Las expertas que lideran la búsqueda de desaparecidos LGBTI del conflicto
Cinco personas, entre lesbianas, trans y gais, que han sido víctimas del conflicto armado, trabajarán junto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para encontrar a quienes forman parte de esta población y no se tiene rastro.
Valentina Parada Lugo
El fenómeno del paramilitarismo, que comenzó a sentirse con más fuerza en los años 90 en Montes de María (Bolívar), también llegó al vecino municipio de Clemencia, donde victimizó especialmente a personas LGBTI. Los casos documentados son casi nulos, no por negligencia de las víctimas, sino por el miedo que todavía causa denunciar y hablar sobre ese tema en esa zona.
Hay testimonios de varias mujeres lesbianas que fueron obligadas a trabajar entre 2009 y 2010 para los jefes paramilitares y que, además, fueron víctimas de violencia sexual. Sus casos no están documentados, pero sus víctimas lo cuentan susurrando y con miedo. “Las instituciones acá dicen que no se presentaron crímenes contra nosotras. Apenas hay registro de una persona desaparecida, cuando las que perdimos fueron muchas”, cuenta una de las lideresas de la región, a quien se le guarda su nombre por seguridad.
Ella, por ejemplo, fue víctima de violencia sexual por parte de los paramilitares, y producto de ello tuvo un hijo. Se salvó de ser reclutada porque huyó del pueblo con su familia.
(Le puede interesar: El bloque paramilitar, codirigido por ‘Otoniel’, que llegó hasta Bogotá)
La misma realidad se vivió en regiones como Tolima, el norte del Cauca, el sur del Valle, el Chocó y otros departamentos en los que ser abiertamente gay, lesbiana o trans era un crimen imperdonable y mortal.
Producto de esa estigmatización, en Colombia hay por lo menos 4.000 personas LGBTI víctimas de la guerra, según el Registro Único de Víctimas, aunque organizaciones como Colombia Diversa y Caribe Afirmativo estiman que la cifra podría superar las 10.000.
Por ello, Colombia consolidó el Grupo de Expertas, conformado por cinco personas entre lesbianas, gais y trans, quienes desde los territorios serán las asesoras de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) para identificar y encontrar a personas de las que no se tiene rastro por la guerra. Es la primera vez en el mundo que este tipo de grupo se da como resultado de un proceso de paz.
El equipo se consolidó en septiembre pasado y el 1° de diciembre se reunió por primera vez en Bogotá. Todas las personas venían de ciudades distintas.
Su trabajo en los últimos 22 años ha sido, precisamente, para que Colombia reconozca el daño que le hizo a esta población por los prejuicios que todavía ciñen a algunas personas. “Nuestra lucha es porque nos reconozcan como seres humanos con derechos y libertades”, explica Claudia Cáceres, una mujer lesbiana que representará a la población LGBTI de la región Caribe. La experta agrega que por décadas ha tenido que escuchar a personas diciéndole que necesita “curarse” de su orientación sexual o que esta es un delito. Su lucha le ha traído varios riesgos. Fue víctima de violencia sexual y en dos ocasiones ha tenido que salir desplazada de su territorio, “porque en este país hablar de derechos todavía es un desafío”, dice. En los últimos años se ha dedicado a acompañar a las personas de su región en la búsqueda de familiares o amigos que desaparecieron en el conflicto armado.
“Nuestra lucha es porque nos reconozcan como seres humanos con derechos y libertades”.
Claudia Cáceres
Al otro lado del país está Adriana Velosa, una mujer lesbiana que lidera procesos con víctimas del conflicto armado desde hace 16 años y asesora los casos de desaparición ocurridos en la Orinoquia. “Estamos convencidas de que la búsqueda de personas LGBTI no debe ser apartada ni distante a la que se hace de personas heterosexuales y cisgénero”, afirma, desde donde ha librado varias batallas por el reconocimiento de las mujeres.
Los retos de la búsqueda
Allí, la mayoría de procesos sociales desde las Juntas de Acción Comunal o en las organizaciones están a la cabeza de mujeres. Ella, de hecho, integra el Consejo de Paz del municipio y habla con seguridad sobre el desplazamiento forzado en personas LGBTI. “Lo que se vive cuando uno se autodenomina gay, lesbiana o trans es realmente difícil, empezando por las familias biológicas de uno que se niegan a aceptarlo muchas veces. Yo no he vivido ni una tercera parte de lo que muchas de mis compañeras, pero sí puedo hablar de que muchas hemos tenido que desplazarnos de nuestros territorios para sobrevivir”, explica. Y es ese desarraigo cultural forzado es apenas la primera parte de una serie de delitos que vive esta población.
La tarea de este grupo viene con varios desafíos. Por ejemplo, en el caso de las personas trans desaparecidas muchas veces no tienen doliente ni alguien que las busque o reclame.
“Lo que se vive cuando uno se autodenomina gay, lesbiana o trans es realmente difícil, empezando por las familias biológicas de uno que se niegan a aceptarlo muchas veces”.
Alexia Estún, lideresa trans de Palmira (Valle del Cauca) y otra de las expertas, explica que en municipios como Pradera y Florida, con un alto número de víctimas trans desaparecidas o asesinadas, uno de los retos de la búsqueda ha sido lograr que los entes judiciales las llamen por sus nombres identitarios y no por sus nombres de nacimiento. “Cuando buscas a una persona trans es difícil que las autoridades puedan comprender que no buscamos al hombre o a la mujer que dice en la cédula que es, sino que buscamos a la persona que decidió rebautizarse y que tiene una identidad de género distinta”.
Por eso, uno de los cambios más importantes de la búsqueda, según el Grupo de Expertas, será que la información de los y las desaparecidos tendrá como fuente principal la familia “social” de las víctimas, es decir, aquellos amigos y amigas que por su cercanía puedan tener más información que la familia biológica. “Eso ha sido algo que se nos ha negado a la comunidad trans en la justicia ordinaria, sobre todo porque en muchos de nuestros casos perdemos contacto con nuestras familias biológicas y ni siquiera saben de nuestra desaparición. O en otros casos a nuestras familias primarias les da pena hablar sobre nosotros por la identidad de género y quienes buscamos a los desaparecidos somos sus amigos o familia social”, cuenta Alexia.
(Lea también: Christina Cantillo: el asesinato advertido de esta lideresa trans de Santa Marta)
Expertos también han sido amenazados
John Édison Restrepo, un hombre gay y otro de los expertos del grupo, conoció de cerca el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Varios de sus conocidos integrantes de esos grupos se acogieron a ese acuerdo. Era 2009, y con la ilusión de pensarse un país distinto, Restrepo lideró la consolidación de la Mesa Diversa en Medellín con el fin de que se reconociera que la población LGBTI también sufrió las afectaciones del conflicto armado. Desde entonces comenzó una persecución armada contra él, que hasta hoy no ha cesado. Hace apenas mes y medio, John fue amenazado nuevamente. En marzo de 2020 fue víctima de un atentado del que sobrevivió tras haberse desplazado de su comuna hacia otra zona de Medellín para salvaguardar su vida.
John habla poco sobre sus desaparecidos, pero asegura que una de sus labores, además del activismo, es la de buscador. Aunque no hay cifras oficiales sobre desaparecidos LGBTI en cada región del país, en Medellín se estima que las víctimas de la guerra urbana fueron más de 3.000, según el Observatorio de Memoria y Conflicto. De esas personas, al menos 400 pertenecían a la comunidad LGBTI y muchas de sus desapariciones tuvieron como génesis el prejuicio. “Los crímenes por prejuicio se basan en que, en los contextos de la guerra, ni siquiera eran tenidas en cuenta las identidades diversas porque para muchos eso era y todavía para algunos es considerado una aberración, entonces a las ‘maricas’ que nos manifestábamos públicamente nos tenían como blanco”, explicó.
Algo similar vivió Alejandra Realpe Latorre, lideresa lesbiana, oriunda de Putumayo, pero radicada desde hace años en Pasto (Nariño). A sus 18 años fue víctima de violencia sexual por parte de las Farc, y por amenazas y hostigamientos tuvo que salir de su departamento. Hace un año, ante la Comisión de la Verdad, narró que en su adolescencia, por no “enderezar su orientación sexual”, las ex-Farc llegaron hasta su casa una noche y le dijeron a su padre que escogiera entre “enseñarla a ser mujer o que la guerrilla le enseñara”. Desde entonces decidió que lucharía para que ninguna mujer con identidad sexual diversa tuviera que vivir lo mismo.
El primer escenario que, dice, le sirvió para comenzar a sanar el dolor que vivió fue a través de los Círculos de Escucha en los que comenzó a socializar con mujeres que habían vivido situaciones similares a ella “porque cuando llegué a Pasto tuve que comenzar a hacer mi vida sola, empezar de cero sin mi familia para sobrevivir”. En esta ciudad cumplió uno de sus más grandes sueños: estudiar Psicología para entender cómo superar los traumas psicológicos que deja la violencia sexual y la guerra; allí, echó raíces y fue una de las cocreadoras de la Fundación Caracolas de Paz, que asesora psicológica y jurídicamente a las víctimas LGBTI.
(Le puede interesar: Los dos líderes sociales desaparecidos que protegían a Yurumanguí de la coca)
Aunque ninguna persona del grupo se autorreconoce como experta o buscadora, los trabajos en sus territorios demuestran su manejo y sensibilidad con el tema. Prueba de ello es que fueron elegidas entre más de 100 personas que se postularon en todo el país para conformar el equipo.
En la primera reunión que tuvieron en Bogotá se trazaron algunas líneas de esta labor que llevará décadas y que comenzará con cartografías sociales en las que ubicarán los lugares en los que creen que hay personas desaparecidas, según información recopilada en campo. Ese camino está allanado, porque varias de ellas tienen datos forenses valiosos. Ese día, en una cartelera que selló el compromiso, todas escribieron: “Me comprometo a la búsqueda de los desaparecidos LGBTI”.
El fenómeno del paramilitarismo, que comenzó a sentirse con más fuerza en los años 90 en Montes de María (Bolívar), también llegó al vecino municipio de Clemencia, donde victimizó especialmente a personas LGBTI. Los casos documentados son casi nulos, no por negligencia de las víctimas, sino por el miedo que todavía causa denunciar y hablar sobre ese tema en esa zona.
Hay testimonios de varias mujeres lesbianas que fueron obligadas a trabajar entre 2009 y 2010 para los jefes paramilitares y que, además, fueron víctimas de violencia sexual. Sus casos no están documentados, pero sus víctimas lo cuentan susurrando y con miedo. “Las instituciones acá dicen que no se presentaron crímenes contra nosotras. Apenas hay registro de una persona desaparecida, cuando las que perdimos fueron muchas”, cuenta una de las lideresas de la región, a quien se le guarda su nombre por seguridad.
Ella, por ejemplo, fue víctima de violencia sexual por parte de los paramilitares, y producto de ello tuvo un hijo. Se salvó de ser reclutada porque huyó del pueblo con su familia.
(Le puede interesar: El bloque paramilitar, codirigido por ‘Otoniel’, que llegó hasta Bogotá)
La misma realidad se vivió en regiones como Tolima, el norte del Cauca, el sur del Valle, el Chocó y otros departamentos en los que ser abiertamente gay, lesbiana o trans era un crimen imperdonable y mortal.
Producto de esa estigmatización, en Colombia hay por lo menos 4.000 personas LGBTI víctimas de la guerra, según el Registro Único de Víctimas, aunque organizaciones como Colombia Diversa y Caribe Afirmativo estiman que la cifra podría superar las 10.000.
Por ello, Colombia consolidó el Grupo de Expertas, conformado por cinco personas entre lesbianas, gais y trans, quienes desde los territorios serán las asesoras de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) para identificar y encontrar a personas de las que no se tiene rastro por la guerra. Es la primera vez en el mundo que este tipo de grupo se da como resultado de un proceso de paz.
El equipo se consolidó en septiembre pasado y el 1° de diciembre se reunió por primera vez en Bogotá. Todas las personas venían de ciudades distintas.
Su trabajo en los últimos 22 años ha sido, precisamente, para que Colombia reconozca el daño que le hizo a esta población por los prejuicios que todavía ciñen a algunas personas. “Nuestra lucha es porque nos reconozcan como seres humanos con derechos y libertades”, explica Claudia Cáceres, una mujer lesbiana que representará a la población LGBTI de la región Caribe. La experta agrega que por décadas ha tenido que escuchar a personas diciéndole que necesita “curarse” de su orientación sexual o que esta es un delito. Su lucha le ha traído varios riesgos. Fue víctima de violencia sexual y en dos ocasiones ha tenido que salir desplazada de su territorio, “porque en este país hablar de derechos todavía es un desafío”, dice. En los últimos años se ha dedicado a acompañar a las personas de su región en la búsqueda de familiares o amigos que desaparecieron en el conflicto armado.
“Nuestra lucha es porque nos reconozcan como seres humanos con derechos y libertades”.
Claudia Cáceres
Al otro lado del país está Adriana Velosa, una mujer lesbiana que lidera procesos con víctimas del conflicto armado desde hace 16 años y asesora los casos de desaparición ocurridos en la Orinoquia. “Estamos convencidas de que la búsqueda de personas LGBTI no debe ser apartada ni distante a la que se hace de personas heterosexuales y cisgénero”, afirma, desde donde ha librado varias batallas por el reconocimiento de las mujeres.
Los retos de la búsqueda
Allí, la mayoría de procesos sociales desde las Juntas de Acción Comunal o en las organizaciones están a la cabeza de mujeres. Ella, de hecho, integra el Consejo de Paz del municipio y habla con seguridad sobre el desplazamiento forzado en personas LGBTI. “Lo que se vive cuando uno se autodenomina gay, lesbiana o trans es realmente difícil, empezando por las familias biológicas de uno que se niegan a aceptarlo muchas veces. Yo no he vivido ni una tercera parte de lo que muchas de mis compañeras, pero sí puedo hablar de que muchas hemos tenido que desplazarnos de nuestros territorios para sobrevivir”, explica. Y es ese desarraigo cultural forzado es apenas la primera parte de una serie de delitos que vive esta población.
La tarea de este grupo viene con varios desafíos. Por ejemplo, en el caso de las personas trans desaparecidas muchas veces no tienen doliente ni alguien que las busque o reclame.
“Lo que se vive cuando uno se autodenomina gay, lesbiana o trans es realmente difícil, empezando por las familias biológicas de uno que se niegan a aceptarlo muchas veces”.
Alexia Estún, lideresa trans de Palmira (Valle del Cauca) y otra de las expertas, explica que en municipios como Pradera y Florida, con un alto número de víctimas trans desaparecidas o asesinadas, uno de los retos de la búsqueda ha sido lograr que los entes judiciales las llamen por sus nombres identitarios y no por sus nombres de nacimiento. “Cuando buscas a una persona trans es difícil que las autoridades puedan comprender que no buscamos al hombre o a la mujer que dice en la cédula que es, sino que buscamos a la persona que decidió rebautizarse y que tiene una identidad de género distinta”.
Por eso, uno de los cambios más importantes de la búsqueda, según el Grupo de Expertas, será que la información de los y las desaparecidos tendrá como fuente principal la familia “social” de las víctimas, es decir, aquellos amigos y amigas que por su cercanía puedan tener más información que la familia biológica. “Eso ha sido algo que se nos ha negado a la comunidad trans en la justicia ordinaria, sobre todo porque en muchos de nuestros casos perdemos contacto con nuestras familias biológicas y ni siquiera saben de nuestra desaparición. O en otros casos a nuestras familias primarias les da pena hablar sobre nosotros por la identidad de género y quienes buscamos a los desaparecidos somos sus amigos o familia social”, cuenta Alexia.
(Lea también: Christina Cantillo: el asesinato advertido de esta lideresa trans de Santa Marta)
Expertos también han sido amenazados
John Édison Restrepo, un hombre gay y otro de los expertos del grupo, conoció de cerca el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Varios de sus conocidos integrantes de esos grupos se acogieron a ese acuerdo. Era 2009, y con la ilusión de pensarse un país distinto, Restrepo lideró la consolidación de la Mesa Diversa en Medellín con el fin de que se reconociera que la población LGBTI también sufrió las afectaciones del conflicto armado. Desde entonces comenzó una persecución armada contra él, que hasta hoy no ha cesado. Hace apenas mes y medio, John fue amenazado nuevamente. En marzo de 2020 fue víctima de un atentado del que sobrevivió tras haberse desplazado de su comuna hacia otra zona de Medellín para salvaguardar su vida.
John habla poco sobre sus desaparecidos, pero asegura que una de sus labores, además del activismo, es la de buscador. Aunque no hay cifras oficiales sobre desaparecidos LGBTI en cada región del país, en Medellín se estima que las víctimas de la guerra urbana fueron más de 3.000, según el Observatorio de Memoria y Conflicto. De esas personas, al menos 400 pertenecían a la comunidad LGBTI y muchas de sus desapariciones tuvieron como génesis el prejuicio. “Los crímenes por prejuicio se basan en que, en los contextos de la guerra, ni siquiera eran tenidas en cuenta las identidades diversas porque para muchos eso era y todavía para algunos es considerado una aberración, entonces a las ‘maricas’ que nos manifestábamos públicamente nos tenían como blanco”, explicó.
Algo similar vivió Alejandra Realpe Latorre, lideresa lesbiana, oriunda de Putumayo, pero radicada desde hace años en Pasto (Nariño). A sus 18 años fue víctima de violencia sexual por parte de las Farc, y por amenazas y hostigamientos tuvo que salir de su departamento. Hace un año, ante la Comisión de la Verdad, narró que en su adolescencia, por no “enderezar su orientación sexual”, las ex-Farc llegaron hasta su casa una noche y le dijeron a su padre que escogiera entre “enseñarla a ser mujer o que la guerrilla le enseñara”. Desde entonces decidió que lucharía para que ninguna mujer con identidad sexual diversa tuviera que vivir lo mismo.
El primer escenario que, dice, le sirvió para comenzar a sanar el dolor que vivió fue a través de los Círculos de Escucha en los que comenzó a socializar con mujeres que habían vivido situaciones similares a ella “porque cuando llegué a Pasto tuve que comenzar a hacer mi vida sola, empezar de cero sin mi familia para sobrevivir”. En esta ciudad cumplió uno de sus más grandes sueños: estudiar Psicología para entender cómo superar los traumas psicológicos que deja la violencia sexual y la guerra; allí, echó raíces y fue una de las cocreadoras de la Fundación Caracolas de Paz, que asesora psicológica y jurídicamente a las víctimas LGBTI.
(Le puede interesar: Los dos líderes sociales desaparecidos que protegían a Yurumanguí de la coca)
Aunque ninguna persona del grupo se autorreconoce como experta o buscadora, los trabajos en sus territorios demuestran su manejo y sensibilidad con el tema. Prueba de ello es que fueron elegidas entre más de 100 personas que se postularon en todo el país para conformar el equipo.
En la primera reunión que tuvieron en Bogotá se trazaron algunas líneas de esta labor que llevará décadas y que comenzará con cartografías sociales en las que ubicarán los lugares en los que creen que hay personas desaparecidas, según información recopilada en campo. Ese camino está allanado, porque varias de ellas tienen datos forenses valiosos. Ese día, en una cartelera que selló el compromiso, todas escribieron: “Me comprometo a la búsqueda de los desaparecidos LGBTI”.