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Hannah Arendt, dentro de su teoría de la “banalidad del mal”, dijo en un sinfín de ocasiones que después de una guerra quedan crímenes que no se pueden castigar ni perdonar.
Dicho de otro modo, que había acciones tan beligerantes como las que acabaron con cientos de vidas o arrasaron poblaciones enteras, que se convertían en delitos que por su complejidad y brutalidad eran difíciles de llevar a tribunales que pudieran sancionar sin impunidad. La afirmación de Arendt también incluye que, para muchos sobrevivientes, dichos ataques quedaban como traumas tan imperdonables que ni con cárcel u otras formas de castigo se podían sanar del todo.
Los parámetros bajo los cuales funciona la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) buscan romper ese paradigma de Arendt y son una muestra robusta de que justicia no siempre equivale a muchos años en prisión o una compensación económica y que la verdad puede ser el mejor camino alternativo para lograr reparación, dignificación simbólica y garantías plenas de no repetición.
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Pero ese tipo de justicia especial que tiene la JEP para atender los horrores del pasado no es inédita en Colombia. Por décadas, especialmente antes de la Constitución de 1991, en el país existieron –pero fueron ignorados– modelos de justicia propios de comunidades étnicas, que a la luz de su cosmovisión deliberaban casos, creaban cadenas de conciliación e incluso sancionaban. A la justicia ordinaria nacional no le interesó durante mucho tiempo escuchar y entender estas propuestas alternas, lo que marginó aun más a pueblos étnicos que en el contexto del conflicto armado sufrieron también los rigores más duros de la violencia. Esto al tiempo que eran revictimizados y estigmatizados bajo el régimen de una justicia ordinaria que nunca tuvo un enfoque étnico.
Uno de esos modelos fue el de la Justicia Ancestral Afrodescendiente en el norte del Cauca, una instancia que data de tiempos de la colonia, en la que sancionar con penas privativas de libertad era apenas una opción –sin ser la más dominante o siquiera la más adecuada para que el compareciente afrontara sus deudas ante su pueblo y territorio–. Para este tipo de justicia la “pena” más indicada era el resarcimiento genuino mediante acciones.
Por ese sistema de justicia se han resuelto distintos casos de violencias contra la población negra, pero especialmente la forma en la que afrontó el conflicto armado colombiano fue el punto de quiebre que la trae a la coyuntura de ahora: la Justicia Ancestral Afrodescendiente se articulará con la JEP para adelantar audiencias dentro del macrocaso territorial 05 (sobre las afectaciones de la guerra en el norte del Cauca y el sur del Valle), para hacer más visibles los hechos victimizantes que padecieron los pueblos afros en esa zona del país.
De acuerdo con Kevin Olmos, miembro de la Asociación Cultural Casa del Niño, organización impulsora de tribunales de justicia ancestral afro en el norte del Cauca, el hecho de que la JEP los escuchara y avalara el trabajo en conjunto entre tribunales de ambos organismos marca un paso sin precedentes para mostrar la cara más reacia y los alcances dolorosos que tuvo la guerra sobre las comunidades negras del suroccidente colombiano.
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“Las prácticas de administración propia de justicia se perdieron por años, porque la justicia ordinaria nunca nos miraba, desde Bogotá nos guardaba recelo y por cuestión de egos o falta de confianza sobre nosotros jamás se nos reconoció como la JEP lo hace ahora. Vamos a darle especificidad al componente étnico dentro del macrocaso y mostraremos que nada ni nadie está del todo hecho o aprendido. Entre todos nos podemos nutrir, porque lo mínimo que esperan las víctimas es que después de tanta violencia la justicia no sea soberbia ni mire solo hacia un lado”, explica.
Las sanciones afros
El tribunal de la Justicia Ancestral Afrodescendiente tiene un funcionamiento y unas prácticas sancionatorias similares a las de la JEP.
En el tribunal étnico hay 11 jueces, que a su vez fungen como los mayores dentro de las comunidades y a quienes se les debe respetar como autoridades dentro y fuera de las salas de justicia. Además, hay dos jueces principales, tres testigos comunitarios y seis restantes que cumplen como veedores de los procesos judiciales. El papel de todas estas personas radica en escuchar casos, debatirlos en pleno, deliberar, intentar llevar muchas situaciones a conciliación y, si es el caso, sancionar.
El modelo ancestral tiene tres tipos de sanciones: morales, comunitarias y penales. En las primeras, cuando ya está tomada la decisión, la comunidad interviene frente al compareciente para bloquearle actividades sociales, como fiestas, bazares o ferias. Las comunitarias instan al sancionado a trabajar en temas de tierras y de limpieza de la comunidad, mientras que las penales implican una revisión minuciosa del caso por parte de los 11 jueces, quienes deciden si por la gravedad de la falta imponen una sanción propia o llevan la situación a una instancia nacional, bien sea ordinaria o transicional.
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“Es importante mostrarle al país cómo funcionamos, cómo sancionan nuestros tribunales y cómo muestran relación con prácticas del día a día. No es fortuito que ahora trabajemos de la mano con la JEP, porque por el conocimiento que tiene nuestro modelo de justicia frente a la comunidad podremos descongestionar audiencias e ir al punto en varios procesos sobre afectaciones a nuestra gente. Acatamos su forma de proceder y sancionar, y ellos hacen lo propio con nuestras costumbres y con nuestros análisis de cómo el conflicto nos hizo daño”, comenta Arie Aragón, asesor de proyectos de unidad en Organizaciones Afrocaucanas y gestor de la Justicia Ancestral Afrodescendiente.
Esto quedó en evidencia durante las jornadas del pasado 4 y 5 de agosto, días en los que la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP realizó en Santander de Quilichao la primera versión interjusticias, espacio en el que ellos, su Tribunal de Ética y un grupo de mayores afrodescendientes de la justicia ancestral escucharon a dos comparecientes del antiguo Frente 6 de las Farc.
“La magistrada Xiomara Balanta es la bandera de las luchas étnicas en la JEP. El hecho de que se hayan comenzado a dar espacios así es en buena parte gracias a ella y al reconocimiento que ese tribunal les ha dado a nuestros derechos de autodeterminación, autogobierno y autonomía. No está clara la ruta, en fechas, de cómo vamos a seguir con estas audiencias conjuntas, pero ya es mucha alegría que lo hayamos conseguido. Ya nos estamos escuchando desde todos los lados y las víctimas sienten eso”, narra el líder Olmos.
El modelo de interjusticias
Cifras oficiales del Sistema Integral para la Paz estiman que en el caso territorial del norte del Cauca y el sur del Valle hay 84 consejos comunitarios afrodescendientes acreditados colectivamente como víctimas, que agrupan a cerca de 40.000 personas, casi una cuarta parte del total de víctimas reportadas en el macrocaso 05. Estos números son motivo suficiente para una participación de esta población en el marco de la justicia transicional.
Raúl Eduardo Sánchez, magistrado del Tribunal para la Paz de la JEP y una de las personas que han estado liderando los procesos del macrocaso 05, resalta la labor de cuerpos como la Justicia Ancestral Afrodescendiente y la Jurisdicción Especial Indígena como aportantes a la justicia transicional, debido a las riquezas en conocimientos que comparten, tales como la oralidad, la construcción dialógica de la verdad, el reconocimiento, la armonización, la restauración y la sanación del tejido social.
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“En este momento el macrocaso 05 se encuentra en una fase dialógica, en la cual se aplican metodologías similares (a las de la Justicia Ancestral Afrodescendiente) para la construcción conjunta de la verdad, tal como sucede con las versiones voluntarias colectivas. Por lo anterior este tipo de audiencias maximizan el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y además aumentan el esclarecimiento de los hechos, lo cual es fundamental para la JEP”, asevera el magistrado a Colombia+20.
A su vez, Sánchez indica que las audiencias conjuntas entre ambas jurisdicciones permiten una plena igualdad de las autoridades tradicionales con los funcionarios de la JEP, una mezcla entre ambos procedimientos y un espacio particular luego de la instalación en la que cada justicia lidera una tanda de preguntas para el esclarecimiento de los hechos sucedidos durante el conflicto armado colombiano.
“En todo caso y en todos los espacios participan los jueces de ambas jurisdicciones para que sea realmente un espacio interjurisdiccional y por supuesto en toda la audiencia también intervienen la defensa, los delegados de la Procuraduría y los apoderados de las demás víctimas acreditadas […] En honor a la verdad, es la primera vez en la historia jurídica y social del país que se da una audiencia interjusticias con la justicia afro, racial y negra”, sintetiza el magistrado.
El macrocaso 05 ha sido pionero en muchas diligencias y procedimientos dentro de la JEP. Fue el primero en acreditar víctimas de minas antipersonal por crímenes de guerra, de acuerdo con explicaciones del despacho del caso, y el primero en acreditar víctimas de la comunidad LGBTIQ+ por el crimen de lesa humanidad de persecución.
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En sus folios reposan los anhelos de justicia de más de 200.000 víctimas acreditadas, que son casi la mitad de las cerca de 400.000 personas reconocidas como víctimas por la totalidad de la JEP. Más del 90 % de los acreditados en el macrocaso 05 son pertenecientes a pueblos étnicos, motivo por el cual la responsabilidad con ellos es aún mayor.
Si bien esta es la primera vez que se articula un tribunal nacional como la JEP con un modelo de justicia afro, hay avances étnicos para tomarles el pulso y seguir sus pasos, como las diligencias interjurisdiccionales que el macrocaso 05 tuvo entre abril y mayo de 2022 con la justicia indígena, para escuchar versiones voluntarias colectivas de antiguos miembros del Frente 6 de las Farc.
Ya hay pasos de gigante. Los pueblos afros se ganaron a pulso un espacio para incluir su justicia en la JEP, con el que podrán contar con mayores ámbitos de diálogo, verdad, esclarecimiento, dignidad y fortalecimiento social, que podrán restaurar por fin tantos años de barbarie de una guerra que les arrebató mucho.
No es del todo descabellado pensar que el papel de la Justicia Ancestral Afrodescendiente sea comparable con lo que fueron los Tribunales Gacaca en Ruanda. Existen diferencias procedimentales y de competencias amplias entre ambos modelos de justicia, pero esto que sucede ahora en Colombia puede ser un nuevo capítulo del autorreconocimiento de pueblos negros frente a organismos de justicia en escenarios de posguerra.
“La Justicia Ancestral Afrodescendiente parte de varios principios fundamentales que son similares a los que justificaron la creación de los Tribunales Gacaca en Ruanda”, resume Raúl Eduardo Sánchez.