La estrategia de la JEP para proteger de ataques armados a testigos claves
Desde la Unidad de Investigación y Acusación se elaboran informes que alertan sobre las dinámicas de la violencia en algunos territorios del país. Durante la cuarentena, esta entidad advirtió del aumento de asesinatos de líderes sociales y desmovilizados de las Farc y el incremento de acciones bélicas de otros grupos armados, en ausencia del Eln.
Colombia en Transición
La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz reveló, la semana pasada, un informe sobre las dinámicas de violencia de grupos armados organizados durante la cuarentena, en los territorios de mayor interés para la JEP. Esta investigación, que fue publicada en El Espectador el pasado 23 de abril, fue realizada por el equipo de la Estrategia de Prevención a población de interés que tiene esta Jurisdicción para priorizar la protección de personas que hacen parte de los macrocasos investigados.
Según la UIA, la estrategia “se fundamenta en tres principios: articulación efectiva de la jurisdicción especial para la paz con el Estado colombiano; relacionamiento continuo y de doble vía con las organizaciones de la sociedad civil y aprovechamiento de las tecnologías de información para la toma de decisiones”.
Los encargados de la Estrategia de la UIA son el equipo de identificación y advertencia oportuna de riesgos y amenazas, creado en marzo de este año para ese fin 2020. Este diario se comunicó con una fuente en la Unidad de Investigación y Acusación para conocer más sobre la Estrategia en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus y para saber el número de víctimas priorizadas, pero no entregaron más información.
Sin embargo, la fuente explicó que “aunque la estrategia no es la construcción de medidas para proteger a las víctimas del conflicto armado, sí son alertas que se le envían al Alto Gobierno para que tome las medidas correspondientes”.
(Lea también: Violencia y control social: lo que ha dejado la cuarentena en regiones, según la JEP)
Algunas de las acciones que adelanta la JEP con el fin de proteger a las víctimas del conflicto armado que hacen parte del sistema de justicia transicional y son claves para el esclarecimiento de la verdad es la elaboración de informes alertando la presencia de posibles actores armados en los territorios.
Pese a que la UIA admitió en su documento, conocido por El Espectador, que no hay un repositorio de datos propio para emitir las alertas y los comunicados, aseguraron que están en la consolidación de un software con información propia que permita hacer seguimiento a las dinámicas de violencia en los territorios del país.
Los datos utilizados para la elaboración de informes son el Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado Interno (RUSICST), el Registro Único de Víctimas (RUV), el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), el Índice de Riesgo de Victimización, entre otros.
En este primer informe que reveló el equipo de la UIA, se expusieron cuatro hallazgos de las dinámicas del conflicto armado en medio de la pandemia: disminución de las acciones bélicas del Eln y aumento de enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc; cada 64 horas durante la cuarentena se presentó un homicidio de un líder social en Colombia; las amenazas a la población y los métodos ilegales de control social aumentaron significativamente durante la cuarentena y, por último, que la cuarentena ha sido aprovechada por diferentes grupos criminales para asesinar a desmovilizados de las Farc-ep.
"Este informe y todos los hallazgos con los que ponemos en conocimiento del riesgo que viven algunas víctimas del conflicto ya está en manos de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, el Alto Comisionado para la Paz, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad de Víctimas, Presidencia de la República, entre otros", aseguró la UIA.
Una de las situaciones que más puede variar las dinámicas de los grupos armados es la finalización del cese al fuego unilateral por parte del Eln desde este viernes, 1 de mayo. En un comunicado del grupo guerrillero, una de las razones por las que decidieron no prorrogar el cese al fuego sería porque “el Gobierno del presidente Iván Duque busca sacar ventaja militar del cese unilateral para mantener operaciones conjuntas con los paramilitares, para ganar control territorial y continuó con su plan de asesinatos de dirigentes sociales”.
(Lea también: Pese a llamado de la ONU, Eln no prolongará cese al fuego unilateral)
Frente a este otro riesgo que representa para la sociedad civil la continuidad de acciones por parte del Eln, el Gobierno no se ha manifestado y, por el momento, la Estrategia de Prevención de la JEP a la población víctima del conflicto, no ha cambiado.
La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz reveló, la semana pasada, un informe sobre las dinámicas de violencia de grupos armados organizados durante la cuarentena, en los territorios de mayor interés para la JEP. Esta investigación, que fue publicada en El Espectador el pasado 23 de abril, fue realizada por el equipo de la Estrategia de Prevención a población de interés que tiene esta Jurisdicción para priorizar la protección de personas que hacen parte de los macrocasos investigados.
Según la UIA, la estrategia “se fundamenta en tres principios: articulación efectiva de la jurisdicción especial para la paz con el Estado colombiano; relacionamiento continuo y de doble vía con las organizaciones de la sociedad civil y aprovechamiento de las tecnologías de información para la toma de decisiones”.
Los encargados de la Estrategia de la UIA son el equipo de identificación y advertencia oportuna de riesgos y amenazas, creado en marzo de este año para ese fin 2020. Este diario se comunicó con una fuente en la Unidad de Investigación y Acusación para conocer más sobre la Estrategia en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus y para saber el número de víctimas priorizadas, pero no entregaron más información.
Sin embargo, la fuente explicó que “aunque la estrategia no es la construcción de medidas para proteger a las víctimas del conflicto armado, sí son alertas que se le envían al Alto Gobierno para que tome las medidas correspondientes”.
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Algunas de las acciones que adelanta la JEP con el fin de proteger a las víctimas del conflicto armado que hacen parte del sistema de justicia transicional y son claves para el esclarecimiento de la verdad es la elaboración de informes alertando la presencia de posibles actores armados en los territorios.
Pese a que la UIA admitió en su documento, conocido por El Espectador, que no hay un repositorio de datos propio para emitir las alertas y los comunicados, aseguraron que están en la consolidación de un software con información propia que permita hacer seguimiento a las dinámicas de violencia en los territorios del país.
Los datos utilizados para la elaboración de informes son el Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado Interno (RUSICST), el Registro Único de Víctimas (RUV), el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), el Índice de Riesgo de Victimización, entre otros.
En este primer informe que reveló el equipo de la UIA, se expusieron cuatro hallazgos de las dinámicas del conflicto armado en medio de la pandemia: disminución de las acciones bélicas del Eln y aumento de enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc; cada 64 horas durante la cuarentena se presentó un homicidio de un líder social en Colombia; las amenazas a la población y los métodos ilegales de control social aumentaron significativamente durante la cuarentena y, por último, que la cuarentena ha sido aprovechada por diferentes grupos criminales para asesinar a desmovilizados de las Farc-ep.
"Este informe y todos los hallazgos con los que ponemos en conocimiento del riesgo que viven algunas víctimas del conflicto ya está en manos de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, el Alto Comisionado para la Paz, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad de Víctimas, Presidencia de la República, entre otros", aseguró la UIA.
Una de las situaciones que más puede variar las dinámicas de los grupos armados es la finalización del cese al fuego unilateral por parte del Eln desde este viernes, 1 de mayo. En un comunicado del grupo guerrillero, una de las razones por las que decidieron no prorrogar el cese al fuego sería porque “el Gobierno del presidente Iván Duque busca sacar ventaja militar del cese unilateral para mantener operaciones conjuntas con los paramilitares, para ganar control territorial y continuó con su plan de asesinatos de dirigentes sociales”.
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Frente a este otro riesgo que representa para la sociedad civil la continuidad de acciones por parte del Eln, el Gobierno no se ha manifestado y, por el momento, la Estrategia de Prevención de la JEP a la población víctima del conflicto, no ha cambiado.