La Fiscalía de la JEP lanza plataforma para monitorear el conflicto

En el primer mes de confinamiento obligatorio por la pandemia de COVID-19 se registraron 33 eventos del conflicto armado y afectaciones a civiles en este contexto. En el segundo fueron 84. Es decir, la violencia aumento en un 154%. La guerra se recrudeció mientras toda la atención estaba volcada a atender la situación sanitaria. Esta cifra la arroja el mapa interactivo de eventos del conflicto del nuevo Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Una nueva herramienta que registra el contenido noticioso sobre el conflicto armado, lo presenta en este mapa y, además, aporta los riesgos por COVID-19.

La presentación de la herramienta es este 4 de junio a través de las redes sociales de la Unidad (Facebook y YouTube), con la presencia de la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares Prieto, el director de La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Giovanni Álvarez Santoyo, la Universidad Javeriana y la Misión de Verificación de la ONU, entre otros.

(Le puede interesar: Entre enero y marzo de 2020, 47 líderes sociales fueron asesinados: Somos Defensores)

Según el Equipo de Identificación y Advertencia Oportuna de Riesgos (EIDORA) de la UIA, este mecanismo permite registrar en tiempo real todas las noticias que son indicativas de situaciones de riesgo y posibles violaciones a los derechos humanos en Colombia, así como las denuncias y reacciones. Esto, dicen, no se hace de manera aleatoria, sino a partir de una variable que mide una situación de riesgo, es decir, la suma de factores de peligro y las acciones que toma el Estado, aunque no necesariamente sea una respuesta a las violaciones a los derechos humanos.

Según el equipo, la finalidad de la herramienta es prevenir. “Si nos damos cuenta de que hay un territorio en el que no hay una respuesta institucional y que existen constantemente casos de violaciones a los derechos humanos generamos una alerta a través de informes y procesos para que las autoridades tomen medidas y prevengan futuros riesgos. Esta es una estrategia de prevención”.

Aunque en el sistema registran todo lo que sucede a nivel nacional, la UIA concentra a identifica su análisis en los territorios priorizados por la JEP. Es decir, en los 111 municipios distribuidos en 20 departamentos donde se desarrollan los siete macrocasos que lleva la jurisdicción, así como las medidas cautelares sobre ciertos lugares. Por ejemplo, el Norte del Cauca, Urabá, tres municipios de Nariño, Medellín, y una larga lista. Además, le pone el ojo a la población de interés para ellos. Es decir, las víctimas acreditadas (que son más de 265.000), los presuntos responsables del conflicto que se sometieron a la JEP, los testigos y los abogados. También están ahí las organizaciones que han presentado informes a la JEP.

(Lea también: El llamado de la JEP a los comparecientes para que digan la verdad)

Entonces, a través del seguimiento a medios de comunicación nacionales, regionales y locales, y las cuentas de redes sociales de todas estas personas y organismos (274 cuentas en total), la UIA analiza y registra si se presentaron combates, confinamientos, desplazamientos, reclutamiento forzado, asesinatos, y 15 hechos más.

De esta manera se registró ese aumento dramático del conflicto durante el confinamiento, pues este monitoreo comenzó precisamente el 25 de marzo, cuando se decretó el aislamiento obligatorio.

Ahora, toda esta información también se puede reflejar gráficamente. En el mapa interactivo se puede filtrar por localización, por las variables, y muestra los registros que se tienen, así como las acciones de las entidades del Estado. Muestra también el balance entre las acciones del Estado (capturas, incautaciones de armas, droga o explosivo), y los eventos del conflicto, aunque esta relación no necesariamente refleja una respuesta a cada caso de violaciones a los derechos humanos. Además, arroja un mapa que contiene los informes del Instituto Nacional de Salud sobre los contagios por COVID-19.

La idea con este mecanismo, según la UIA, es que sirva como un canal interinstitucional de alerta y prevención, y que permita la toma de decisiones. De esta manera, por ejemplo, es una fuente de información que podía aportar a revisar, fortalecer o entregar esquemas de seguridad, labor que tiene la misma UIA.

(Lea: JEP estudia protección para abogados y defensores de derechos humanos)

De la misma manera, a pesar de que estos esquemas de protección se siguen tramitando a través de la magistratura de la JEP, la Unidad de Investigación y Acusación podría actuar de oficio si conoce de una amenaza contra una víctima o líder que esté dentro de un proceso en la JEP, explican desde el grupo.

La idea es que en unos meses la herramienta tenga la información desde la firma del Acuerdo de paz.

En el primer mes de confinamiento obligatorio por la pandemia de COVID-19 se registraron 33 eventos del conflicto armado y afectaciones a civiles en este contexto. En el segundo fueron 84. Es decir, la violencia aumento en un 154%. La guerra se recrudeció mientras toda la atención estaba volcada a atender la situación sanitaria. Esta cifra la arroja el mapa interactivo de eventos del conflicto del nuevo Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Una nueva herramienta que registra el contenido noticioso sobre el conflicto armado, lo presenta en este mapa y, además, aporta los riesgos por COVID-19.

La presentación de la herramienta es este 4 de junio a través de las redes sociales de la Unidad (Facebook y YouTube), con la presencia de la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares Prieto, el director de La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Giovanni Álvarez Santoyo, la Universidad Javeriana y la Misión de Verificación de la ONU, entre otros.

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Según el Equipo de Identificación y Advertencia Oportuna de Riesgos (EIDORA) de la UIA, este mecanismo permite registrar en tiempo real todas las noticias que son indicativas de situaciones de riesgo y posibles violaciones a los derechos humanos en Colombia, así como las denuncias y reacciones. Esto, dicen, no se hace de manera aleatoria, sino a partir de una variable que mide una situación de riesgo, es decir, la suma de factores de peligro y las acciones que toma el Estado, aunque no necesariamente sea una respuesta a las violaciones a los derechos humanos.

Según el equipo, la finalidad de la herramienta es prevenir. “Si nos damos cuenta de que hay un territorio en el que no hay una respuesta institucional y que existen constantemente casos de violaciones a los derechos humanos generamos una alerta a través de informes y procesos para que las autoridades tomen medidas y prevengan futuros riesgos. Esta es una estrategia de prevención”.

Aunque en el sistema registran todo lo que sucede a nivel nacional, la UIA concentra a identifica su análisis en los territorios priorizados por la JEP. Es decir, en los 111 municipios distribuidos en 20 departamentos donde se desarrollan los siete macrocasos que lleva la jurisdicción, así como las medidas cautelares sobre ciertos lugares. Por ejemplo, el Norte del Cauca, Urabá, tres municipios de Nariño, Medellín, y una larga lista. Además, le pone el ojo a la población de interés para ellos. Es decir, las víctimas acreditadas (que son más de 265.000), los presuntos responsables del conflicto que se sometieron a la JEP, los testigos y los abogados. También están ahí las organizaciones que han presentado informes a la JEP.

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Entonces, a través del seguimiento a medios de comunicación nacionales, regionales y locales, y las cuentas de redes sociales de todas estas personas y organismos (274 cuentas en total), la UIA analiza y registra si se presentaron combates, confinamientos, desplazamientos, reclutamiento forzado, asesinatos, y 15 hechos más.

De esta manera se registró ese aumento dramático del conflicto durante el confinamiento, pues este monitoreo comenzó precisamente el 25 de marzo, cuando se decretó el aislamiento obligatorio.

Ahora, toda esta información también se puede reflejar gráficamente. En el mapa interactivo se puede filtrar por localización, por las variables, y muestra los registros que se tienen, así como las acciones de las entidades del Estado. Muestra también el balance entre las acciones del Estado (capturas, incautaciones de armas, droga o explosivo), y los eventos del conflicto, aunque esta relación no necesariamente refleja una respuesta a cada caso de violaciones a los derechos humanos. Además, arroja un mapa que contiene los informes del Instituto Nacional de Salud sobre los contagios por COVID-19.

La idea con este mecanismo, según la UIA, es que sirva como un canal interinstitucional de alerta y prevención, y que permita la toma de decisiones. De esta manera, por ejemplo, es una fuente de información que podía aportar a revisar, fortalecer o entregar esquemas de seguridad, labor que tiene la misma UIA.

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De la misma manera, a pesar de que estos esquemas de protección se siguen tramitando a través de la magistratura de la JEP, la Unidad de Investigación y Acusación podría actuar de oficio si conoce de una amenaza contra una víctima o líder que esté dentro de un proceso en la JEP, explican desde el grupo.

La idea es que en unos meses la herramienta tenga la información desde la firma del Acuerdo de paz.