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Entre el próximo 24 de noviembre y el 25 de febrero del 2021 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga, entre otros casos, el fenómeno de secuestro en Colombia, escuchará la versión de 10 exmandos medios de las antiguas Farc para empezar a juzgar este delito en el marco del conflicto. Según la JEP, en este caso llamado el 001, existen 2.426 víctimas acreditadas que esperan que la justicia transicional las ayude a cerrar el capítulo de dolor.
Los nombres de quienes deberán presentarse son: Reinel Guzmán Flórez (Rafael Político), Bernardo Mosquera Machado (el Negro Antonio), Wílmar Antonio Marín Cano (Hugo 22), Marcos Alvis Patiño (Patequeso), Alfonso López Méndez (Efrén Arboleda), Jhoverman Sánchez Arroyave (Rubén Cano o Manteco), Fancy María Orrego Medina (Érika Montero), Sandra Patricia Velásquez Ñáñez (Rosalba), Héctor Julio Villarraga Cristancho (Grillo o Gilberto Arroyave) y Pedro Trujillo Hernández (Alberto Cancharina).
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La mayoría de los casos de secuestro que estudia el tribunal de paz están atribuidos a excombatientes del bloque Oriental, seguido del bloque Sur y el bloque Occidental. Lo primero que ordenó la JEP, para continuar esclareciendo la verdad sobre el conflicto armado, fue convocar a una nueva jornada de versiones colectivas a 15 frentes de distintos bloques para que entreguen un relato consensuado.
Para lograrlo, la JEP documentó y sistematizó las observaciones y comentarios de las casi mil víctimas que, después de haber oído las versiones de 31 excomandantes de la otrora guerrilla, decidieron poner sobre el papel sus inquietudes, demandas de verdad y peticiones sobre los casos de sus familiares. ¿Por qué ocurrían los secuestros?, ¿quiénes daban las órdenes?, y, ¿cómo elegían a las víctimas? El bloque Oriental, por ejemplo, fue nombrado en 360 observaciones de víctimas que exigieron a los exguerrilleros que volvieran a rendir cuentas ante esta justicia sobre los secuestros cometidos por los frentes 27, 42, 22, 7 y 40. Uno de los casos más recordados de secuestro, cometido por el antiguo frente 22, fue el secuestro y asesinato en 2003 del empresario japonés Chikao Muramatsu.
El otro bloque de la exguerrilla sobre el que las víctimas dicen tener más preguntas es el Sur, con 144 observaciones o inquietudes; seguido del bloque Occidental, con 129 preguntas de las víctimas. El bloque Caribe recibió 102 comentarios y el Noroccidental, 101. Las estructuras del Magdalena Medio y el Comando Conjunto Central tendrán que responder a 46 y 26 demandas a la verdad.
Para Daniel Vargas, subcoordinador de litigio de la Comisión Colombiana de Juristas y representante de 120 víctimas de secuestro de las Farc, “el aporte a la verdad anterior, por parte de excomandantes y altos mandos, fue muy limitado y no logró satisfacer las necesidades de las víctimas”. Por eso, según el abogado, lo que buscan ahora es que respondan a preguntas específicas sobre por qué se cometieron los secuestros y que acepten su responsabilidad sobre esos hechos.
“La versión de los mandos medios es muy importante, porque ellos podían tener un control más inmediato de los hechos acontecidos en las Farc, entonces se espera que cuenten detalles. Las víctimas tienen unas expectativas muy altas de estas nuevas versiones”, comentó el jurista. Muchas de las víctimas le han manifestado a la JEP la verdad de los últimos momentos que vivieron sus familiares en cautiverio, como sus últimas palabras antes de que, en algunos casos, fueran asesinados.
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En el caso de Marcos Alvis Patiño (Patequeso), a quien señalan de haber sido el carcelero de más de 50 secuestrados en el bloque Oriental, una de las demandas de víctimas es que la exguerrilla cuente la verdad sobre la toma de Mitú (Vaupés), perpetrada contra la Fuerza Pública en 1998 y que terminó con el secuestro de 61 uniformados, uno de ellos muerto en cautiverio: el mayor de la Policía Julián Ernesto Guevara. El excombatiente reconoció en la JEP haber sido el carcelero de esta toma entre 1999 y 2001.
Otra de las demandas específicas de verdad es para Alfonso López o Efrén Arboleda, antiguo miembro de la dirección del bloque Oriental. Según las víctimas, López tiene información sobre el caso del secuestro y crimen de los tres indigenistas estadounidenses (Terence Freitas, Ingrid Washinawatok y Laheenae Gay) cometido en 1999. También debe responder por secuestros perpetrados en Arauca y Casanare, relacionados con el frente 10.
Entretanto, Jhoverman Sánchez Arroyave, conocido en la guerra como Manteco o Rubén Cano, fue mencionado en tres observaciones de víctimas que pidieron interrogarlo sobre los tratos crueles contra los secuestrados del frente 58, en el Urabá antioqueño.
Otras víctimas de ese departamento son los familiares de los expolíticos secuestrados y asesinados en 2003, Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry. Ellos también les dijeron a los magistrados de la JEP que Fancy María Orrego Medina (Érika Montero), exintegrante de la dirección del bloque Noroccidental, podría aportar información sobre este caso del que, el pasado 7 de octubre, Pastor Alape pidió perdón ante la Asamblea de Antioquia.
Por el bloque Sur de las Farc fue llamada a rendir versión Sandra Patricia Velásquez, conocida en la guerra como Rosalba, quien fue la enfermera de esta estructura subversiva y fue llamada a aportar información sobre lo que pudo conocer en sus labores médicas con los secuestrados.
Uno de los mandos medios más conocidos que se presentará a rendir versión es Héctor Julio Villarraga Cristancho (Gilberto Arroyave o el Grillo), el antiguo carcelero de los 12 diputados del Valle del Cauca, secuestrados en abril de 2002. De este excomandante se espera que aporte información sobre el estado de los expolíticos en cautiverio y responda a cinco preguntas específicas que han formulado los familiares de las víctimas.
Finalmente, Pedro Trujillo Hernández (Alberto Cancharina) es quien deberá responder a las dos víctimas que lo nombraron en sus observaciones como responsable de varios casos de secuestro cometidos por el antiguo bloque Magdalena Medio.
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Con estas diligencias judiciales, la JEP pretende acopiar las versiones de los exmandos medios de las Farc para después darles respuestas a las víctimas sobre sus preguntas específicas, constatar la información y, luego, emitir las sanciones del primer macrocaso que investiga la justicia transicional en el marco del conflicto armado.
