De acuerdo con un informe realizado en 2020 por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), el BINCI y la Brigada XX “utilizaron los medios humanos, técnicos y tecnológicos a su alcance para llevar a cabo la persecución de personas que hacían parte de movimientos políticos afines a ideologías de izquierda y comunistas”.
En este informe se describen las conductas criminales de miembros de esta Brigada como un patrón de violencia que consistía en actividades de vigilancia de personas y sus grupos sociales, seguido de la retención o privación de la libertad por parte de militares que, en gran parte de los casos, no llevaban uniformes distintivos; posteriormente, las víctimas eran conducidas a instalaciones militares o lugares clandestinos en vehículos particulares registrados a nombre del Ejército.
En los lugares de reclusión de las víctimas, como en el Cantón Norte (carrera 7 con calle 106) o la Escuela de Logística, ubicada en la calle 11 sur #12-95 Este, en San Cristóbal, se realizaban torturas para conseguir información sobre grupos insurgentes o para obtener señalamientos de otras personas. Las torturas alcanzaban tal nivel de crueldad que muchas personas fallecían en medio de estos vejámenes. Las personas que allí eran llevadas perdían toda comunicación con sus familiares y amigos. Quienes sobrevivían y eran liberados eran trasladados a hospitales para ser tratados y borrar toda huella de lo sucedido.
Con base en la documentación realizada por estas organizaciones, se identificaron “dos casos de atentados dinamiteros, 35 casos de tortura, 51 casos de ejecuciones extrajudiciales y 73 de desaparición forzada” perpetrados por el BINCI/Brigada XX.
Aunque el BINCI y la Brigada XX tenían operación en todo el territorio nacional, Bogotá fue el epicentro de su accionar criminal, articulado al conflicto armado mediante la doctrina de seguridad nacional, la identificación de la izquierda como enemigo interno en el marco de la guerra contrainsurgente, la justicia penal militar como garantía para la impunidad de sus crímenes y el otorgamiento de marcos normativos de excepcionalidad en las operaciones.
Una herida que vuelve a abrirse…
A finales de junio de este año, La W Radio dio a conocer fragmentos de la declaración ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) del Sargento José Leonario Dorado Córdoba, miembro del Batallón de Contrainteligencia 1 y del Batallón de Inteligencia Charry Solano, Brigada XX, en la que confesó su participación en labores de seguimiento que terminaron en asesinatos, desapariciones forzadas y diversos crímenes dirigidos al exterminio de la izquierda en el país.
De acuerdo con La W, el Sargento Dorado habría vinculado al General Iván Ramírez Quintero, recientemente condenado a 31 años de prisión por la Sala Penal de Bogotá por el crimen de desaparición forzada en el marco de la retoma del Palacio de Justicia, como máximo responsable de las decisiones criminales en contra de miembros de la UP, de organizaciones de Derechos Humanos, del M19, de estudiantes, sindicalistas, defensores de presos políticos y activistas.
Dorado señaló al General Ramírez como autor intelectual de seguimientos a personajes de la vida política nacional como Aída Avella, Antonio Navarro, Álvaro Leyva, entre otros. En su testimonio, afirmó que el objetivo de las persecuciones era “matarlos a todos”.
Dorado también afirmó, de acuerdo con La W, que el General Ramírez, junto con los generales Harold Bedoya, Martín Carrero, Manuel Bonnet y Luis Roberto Pico (actualmente investigado en un caso de falsos positivos), fueron los autores intelectuales de los seguimientos y el posterior asesinato del Senador por la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, en 1994, en la localidad de Kennedy en Bogotá. Los perpetradores del crimen fueron suboficiales del Ejército Nacional.
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Otro de los crímenes reseñados por Dorado fue el asesinato del abogado defensor de Derechos Humanos Eduardo Umaña Mendoza en 1998, en el barrio Nicolás de Federmán de Bogotá, debido a que este se encontraba investigando y denunciando los crímenes en contra de la exmilitante del M19 y firmante de paz Nydia Érika Bautista. Umaña Mendoza había denunciado previamente ante el CTI que militares de la Brigada XX estaban haciéndole seguimientos y amenazas. De acuerdo con Dorado, la orden la dio el General Iván Ramírez.
Según Verdad Abierta (2016), Eduardo Umaña había denunciado la complicidad entre la Brigada XX, directivos de Ecopetrol y la Fiscalía para inculpar a dirigentes de la Unión Sindical Obrera (USO) como responsables de atentados a la infraestructura petrolera. Asimismo, participó en la defensa de víctimas del genocidio en contra de la Unión Patriótica. En 1985, asumió la defensa de familiares de víctimas de desaparición forzada durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, denunciando que las Fuerzas Militares habrían torturado, desaparecido forzadamente y asesinado civiles en los hechos del Palacio.
El trabajo de Umaña Mendoza contribuyó a la tipificación del delito de desaparición forzada y al proceso judicial contra el coronel del Ejército Alfonso Plazas Vega, condenado en primera y segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, en 2010 y 2012. El coronel fue absuelto en 2015 por la Corte Suprema de Justicia.
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De acuerdo con el Sargento Dorado, el general Ramírez también participó en la desaparición forzada de Nydia Érika Bautista, socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, economista de la Universidad Central y militante del M19. Sobre este caso, Dorado contó que ella fue retenida y torturada en Cali en 1986, para luego ser liberada. De acuerdo con Janeth Bautista, hermana de Nydia Érika, este crimen fue perpetrado por la III Brigada del Ejército. La orden, según Dorado, la dio el general Norberto Adrada Córdoba.
Un año después de su primera retención, Nydia Érika Bautista fue desaparecida forzadamente en el barrio Casablanca, en Bogotá. Esta vez, el crimen fue perpetrado por la Brigada XX. El sargento Dorado señaló como principal perpetrador de la tortura, el abuso sexual y el asesinato al sargento Luis Guillermo Hernández, alias ‘Memo’, y también relacionó en los preparativos del crimen al general Ramírez Quintero, al coronel Andrés Ocampo Chavarriaga y a Luis Carlos Silva Muñetón, alias ‘Cachita’.
Dorado también afirmó que el objetivo era eliminar a la familia Bautista. Según este sargento, como resultado de seguimientos durante meses en el barrio Tabora de Bogotá, los generales Ramírez (Brigada XX) y Adrada (Brigada III), junto con el coronel Ocampo, ordenaron el secuestro del esposo de Janeth Bautista. Este hecho reafirma lo expresado por Janeth sobre la articulación entre las Brigadas III y XX para perpetrar los crímenes en contra de su hermana. Tanto Janeth Bautista como Erik Arellana Bautista, hijo de Nydia Érika, han sufrido amenazas y persecuciones debido a su trabajo de memoria, búsqueda de personas desaparecidas y a sus denuncias en contra de las fuerzas de seguridad del Estado. Ambos estuvieron en el exilio.
Alirio de Jesús Pedraza, abogado defensor de derechos humanos asesinado en 1990 en la ciudad de Bogotá, fue otra de las víctimas de los generales Ramírez y Adrada y del coronel Ocampo Chavarriaga. Según la versión de Dorado, el defensor de derechos humanos fue desaparecido forzadamente por el “grupo especial” de la brigada XX, también con la participación del sargento Luis Guillermo Hernández, alias ‘Memo’ y otros militares. Fue llevado a la Escuela de Logística del Ejército Nacional en Bogotá, donde fue torturado y asesinado. Dorado afirmó que sus restos estarían enterrados en una ladrillera de la ciudad.
Pedraza estuvo vinculado desde 1984 a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, desde donde continuó la defensa jurídica de sindicalistas, presos políticos, organizaciones campesinas y personas alzadas en armas en contra del Estado. Desde el Comité, representó el caso de Nydia Érika Bautista. Su trabajo lo convirtió en objetivo de la inteligencia militar desde los años setenta hasta el momento de su desaparición forzada por las fuerzas de seguridad del Estado.
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El líder del Partido Comunista de Colombia Marxista Leninista (PCC-ML), Pedro Movilla, fue víctima de persecuciones constantes por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en Montería, Medellín y Bogotá. En mayo de 1993, fue desaparecido forzadamente en la localidad de Kennedy, llevado a la Escuela Logística de Bogotá y posteriormente torturado y asesinado. Según la versión de Dorado, los autores materiales de estos hechos victimizantes fueron el sargento Luis Guillermo Hernández ‘Memo’, Angarita ‘Remache’, Loaiza, Gaona, Giraldo y Corredor, todos pertenecientes a la Brigada XX.
Dorado afirmó que tres miembros de la Brigada XX fueron condenados por estos hechos; sin embargo, “los verdaderos responsables, no” entre los que señaló a los generales Urbina Sánchez, Pineda Carvajal, Freddy Padilla, Iván Ramírez, Latorre Gamboa, Chalo García, Rodríguez, Rubio y los coroneles Cárdenas Obando, López, García García, Luna, Roberto Pico y Montoya.
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El General Ramírez también habría sido el determinador de la desaparición forzada y asesinato de Amparo Tordecillas, exmilitante del EPL en 1989, y del asesinato de José Miller Chacón exintegrante de la Unión Patriótica en 1993.
De acuerdo con Dorado, Tordecillas fue retenida junto con un miembro del partido comunista en la carrera 10 con calle 46 y posteriormente llevada a la Escuela de Logística, donde fue asesinada y enterrada en el Cementerio de Guayabetal “en un espacio en el que se encuentra con aproximadamente otras 30 víctimas de la Brigada XX”. El Sargento Carlos Muñetón era quien se encargaba de llevar a las personas desaparecidas a este cementerio.
Los autores materiales de este hecho, según Dorado, fueron él mismo, el sargento Bernardo Garzón, el sargento mayor Luis Guillermo Hernández, alias ‘Memo’, el sargento mayor Bernardo Angarita, el Sargento Mayor Bagui, el sicario alias “Remache” y el cabo primero Giraldo (asesinado por la misma Brigada).
En el caso de José Miller Chacón, el sargento Luis Guillermo Hernández ‘Memo’, uno de los hermanos Gaona y el cabo Giraldo asesinaron al líder de la Unión Patriótica después de realizar actividades de seguimiento en la carrera 10 con calle 30 sur, en la ferretería de unos familiares de Chacón.
Otra de las víctimas señaladas por el Sargento Dorado fue Guillermo Marín, exmilitante del M-19, quien fue herido de bala y posteriormente desaparecido forzadamente. Los autores materiales de este hecho fueron los sargentos Bernardo Garzón y Hernando Medina, quienes después lo llevaron a la Escuela de Logística para ser torturado. En su tortura participaron Hernando Medina, el sargento Luis Guillermo Hernández ‘Memo’ y alias ‘Remache’.
En los 12 casos abordados en el testimonio del sargento Dorado Córdoba se evidencian los patrones de violencia descritos en el informe de las organizaciones de derechos humanos sobre el accionar del BINCI y la Brigada XX del Ejército Nacional. En distintos pasajes del testimonio reseñado por La W, se describe cómo la Brigada XX tenía grupos de sicarios y formaba a sus miembros para torturar y asesinar. Asimismo, la crudeza y el recuento de víctimas vuelven a abrir las heridas, que, de acuerdo con Erik Arellana, nunca sanarán, dada la impunidad y la ausencia de verdad en estos y muchos otros casos de violencia estatal.
La posición de las víctimas y organizaciones de derechos humanos…
Múltiples organizaciones de familiares y víctimas de crímenes de Estado han denunciado por distintos medios el accionar de la Fuerza Pública como un ejercicio sistemático de eliminación política. Por sus denuncias, han sufrido seguimientos, amenazas, atentados, exilios prolongados y otros tipos de victimizaciones debido a su labor organizativa.
Frente a las declaraciones ante la JEP del sargento José Leonario Dorado Córdoba, las organizaciones elevaron la siguiente petición colectiva al Ministerio de Defensa, a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas:
- a. La JEP adopte medidas cautelares oportunas y efectivas para proteger los lugares mencionados por Dorado Córdoba y en los que ha manifestado se encuentran los cuerpos de Alirio Pedraza, Amparo Tordecillas y Pedro Movilla, así como de otros lugares sobre los que se tenga información.
- b. La JEP implemente medidas cautelares para la protección de testigos y de sus familias en los casos mencionados por Dorado Córdoba, protegiendo con ello la información que podrán aportar a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
- c. Una acción diligente y articulada entre la JEP y la UBPD. De la primera exigimos que avance en las investigaciones y judicializaciones pertinentes relacionadas con las declaraciones de Dorado Córdoba para poder satisfacer los derechos a la verdad y la justicia de los familiares, obtener la información lo antes posible y con esto evitar nuevas obstrucciones a estos derechos.
De la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) exigimos que priorice la búsqueda de los cuerpos lo más pronto posible para evitar que estos sean nuevamente desaparecidos y no extender el tiempo de zozobra de los familiares que ya cumple más de dos décadas.
- d. El Ministro de Defensa se comprometa públicamente con facilitar la intervención de búsqueda de las instituciones competentes, así como adoptar medidas inmediatas para impedir cualquier alteración y obstrucción en la sede de la Escuela Logística y Batallón de Contrainteligencia del Ejército Nacional ubicado en la localidad cuarta (4a) de San Cristóbal en Bogotá.
Otras peticiones reiteradas de organizaciones de víctimas han sido la desclasificación de archivos del BINCI y la Brigada XX, y medidas cautelares para el Cementerio de Guayabetal, donde fue encontrada Nydia Érika Bautista y donde, según Dorado, habría por lo menos 30 víctimas más, incluida Amparo Tordecillas.
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Los casos reseñados por Dorado demuestran, una vez más, que la inteligencia del Ejército Nacional, desde los años ochenta hasta finales de los noventa, utilizó de manera sistemática la desaparición forzada, la tortura y el asesinato como estrategia política de exterminio de distintos sectores de izquierda.
A su vez, devela el tenebroso papel de la Brigada XX en Bogotá en la configuración de un campo de guerra en la capital del país. Las afirmaciones del sargento confirman las denuncias que las víctimas han hecho históricamente exigiendo justicia y constituyen un aporte a la verdad. En ese sentido, cabe preguntarse qué otros sectores políticos y militares estuvieron involucrados en estos crímenes.
El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR) acompaña a las organizaciones de víctimas en sus luchas por la verdad y la justicia desde la perspectiva de No Repetición de estos hechos y de cara a la construcción de paz.
Muchas de las víctimas mencionadas se encuentran en la Cartografía Bogotá Ciudad Memoria que es un esfuerzo conjunto de organizaciones y el CMPR por reivindicar las luchas por la paz y los derechos humanos través de la memoria como instrumento movilizador de transformaciones sociales. Asimismo, para entregar a la ciudad una mirada crítica sobre los territorios de Bogotá que evidencian el fuerte impacto de la guerra en la capital.
*Diego Alejandro Restrepo Osorio trabaja en la Línea de Gestión del Conocimiento del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación