La Unidad de Búsqueda llama a la construcción de un sistema nacional de búsqueda de desaparecidos
Su directora, Luz Marina Monzón, invitó a que desde el Estado se construya una política pública para dar con el paradero de quienes fueron desaparecidos por el conflicto. Aseguró que se está fortaleciendo un equipo territorial para la búsqueda en la frontera de Colombia y Venezuela.
Durante la entrega del informe “Desaparición forzada transfronteriza en Norte de Santander” en la mañana del miércoles, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Marina Monzón, hizo un llamado a que el Estado colombiano construya e implemente una política pública que resulte en un sistema nacional de búsqueda de las y los desaparecidos por el conflicto armado en Colombia.
Aseguró además que será esta entidad la que liderará los esfuerzos para que el Sistema Integral de Verdad y Justicia (compuesto también por la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz) deje como legado esta política pública. El llamado que hizo la directora, si bien partirá desde estas tres entidades, también acoge a todas las instituciones nacionales encargada de las labores de búsqueda e identificación de desaparecidos.
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En el evento de entrega del informe, realizado por la Fundación Progresar, también estuvieron presentes Saúl Franco, comisionado de la verdad, y Reinere Jaramillo, magistrada de la JEP. Con relación a las desapariciones ocurridas en la frontera entre Norte de Santander y los estados venezolanos de Táchira, Zulia y Apure, Monzón afirmó una de las líneas de trabajo del Plan Nacional de Búsqueda se centra en las fronteras.
“Consideramos que es fundamental la petición de que la búsqueda sea con el acompañamiento de un equipo multidisciplinario, que hoy ya tiene como base la UBPD, con un equipo territorial para la búsqueda de desaparecidos en la frontera”, afirmó.
De esta manera respondió a la solicitud de Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, quien resaltó en la importancia de crear un equipo multidisciplinario para que se encargue de buscar a quienes fueron desaparecidos en los límites de Colombia con otros país. No más en los 421 kilómetros de frontera que comparte Norte de Santander con Venezuela, se estima que hay entre 300 a 350 personas desaparecidas, según Cañizares.
El documento recogió 61 casos de desaparición forzada transfronteriza ocurridos entre 1990 y 2016. Fueron cometidos por todos los actores armados presentes en la zona, como Los Rastrojos, el Eln, La Línea, las disidencias de las Farc e incluso fuerzas estatales colombianas y venezolanas.
Vea: Desaparición forzada entre Colombia y Venezuela: un crimen por el que nadie responde
“La desaparición forzada es un delito atroz, pero quienes abandonan los cuerpos en territorio venezolano, los sepultan allá o los arrojan a ese lado del río tienen un propósito doble de que los familiares no tengan ninguna posibilidad de recuperar los cuerpos porque están en otro país”, le aseguró a este medio Wilfredo Cañizares.
Entre las dificultades de la desaparición transfronteriza no solo está la desatención de las autoridades nacionales para buscar en los límites con Venezuela por la pérdida de jurisdicción territorial, sino también las malas prácticas de inhumación que familias y organizaciones han evidenciado en el país vecino, entre las que está la falta de identificación o la ausencia de registros de los cuerpos sin nombre encontrados.
Durante la entrega del informe “Desaparición forzada transfronteriza en Norte de Santander” en la mañana del miércoles, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Marina Monzón, hizo un llamado a que el Estado colombiano construya e implemente una política pública que resulte en un sistema nacional de búsqueda de las y los desaparecidos por el conflicto armado en Colombia.
Aseguró además que será esta entidad la que liderará los esfuerzos para que el Sistema Integral de Verdad y Justicia (compuesto también por la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz) deje como legado esta política pública. El llamado que hizo la directora, si bien partirá desde estas tres entidades, también acoge a todas las instituciones nacionales encargada de las labores de búsqueda e identificación de desaparecidos.
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En el evento de entrega del informe, realizado por la Fundación Progresar, también estuvieron presentes Saúl Franco, comisionado de la verdad, y Reinere Jaramillo, magistrada de la JEP. Con relación a las desapariciones ocurridas en la frontera entre Norte de Santander y los estados venezolanos de Táchira, Zulia y Apure, Monzón afirmó una de las líneas de trabajo del Plan Nacional de Búsqueda se centra en las fronteras.
“Consideramos que es fundamental la petición de que la búsqueda sea con el acompañamiento de un equipo multidisciplinario, que hoy ya tiene como base la UBPD, con un equipo territorial para la búsqueda de desaparecidos en la frontera”, afirmó.
De esta manera respondió a la solicitud de Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, quien resaltó en la importancia de crear un equipo multidisciplinario para que se encargue de buscar a quienes fueron desaparecidos en los límites de Colombia con otros país. No más en los 421 kilómetros de frontera que comparte Norte de Santander con Venezuela, se estima que hay entre 300 a 350 personas desaparecidas, según Cañizares.
El documento recogió 61 casos de desaparición forzada transfronteriza ocurridos entre 1990 y 2016. Fueron cometidos por todos los actores armados presentes en la zona, como Los Rastrojos, el Eln, La Línea, las disidencias de las Farc e incluso fuerzas estatales colombianas y venezolanas.
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“La desaparición forzada es un delito atroz, pero quienes abandonan los cuerpos en territorio venezolano, los sepultan allá o los arrojan a ese lado del río tienen un propósito doble de que los familiares no tengan ninguna posibilidad de recuperar los cuerpos porque están en otro país”, le aseguró a este medio Wilfredo Cañizares.
Entre las dificultades de la desaparición transfronteriza no solo está la desatención de las autoridades nacionales para buscar en los límites con Venezuela por la pérdida de jurisdicción territorial, sino también las malas prácticas de inhumación que familias y organizaciones han evidenciado en el país vecino, entre las que está la falta de identificación o la ausencia de registros de los cuerpos sin nombre encontrados.