La versión ante la JEP del coronel (r) Hernán Mejía, quien quiere ser presidente

“Luego de largas cavilaciones y hablar con mi conciencia, he tomado la decisión de lanzarme como precandidato a la Presidencia de la República. Lo hago a sabiendas de que no pertenezco a ningún movimiento o partido político y el único ideal es salvar a Colombia”. Las palabras son del coronel (r) Publio Hernán Mejía, quien fue comandante del Batallón de Artillería Número 2 La Popa, del Ejército, de 2002 a 2003, quien está condenado a 14 años de prisión por haber actuado de manera conjunta con los paramilitares para presentar resultados conocidos como “falsos positivos”, patrullar de manera conjunta y proveerles armas y material de intendencia.

El coronel (r) hizo su anuncio en un foro de precandidatos presidenciales el pasado 25 de junio, presentado por el Grupo de Pensamiento y Acción Foro Atenas y el portal Linterna Azul, en el que fueron panelistas Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Rafael Nieto Loaiza, del Centro Democrático. Mejía divulgó su interés en ser jefe de Estado a pesar de estar inhabilitado para hacer política por estar condenado (según dispone la Constitución), al menos en este momento. Uno de los expertos que participó en las negociaciones de La Habana con las Farc explicó que las penas vigentes para integrantes de la antigua guerrilla sí quedan suspendidas hasta que la JEP se pronuncie, pero ese beneficio no incluye a agentes del Estado.

En su criterio, luego de que la JEP tome decisiones de fondo sobre su caso (lo que probablemente no sucederá antes de elecciones), se podrá saber el futuro de Mejía. En principio, el oficial en retiro podría aspirar a que se le aplique el artículo 20 del Acto Legislativo 01 de 2017 que dio vida a la JEP, según el cual la imposición de sanciones por parte de esa jurisdicción no inhabilita políticamente, y que no hace diferencia entre exguerrilleros o agentes de la fuerza pública. Para abogados expertos en derechos humanos, la situación es clara: a menos que la JEP lo absuelva, el coronel (r) Mejía no tiene oportunidad en la política. “Así que este señor está en el lugar equivocado”, dijo una fuente consultada.

Un abogado quien representa a víctimas de “falsos positivos” ante la JEP, dijo que la candidatura de Mejía no es posible porque todavía no hay una decisión sobre su condena emitida por la justicia ordinaria. “Los guerrilleros están bajo la óptica del delito político, pero en caso de agentes estatales este no se puede pregonar”, dijo. Sebastián Escobar, representante de víctimas de casos de ejecuciones cometidos por esa unidad militar, señaló que, en este momento, Mejía es solo aspirante a un tratamiento diferencial en la JEP que, cabe recordar, pude incluso sacarlo si no cumple con la obligación de decir la verdad.

(Lea también: Las tres fases de los “falsos positivos” del Batallón La Popa)

Mejía fue condenado a 19 años y seis meses de prisión por el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, el 6 de septiembre de 2013, por nexos con el paramilitarismo. La decisión fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá el 14 de marzo de 2019, pero reducida a 14 años y dos meses de prisión. Aunque acudió a casación en la Corte Suprema de Justicia, el caso terminó en consideración de la JEP en diciembre pasado. Desde que fue condenado, el Ejército lo mantuvo activo en el servicio por seis años más, pues solo en septiembre de 2019 fue llamado a calificar servicios. Tras presentarse a la Jurisdicción Especial para la Paz, fue beneficiado con la libertad condicionada el 2 de noviembre de 2017.

En el foro, el coronel (r) aseguró que su pretensión nace de una necesidad de “cambiar el Estado”, combatir riesgos que él considera urgentes, como Venezuela, el narcotráfico y la corrupción, así como de hacer reformas en el Congreso, las cortes y el servicio diplomático. Mejía, quien se calificó de extrema derecha, consideró que los “ciudadanos de bien” deben poder armarse, criticó el uso del Ministerio de Defensa como trampolín político a la Presidencia, dijo que las Fuerzas Armadas no pueden estar “desmotivadas y en posconflicto”, que las Farc de nuevo están asentadas en los territorios que —él dice— ayudó a consolidar en la época de la seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe y se llamó vocero de los veteranos y la reserva activa.

El Espectador conoció la versión voluntaria que rindió el oficial (r) ante la JEP en el caso del macrocaso 003 sobre “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate”, que fue rendida luego de que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Conductas le entregara las versiones que rindieron siete de sus exsubordinados en el Batallón La Popa. Estos aseguraron que Mejía tuvo alianzas con paramilitares como David Hernández, alias 39, exmilitar y jefe del frente Mártires del Cacique del Valle de Upar; que realizó patrullajes conjuntos con ese grupo ilegal y que “legalizó” homicidios cometidos por ellos.

Uno de ellos, de grado coronel, dijo: “Sé de boca del mismo señor coronel (r) Mejía que él participó en reuniones con 39, fuera del Batallón”. Otro militar indicó que “fue del 2003 para atrás cuando estaba el coronel (r) Mejía y 39 estaba vivo, o sea que esas dos personas unidas hacían y deshacían”. En la versión rendida el 16 de enero de este año, Mejía negó cada señalamiento y exigió que le dijeran con hora, día y lugar de esas supuestas reuniones. “¿Cómo se explica que hombres a su cargo pudieran hacer un patrullaje conjunto con miembros de las Auc sin que usted o la plana mayor supieran?”, le preguntó el magistrado Óscar Parra luego de citar a otros dos militares que lo incriminaron.

Mejía aseguró que eso nunca pasó; que, en ese momento, era fácil probar si las tropas en algún momento hicieron estos patrullajes conjuntos e insistió en calificar como una “estrategia” en su contra estas versiones. Además, dijo que en vez de alianzas con “paras” hubo labores de infiltración a grupos ilegales. “Fue un logro de inteligencia, creo yo, para explicar lo que están diciendo. Ahora, nunca… nunca me enteré yo que en un combate participaron grupos de autodefensa con sus armas o grupos de guerrilla y soldados al lado, jamás, su señoría”.

El coronel (r) negó, por ejemplo, la versión que dio un oficial de alto rango, quien dijo que las órdenes de operaciones se cambiaban de acuerdo con los resultados obtenidos; y haber dado plata a los soldados por bajas, como confesó ante la JEP otro militar en su versión voluntaria. “Jamás, señoría, puedo ofrecer lo que no puedo dar, yo no tenía ninguna partida de dinero para ofrecerles a mis soldados, o sea, no podía (…) Nunca se tuvo bajo mi comando como argumento que había matado, asesinado, dado bajas para pedir una medalla. Esa no era la esencia de la medalla”.

“Hay una tergiversación aquí, honorable magistrado, y es que después de que se posesionó el presidente Uribe y se instaló la famosa red de cooperantes, se emitió una directiva presidencial en la cual decían que si estos informantes o la persona que diera información para ubicar un arma larga recibía como recompensa $1′500.000 y por armas cortas entre $500.000 y $1′.000.000. No y repito, no era por baja con fusil o baja con pistola, no, era una directiva presidencial que asignaba esas recompensas”, aseguró. Dos militares más, cuyos nombres se reservan, aseguraron ante la JEP que hubo múltiples casos de “falsos positivos” desde el pelotón especial Trueno y el pelotón Zarpazo de La Popa.

(Le puede interesar: Los líos judiciales del coronel (r) José Luis Martínez, ex comandante del Gaula Tolima)

En su respuesta, el coronel (r) Mejía se limitó a señalar que en ese entonces la situación de orden público era bastante complicada. “El grupo o pelotón especial Trueno se entrenó después de febrero de 2003, el teniente (...) llegó a finales de enero de 2003 al batallón, no antes, yo ya llevaba año y tres meses de comandante. Vuelvo y repito, las operaciones de este pelotón Trueno que he podido evidenciar son más de una etapa posterior a mi comando que durante mi comando. Se habla de una acción de ese pelotón por allá en Atanquez en la visita del gobernador. Yo ya no estaba, sin embargo, me atribuyen a mí esos hechos”, dijo.

Mejía, además, tiene otro proceso pendiente. Uno adelantado por la Fiscalía 90 de Bucaramanga, en el cual fue vinculado por la muerte de Luis Fernando Daza Malo y Sigibaldo Aragón Fuentes, hechos ocurridos el 3 de marzo 2003. Según dijo el magistrado que lideró la versión, el 16 de noviembre de 2007 se dictó resolución de acusación que refiere, entre otros, la indagatoria de Alexánder Villamizar Lancheros, quien también comandó el grupo especial Zarpazo, reconoció los hechos y trasladó la responsabilidad de lo que pasó a Mejía como comandante. La respuesta del coronel (r) fue que un comandante como él no se iría con treinta a hombres a liderar una operación.

“Tengo que mirar hasta dónde conozco de esta acción táctica, supongo hace parte de los documentos… hace parte de los documentos que se desaparecieron, pero sí le puedo asegurar que yo no tuve el mando de ninguna unidad, ni estuve presente en el desarrollo de ninguna operación de mi batallón. No podía hacerlo”, aseguró. Según Mejía, 43 carpetas de su expediente, con más de 500 folios originales de órdenes de operaciones, se perdieron y allí estaría la verdad de lo sucedido con varias de las operaciones que se le cuestionan, por las que fue condenado por la justicia ordinaria.

Luego de decir que nunca fue amigo de alias 39, el coronel (r)Mejía se declaró defraudado por sus soldados y víctima de una campaña en su contra, que habría iniciado desde que, según dijo, en una rueda de prensa de 2007, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, lo relevara de todas sus funciones por supuestos nexos con Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Ahora, él cree que las versiones que sus propios subordinados han hecho, mencionándolo con grupos ilegales, se hicieron con la intención de buscar los beneficios de la JEP. En general, su estrategia ante la JEP consistió en asegurar que los soldados mienten.

“Sí me llama mucho la atención y creo que a todas las autoridades incluyéndolos a ustedes, les debe llamar la atención que esos hombres ya rindieron versiones en la justicia ordinaria, sin que se tuviera siquiera la… en la imaginación que iba a existir una justicia alternativa, transicional como esta para la situación del conflicto. Que digan que ahora sí van a decir la verdad y que nunca la dijeron antes, pues no es normal en un hombre que supuestamente ha actuado con honor y con lealtad; y con rigurosidad. Hoy buscan los beneficios, buscan salvarse, pero lo tienen que probar”, relató.

“Luego de largas cavilaciones y hablar con mi conciencia, he tomado la decisión de lanzarme como precandidato a la Presidencia de la República. Lo hago a sabiendas de que no pertenezco a ningún movimiento o partido político y el único ideal es salvar a Colombia”. Las palabras son del coronel (r) Publio Hernán Mejía, quien fue comandante del Batallón de Artillería Número 2 La Popa, del Ejército, de 2002 a 2003, quien está condenado a 14 años de prisión por haber actuado de manera conjunta con los paramilitares para presentar resultados conocidos como “falsos positivos”, patrullar de manera conjunta y proveerles armas y material de intendencia.

El coronel (r) hizo su anuncio en un foro de precandidatos presidenciales el pasado 25 de junio, presentado por el Grupo de Pensamiento y Acción Foro Atenas y el portal Linterna Azul, en el que fueron panelistas Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Rafael Nieto Loaiza, del Centro Democrático. Mejía divulgó su interés en ser jefe de Estado a pesar de estar inhabilitado para hacer política por estar condenado (según dispone la Constitución), al menos en este momento. Uno de los expertos que participó en las negociaciones de La Habana con las Farc explicó que las penas vigentes para integrantes de la antigua guerrilla sí quedan suspendidas hasta que la JEP se pronuncie, pero ese beneficio no incluye a agentes del Estado.

En su criterio, luego de que la JEP tome decisiones de fondo sobre su caso (lo que probablemente no sucederá antes de elecciones), se podrá saber el futuro de Mejía. En principio, el oficial en retiro podría aspirar a que se le aplique el artículo 20 del Acto Legislativo 01 de 2017 que dio vida a la JEP, según el cual la imposición de sanciones por parte de esa jurisdicción no inhabilita políticamente, y que no hace diferencia entre exguerrilleros o agentes de la fuerza pública. Para abogados expertos en derechos humanos, la situación es clara: a menos que la JEP lo absuelva, el coronel (r) Mejía no tiene oportunidad en la política. “Así que este señor está en el lugar equivocado”, dijo una fuente consultada.

Un abogado quien representa a víctimas de “falsos positivos” ante la JEP, dijo que la candidatura de Mejía no es posible porque todavía no hay una decisión sobre su condena emitida por la justicia ordinaria. “Los guerrilleros están bajo la óptica del delito político, pero en caso de agentes estatales este no se puede pregonar”, dijo. Sebastián Escobar, representante de víctimas de casos de ejecuciones cometidos por esa unidad militar, señaló que, en este momento, Mejía es solo aspirante a un tratamiento diferencial en la JEP que, cabe recordar, pude incluso sacarlo si no cumple con la obligación de decir la verdad.

(Lea también: Las tres fases de los “falsos positivos” del Batallón La Popa)

Mejía fue condenado a 19 años y seis meses de prisión por el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, el 6 de septiembre de 2013, por nexos con el paramilitarismo. La decisión fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá el 14 de marzo de 2019, pero reducida a 14 años y dos meses de prisión. Aunque acudió a casación en la Corte Suprema de Justicia, el caso terminó en consideración de la JEP en diciembre pasado. Desde que fue condenado, el Ejército lo mantuvo activo en el servicio por seis años más, pues solo en septiembre de 2019 fue llamado a calificar servicios. Tras presentarse a la Jurisdicción Especial para la Paz, fue beneficiado con la libertad condicionada el 2 de noviembre de 2017.

En el foro, el coronel (r) aseguró que su pretensión nace de una necesidad de “cambiar el Estado”, combatir riesgos que él considera urgentes, como Venezuela, el narcotráfico y la corrupción, así como de hacer reformas en el Congreso, las cortes y el servicio diplomático. Mejía, quien se calificó de extrema derecha, consideró que los “ciudadanos de bien” deben poder armarse, criticó el uso del Ministerio de Defensa como trampolín político a la Presidencia, dijo que las Fuerzas Armadas no pueden estar “desmotivadas y en posconflicto”, que las Farc de nuevo están asentadas en los territorios que —él dice— ayudó a consolidar en la época de la seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe y se llamó vocero de los veteranos y la reserva activa.

El Espectador conoció la versión voluntaria que rindió el oficial (r) ante la JEP en el caso del macrocaso 003 sobre “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate”, que fue rendida luego de que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Conductas le entregara las versiones que rindieron siete de sus exsubordinados en el Batallón La Popa. Estos aseguraron que Mejía tuvo alianzas con paramilitares como David Hernández, alias 39, exmilitar y jefe del frente Mártires del Cacique del Valle de Upar; que realizó patrullajes conjuntos con ese grupo ilegal y que “legalizó” homicidios cometidos por ellos.

Uno de ellos, de grado coronel, dijo: “Sé de boca del mismo señor coronel (r) Mejía que él participó en reuniones con 39, fuera del Batallón”. Otro militar indicó que “fue del 2003 para atrás cuando estaba el coronel (r) Mejía y 39 estaba vivo, o sea que esas dos personas unidas hacían y deshacían”. En la versión rendida el 16 de enero de este año, Mejía negó cada señalamiento y exigió que le dijeran con hora, día y lugar de esas supuestas reuniones. “¿Cómo se explica que hombres a su cargo pudieran hacer un patrullaje conjunto con miembros de las Auc sin que usted o la plana mayor supieran?”, le preguntó el magistrado Óscar Parra luego de citar a otros dos militares que lo incriminaron.

Mejía aseguró que eso nunca pasó; que, en ese momento, era fácil probar si las tropas en algún momento hicieron estos patrullajes conjuntos e insistió en calificar como una “estrategia” en su contra estas versiones. Además, dijo que en vez de alianzas con “paras” hubo labores de infiltración a grupos ilegales. “Fue un logro de inteligencia, creo yo, para explicar lo que están diciendo. Ahora, nunca… nunca me enteré yo que en un combate participaron grupos de autodefensa con sus armas o grupos de guerrilla y soldados al lado, jamás, su señoría”.

El coronel (r) negó, por ejemplo, la versión que dio un oficial de alto rango, quien dijo que las órdenes de operaciones se cambiaban de acuerdo con los resultados obtenidos; y haber dado plata a los soldados por bajas, como confesó ante la JEP otro militar en su versión voluntaria. “Jamás, señoría, puedo ofrecer lo que no puedo dar, yo no tenía ninguna partida de dinero para ofrecerles a mis soldados, o sea, no podía (…) Nunca se tuvo bajo mi comando como argumento que había matado, asesinado, dado bajas para pedir una medalla. Esa no era la esencia de la medalla”.

“Hay una tergiversación aquí, honorable magistrado, y es que después de que se posesionó el presidente Uribe y se instaló la famosa red de cooperantes, se emitió una directiva presidencial en la cual decían que si estos informantes o la persona que diera información para ubicar un arma larga recibía como recompensa $1′500.000 y por armas cortas entre $500.000 y $1′.000.000. No y repito, no era por baja con fusil o baja con pistola, no, era una directiva presidencial que asignaba esas recompensas”, aseguró. Dos militares más, cuyos nombres se reservan, aseguraron ante la JEP que hubo múltiples casos de “falsos positivos” desde el pelotón especial Trueno y el pelotón Zarpazo de La Popa.

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En su respuesta, el coronel (r) Mejía se limitó a señalar que en ese entonces la situación de orden público era bastante complicada. “El grupo o pelotón especial Trueno se entrenó después de febrero de 2003, el teniente (...) llegó a finales de enero de 2003 al batallón, no antes, yo ya llevaba año y tres meses de comandante. Vuelvo y repito, las operaciones de este pelotón Trueno que he podido evidenciar son más de una etapa posterior a mi comando que durante mi comando. Se habla de una acción de ese pelotón por allá en Atanquez en la visita del gobernador. Yo ya no estaba, sin embargo, me atribuyen a mí esos hechos”, dijo.

Mejía, además, tiene otro proceso pendiente. Uno adelantado por la Fiscalía 90 de Bucaramanga, en el cual fue vinculado por la muerte de Luis Fernando Daza Malo y Sigibaldo Aragón Fuentes, hechos ocurridos el 3 de marzo 2003. Según dijo el magistrado que lideró la versión, el 16 de noviembre de 2007 se dictó resolución de acusación que refiere, entre otros, la indagatoria de Alexánder Villamizar Lancheros, quien también comandó el grupo especial Zarpazo, reconoció los hechos y trasladó la responsabilidad de lo que pasó a Mejía como comandante. La respuesta del coronel (r) fue que un comandante como él no se iría con treinta a hombres a liderar una operación.

“Tengo que mirar hasta dónde conozco de esta acción táctica, supongo hace parte de los documentos… hace parte de los documentos que se desaparecieron, pero sí le puedo asegurar que yo no tuve el mando de ninguna unidad, ni estuve presente en el desarrollo de ninguna operación de mi batallón. No podía hacerlo”, aseguró. Según Mejía, 43 carpetas de su expediente, con más de 500 folios originales de órdenes de operaciones, se perdieron y allí estaría la verdad de lo sucedido con varias de las operaciones que se le cuestionan, por las que fue condenado por la justicia ordinaria.

Luego de decir que nunca fue amigo de alias 39, el coronel (r)Mejía se declaró defraudado por sus soldados y víctima de una campaña en su contra, que habría iniciado desde que, según dijo, en una rueda de prensa de 2007, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, lo relevara de todas sus funciones por supuestos nexos con Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Ahora, él cree que las versiones que sus propios subordinados han hecho, mencionándolo con grupos ilegales, se hicieron con la intención de buscar los beneficios de la JEP. En general, su estrategia ante la JEP consistió en asegurar que los soldados mienten.

“Sí me llama mucho la atención y creo que a todas las autoridades incluyéndolos a ustedes, les debe llamar la atención que esos hombres ya rindieron versiones en la justicia ordinaria, sin que se tuviera siquiera la… en la imaginación que iba a existir una justicia alternativa, transicional como esta para la situación del conflicto. Que digan que ahora sí van a decir la verdad y que nunca la dijeron antes, pues no es normal en un hombre que supuestamente ha actuado con honor y con lealtad; y con rigurosidad. Hoy buscan los beneficios, buscan salvarse, pero lo tienen que probar”, relató.