Las nuevas pruebas en el caso “Santrich”

Hasta el pasado lunes 8 de julio, el caso Santrich estaba supeditado a que el exjefe guerrillero se presentara a la Corte a rendir indagatoria. No llegó y ahora este novelón judicial se desdobló en múltiples frentes. Por circular roja de la Interpol es buscado en todo el mundo. Un exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela dice que está en ese país y que pasó por una casa de Piedad Córdoba. La excongresista dice que es mentira y que no sabe nada. El otro implicado, Armando Gómez España, quedó a las puertas de ser extraditado y ahora es decisión del Gobierno.

Lea también: Las pruebas de Santrich y lo que grabó la DEA

La Procuraduría pide que se aplique la silla vacía a la curul de Santrich como congresista. El empresario Fabio Younes Arboleda, también implicado en el supuesto negocio del envío de diez toneladas de cocaína a Estados Unidos, permanece desde el pasado jueves en una clínica privada tras ser trasladado de urgencias por serios quebrantos de salud. Pero, mientras el capítulo Santrich sigue originando escenarios de confrontación políticos y judiciales, la controversia planteada por los protagonistas del escándalo, a través de sus abogados, sigue dejando hilos sueltos.

La primera duda, aún sin aclarar, es quién aportó la muestra de cinco kilogramos de cocaína que se entregó el 1º de noviembre de 2017 para asegurar el supuesto negocio de las diez toneladas de cocaína. Para la justicia, respaldando la versión de Marlon Marín —sobrino del exjefe guerrillero Iván Márquez—, él la recibió de un supuesto emisario de Santrich, se la entregó a Armando Gómez y éste a los mexicanos. El pasado 16 de mayo, un día después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se pronunciara a favor de la no extradición de Santrich, Marín lo volvió a ratificar.

El Espectador tuvo acceso al video completo del interrogatorio de la fiscal Bertha Cecilia Neira a Marín, en el que éste manifestó: “Él (Santrich) me hizo llegar el material, me dijo que ya tenía el material y que necesitaba entregármelo. Yo llamé directamente a la persona que me dijo Santrich que me iba a llevar los cinco. Yo no lo conozco, sé que le decían Jhon”. Minutos después, la fiscal volvió a preguntar a Marín por quién había adquirido la sustancia estupefaciente, a lo que él contestó: “Jesús Santrich”. La fiscal insistió: “¿Quién vendió la sustancia estupefaciente a los mexicanos?”. Marín respondió: “Santrich”.

En la declaración jurada del agente de la DEA Brian Witek, enviada a la justicia colombiana a mediados de 2018, se lee que fue él quien propuso negociar la cocaína en una reunión el 20 de junio de 2017, y que fue Marín quien se ofreció a entregar los cinco kilos de muestra. A su vez, Marín ha manifestado que, en posterior reunión, el 25 de septiembre, él recibió de los mexicanos $22’500.000 y, en el mismo encuentro, Armando Gómez se comprometió a entregar la muestra de droga. Finalmente, los cinco kilos se entregaron el 1º de noviembre de 2017 en un hotel en Bogotá.

Sin embargo, en respuesta a la petición de la Corte a todos los actores judiciales del caso, el pasado 5 de junio, la misma fiscal Bertha Cecilia Neira manifestó que, por autorización de la directora de asuntos internacionales de la Fiscalía, Ana Fabiola Castro, el 11 de octubre de 2017 se solicitó permiso para la entrega controlada del estupefaciente. “Es así como se asigna asistencia judicial al despacho a mi cargo y se dispone a realizar entrega controlada, la cual se materializa el 1º de noviembre de 2017, al recibir un contenedor de cinco kilos de sustancia estupefaciente cocaína”.

El oficio de la fiscal Neira agrega que el 7 de diciembre del mismo año se hizo efectiva la salida de la droga del país. No obstante, un mes antes, el 3 de noviembre, como lo detalló tiempo después la Fiscalía, Marín habló telefónicamente con un supuesto asistente de Santrich y le manifestó que en la noche anterior habían conocido a unos amigos, que “Trichi (Santrich) se portó bien”, y que todo se iba a concretar. En su momento, el hoy exfiscal Néstor Humberto Martínez argumentó que a Marín ya lo tenían interceptado por su vinculación a un escándalo de corrupción.

Se refería al proceso abierto contra una organización ilegal que al parecer entregó irregularmente varios proyectos agrícolas y de construcción de vías terciarias definidos en el Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno y las Farc. Por ese caso, hoy hay vinculadas cerca de 20 personas, entre ellas Marlon Marín. En el documento de la Corte que asumió la pesquisa contra Santrich se dice que fue el 7 de noviembre de 2017 cuando el agente especial de la DEA Craig G. Michelin solicitó a la Fiscalía la interceptación de teléfonos para trasladarlos como prueba a la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Este cruce de fechas plantea dos interrogantes que en común hoy formulan los abogados de los distintos implicados en el caso Santrich: al fin, ¿de dónde salieron los cinco kilos de la muestra para cerrar el negocio de diez toneladas de cocaína? ¿Los entregó Santrich, como dice Marín? ¿Los aportó la Fiscalía a través de una entrega controlada para asegurar la prueba? El segundo reparo es, justamente, si la solicitud de la DEA para interceptar teléfonos se hizo una semana después de la entrega de los cinco kilos, ¿la Fiscalía llegó al caso por azar o venía participando en el operativo?

Justamente ese es uno de los aspectos que la Corte Suprema quiere aclarar, como se lee en su documento de apertura de investigación contra Santrich, en el cual le solicita a la justicia de Estados Unidos información sobre los ciudadanos colombianos que participaron en la organización criminal dedicada al tráfico de drogas, “así como a la incautación de la sustancia estupefaciente, a la que se hace referencia, en cantidad de cinco kilos”. Además solicitó toda la documentación de fotografías, videos, dictámenes periciales y pruebas de laboratorio realizadas.

Pero la Embajada de los Estados Unidos le hizo saber a la Corte que, de conformidad con la Convención de Viena, para obtener esas respuestas debe apelar a los canales establecidos, “en este caso, al Ministerio de Justicia y del Derecho de la República de Colombia, única autoridad central establecida a través de la cual se pueden presentar estas solicitudes”. También le hizo saber que los archivos y documentos de la embajada son inviolables y, por tanto, si esa información se encuentra en esos archivos, la embajada no puede ser obligada a entregarla a la Corte.

De igual modo, la Corte pidió escuchar en declaración a Marlon Marín, “para lo cual libró una carta rogatoria ante las autoridades de Estados Unidos, con el objeto de lograr su comparecencia virtual”. La respuesta norteamericana es que atender esa solicitud requiere tiempo para coordinar la logística con todas las partes relevantes en Estados Unidos. No solo porque el tema incluye a las autoridades de la prisión donde está Marín, los ingenieros técnicos, el transporte y la seguridad, sino la voluntad del detenido, pues como testigo federal disfruta de garantías constitucionales y legales.

Por lo pronto, la versión de Marín sigue siendo la que entregó a la fiscal Martha Cecilia Neira el 16 de mayo pasado, en la que aseguró que buscó a Santrich para el negocio de la coca “porque había escuchado que él tenía conexiones con gente que le propusiera este material”, y que después de reunirse con él les confirmó a los mexicanos que la podía conseguir. Marín añadió que Santrich le advirtió que tuviera cuidado porque a él ya le habían dicho que el fiscal estaba tras sus pasos, por eso no podía mencionarse la palabra droga, y que fue Santrich quien suministró los cinco kilos.

Otra historia es la que cuenta el empresario Fabio Younes, preso pero convaleciente en una clínica privada. En respuesta a un cuestionario enviado por El Espectador, afirma que conoció a Armando Gómez en marzo de 2017 porque estaba explorando un potencial negocio de diésel, y que tres meses después éste le presentó a un mexicano llamado Marco. A esa reunión, Gómez llevó a Marlon Marín, pero mientras él hablaba de diésel, ellos conversaban de negociar una colección de precolombinos con cinco estatuillas de oro a las que debían referirse como cinco televisores, por ser de contrabando.

Younes sostuvo que desde ese mes él conocía a Marín, porque se lo había presentado Yessica Carolina Gómez Builes para proponerle unos proyectos productivos para las Ecoaldeas de las Farc. En lo sucesivo, añade Younes, se reunió con Marín varias veces para conseguir inversionistas extranjeros que fabricaran hidromotores para producir energía limpia, y él hizo diligencias en el Estado de Catar. Además, Marín “le propuso conseguir propiedades en Venezuela que estuvieran rentando, porque tenía un grupo comprador con mucho dinero, pero no resultó con nada”.

Dice que realmente es un ideólogo político y escritor de libros y que su lucha es por la reivindicación del campesinado a través de su propio modelo de proyectos productivos. Por eso niega cualquier negocio con Marín, y menos de cocaína, aunque recalca que “existe información de que Marín tenía visa para Estados Unidos desde 2015 y que venía colaborando con la DEA en Venezuela”. Según Younes, “los supuestos cinco kilos son un montaje de la DEA”, y lo que debe preguntarse es dónde está el video de la entrega de los cinco kilos y por qué no hubo captura en flagrancia.

Respecto a Armando Gómez España, también detenido en la cárcel La Picota, aunque no quiere hablar, personas allegadas a su proceso consultadas por este diario manifiestan que su visión es que Marlon era un infiltrado de la DEA para vincular a las Farc en un negocio ilícito; que el mexicano Marco Aurelio García Weinberg estaba traqueteando, pero cayó en otro país y también se volvió agente de la DEA, y que los otros dos personajes fueron el agente especial de la DEA Brian Witek y otro mexicano, que se presentó como emisario de Rafael Caro Quintero.

Al igual que Fabio Younes, quienes conocen a Armando Gómez insisten en que su análisis apunta a que nunca hubo transparencia respecto a Marlon Marín y no están claros cuáles fueron sus antecedentes en Venezuela, pues hay quienes dicen que participó en un grupo armado en ese país, con misiones determinadas. Al parecer, Gómez le reiteró a Younes que Marín no era un hombre de confianza y que resultaba muy extraño que una organización como las Farc lo tuviera como representante. Ya con la extradición pisándole los talones, su entorno dice que puede dar sorpresas.

En medio del laberinto en que se convirtió el caso Santrich, las peleas después de su no comparecencia ante la justicia y los apremios de la Corte para entrar al caso, también es claro que del otro episodio en el que apareció vinculado Marín poco se sabe. En agosto de 2018 se habló de concierto para delinquir y coimas a funcionarios para quedarse con dineros de proyectos productivos de la paz. De esos proyectos es que Santrich dice que habló en sus reuniones con Marín y los mexicanos. Salvo Yessica Carolina Gómez, que aceptó cargos, solo los encartados saben en qué va el caso.

Lea también: Según la JEP, estas son las irregularidades de la DEA y la Fiscalía en el caso Santrich

Hasta el pasado lunes 8 de julio, el caso Santrich estaba supeditado a que el exjefe guerrillero se presentara a la Corte a rendir indagatoria. No llegó y ahora este novelón judicial se desdobló en múltiples frentes. Por circular roja de la Interpol es buscado en todo el mundo. Un exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela dice que está en ese país y que pasó por una casa de Piedad Córdoba. La excongresista dice que es mentira y que no sabe nada. El otro implicado, Armando Gómez España, quedó a las puertas de ser extraditado y ahora es decisión del Gobierno.

Lea también: Las pruebas de Santrich y lo que grabó la DEA

La Procuraduría pide que se aplique la silla vacía a la curul de Santrich como congresista. El empresario Fabio Younes Arboleda, también implicado en el supuesto negocio del envío de diez toneladas de cocaína a Estados Unidos, permanece desde el pasado jueves en una clínica privada tras ser trasladado de urgencias por serios quebrantos de salud. Pero, mientras el capítulo Santrich sigue originando escenarios de confrontación políticos y judiciales, la controversia planteada por los protagonistas del escándalo, a través de sus abogados, sigue dejando hilos sueltos.

La primera duda, aún sin aclarar, es quién aportó la muestra de cinco kilogramos de cocaína que se entregó el 1º de noviembre de 2017 para asegurar el supuesto negocio de las diez toneladas de cocaína. Para la justicia, respaldando la versión de Marlon Marín —sobrino del exjefe guerrillero Iván Márquez—, él la recibió de un supuesto emisario de Santrich, se la entregó a Armando Gómez y éste a los mexicanos. El pasado 16 de mayo, un día después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se pronunciara a favor de la no extradición de Santrich, Marín lo volvió a ratificar.

El Espectador tuvo acceso al video completo del interrogatorio de la fiscal Bertha Cecilia Neira a Marín, en el que éste manifestó: “Él (Santrich) me hizo llegar el material, me dijo que ya tenía el material y que necesitaba entregármelo. Yo llamé directamente a la persona que me dijo Santrich que me iba a llevar los cinco. Yo no lo conozco, sé que le decían Jhon”. Minutos después, la fiscal volvió a preguntar a Marín por quién había adquirido la sustancia estupefaciente, a lo que él contestó: “Jesús Santrich”. La fiscal insistió: “¿Quién vendió la sustancia estupefaciente a los mexicanos?”. Marín respondió: “Santrich”.

En la declaración jurada del agente de la DEA Brian Witek, enviada a la justicia colombiana a mediados de 2018, se lee que fue él quien propuso negociar la cocaína en una reunión el 20 de junio de 2017, y que fue Marín quien se ofreció a entregar los cinco kilos de muestra. A su vez, Marín ha manifestado que, en posterior reunión, el 25 de septiembre, él recibió de los mexicanos $22’500.000 y, en el mismo encuentro, Armando Gómez se comprometió a entregar la muestra de droga. Finalmente, los cinco kilos se entregaron el 1º de noviembre de 2017 en un hotel en Bogotá.

Sin embargo, en respuesta a la petición de la Corte a todos los actores judiciales del caso, el pasado 5 de junio, la misma fiscal Bertha Cecilia Neira manifestó que, por autorización de la directora de asuntos internacionales de la Fiscalía, Ana Fabiola Castro, el 11 de octubre de 2017 se solicitó permiso para la entrega controlada del estupefaciente. “Es así como se asigna asistencia judicial al despacho a mi cargo y se dispone a realizar entrega controlada, la cual se materializa el 1º de noviembre de 2017, al recibir un contenedor de cinco kilos de sustancia estupefaciente cocaína”.

El oficio de la fiscal Neira agrega que el 7 de diciembre del mismo año se hizo efectiva la salida de la droga del país. No obstante, un mes antes, el 3 de noviembre, como lo detalló tiempo después la Fiscalía, Marín habló telefónicamente con un supuesto asistente de Santrich y le manifestó que en la noche anterior habían conocido a unos amigos, que “Trichi (Santrich) se portó bien”, y que todo se iba a concretar. En su momento, el hoy exfiscal Néstor Humberto Martínez argumentó que a Marín ya lo tenían interceptado por su vinculación a un escándalo de corrupción.

Se refería al proceso abierto contra una organización ilegal que al parecer entregó irregularmente varios proyectos agrícolas y de construcción de vías terciarias definidos en el Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno y las Farc. Por ese caso, hoy hay vinculadas cerca de 20 personas, entre ellas Marlon Marín. En el documento de la Corte que asumió la pesquisa contra Santrich se dice que fue el 7 de noviembre de 2017 cuando el agente especial de la DEA Craig G. Michelin solicitó a la Fiscalía la interceptación de teléfonos para trasladarlos como prueba a la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Este cruce de fechas plantea dos interrogantes que en común hoy formulan los abogados de los distintos implicados en el caso Santrich: al fin, ¿de dónde salieron los cinco kilos de la muestra para cerrar el negocio de diez toneladas de cocaína? ¿Los entregó Santrich, como dice Marín? ¿Los aportó la Fiscalía a través de una entrega controlada para asegurar la prueba? El segundo reparo es, justamente, si la solicitud de la DEA para interceptar teléfonos se hizo una semana después de la entrega de los cinco kilos, ¿la Fiscalía llegó al caso por azar o venía participando en el operativo?

Justamente ese es uno de los aspectos que la Corte Suprema quiere aclarar, como se lee en su documento de apertura de investigación contra Santrich, en el cual le solicita a la justicia de Estados Unidos información sobre los ciudadanos colombianos que participaron en la organización criminal dedicada al tráfico de drogas, “así como a la incautación de la sustancia estupefaciente, a la que se hace referencia, en cantidad de cinco kilos”. Además solicitó toda la documentación de fotografías, videos, dictámenes periciales y pruebas de laboratorio realizadas.

Pero la Embajada de los Estados Unidos le hizo saber a la Corte que, de conformidad con la Convención de Viena, para obtener esas respuestas debe apelar a los canales establecidos, “en este caso, al Ministerio de Justicia y del Derecho de la República de Colombia, única autoridad central establecida a través de la cual se pueden presentar estas solicitudes”. También le hizo saber que los archivos y documentos de la embajada son inviolables y, por tanto, si esa información se encuentra en esos archivos, la embajada no puede ser obligada a entregarla a la Corte.

De igual modo, la Corte pidió escuchar en declaración a Marlon Marín, “para lo cual libró una carta rogatoria ante las autoridades de Estados Unidos, con el objeto de lograr su comparecencia virtual”. La respuesta norteamericana es que atender esa solicitud requiere tiempo para coordinar la logística con todas las partes relevantes en Estados Unidos. No solo porque el tema incluye a las autoridades de la prisión donde está Marín, los ingenieros técnicos, el transporte y la seguridad, sino la voluntad del detenido, pues como testigo federal disfruta de garantías constitucionales y legales.

Por lo pronto, la versión de Marín sigue siendo la que entregó a la fiscal Martha Cecilia Neira el 16 de mayo pasado, en la que aseguró que buscó a Santrich para el negocio de la coca “porque había escuchado que él tenía conexiones con gente que le propusiera este material”, y que después de reunirse con él les confirmó a los mexicanos que la podía conseguir. Marín añadió que Santrich le advirtió que tuviera cuidado porque a él ya le habían dicho que el fiscal estaba tras sus pasos, por eso no podía mencionarse la palabra droga, y que fue Santrich quien suministró los cinco kilos.

Otra historia es la que cuenta el empresario Fabio Younes, preso pero convaleciente en una clínica privada. En respuesta a un cuestionario enviado por El Espectador, afirma que conoció a Armando Gómez en marzo de 2017 porque estaba explorando un potencial negocio de diésel, y que tres meses después éste le presentó a un mexicano llamado Marco. A esa reunión, Gómez llevó a Marlon Marín, pero mientras él hablaba de diésel, ellos conversaban de negociar una colección de precolombinos con cinco estatuillas de oro a las que debían referirse como cinco televisores, por ser de contrabando.

Younes sostuvo que desde ese mes él conocía a Marín, porque se lo había presentado Yessica Carolina Gómez Builes para proponerle unos proyectos productivos para las Ecoaldeas de las Farc. En lo sucesivo, añade Younes, se reunió con Marín varias veces para conseguir inversionistas extranjeros que fabricaran hidromotores para producir energía limpia, y él hizo diligencias en el Estado de Catar. Además, Marín “le propuso conseguir propiedades en Venezuela que estuvieran rentando, porque tenía un grupo comprador con mucho dinero, pero no resultó con nada”.

Dice que realmente es un ideólogo político y escritor de libros y que su lucha es por la reivindicación del campesinado a través de su propio modelo de proyectos productivos. Por eso niega cualquier negocio con Marín, y menos de cocaína, aunque recalca que “existe información de que Marín tenía visa para Estados Unidos desde 2015 y que venía colaborando con la DEA en Venezuela”. Según Younes, “los supuestos cinco kilos son un montaje de la DEA”, y lo que debe preguntarse es dónde está el video de la entrega de los cinco kilos y por qué no hubo captura en flagrancia.

Respecto a Armando Gómez España, también detenido en la cárcel La Picota, aunque no quiere hablar, personas allegadas a su proceso consultadas por este diario manifiestan que su visión es que Marlon era un infiltrado de la DEA para vincular a las Farc en un negocio ilícito; que el mexicano Marco Aurelio García Weinberg estaba traqueteando, pero cayó en otro país y también se volvió agente de la DEA, y que los otros dos personajes fueron el agente especial de la DEA Brian Witek y otro mexicano, que se presentó como emisario de Rafael Caro Quintero.

Al igual que Fabio Younes, quienes conocen a Armando Gómez insisten en que su análisis apunta a que nunca hubo transparencia respecto a Marlon Marín y no están claros cuáles fueron sus antecedentes en Venezuela, pues hay quienes dicen que participó en un grupo armado en ese país, con misiones determinadas. Al parecer, Gómez le reiteró a Younes que Marín no era un hombre de confianza y que resultaba muy extraño que una organización como las Farc lo tuviera como representante. Ya con la extradición pisándole los talones, su entorno dice que puede dar sorpresas.

En medio del laberinto en que se convirtió el caso Santrich, las peleas después de su no comparecencia ante la justicia y los apremios de la Corte para entrar al caso, también es claro que del otro episodio en el que apareció vinculado Marín poco se sabe. En agosto de 2018 se habló de concierto para delinquir y coimas a funcionarios para quedarse con dineros de proyectos productivos de la paz. De esos proyectos es que Santrich dice que habló en sus reuniones con Marín y los mexicanos. Salvo Yessica Carolina Gómez, que aceptó cargos, solo los encartados saben en qué va el caso.

Lea también: Según la JEP, estas son las irregularidades de la DEA y la Fiscalía en el caso Santrich