados por los grupos armados”, dice el líder social.

Al director de la Fundación Progresar le preocupa que hoy el país no se movilice por este flagelo, a pesar de que las cifras no paren de aumentar desde hace décadas, y hace un llamado a la sociedad civil para que se una a los esfuerzos de algunas entidades del Estado y las organizaciones de víctimas de buscar a los desaparecidos y rechazar su repetición.

“La incursión paramilitar gaitanista del 14 de diciembre en Cúcuta ha llevado a que tengamos que suspender el acompañamiento a los familiares de desaparecidos. Hemos recibido amenazas y las autoridades han negado este hecho. Aquí hay un proceso grave de expansión y control criminal. Es un tema humanitario, no importa quién esté en el gobierno de Venezuela porque este no es un tema ideológico. Por eso hemos dicho que en la práctica el Estado colombiano ha renunciado a la búsqueda de las personas desaparecidas sepultadas en Venezuela”, denuncia Cañizares.

A pesar de estas circunstancias, para Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda, los esfuerzos que hasta ahora se han hecho son significativos, sobre todo en materia de articulación, aunque reconoce que son insuficientes para las necesidades apremiantes de las familias buscadoras. Por eso pone sobre la mesa la idea de un sistema nacional de búsqueda que agilicen las respuestas que las víctimas necesitan.

La funcionaria pide que el universo de víctimas deje de verse como unas meras cifras y se empiece a contar las historias que hay detrás de ellas. Gracias a esa nueva mirada y a su cercanía con las familias buscadoras, afirma Monzón, han logrado “recuperar 1.724 nombres de personas desaparecidas que no estaban en ningún registro”. Asimismo, han dado grandes pasos para trabajar de la mano con el Instituto de Medicina Legal y así indagar en los expedientes forenses de los 25.000 cuerpos que fueron analizados por esta entidad y aún no han sido identificados. Solo con esa articulación estatal, reitera, es posible dar resultados.

En el caso de lo que sucede en la frontera en Norte de Santander, Monzón asegura que están trabajando de la mano con la Fundación Progresar para avanzar en un plan de búsqueda que aborden las dinámicas de esa región. Lo mismo se está haciendo con organizaciones sociales de Nariño. “Estamos desarrollando una línea específica de búsqueda en frontera. ¿Qué hemos hecho? Hemos tenido conversaciones con el Ministerio de Relaciones de Relaciones Exteriores para lograr convenios binacionales que nos permitan contrastar información”.

(Vea también: La unión de ciencias que ayudaría a encontrar los desaparecidos en ríos)

Sin embargo, esa articulación debe ir más allá de las entidades del Estado. Jaime Alberto Parra o Mauricio Jaramillo, excomandante de las Farc, habla de la importancia del diálogo con los excombatientes del conflicto armado. En el caso de la extinta guerrilla, cuenta Parra, ya se han entregado 390 casos documentados a la Unidad de Búsqueda, y se espera que en los próximos meses se entreguen 150 más. “Esto lo hemos hecho con las víctimas, en un diálogo constante y después de crear una organización dentro de Farc para eso”, dice el exguerrillero.

Aunque estos pasos son trascendentales, hay otro desafío que no deja de preocupar: la búsqueda en cuerpos de agua. “Venimos trabajando con un consorcio desde 2017, con entidades académicas nacionales e internacionales, para avanzar en este tema. Pero la verdad es que el país no tiene experiencia en la búsqueda de desaparecidos en agua. Se han dado recuperaciones de personas arrojadas a los ríos, pero que luego fueron encontradas en las riberas”, explica Diana Arango, directora de Equitas.

Actualmente, dice Arango, se adelanta un proyecto piloto en Samaná, en la región del magdalena caldense, junto al Instituto Javeriano del Agua, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de Queens en Irlanda y el Instituto de Antropología de México: “Estamos intentando desarrollar artefactos metodológicos que permitan buscar estas personas que fueron arrojadas en cuerpos de agua. Vamos en la tercera fase del proyecto del río La Miel. Hemos caracterizado varios puntos importantes y buscamos continuar con el modelamiento matemático de una predicción dónde podrían estar estos cuerpos”.

La directora de la Unidad de Búsqueda agrega que sí es posible encontrar a estas personas y tienen esperanza de lograrlo. Un ejemplo de ello son los esteros de Buenaventura. “El trabajo de organizaciones como Equitas es fundamental por eso para nuestra labor, porque no hay un trabajo sistemático, riguroso e interdisciplinario que establezca una metodología en los ríos(...) En el caso de Buenventura hablamos de fosas acuáticas que no se habían mencionado, entre estas la isla Calavera, donde hubo arrojo de cuerpos metidos en bolsas plásticas, amarrados y lanzados ahí”, relata Luz Marina Monzón.

Lo importante de adelantar la búsqueda, finaliza Monzón, es dejar de lado los protagonismos y entender que las únicas personas que merecen tener toda la atención son las víctimas y sus familias: “Quienes apoyamos esta búsqueda tan solo somos medios, así que insisto en hacer llamado a las instituciones y reconocer a la Unidad como la entidad creada para coordinar y dirigir la búsqueda, y poner su grano de arena para saber qué pasó con las víctimas de este crimen”.