La participación ganadera en una Convivir de los paramilitares en Urabá

Hace dos semanas se conoció que el Tribunal Superior de Antioquia, en una sentencia que restituyó once predios en Turbo, pidió investigar a los bananeros Rosalba Zapata y Felipe Echeverri Zapata, por su posible participación en el despojo de tierras que favoreció a la empresa de su propiedad Bananeras de Urabá S.A. Sus nombres se suman a la lista de bananeros mencionados y vinculados a procesos penales por su supuesta relación con el paramilitarismo en Urabá. Pero el capítulo menos esclarecido es la participación de los ganaderos en ese entramado paramilitar que despojó y violentó a los habitantes de esa zona.

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Este diario conoció algunos archivos que develan la participación de reconocidos dirigentes ganaderos en la Convivir Papagayo, que operó en esa región. La organización se amparó legalmente en el decreto 356 de febrero de 1994, expedido por el gobierno de César Gaviria, pero fue controlada por los paramilitares. Así lo reveló el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), Hebert Veloza, HH, quien contó que las Convivir de Urabá se crearon para “recaudar unos fondos de forma legal para que las empresas no tuvieran problemas jurídicos, que pudieran sacar de sus cuentas y que fuera legal la salida de esos dineros”.

Un detalle diciente de esta relación se encuentra en la hoja de vida del paramilitar Jesús Alberto Osorio Mejía que contiene dos referencias laborales: la primera es Fabio Arango Ramírez, uno de los fundadores de la Asociación de Ganaderos del Urabá Grande (Aganar) y la otra es Roberto Hoyos Ruiz, quien durante once años fue presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura). Osorio fue condenado en 2009 a pagar tres años de prisión por concierto para delinquir agravado, al comprobarse sus nexos con el Bloque Bananero de las Auc y su cercanía con Raúl Hasbún, el excomandante de esa estructura armada. Tras salir de prisión fue asesinado en Montería (Córdoba).

Un acta, del 9 de marzo de 2003, a la que tuvimos acceso, da cuenta de una asamblea ordinaria de la Asociación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada de Urabá (nombre que adoptó la Convivir Papagayo). Ese día entraron nuevos asociados, entre los que figuran Fabio Arango, expresidente de Aganar y Jaime Sierra, que correspondería a Gabriel Jaime Sierra Moreno, suplente en la junta directiva de esta organización gremial, condenado a diez años de cárcel por participar en un plan criminal de los hermanos Castaño para despojar a comunidades negras en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó).

Otra acta, del 12 de julio de 2004, relaciona los radios de telecomunicaciones que tenía la Asociación. Siete dispositivos marca Yaesu, Icom y Motorola estaban en poder de Ganaderías de Urabá E.U. Alonso Hurtado Patiño, director de la Convivir entre 2003 y 2004, aseguró ante la Fiscalía que dentro de sus funciones “estaba cumplir con las tareas asignadas por la junta directiva, de la cual algunos integrantes eran el señor Arango, que era gerente del Fondo Ganadero, y un señor Sierra, ganadero de la región”.

Según una declaración que dio Hasbún a la Fiscalía 103 especializada, adscrita a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, desde que los Castaño y él decidieron formar un grupo paramilitar en Urabá contaron con el apoyo de bananeros, ganaderos y comerciantes. El excomandante paramilitar le entregó a esa institución una lista con el nombre de 91 ganaderos que le habrían aportado dinero a la estructura armada.

A finales de 2004 el gremio ganadero empezó a formalizar su entrada a Papagayo por medio de una carta, del 17 de diciembre, que Arango le dirigió a María Fernanda Kerguelen Ardila, directora de la Asociación de Servicios Especiales. “Asumimos nuestro compromiso como gremio organizado, de cancelar las cuotas que mancomunadamente determinemos para obtener seguridad con personal completamente capacitado al servicio de esa empresa de seguridad”, enfatizó.

Arango adjuntó el certificado de la Cámara de Comercio de Aganar. Entre los dirigentes había varios nombres llamativos. Por ejemplo, Adolfo León Zapata Betancur, actual presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Urabá. Entre los suplentes de la junta directiva de Aganar figura Jaime Sierra, antes mencionado. También, Claudia Ángela Argote Romero, compradora de tierra despojada en Chigorodó, como lo demostró el Tribunal Superior de Antioquia. Alberto León Mejía, otro directivo, fue señalado por Hasbún de organizar reuniones para replicar el modelo de las Convivir en Magdalena y así financiar a los paramilitares. Además, está Amador Caicedo Mena, exalcalde de Chigorodó (Antioquia) y militante del Centro Democrático.

A la carta le siguió una asamblea de la Asociación de Servicios Especiales, el 15 de febrero de 2005. El presidente era Irving Jorge Bernal Giraldo, cercano a Hasbún, condenado por hacer parte del proyecto criminal de los Castaño en Jiguamiandó y Curvaradó e integrante durante varios años de la junta directiva de Augura. Bernal, como obra en el acta, propuso “un cambio en la junta directiva actual, acorde con la nueva dinámica intergremial que se está estructurando (…) en este órgano directivo deben figurar personas líderes del gremio bananero y generarles a otros gremios de la región de Urabá un espacio”. En ese momento 33 ganaderos empezaron a hacer parte de la Asociación.

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El poder del gremio en esa organización queda claro en un auto firmado por Gabriel Jaime Uribe Botero, director administrativo y contractual de la Gobernación de Antioquia. El documento (del 14 de junio de 2006) oficializa el nombramiento de tres miembros principales de la junta directiva: Osorio y Bernal, aliados de Hasbún, y Adolfo León Zapata. Como suplentes, Antonio Arboleda, condenado por nexos con los paramilitares, Fabio Arango Ramírez y Rodrigo Alberto Mejía Arango, gerente de Subastas Ganaderas del Urabá Grande (Suganar).

Según un fallo del Tribunal Superior de Medellín, el Bloque Bananero empezó a recibir dinero de los finqueros desde 1998 y “para ese efecto, Hasbún creó Suganar y Aganar, lideradas y manejadas por él y otros líderes del gremio, a través de las cuales se recibían dichos aportes y se transferían a las Auc”. “Por parte de los ganaderos el aporte (a las Convivir) se materializaba por medio de Suganar al momento de pagar lo concerniente a la vacuna de la aftosa”, señaló la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá contra Hebert Veloza, HH. Sor Teresa Gómez, paramilitar condenada por el homicidio de la lideresa Yolanda Izquierdo, admitió haber sido accionista de Suganar.

Buscamos a Adolfo Zapata para conocer su versión, pero no se quiso pronunciar, a pesar de que lo llamamos y le enviamos un cuestionario. Fabio Arango murió en enero. A Rodrigo Alberto Mejía, quien fue asociado de los Servicios Especiales, le hicimos varias llamadas que no contestó y le enviamos un cuestionario, pero no respondió. Mejía sigue siendo influyente, pues José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, lo nombró, por medio del Decreto 977 de 2019, como suplente en la junta directiva de la Cámara de Comercio de Urabá, en representación del Gobierno.

“Las empresas que estas personas representaban aportaban dinero a las Convivir, con el conocimiento de que esos recursos eran para la financiación de los grupos paramilitares que operaban en la zona”, aseguró Hasbún sobre quienes tuvieron vínculos con la Asociación antes de 2005.

Aunque la Fiscalía ha archivado investigaciones contra exdirectivos de Papagayo porque supuestamente la injerencia de Hasbún fue solo hasta 2004, después de ese año seguían en la Asociación varios aliados de los paramilitares, como Irving Bernal, Alberto Osorio Mejía y Antonio Arboleda. Estos dos últimos en 2006 seguían teniendo armas que les proporcionaba la empresa, como lo demuestra un documento. Incluso, el director operativo de la Asociación desde 2005 fue Carlos Eladio Atehortúa Grisales, a quien Justicia y Paz le compulsó copia para ser investigado por posibles vínculos con el Bloque Minero de las Auc. Intentamos hablar con Kerguelen, quien durante años tuvo cargos directivos en la Asociación, sobre los últimos años del funcionamiento de la empresa, pero no quiso ser entrevistada.

La Fiscalía declaró la financiación de los empresarios bananeros a los paramilitares como un crimen de lesa humanidad. “Ese dinero aportado por aquellos bananeros que financiaron el grupo paramilitar no solo se garantizó el funcionamiento, permanencia y crecimiento del grupo armado al margen de la ley en la zona, sino que con dichos recursos se compraron las armas que posteriormente fueron utilizadas para ejecutar toda suerte de delitos”, aseveró el ente investigativo. A la fecha hay diez directivos de Chiquita Brands en juicio, pero no hay condenas contra los empresarios que se asociaron en Papagayo y poco se habla del papel de los dirigentes ganaderos. “Aquí hay un concierto (para delinquir) y el único condenado soy yo”, dijo Hasbún en 2012 y su frase sigue vigente.