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En la última semana, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha enfrentado dos viejas tensiones que están muy relacionadas: por un lado, los reclamos del antiguo secretariado de las FARC que dicen, entre otras cosas, que el tribunal se ha vuelto “lento, engorroso y estigmatizante”, y por el otro las declaraciones y acciones del Gobierno que parecen pedir una “clausura” anticipada de esa justicia y dar paso a un tribunal de cierre.
En una reciente entrevista con Colombia+20, el consejero comisionado para la paz, Otty Patiño, dijo que el Gobierno está pensando cómo se impide que la JEP “se prolongue en el tiempo”.
“Tenemos otros frentes de trabajo: el cierre del proceso de Justicia y Paz, el mismo cierre de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), que también es muy importante y que de todas maneras en ese cierre se puedan acoger personas u otras entidades, incluso puede ser propicio para una organización como el ELN porque es muy difícil generar nuevos procesos de justicia. Ya tenemos varias justicias con las que no se han cerrado los procesos y hemos venido hablando con la fiscal general (Luz Adriana Camargo) para que la justicia ordinaria más bien se fortalezca y adquiera cierta flexibilidad en el manejo territorial”, dijo Patiño.
En esa entrevista, el consejero agregó: “Todas esas justicias especiales son justicias transicionales, pero que también deberían ser transitorias. A veces la tendencia es a que se vuelvan eternas y eso, en últimas, debilita a la justicia ordinaria y no genera satisfacción por parte de quienes acudieron a esa justicia transicional”.
Patiño dijo que hay una puja “entre quienes piensan que debe prolongarse mucho más” y quienes, como él, creen que “hay que acotar esa justicia y darle término para que puedan cerrarse los procesos”.
La JEP fue creada en el marco del Acuerdo para investigar y juzgar a los integrantes de las extintas FARC, miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles —que decidan voluntariamente someterse a esa justicia— y que hayan participado en el conflicto armado.
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La carta del antiguo secretariado al presidente Petro, el inicio de la controversia:
La pugna con las antiguas FARC empezó en febrero de este año, cuando los siete miembros del último secretariado de esa extinta guerrilla enviaron una dura carta al presidente Gustavo Petro diciéndole que la JEP había perdido el rumbo y que estaban pensando “apartarse de esa justicia”.
El documento recogía tres preocupaciones que desde hace varios meses han venido expresando los excombatientes: La primera que la JEP tiene la idea de dictar resoluciones por cada macrocaso —actualmente hay 11 abiertos—.
En diálogo con este diario, el presidente de la JEP, Roberto Vidal, aclaró que solo habrá una sanción y que en eso el tribunal ha sido reiterativo.
Otro reclamo es la poca diligencia de la JEP en la resolución de amnistías. “De un total de 4.485 solicitudes de amnistía tramitadas por la JEP, tan solo 688 han sido concedidas y 3.804 han sido negadas”, decía entonces la carta.
Este reclamo está parcialmente solucionado. El 21 de febrero de este año, semanas después de esa misiva, la JEP renovó la entrega de los decretos de amnistía de iure. Ese tipo de amnistías se les dio a todos los firmantes en virtud de la Ley 1820 de 2016 y cubre los delitos políticos de “rebelión”, “sedición”, “asonada”, “conspiración” y “seducción”, usurpación y retención ilegal de mando y los delitos que son conexos con estos de conformidad con esta ley.
Esas amnistías ya se habían entregado entre 2017 y 2018, pero los excombatientes habían tenido problemas con las autoridades judiciales y las instituciones del Estado para el reconocimiento de su condición de firmantes de paz. Por ahora, según la JEP, la entrega de las amnistías de iure ha disminuido las detenciones arbitrarias y ha ayudado a combatir la pérdida de beneficios de los ex-FARC como sujetos reincorporados a la sociedad.
La tercera preocupación es la vinculación en las investigaciones de exintegrantes de esa guerrilla de escala media y baja del mando. Según la carta de febrero -aunque es un reclamo que aún hoy se sigue haciendo-, esto es contrario a buscar a los máximos responsables y “centrar el esfuerzo en los casos más representativos que constituyen patrones de conductas violatorias del DIH y los Derechos Humanos”.
Sobre este tema, la JEP no se ha pronunciado, pero es cierto que en virtud de la búsqueda de la verdad, uno de los componentes de ese tribunal en la reparación a las víctimas, sí se han llamado a atestiguar y, en algunos casos, a imputar, a jefes de frentes o personas que hacían las veces de cuidadores, por ejemplo, de personas secuestradas.
La crítica a las demoras de la JEP
Otro de los grandes reparos de los antiguos jefes guerrilleros tiene que ver con presuntas demoras en la JEP y la apertura de nuevos macrocasos, que extenderían su tiempo rindiendo cuentas ante la justicia.
En cuanto al caso 01 (sobre secuestro), el más adelantado hasta ahora, se abrió en julio de 2018, pero seis años después el país sigue sin conocer las primeras sanciones propias en este proceso.
Esto, a pesar de que en noviembre de 2022 la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz presenta la primera resolución de conclusiones en el macrocaso 01, que abarca la investigación adelantada contra el antiguo secretariado de la extinta guerrilla de las FARC.
La resolución, que desde entonces está en el Tribunal de Paz, reconoce que cada uno de los miembros del secretariado aportaron verdad en el proceso que llevó esa justicia, participaron en las entregas voluntarias de testimonios realizadas y aceptaron su responsabilidad en los hechos.
El cierre de la JEP y el tribunal de cierre
Ambos temas parecen el mismo, pero no lo son. Desde Petro hasta el destituido canciller Álvaro Leyva y más recientemente Otty Patiño se han pronunciado sobre la necesidad de no fragmentar la verdad con tribunales para cada grupo armado que hace un proceso de paz con el Gobierno.
“Se creó la JEP en esos acuerdos con este objetivo de la verdad. Si miramos si ha aparecido la verdad judicial, que es el que tiene que acabar la impunidad durante todas estas décadas de conflicto, tenemos que decir que no se ha cumplido, lo que ha existido es que la verdad se fragmentó en diversos tribunales de acuerdo con el tipo de sujeto de violencia”, aseguró Petro durante la visita del Consejo de Seguridad de la ONU a Colombia el pasado 8 de febrero.
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En octubre de 2023, el suspendido canciller Álvaro Leyva también criticó en ese sentido a la JEP y se había referido a ella como que está en un proceso de descarrilamiento. “Se está descarrilando de lo plasmado con enorme esfuerzo, al estar dejando de lado normas que deben ser aplicadas con todo rigor a favor de las víctimas, teniendo como eje central la verdad, la reparación y la no repetición”, dijo Leyva entonces.
Esa tesis de fragmentación la ha dicho el mandatario varias veces y sosteniendo que por eso se hace necesario un tribunal de cierre en la que confluyan todos los actores armados. “Deben estar empresarios, que digan la verdad de su papel en el conflicto”, dijo Petro en ese momento.
De manera voluntaria, a ese tribunal pueden recurrir terceros civiles como empresarios, políticos o personajes que quieran aportar verdades judiciales de la guerra.
Con todo ese panorama, el Gobierno se ha movido hacia la idea de crear un tribunal de cierre, aunque esa propuesta no se ha concretado aún.
En otras ocasiones se ha hablado de que la JEP se abra a otro tipo de actores armados, pero para ello hace falta una reforma constitucional pues las leyes de la JEP entraron en la carta magna a través del bloque de constitucionalidad. Eso quiere decir que cualquier modificación debe pasar por esa figura y por el Congreso.
Los recursos de la JEP
La más reciente tensión con el Gobierno fue por la presunta falta de dinero destinado para las sanciones propias y para las medidas de contribución a la reparación por parte de comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
La alerta la lanzó el magistrado Vidal, quien aseguró la deuda sería de $450.000 millones y que el Gobierno Nacional tiene responsabilidad en ello. Incluso, se lo dejó claro al presidente Gustavo Petro en una carta.
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Según lo había explicado Vidal en entrevista con El Espectador, el dinero se habían gestionado desde el gobierno de Iván Duque y se aprobaron finalmente a través de cinco artículos del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, tras dos años de trabajo con el Ministerio de Hacienda. “El Minhacienda accedió a esa asignación que fue estudiada, porque les dijimos que íbamos a hacer y en qué lugares y que para eso necesitábamos $450.000 millones”, aseguró.
Sin embargo, la Unidad de Víctimas desmintió a la JEP y dijo que los recursos están bajo una figura de subcuenta de justicia restaurativa que tiene como objetivo la coordinación de acciones entre esa institución y el tribunal de paz.
El Ministerio de Hacienda, por su parte, dijo que el desembolso fue aplazado, lo que significa que, hasta la fecha, “no se ha decidido la destinación de dichos recursos, y no se ha realizado un desembolso ni a la Unidad para las Víctimas ni a ninguna otra entidad administrativa”.
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