Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Sara del Socorro Parra, abuela de Evin David Paternina Parra, una de las víctimas de los mal llamados “falsos positivos” en Toluviejo (Sucre) en 2007, cuenta que en los últimos catorce años ha recorrido, junto a sus hijos Ada y Carlos, varios municipios en busca del cuerpo de su nieto, asesinado a los 16 años para hacerlo pasar como “guerrillero dado de baja en combate” junto a otros diez jóvenes más de ese municipio. Estuvieron en Sincelejo, Montería, Chinú, San Onofre, Sincé, Ovejas y hasta en Palmito, buscando algún rastro que les permitiera encontrar su cuerpo.
Pero el pasado 15 de octubre se encendió una luz de esperanza. Ese día, Luis Fernando Borja, coronel (r) del Ejército, quien comandó la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre desde 2007 y ha confesado que ordenó la muerte de casi un centenar de jóvenes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate, se encontró con los familiares de algunas de sus víctimas. Fue un encuentro liderado por la Comisión de la Verdad en el municipio de Toluviejo.
Por primera vez, como dijo Sara del Socorro, un integrante del Ejército responsable por la desaparición y muerte de los jóvenes les dio la cara y habló para contrarrestar la estigmatización de la que algunas familias todavía son víctimas. “Lo más importante para nosotros era que alguien viniera a desmentir que nuestros hijos eran guerrilleros, porque siempre fueron buenos muchachos y ellos fueron engañados para asesinarlos. Mucha gente no nos creía”, contó Gilma Jiménez, madre de Carlos Alberto Valeta Jiménez, quien tomó primero la palabra para hablar en el acto simbólico, en el centro del municipio. Ante los ojos de los habitantes, Borja, quien fue condenado por la justicia ordinaria a 21 años y ocho meses por haber ordenado al menos cincuenta operaciones ficticias para asesinar a civiles inocentes, dijo en su discurso: “Quiero empezar recordando a los jóvenes que fueron vilmente asesinados por mis tropas”. Y luego empezó a nombrarlos uno a uno.
Carlos Alberto Valeta, Luis Alberto Pérez, Deimer José Hoyos, Frank Arley Padilla, John Jairo Colón, Luis Fernando Mejía, Julio Rafael Olivero, Miguel Enrique Jiménez, Juan Bernardo Patrón, Cristian Vergara Ozuna y Evin David Paternina Parra. Este último continúa desaparecido. Los once jóvenes, que no superaban los 24 años al momento de ser asesinados, se convirtieron en uno de los tantos casos emblemáticos cuando se habla del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Entre el 9 de julio y el 7 de agosto de 2007, los once de Toluviejo fueron desapareciendo misteriosamente, luego de haber aceptado ofertas de trabajo para cuidar ganado en una finca.
Los muchachos se fueron, entre otras cosas, porque quienes les ofrecían trabajo eran sus propios vecinos, sus amigos de infancia: Robinson Barbosa y Andrés Pacheco, los “reclutadores”, quienes gozaban de la confianza de las familias.
Carlos Paternina, tío de Evin David, cuenta que él iba ser otra de las víctimas cuando a sus 19 años, después de haberse llevado a su sobrino de 16, le exigieron que se fuera con ellos también. “Yo creo que fui más astuto. Evin David era demasiado inocente, era un niño pequeño; pero a mí me iban a llevar reclutado y cuando mi mamá se dio cuenta, les dijo que prefería que nos pegaran un tiro en la cabeza antes que hacernos lo mismo que a Evin”, cuenta.
Al momento de su desaparición, Evin David tenía 16 años, sufría de un retraso mental que hacía que su forma de pensar y de actuar fuera igual a la de un niño de cinco o seis años, como explica su familia. Había cursado hasta segundo de primaria. Se dedicaba a estudiar y a ayudar a su familia en labores varias como picar piedra y cargar tierra. Su sueño más grande, como cuenta su abuela, era sencillamente eso: crecer y ser como los suyos. La última vez que supieron de él fue la mañana del 7 de agosto de 2007. Ese día, recuerdan, el menor salió a hacer un mandado junto a su vecino Andrés Pacheco. “Él [Pacheco] era como de la familia. Acá se le ofrecía un plato de comida cuando había, él defendía a mi hija cuando peleaba con el papá del niño, era uno de los nuestros; no nos esperábamos que nos hiciera eso”, explica doña Sara.
Tiempo después se enteraron de que su vecino se lo llevó a Sincelejo para desaparecerlo a cambio de $100.000, que era el pago que recibían por cada una de las víctimas. Así lo confesó Robinson Barbosa (el otro reclutador) ante la Fiscalía antes de ser condenado, en 2013, a 32 años de prisión.
En ese entonces, en la región había fuerte presencia del Frente 35 de las Farc en tiempos en los que la seguridad democrática parecía mostrar los mejores resultados. Y comenzaba a rondar el voz a voz de que en el pueblo estaban desapareciendo a los muchachos. Pero como dice doña Sara, “eran tiempos en los que preguntar cualquier cosa podía ser pecado”. Ese año, precisamente, fue el que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó como uno de los picos de las ejecuciones, en el que se presentaron, por lo menos, 1.639 casos en todo el país.
(También puede leer: El pueblo que desbordó su cementerio con falsos positivos)
En abril de ese año, antes de que comenzaran las desapariciones, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, visitó el municipio de Corozal (Sucre) para reunirse con las Fuerzas Militares y autoridades en un Consejo de Seguridad al que asistió el coronel Borja. Allí, según dice, Santos le advirtió que debía conseguir resultados cuantitativos y medibles o perdería su puesto. Luego, por esa misma época, Mario Montoya Uribe, entonces comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, “comenzó con la frase de que debíamos conseguir ‘litros de sangre’”, dijo el militar ante las familias y la Comisión de la Verdad. En 2008, cuando se destapó el escándalo de “falsos positivos” en Colombia y cuando las denuncias por casos en diversas regiones del país comenzaron a visibilizarse, ya las familias sabían que sus hijos habían sido víctimas de un crimen sistemático que pretendía inflar las cifras de la guerra contra la guerrilla de las Farc.
La búsqueda
Dos días después de la desaparición de Evin David, el 9 de agosto, su abuela Sara del Socorro puso la denuncia en la Fiscalía de Sincelejo. Ahí se encontró con que su caso coincidía con el de otras cuatro madres que también estaban denunciando haber perdido el rastro de sus hijos y a quienes también les habían hecho una oferta laboral. Todo parecía coincidir. En la familia Paternina Parra comenzaba a escasear la comida y el peso desde que se perdió el pequeño de la casa, porque todos los esfuerzos de los tíos, hermanos y de la abuela estaban concentrados en encontrarlo.
Inicialmente, Sara y Ada se unieron a ese grupo y tres meses después se enteraron por la prensa de que varios jóvenes del pueblo habían aparecido reseñados como “guerrilleros dados de baja” en el municipio de Chinú (Córdoba) por la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre. “Allí encontraron a seis muchachos enterrados, pero a nosotros siempre nos dijeron que Evin David no estaba ahí, los pobladores decían que a él no lo habían sacado del departamento de Sucre”, explica doña Sara.
Los primeros cinco años, las mujeres recorrieron, sin suerte, al menos siete municipios con una fotografía en blanco y negro en la que aparece el niño con una sonrisa leve, sus ojos achinados y el uniforme del colegio. También solían cargar con un cuaderno del colegio que les quedó de él, que conservan hasta hoy para recordarlo. Fue en 2011, el año en que condenaron al coronel Borja, cuando Gilma Jiménez llegó hasta el cementerio de Chinú, para preguntar por Evin David.
Doña Sara explica que uno de los celadores del cementerio, de unos 73 años, le dijo a Gilma que había visto el cuerpo del niño porque cuando lo llevaron, él mismo se había preguntado cómo un menor podía estar siendo enterrado como un N.N. En ese momento, Ada, la madre del pequeño, fue hasta el camposanto para buscar más información y alcanzó a conocer al celador. Fueron juntos a la sede de la Fiscalía en Chinú a dar una declaración y él prometió conseguirle más información para la próxima visita. Dos semanas más tarde, supo que el hombre había fallecido de un paro cardíaco.
Desde ese momento, como lo explica Carlos Paternina, sintieron que habían sepultado la única oportunidad de dar con el cuerpo del pequeño. Su hermana Ada decidió hacerse a un lado, porque empezó a presentar cuadros de depresión e hipoglicemia que se agravaban con el paso del tiempo. “Ahí asumí yo el liderazgo del caso y le dije a mi hija: ‘Si tú no caminas, camino yo, pero mijo no se va a perder’”, asegura doña Sara. A la casa de la familia en Toluviejo por esos meses habían llegado rumores de que el cuerpo del pequeño había sido arrojado a un afluente o que estaría enterrado en algún otro municipio sucreño, pero nunca pudieron confirmar nada.
Pero ahora, en 2021, el panorama cambió porque se dio la primera comparecencia de Borja ante la JEP, en la que dio, entre otras cosas, los nombres de otros soldados que tendrían información más clara sobre las 57 operaciones que habrían ocurrido bajo su comandancia.
El perdón de las familias hacia Borja depende de que su ayuda sea efectiva para encontrar el cuerpo de Evin. Doña Sara explica que, aunque saben que las posibilidades de encontrarlo son limitadas y no dependen solo de buenas intenciones, “antes de perdonar, tenemos, como familia, que sanar y quedar con la conciencia tranquila de que quemamos todas las posibilidades. El coronel Borja es la última esperanza que nos queda para, por lo menos, poder ir a rezarle a un cementerio. Yo espero que el próximo año ya pueda llevarle unas flores a su tumba”.
(Le puede interesar: El secuestro de las Farc que habría terminado en un despojo de tierras en Caquetá)
¿Por qué se los llevaron a ellos?
El coronel (r) Luis Fernando Borja dijo ante la Comisión de la Verdad que, si bien él es responsable de estos homicidios, no sabe por qué escogieron a esos muchachos como víctimas. Esa es una de las demandas de verdad de las once familias que preguntan, una y otra vez, ¿por qué se llevaron a sus muchachos?
Del caso de Evin David dice saber con quién hablar para obtener información más precisa y se comprometió a ayudar a encontrar el cuerpo apoyándose en la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Por ahora, les confirmó en qué cementerio cree que estaría el cuerpo.
Les prometió también que se contactaría con el mayor (r) Orlando Arturo Céspedes Escalona, entonces subcomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, quien fue condenado en 2016 a 40 años de prisión por los delitos de homicidio, desaparición y concierto para delinquir agravados. De hecho, las familias tendrán un nuevo encuentro por la verdad el próximo 5 de noviembre, también en Toluviejo, donde esperan elaborar un plan de acción para buscar el cuerpo de Evin.
