Las dificultades del caso de reclutamiento forzado en la JEP

Sandra* es una víctima de reclutamiento forzado que no está en ninguna organización y tampoco ha tenido acceso a la justicia para contar qué le sucedió y para que los responsables sean sancionados. Han pasado 20 años desde que la extinta guerrilla de las Farc la reclutó en una vereda lejana del departamento del Casanare. No diremos cuál es y tampoco detallaremos los tiempos, porque el miedo, aunque hayan pasado décadas, le impide decirlo.

Sandra limpia casas mientras ve en las noticias las peleas entre políticos sobre el reclutamiento. “Piden y pelean por nosotros -dice y se ríe con ironía-, pero nadie nos escucha”. Le molesta ver a los exjefes guerrilleros de las Farc negando uno de los tantos delitos que cometieron contra ella: “Porque a mí no solo me reclutaron, también me abrieron las piernas duro para meterme una cosa. Me dijeron que era “un dispositivo”, para que no quedara embarazada. Le gritaba que no lo hiciera, ni siquiera sabía cómo se hacía un bebé”. Tenía 12 años y no había siquiera experimentado su primera menstruación.

Ella no sabe qué es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y tampoco que el año pasado esta justicia de transición, que busca juzgar a los máximos responsables de la guerra, abrió el caso 07 sobre reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. “No entiendo el mecanismo de la JEP. Esa información no nos llega a las víctimas, aunque estemos registradas. Y así no conocen lo que vivimos”, asegura.

Sandra tiene razón. Hasta ahora en este caso solo se han acreditado 90 víctimas, una cifra que es irrisoria en comparación con otras victimizaciones, como secuestro, donde hay casi 2 mil. Y también por la dimensión de este fenómeno, que han denunciado las organizaciones sociales como la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), además de los informes de la Fiscalía y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Con los datos recolectados, la JEP ha dicho que al menos 6.230 niños y niñas fueron vinculados a grupos armados regulares e irregulares en Colombia.

Pero esta no es la única dificultad de este caso. Mario*, quien fue reclutado por las Farc cuando apenas tenía 10 años, asegura que cuando cumplió 25 supo que el reclutamiento es un delito y él debía ser reparado: “Tardé 15 años en saberlo. Imagínese. Me di cuenta por otra persona que se dio cuenta primero. Ahí busqué a otros compañeros que no sabían y con el apoyo de la organización Benposta llegamos a la JEP”. Sobre todo en las zonas rurales, advierte, hay desconocimiento “de que si se lo lleva un grupo armado usted es víctima y tampoco hay una guía del Estado que lo aclare o le explique sus derechos”.

Desconoce los avances del caso 07. Junto a Benposta sólo entregaron un primer informe sobre la Operación Berlín, la acción militar del Ejército Nacional contra la columna móvil Arturo Ruiz de las Farc, que se conformó en el año 2000 y estaba compuesta por 362 guerrilleros, de los cuales 150 eran menores de edad. Según los registros, 74 niños, niñas y adolescentes murieron. “Han pasado cosas: hemos trabajado el tema de la verdad y en la búsqueda de los desaparecidos de la operación, pero no nos han llamado todavía para escuchar nuestras versiones o para oír a la guerrilla o al Ejército, porque ellos también ejecutaron a indefensos”.

(También lea: Reclutamiento forzado: un delito que ningún grupo armado ha reconocido en Colombia)

Otro de los problemas del caso de reclutamiento es que no todas las organizaciones se han involucrado en el caso desde su apertura. Algunas, en un principio, por sus inconformismos en la manera como está estructurada esta justicia y, según rumores, por choques con los magistrados de la JEP. Ese fue el caso de la Corporación Rosa Blanca, que desde que se firmó el Acuerdo de Paz ha mostrado su rechazo a que los exjefes guerrilleros estén en el Congreso sin antes haber pagado sus condenas y que las víctimas no puedan ser reparadas monetariamente. La Jurisdicción, en al menos tres ocasiones, les envió una carta invitándolas a participar.

Sin embargo, Abel Alfredo González, representante de la Corporación, frena de tajo estas afirmaciones y aclara que sí participarán en la justicia transicional, aunque esos reparos existan. En este momento sus integrantes están recaudando la información de 45 casos que conocen y así cumplir con los requerimientos de la Jurisdicción de entregar hechos concretos y nombres de los posibles responsables.

Y en este punto también hay dificultades: “Para tener esa información se necesita dinero. Las mujeres de Rosa Blanca están por todo el territorio nacional y nosotros somos una corporación que no tiene recursos, que no hemos sido sujeto de donaciones que nos permitan, por ejemplo, recaudar pruebas sumarias. Y necesitamos demostrar que hubo una violación hace 20 o 25 años. Ningún informe de Medicina Legal va a constatar ese hecho de manera física. Necesitamos a sicólogos forenses, pero nos cobran una suma alta que no tenemos”.

Lo cierto es que ahora no están y su información es necesaria. Este diario intentó comunicarse con el magistrado Iván González, quien adelanta el caso, pero aseguró que prefiere no referirse a ese tema. Sin embargo, fuentes dentro de la JEP, que prefieren no identificarse, expresan que recaudar información para los magistrados ha sido complejo, pues deben conocer más hechos y hasta el momento solo cuentan con un informe de la Fiscalía, otro del CNMH y dos de organizaciones sociales, entre ellas Coalico.

De hecho, le pidieron a la Coalico que mejore y detalle sus denuncias porque hasta ahora el contenido es insuficiente. Actualmente, la Jurisdicción trabaja junto con organizaciones en los territorios, como Antioquia y Meta, que, si bien no se enfocan sólo en reclutamiento, tienen conocimiento de casos.

A lo anterior hay que sumar, según fuentes dentro de la Jurisdicción, los recursos interpuestos por la defensa de los exfarc. “Los excombatientes de las Farc han sido poco colaboradores en el proceso. Y no solo ha pasado en el caso de reclutamiento. También han usado recursos en contra de las decisiones de los magistrados en otros casos, que hacen que todo vaya más lento. Lo curioso es que no los hacen de manera colectiva, sino que interponen varios por separado, lo que congestiona las salas o secciones”, dice una de ellas.

Sobre el caso de reclutamiento, se refiere a dos hechos puntuales. El primero de ellos ocurrió el año pasado, cuando la defensa de los excombatientes de las Farc decidió recusar al magistrado Iván González. En un principio, 22 abogados solicitaron en una misma petición que González se declarara impedido. Luego, al menos nueve de ellos, interpusieron recursos que alegaban lo mismo, pero de manera individual. Las razones fueron que, por un lado, González trabajó como asesor del Gobierno Nacional en las negociaciones de paz. Y, por el otro lado, estaban inconformes con las declaraciones que dio en una entrevista a Caracol Noticias sobre el reclutamiento.

También, como se conoció esta semana, los abogados presentaron 29 alegatos para que se pospusiera la decisión de llamar a rendir versiones voluntarias a 14 exjefes guerrilleros que habrían tenido responsabilidad sobre casos de reclutamiento. La defensa pidió que fuera contrastada la información contenida en los informes que recibieron de organizaciones y entidades del Estado; solicitó que se citara “exclusivamente a quienes hayan sido mencionados”, y que, como consecuencia de ese recurso, la magistratura informara de manera “clara y expresa” por qué informe, folio, entrevista o víctima decidieron vincularlos.

La JEP en ambas ocasiones negó sus peticiones y los obligó a asistir en los próximos meses y reiteró que González no tiene impedimentos para el caso, pues nunca fue su adversario en un escenario judicial y sus declaraciones estaba relacionadas con análisis de las víctimas. Dentro de la Jurisdicción hay molestia, pues resolver esos recursos toma tiempo, y más si son 29 por separado, lo que retrasa el cronograma del caso. Eso sin contar que, de acuerdo con otra fuente, notificar las decisiones a los exfarc ha sido muy complicado. Y sin eso no puede continuar la Sala de Reconocimiento con su trabajo.

La defensa de las Farc niega estas aseveraciones. Ángela Caro, abogada del Sistema Autónomo de Asesoría Defensa (SAAD) y coordinadora de equipo de defensa caso 07, explica que detrás de las acciones había una razón sustentada: “En el caso de las declaraciones no comprendíamos que eso estuviese a lugar respecto a su rol de magistrados. Pensamos que esas opiniones no deberían ocurrir. Y el segundo recurso creemos que estábamos en todas las facultados para interponerlo que están en el marco de la normatividad vigente y no por ello hay que poner en duda la voluntad de comparecer de los exmiembros de las Farc”.

Por eso insiste en que esas afirmaciones son imprecisas y tendenciosas, y que las 28 reposiciones se hicieron de manera colectiva. Agrega que, diferente a lo que se ha malinterpretado de estos hechos, los excombatientes quieren esclarecer lo que ocurrió y por eso su defensa ha trabajado para detallar los hechos de los informes. El cronograma, según la jurista, se está cumpliendo.

“No se trató de 29 recursos de reposición diferentes, menos aún sucesivos, para dilatar el proceso. Tratándose de un procedimiento colectivo, en el que se busca citar, escuchar y esclarecer la verdad de manera conjunta para los antiguos miembros de la insurgencia, fueron 29 memoriales equivalentes, con el nombre de cada compareciente citado, todos con el mismo contenido, el mismo texto, arguyendo las mismas discrepancias jurídicas. Dicho de otro modo, se trató de un único recurso de reposición contra el auto 226 que pretendía cobijar a la totalidad de comparecientes. De la JEP no se demandaron 28 respuestas, ni 28 estudios de caso diferentes que torpedearan el proceso, tanto así que la respuesta de fondo es dada en un único auto, el 099 de 2020, 6 meses después de interpuesto el recurso”, aclaró la defensa.

(También lea: Falta de clases aumentó el reclutamiento forzado en Colombia)

Sobre las declaraciones de los exguerrilleros de que no existió reclutamiento en sus filas, Caro dice que “siempre se les pregunta a los mismos excombatientes de las Farc que si ingresaron a la guerrilla siendo menores. La visión, entonces, puede variar, porque de pronto el año en el que uno ingresó estaba la posibilidad de ser mayores de 15 años. Las Farc regularon este tema hasta la séptima conferencia. La invitación es a contextualizar esas opiniones y mirar los casos específicos para responderles a las víctimas. El reclutamiento es un hecho que existió, que cometieron todos los grupos armados de Colombia, quienes deberán responder por eso. En la organización Farc no existió como norma o regla, pero el fenómeno estaba”.

Esta última afirmación la rechazan las víctimas. Tanto Mario como Sandra y las integrantes de la Corporación Rosa Blanca coinciden en que no se trató de un fenómeno aislado. Hablan de una sistematicidad que, esperan, la JEP pueda develar, porque hasta ahora, como señala Sandra, “nadie ha querido reconocer que se llevaron a los niños a la guerra”.

Si en un punto concuerdan los entrevistados y las entrevistadas es que el reclutamiento ha estado más en la arena política que en la judicial. Y eso, por supuesto, ha desencadenado en presiones de quienes se opusieron desde el comienzo al proceso de paz, en respuestas revictimizantes del partido Farc, asegurando que no hubo reclutamiento en sus filas, y la idea de que en la JEP no se avanza.

“Nadie quiere perder capital político, entonces, comienzan los ataques de un lado a otro, incluso, se meten con la justicia. Este delito, como el de violencia sexual, es difícil de reconocer, pero funciona muy bien para atacar públicamente: ¿quién aceptaría ahora que se pudo haber llevado menores de 15 años, violando el Derecho Internacional Humanitario (DIH)?”, explica una de las fuente dentro de la JEP.

No en vano, en medio de la indignación general por las declaraciones de Sandra Ramírez y Rodrigo Londoño, miembros de la exguerrilla de las Farc, sobre la negación del reclutamiento forzado, el presidente Iván Duque le pidió a Patricia Linares, presidenta de la JEP, celeridad en los casos, sobre todo en el 07, pues esta justicia lleva cuatro años funcionando. La presidenta no sólo le recordó que llevan dos años trabajando, sino que en otro evento, por la presión en medios de comunicación y espacios políticos por resultados, llamó a que se respetaran las divisiones de poder y la autonomía de los jueces.

Este diario también intentó comunicarse con la Coalico, pero la secretaría técnica asegura que la semana pasada dio un comunicado a la opinión pública. En ese documento reitera “un llamado a la coherencia entre los discursos y los gestos de reconocimiento de la verdad respecto de la comisión de graves crímenes como el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado”. Y recuerda que estos delitos deben ser siempre reprochables social y jurídicamente.

*Nombres modificados por petición de los entrevistados.

Sandra* es una víctima de reclutamiento forzado que no está en ninguna organización y tampoco ha tenido acceso a la justicia para contar qué le sucedió y para que los responsables sean sancionados. Han pasado 20 años desde que la extinta guerrilla de las Farc la reclutó en una vereda lejana del departamento del Casanare. No diremos cuál es y tampoco detallaremos los tiempos, porque el miedo, aunque hayan pasado décadas, le impide decirlo.

Sandra limpia casas mientras ve en las noticias las peleas entre políticos sobre el reclutamiento. “Piden y pelean por nosotros -dice y se ríe con ironía-, pero nadie nos escucha”. Le molesta ver a los exjefes guerrilleros de las Farc negando uno de los tantos delitos que cometieron contra ella: “Porque a mí no solo me reclutaron, también me abrieron las piernas duro para meterme una cosa. Me dijeron que era “un dispositivo”, para que no quedara embarazada. Le gritaba que no lo hiciera, ni siquiera sabía cómo se hacía un bebé”. Tenía 12 años y no había siquiera experimentado su primera menstruación.

Ella no sabe qué es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y tampoco que el año pasado esta justicia de transición, que busca juzgar a los máximos responsables de la guerra, abrió el caso 07 sobre reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. “No entiendo el mecanismo de la JEP. Esa información no nos llega a las víctimas, aunque estemos registradas. Y así no conocen lo que vivimos”, asegura.

Sandra tiene razón. Hasta ahora en este caso solo se han acreditado 90 víctimas, una cifra que es irrisoria en comparación con otras victimizaciones, como secuestro, donde hay casi 2 mil. Y también por la dimensión de este fenómeno, que han denunciado las organizaciones sociales como la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), además de los informes de la Fiscalía y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Con los datos recolectados, la JEP ha dicho que al menos 6.230 niños y niñas fueron vinculados a grupos armados regulares e irregulares en Colombia.

Pero esta no es la única dificultad de este caso. Mario*, quien fue reclutado por las Farc cuando apenas tenía 10 años, asegura que cuando cumplió 25 supo que el reclutamiento es un delito y él debía ser reparado: “Tardé 15 años en saberlo. Imagínese. Me di cuenta por otra persona que se dio cuenta primero. Ahí busqué a otros compañeros que no sabían y con el apoyo de la organización Benposta llegamos a la JEP”. Sobre todo en las zonas rurales, advierte, hay desconocimiento “de que si se lo lleva un grupo armado usted es víctima y tampoco hay una guía del Estado que lo aclare o le explique sus derechos”.

Desconoce los avances del caso 07. Junto a Benposta sólo entregaron un primer informe sobre la Operación Berlín, la acción militar del Ejército Nacional contra la columna móvil Arturo Ruiz de las Farc, que se conformó en el año 2000 y estaba compuesta por 362 guerrilleros, de los cuales 150 eran menores de edad. Según los registros, 74 niños, niñas y adolescentes murieron. “Han pasado cosas: hemos trabajado el tema de la verdad y en la búsqueda de los desaparecidos de la operación, pero no nos han llamado todavía para escuchar nuestras versiones o para oír a la guerrilla o al Ejército, porque ellos también ejecutaron a indefensos”.

(También lea: Reclutamiento forzado: un delito que ningún grupo armado ha reconocido en Colombia)

Otro de los problemas del caso de reclutamiento es que no todas las organizaciones se han involucrado en el caso desde su apertura. Algunas, en un principio, por sus inconformismos en la manera como está estructurada esta justicia y, según rumores, por choques con los magistrados de la JEP. Ese fue el caso de la Corporación Rosa Blanca, que desde que se firmó el Acuerdo de Paz ha mostrado su rechazo a que los exjefes guerrilleros estén en el Congreso sin antes haber pagado sus condenas y que las víctimas no puedan ser reparadas monetariamente. La Jurisdicción, en al menos tres ocasiones, les envió una carta invitándolas a participar.

Sin embargo, Abel Alfredo González, representante de la Corporación, frena de tajo estas afirmaciones y aclara que sí participarán en la justicia transicional, aunque esos reparos existan. En este momento sus integrantes están recaudando la información de 45 casos que conocen y así cumplir con los requerimientos de la Jurisdicción de entregar hechos concretos y nombres de los posibles responsables.

Y en este punto también hay dificultades: “Para tener esa información se necesita dinero. Las mujeres de Rosa Blanca están por todo el territorio nacional y nosotros somos una corporación que no tiene recursos, que no hemos sido sujeto de donaciones que nos permitan, por ejemplo, recaudar pruebas sumarias. Y necesitamos demostrar que hubo una violación hace 20 o 25 años. Ningún informe de Medicina Legal va a constatar ese hecho de manera física. Necesitamos a sicólogos forenses, pero nos cobran una suma alta que no tenemos”.

Lo cierto es que ahora no están y su información es necesaria. Este diario intentó comunicarse con el magistrado Iván González, quien adelanta el caso, pero aseguró que prefiere no referirse a ese tema. Sin embargo, fuentes dentro de la JEP, que prefieren no identificarse, expresan que recaudar información para los magistrados ha sido complejo, pues deben conocer más hechos y hasta el momento solo cuentan con un informe de la Fiscalía, otro del CNMH y dos de organizaciones sociales, entre ellas Coalico.

De hecho, le pidieron a la Coalico que mejore y detalle sus denuncias porque hasta ahora el contenido es insuficiente. Actualmente, la Jurisdicción trabaja junto con organizaciones en los territorios, como Antioquia y Meta, que, si bien no se enfocan sólo en reclutamiento, tienen conocimiento de casos.

A lo anterior hay que sumar, según fuentes dentro de la Jurisdicción, los recursos interpuestos por la defensa de los exfarc. “Los excombatientes de las Farc han sido poco colaboradores en el proceso. Y no solo ha pasado en el caso de reclutamiento. También han usado recursos en contra de las decisiones de los magistrados en otros casos, que hacen que todo vaya más lento. Lo curioso es que no los hacen de manera colectiva, sino que interponen varios por separado, lo que congestiona las salas o secciones”, dice una de ellas.

Sobre el caso de reclutamiento, se refiere a dos hechos puntuales. El primero de ellos ocurrió el año pasado, cuando la defensa de los excombatientes de las Farc decidió recusar al magistrado Iván González. En un principio, 22 abogados solicitaron en una misma petición que González se declarara impedido. Luego, al menos nueve de ellos, interpusieron recursos que alegaban lo mismo, pero de manera individual. Las razones fueron que, por un lado, González trabajó como asesor del Gobierno Nacional en las negociaciones de paz. Y, por el otro lado, estaban inconformes con las declaraciones que dio en una entrevista a Caracol Noticias sobre el reclutamiento.

También, como se conoció esta semana, los abogados presentaron 29 alegatos para que se pospusiera la decisión de llamar a rendir versiones voluntarias a 14 exjefes guerrilleros que habrían tenido responsabilidad sobre casos de reclutamiento. La defensa pidió que fuera contrastada la información contenida en los informes que recibieron de organizaciones y entidades del Estado; solicitó que se citara “exclusivamente a quienes hayan sido mencionados”, y que, como consecuencia de ese recurso, la magistratura informara de manera “clara y expresa” por qué informe, folio, entrevista o víctima decidieron vincularlos.

La JEP en ambas ocasiones negó sus peticiones y los obligó a asistir en los próximos meses y reiteró que González no tiene impedimentos para el caso, pues nunca fue su adversario en un escenario judicial y sus declaraciones estaba relacionadas con análisis de las víctimas. Dentro de la Jurisdicción hay molestia, pues resolver esos recursos toma tiempo, y más si son 29 por separado, lo que retrasa el cronograma del caso. Eso sin contar que, de acuerdo con otra fuente, notificar las decisiones a los exfarc ha sido muy complicado. Y sin eso no puede continuar la Sala de Reconocimiento con su trabajo.

La defensa de las Farc niega estas aseveraciones. Ángela Caro, abogada del Sistema Autónomo de Asesoría Defensa (SAAD) y coordinadora de equipo de defensa caso 07, explica que detrás de las acciones había una razón sustentada: “En el caso de las declaraciones no comprendíamos que eso estuviese a lugar respecto a su rol de magistrados. Pensamos que esas opiniones no deberían ocurrir. Y el segundo recurso creemos que estábamos en todas las facultados para interponerlo que están en el marco de la normatividad vigente y no por ello hay que poner en duda la voluntad de comparecer de los exmiembros de las Farc”.

Por eso insiste en que esas afirmaciones son imprecisas y tendenciosas, y que las 28 reposiciones se hicieron de manera colectiva. Agrega que, diferente a lo que se ha malinterpretado de estos hechos, los excombatientes quieren esclarecer lo que ocurrió y por eso su defensa ha trabajado para detallar los hechos de los informes. El cronograma, según la jurista, se está cumpliendo.

“No se trató de 29 recursos de reposición diferentes, menos aún sucesivos, para dilatar el proceso. Tratándose de un procedimiento colectivo, en el que se busca citar, escuchar y esclarecer la verdad de manera conjunta para los antiguos miembros de la insurgencia, fueron 29 memoriales equivalentes, con el nombre de cada compareciente citado, todos con el mismo contenido, el mismo texto, arguyendo las mismas discrepancias jurídicas. Dicho de otro modo, se trató de un único recurso de reposición contra el auto 226 que pretendía cobijar a la totalidad de comparecientes. De la JEP no se demandaron 28 respuestas, ni 28 estudios de caso diferentes que torpedearan el proceso, tanto así que la respuesta de fondo es dada en un único auto, el 099 de 2020, 6 meses después de interpuesto el recurso”, aclaró la defensa.

(También lea: Falta de clases aumentó el reclutamiento forzado en Colombia)

Sobre las declaraciones de los exguerrilleros de que no existió reclutamiento en sus filas, Caro dice que “siempre se les pregunta a los mismos excombatientes de las Farc que si ingresaron a la guerrilla siendo menores. La visión, entonces, puede variar, porque de pronto el año en el que uno ingresó estaba la posibilidad de ser mayores de 15 años. Las Farc regularon este tema hasta la séptima conferencia. La invitación es a contextualizar esas opiniones y mirar los casos específicos para responderles a las víctimas. El reclutamiento es un hecho que existió, que cometieron todos los grupos armados de Colombia, quienes deberán responder por eso. En la organización Farc no existió como norma o regla, pero el fenómeno estaba”.

Esta última afirmación la rechazan las víctimas. Tanto Mario como Sandra y las integrantes de la Corporación Rosa Blanca coinciden en que no se trató de un fenómeno aislado. Hablan de una sistematicidad que, esperan, la JEP pueda develar, porque hasta ahora, como señala Sandra, “nadie ha querido reconocer que se llevaron a los niños a la guerra”.

Si en un punto concuerdan los entrevistados y las entrevistadas es que el reclutamiento ha estado más en la arena política que en la judicial. Y eso, por supuesto, ha desencadenado en presiones de quienes se opusieron desde el comienzo al proceso de paz, en respuestas revictimizantes del partido Farc, asegurando que no hubo reclutamiento en sus filas, y la idea de que en la JEP no se avanza.

“Nadie quiere perder capital político, entonces, comienzan los ataques de un lado a otro, incluso, se meten con la justicia. Este delito, como el de violencia sexual, es difícil de reconocer, pero funciona muy bien para atacar públicamente: ¿quién aceptaría ahora que se pudo haber llevado menores de 15 años, violando el Derecho Internacional Humanitario (DIH)?”, explica una de las fuente dentro de la JEP.

No en vano, en medio de la indignación general por las declaraciones de Sandra Ramírez y Rodrigo Londoño, miembros de la exguerrilla de las Farc, sobre la negación del reclutamiento forzado, el presidente Iván Duque le pidió a Patricia Linares, presidenta de la JEP, celeridad en los casos, sobre todo en el 07, pues esta justicia lleva cuatro años funcionando. La presidenta no sólo le recordó que llevan dos años trabajando, sino que en otro evento, por la presión en medios de comunicación y espacios políticos por resultados, llamó a que se respetaran las divisiones de poder y la autonomía de los jueces.

Este diario también intentó comunicarse con la Coalico, pero la secretaría técnica asegura que la semana pasada dio un comunicado a la opinión pública. En ese documento reitera “un llamado a la coherencia entre los discursos y los gestos de reconocimiento de la verdad respecto de la comisión de graves crímenes como el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado”. Y recuerda que estos delitos deben ser siempre reprochables social y jurídicamente.

*Nombres modificados por petición de los entrevistados.