Tras las imputaciones que esta semana adelantó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a militares sometidos en el caso 03, conocido como Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate o “falsos positivos”, en Catatumbo (Norte de Santander) y en la región Caribe, hay incertidumbre por el futuro de otros procesos que por ahora no están priorizados para ser investigados en la justicia transicional.
Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, anunció que por ahora la magistratura pondrá su lupa, principalmente, sobre las zonas donde más ocurrió este fenómeno: Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta. Y en una segunda estarán incluidos los departamentos de Boyacá, Arauca, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Sucre. Sin embargo, las víctimas y organizaciones sociales dicen que este delito también se vivió con intensidad en el Valle del Cauca, Arauca, Putumayo y el Eje Cafetero, y que los casos que se adelantaron en la justicia ordinaria hoy están pausados porque, supuestamente, tendrían respuesta en la JEP.
El abogado Germán Romero Sánchez explica que no hay una estrategia clara para las víctimas del Valle del Cauca que, como patrón de ejecuciones, están ligados a los casos del Eje Cafetero porque “muchos de los casos de jóvenes de municipios del Valle aparecían asesinados en Manizales”. Uno de los casos que representa y ha tenido repercusión mediática es el de la familia de Darbey Mosquera Castillo, un joven asesinado el 28 de febrero del 2008, luego de haber sido llevado desde su residencia en el municipio de Pradera (Valle del Cauca) hacia la vereda Java (en Manizales), bajo una falsa promesa de empleo en una empresa de servicios públicos.
A Darbey le dijeron que iban a recibir $ 50.000 diarios. Para ese atentado, un soldado profesional del Batallón No. 57 Mártires de Puerres logró enredar a tres jóvenes de la zona. En el camino, según el testimonio de uno de los sobrevivientes, fueron asesinados dos de ellos: Darbey y Alex Hernando Ramírez Hurtado. El tercero de ellos, Didier, logró lanzarse a un abismo y huir después de haber visto cómo le dispararon a sus compañeros por la espalda. Él es la pieza clave para armar el rompecabezas judicial.
Distinto a muchos otros casos de víctimas de crímenes de Estado, por este hecho ya fueron condenados ocho militares y cinco más eran procesados por la Fiscalía. Los condenados son el teniente José Arbey Peña Ramírez, el cabo (r) Carlos Eduardo Mogrovejo Zapata, el soldado (r) Alonso Iván Palacios Prado (que fue el encargado de llevar a los jóvenes desde Pradera hasta Manizales), el capitán (r) Julio César Álvarez Pedreros y los soldados (r) Javier Albeiro Dorado Muñoz, Deimar José Ipia, Germán Bermúdez Carabalí y Róbinson Ruiz. Todos debían pagar 48 años de prisión.
Entre los investigados estaban otros altos mandos, como Justo Eliseo Peña y Jorge Navarrete, mayores generales (r); Emiro José Barrios, excomandante de la Brigada, y Josué Yobanny Linares, mayor recientemente reincorporado. El entonces comandante general del Ejército Nacional para la época era Mario Montoya Uribe, hoy pieza clave para la JEP.
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Por eso, para el abogado Romero, el hecho de que el Valle del Cauca no esté, por ahora, en los planes de priorización regional de la justicia transicional es tan complejo, “porque cuatro de los que ya tenían condenas en firme fueron dejados en libertad tras acogerse a la JEP, a pesar de que no han hecho ningún aporte a la verdad”. Y agrega: “Ni siquiera avanza el proceso judicial por ser casos cometidos en este departamento”.
Lo mismo sucedió hace poco en Guaviare. A pesar de que la circular 003 de la Fiscalía ha suspendido varios de estos procesos, en algunos procesos la justicia ordinaria siguió operando. La más reciente decisión fue el pasado 15 de julio, cuando la Sala Penal del Tribunal Superior de Riohacha, en segunda instancia, confirmó la condena contra ocho militares que hicieron parte del Batallón de Infantería No. 19 José Joaquín París, por las ejecuciones extrajudiciales de los campesinos Arcadio Torres y Rosendo Holguín, cometidas en Guaviare, el 22 de marzo de 2006.
El colectivo Orlando Fals Borda, que asesora a las víctimas, cuenta que la Fiscalía logró avanzar hasta determinar la responsabilidad de los militares Miguel Alejandro Durango, quien fue condenado a 42 años de prisión; Sergio Cruz Gordon y Luis Ibarguen Mestra, a 38 años; Carlos Alvarado Carrillo, Jhorman Montegro Pachón, Anderson López Hurtado, Isidro Malaver Ahumada y el soldado Valentín Díaz Hernández, a 34 años, además de varias sanciones económicas.
De ellos, Montenegro Pachón fue aceptado en la JEP el 30 de junio del 2020; sin embargo, los abogados de las víctimas han expresado su preocupación porque, a pesar de la reciente condena en segunda instancia y del proceso en la justicia transicional, hasta el año pasado el militar trabajaba en el Grupo de Caballería Mecanizado No. 10 Tequendama, lo que podría haber representado un riesgo para otras personas y para el esclarecimiento de la verdad.
Este malestar también lo comparte Pilar Castillo, abogada de la Asociación Minga y representante de víctimas en Arauca y Putumayo, departamentos que, aunque parecieran poder ver la luz en la segunda fase de priorización, “no sabemos cuánto tiempo pueda pasar para llegar a eso, porque con estas primeras regiones, la JEP tardó tres años para llegar a una imputación”.
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Aunque ambos juristas reconocen y aplauden las imputaciones que ha hecho la Jurisdicción esta semana en dos regiones, les preocupa que los militares de sus casos hasta el momento no hayan sido llamados. Castillo asegura que “lo que las víctimas han encontrado es un escenario de mucha dilación judicial, porque aunque pueda que estemos ‘en cola’ para ser investigados luego, hay una directriz clara en la Fiscalía de no avanzar en ninguno de los casos, así la JEP no los esté trabajando actualmente”.
Se refiere a la circular 003 de la Fiscalía, que ordenó a sus funcionarios abstenerse de “tomar decisiones que determinen la responsabilidad de los investigados” en casos relacionados con el conflicto armado interno, desde la década de los ochenta hasta diciembre de 2016. Esto a pesar de que la JEP, en reiteradas ocasiones, le ha pedido que avance en los procesos mientras la justicia transicional logra ir esclareciendo los casos que lleva hasta el momento. Una fuente de la JEP confirma que ha sido una lucha perdida.
De los casos que lleva la Asociación Minga, por ejemplo, hay uno en el que fue asesinado un campesino, líder social y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Rico del municipio de Saravena (Arauca). El 30 de julio del 2004, según testimonios recopilados por la organización, los militares llegaron a la vivienda de la familia y entraron a la fuerza, requisaron a los hombres, hurtaron dinero y preguntaron por la víctima que ese día había salido a visitar un vecino que residía del lado venezolano, fronterizo con la vereda.
Esa noche, sobre las 11 p. m., los militares navegaron hasta el lado venezolano y se llevaron al hombre y otros vecinos, amarrados y vendados. Los habitantes de la zona, que fueron testigos en el proceso judicial, contaron cómo escucharon las ráfagas de disparos indiscriminadamente y, tiempo después, vieron volver a los militares hacia el lado colombiano. Al día siguiente, les informaron a las familias que los hombres murieron en un combate contra la guerrilla del Eln, a la cual pertenecían.
Para la abogada, uno de los patrones de los casos en Arauca es que las personas eran retenidas casi siempre en medio de caminos, carreteras o lugares poco transitados. Mientras que en el Valle del Cauca, por ejemplo, según el abogado Romero, los primeros casos tenían como característica principal ser cometidos a ojos de testigos y de varios habitantes de la zona, a veces en lugares concurridos, como parte de una estrategia de amedrentamiento.
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La mayor preocupación de los representantes es que la mayoría de casos que no están priorizados en la JEP está en etapa de investigación preliminar. “Nosotros acompañamos víctimas cuyos casos ocurrieron hace 15 años, pero nunca avanzaron en la Fiscalía, entonces, las víctimas tenían una esperanza gigante de que en la JEP lograran esa justicia que se les ha negado siempre. Pero ahora no se saben cuántos años más vayan a tener que esperar para ver un primer avance, porque en principio la justicia transicional tiene competencia de 10 años, pero eso es tiempo valioso que se puede perder en la ordinaria”.
Además, muchos procesos de departamentos que no cuentan con Fiscalía de Derechos Humanos, como Putumayo, fueron remitidos a despachos de otras ciudades, lo que generó el represamiento de los procesos, de acuerdo con Castillo. “Los 121 casos de Putumayo, en los que se ha podido avanzar, le competen a la seccional de Cali, que es la más cercana. Esto es preocupante porque muchas de las víctimas en este departamento eran indígenas y sus familias se enfrentan a barreras para llegar hasta otra ciudad y adelantar las audiencias o declaraciones. Todos esos factores alimentan la impunidad”.
Como si fuera poco, ambos advierten sobre la posibilidad de que muchos de estos delitos, que en la justicia ordinaria fueron catalogados como homicidios, prescriban. En el caso de las extrajudiciales cometidas en 2002, que es el primer año dentro de la priorización de la Jurisdicción, ya se cumplirían dos décadas y, señala Castillo, “la JEP todavía no ha asumido competencia”. Se necesita que cuanto antes sean declarados delitos de lesa humanidad.
