La "enfermedad" de la desaparición forzada en Colombia

Los 80.514 desaparecidos por el conflicto armado que hay en Colombia, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), se enfrentan al riesgo de no ser encontrados o volverse a perder entre el papeleo y la falta de articulación de las instituciones encargadas de su búsqueda. Por otro lado, también se enfrentan al olvido de la sociedad.

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Esta es una de las conclusiones de la reciente investigación del CNMH, recogida en el informe “Caquetá, una autopsia sobre la desaparición forzada”. Este departamento, donde hay registradas 1743 personas desaparecidas entre 1958 y 2014, es el objeto de estudio de esta investigación por la experiencia laboral de la antropóloga forense, Helka Quevedo, coordinadora de este informe.

La Línea de Antropología Forense (LAF) del CNMH, de la cual hacía parte Quevedo, documentó e hizo seguimiento entre 2013 a 2018 a dos diligencias judiciales en Puerto Torres y Albania (Caquetá), donde se recuperaron los cuerpos de 50 personas desaparecidas por el Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar de las AUC. Fue un trabajo que la antropóloga ya conocía desde que participó con la Fiscalía en la primera exhumación de estos cuerpos en 2002.

Las familias de estas personas tuvieron que esperar más de diez años para tener los cuerpos de sus hijos/hijas, hermanos, padres y madres desaparecidos en 2001 por el grupo armado. Esta demora en la identificación de los cuerpos llevó a Quevedo y a su equipo a realizar en esta investigación un diagnóstico y un diálogo sobre la desaparición forzada en Caquetá, que a la luz de sus conclusiones se puede extrapolar a toda Colombia.

La metodología para estudiar Caquetá fue una autopsia porque, según la investigadora, esta no solo se hace sobre un cadáver, “sino que también se refiere al ejercicio de ver más allá de lo evidente”. De esta manera, la investigación tomó a Caquetá como el cuerpo a estudiar, la desaparición forzada como la enfermedad que padece y a través de los dos procesos judiciales identificó sus síntomas y orígenes. 

“A partir de los estudios de caso de Albania (donde se recuperaron 14 cuerpos en 2001) y Puerto Torres (36 cuerpos exhumados en 2002) se confirmó la existencia de dos síntomas que confirman la enfermedad: la parálisis de los sistemas estatales encargados de la investigación y búsqueda de personas desaparecidas y unas búsquedas superficiales e inconstantes”, resalta el informe.

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Entre los hallazgos, el documento enumera las instituciones que, como el CTI, Medicina Legal y la Dijin, están encargadas de la búsqueda, identificación e investigación de los desaparecidos en Colombia. En total, hay 21 entidades que integran la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD), pero presentan varias fallas: no hay articulación entre las mismas, no están en todo el territorio y no cuentan con funcionarios idóneos que conozcan la ruta de atención para reportar a alguien como desaparecido.

En Caquetá, por ejemplo, si bien hay sedes de Medicina Legal y el CTI de la Fiscalía, no existen los recursos ni los equipos interdisciplinarios para realizar las exhumaciones ni los respectivos estudios forenses. El problema es que, así como en este departamento, el conflicto armado se desarrolló principalmente en zonas rurales con poca presencia institucional. Son los lugares donde están la mayoría de los desaparecidos sin encontrar o identificar.

Por otro lado, la desaparición forzada persiste porque “tampoco hay disponibilidad de información suficiente y de calidad para realizar los cruces con los registros de personas desaparecidas”, hay altos niveles de subregistros y en muchos casos, como lo evidencia el informe, los nombres de personas desaparecidas se encuentran “archivados o congelados hasta que un funcionario los rescata del olvido”.

“Caquetá, una autopsia sobre la desaparición forzada”, también es un diálogo porque interpela a la institucionalidad y a la sociedad. Es un delito que continúa sin resolución, enfrenta grandes obstáculos y que han callado muchos colombianos y las mismas entidades. “Es perentorio mantener un diálogo horizontal con las familias para que constantemente sean informadas del proceso y de los hallazgos, sin nunca ponerles la carga de la búsqueda directa de sus desaparecidos”, agrega.

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Por eso, este informe también reflexiona sobre lo que se espera de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, creada por el acuerdo de paz con las Farc. Pide por un lado que haya un énfasis en las familias y que con ellas se trabaje en la búsqueda de sus desaparecidos. Por otro lado, resalta la importancia de una “fluida coordinación entre esta Unidad y la CBPD, incluyendo a cada una de las instituciones que conforman a esta última".

Por último, le sugiere al Estado que no se prioricen las acciones dependiendo de qué entidad busca a los desaparecidos -ya que todas deberían ser complementarias-. y que además, haya diálogo con excombatientes, postulados a la justicia transicional y desmovilizados para que abran más posibilidades de encontrarlos. 

Los 80.514 desaparecidos por el conflicto armado que hay en Colombia, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), se enfrentan al riesgo de no ser encontrados o volverse a perder entre el papeleo y la falta de articulación de las instituciones encargadas de su búsqueda. Por otro lado, también se enfrentan al olvido de la sociedad.

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Esta es una de las conclusiones de la reciente investigación del CNMH, recogida en el informe “Caquetá, una autopsia sobre la desaparición forzada”. Este departamento, donde hay registradas 1743 personas desaparecidas entre 1958 y 2014, es el objeto de estudio de esta investigación por la experiencia laboral de la antropóloga forense, Helka Quevedo, coordinadora de este informe.

La Línea de Antropología Forense (LAF) del CNMH, de la cual hacía parte Quevedo, documentó e hizo seguimiento entre 2013 a 2018 a dos diligencias judiciales en Puerto Torres y Albania (Caquetá), donde se recuperaron los cuerpos de 50 personas desaparecidas por el Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar de las AUC. Fue un trabajo que la antropóloga ya conocía desde que participó con la Fiscalía en la primera exhumación de estos cuerpos en 2002.

Las familias de estas personas tuvieron que esperar más de diez años para tener los cuerpos de sus hijos/hijas, hermanos, padres y madres desaparecidos en 2001 por el grupo armado. Esta demora en la identificación de los cuerpos llevó a Quevedo y a su equipo a realizar en esta investigación un diagnóstico y un diálogo sobre la desaparición forzada en Caquetá, que a la luz de sus conclusiones se puede extrapolar a toda Colombia.

La metodología para estudiar Caquetá fue una autopsia porque, según la investigadora, esta no solo se hace sobre un cadáver, “sino que también se refiere al ejercicio de ver más allá de lo evidente”. De esta manera, la investigación tomó a Caquetá como el cuerpo a estudiar, la desaparición forzada como la enfermedad que padece y a través de los dos procesos judiciales identificó sus síntomas y orígenes. 

“A partir de los estudios de caso de Albania (donde se recuperaron 14 cuerpos en 2001) y Puerto Torres (36 cuerpos exhumados en 2002) se confirmó la existencia de dos síntomas que confirman la enfermedad: la parálisis de los sistemas estatales encargados de la investigación y búsqueda de personas desaparecidas y unas búsquedas superficiales e inconstantes”, resalta el informe.

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Entre los hallazgos, el documento enumera las instituciones que, como el CTI, Medicina Legal y la Dijin, están encargadas de la búsqueda, identificación e investigación de los desaparecidos en Colombia. En total, hay 21 entidades que integran la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD), pero presentan varias fallas: no hay articulación entre las mismas, no están en todo el territorio y no cuentan con funcionarios idóneos que conozcan la ruta de atención para reportar a alguien como desaparecido.

En Caquetá, por ejemplo, si bien hay sedes de Medicina Legal y el CTI de la Fiscalía, no existen los recursos ni los equipos interdisciplinarios para realizar las exhumaciones ni los respectivos estudios forenses. El problema es que, así como en este departamento, el conflicto armado se desarrolló principalmente en zonas rurales con poca presencia institucional. Son los lugares donde están la mayoría de los desaparecidos sin encontrar o identificar.

Por otro lado, la desaparición forzada persiste porque “tampoco hay disponibilidad de información suficiente y de calidad para realizar los cruces con los registros de personas desaparecidas”, hay altos niveles de subregistros y en muchos casos, como lo evidencia el informe, los nombres de personas desaparecidas se encuentran “archivados o congelados hasta que un funcionario los rescata del olvido”.

“Caquetá, una autopsia sobre la desaparición forzada”, también es un diálogo porque interpela a la institucionalidad y a la sociedad. Es un delito que continúa sin resolución, enfrenta grandes obstáculos y que han callado muchos colombianos y las mismas entidades. “Es perentorio mantener un diálogo horizontal con las familias para que constantemente sean informadas del proceso y de los hallazgos, sin nunca ponerles la carga de la búsqueda directa de sus desaparecidos”, agrega.

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Por eso, este informe también reflexiona sobre lo que se espera de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, creada por el acuerdo de paz con las Farc. Pide por un lado que haya un énfasis en las familias y que con ellas se trabaje en la búsqueda de sus desaparecidos. Por otro lado, resalta la importancia de una “fluida coordinación entre esta Unidad y la CBPD, incluyendo a cada una de las instituciones que conforman a esta última".

Por último, le sugiere al Estado que no se prioricen las acciones dependiendo de qué entidad busca a los desaparecidos -ya que todas deberían ser complementarias-. y que además, haya diálogo con excombatientes, postulados a la justicia transicional y desmovilizados para que abran más posibilidades de encontrarlos.